* Cualquier parecido con la realidad, no es coincidencia, ¡es realidad!
] Ángel Blanco
Salvador Rogelio Ortega Martínez, quien desde el 26 de octubre del 2014 tuvo la inesperada suerte de ser ‘palomeado’ como gobernador sustituto de Guerrero, siempre ha sostenido que los presuntos nexos de su persona con grupos guerrilleros de México y Colombia han sido «infundios, calumnias», pues como catedrático y miembro distinguido de la sociedad no podría tener tiempo para ejercer una doble vida, es decir, como catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) y andar en la sierra haciendo desmadres como guerrillero.
Y si bien es cierto que la misma Policía Internacional, conocida como Interpol, entró en conflictos en 2009 por dictaminar a favor de las supuestas acusaciones del portavoz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSySP), José Antonio Ortega Sánchez, contra el actual mandatario guerrerense, a quien acusó de guerrillero, secuestrador y representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son los archivos del extinto general Mario Arturo Acosta Escápite, mejor conocido como » General Acosta Chaparro», quien finalmente delibera sobre la ferviente autoexpiación de Rogelio Ortega como presunto guerrillero, presunto secuestrador y presunto vocero de las FARC en México.
El «General Acosta Chaparro», sin diatribas, supuestos ni especulaciones, en su libro titulado «Movimiento Subversivo en México» –compilado a petición expresa de las Fuerzas Armadas de México y la Presidencia de la República para uso y control exclusivo del área especializada en Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDS-S2)–, el cual reúne nombres, apellidos, grupos y organizaciones subversivas de la decáda de los 30 hasta los 90, así como el número de secuestros, asaltos bancarios, ataques militares, asesinatos y toda clase de delitos a nombre de la guerrilla, desenmascara a Salvador Rogelio Ortega Martínez como uno de los principales dirigentes guerrilleros de por lo menos seis organizaciones altamente peligrosas de la época de los 70 y 80, a las cuales se les atribuyen múltilples secuestros, homicidios y asaltos bancarios. De todas estas, destacan las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), Acción Cívica Revolucionaria (ACNR) y Organización Revolucionaria Campesina Armada (ORCA), organizaciones que tan solo en 1989 y 1990 obtuvieron un botin de $17 millones, 946 mil 677.104 pesos, tan solo por el concepto de asaltos bancarios, en colaboración con organizaciones subversivas del exterior, como la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), de Guatenala, y –curiosamente– las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), según refuerzo informativo de la DEA, la Interpol, el Ministerio de Defensa de Colombia y la PGR de México.
