Belén Saldívar
CIUDAD DE MÉXICO. * 18 de julio de 2019.
] El Economista.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) pondrán la lupa a los proveedores y trabajadores de gobierno, ello para evitar prácticas de corrupción.
A través de la firma de un convenio, estas dos dependencias de gobierno podrán intercambiar información para revisar que tanto los contratistas como los proveedores estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales.
«Gracias a este convenio la SFP va a contar de manera expedita con información genuina que le permita, de manera inmediata, comprobar la veracidad de la información por los contribuyentes dentro de las investigaciones correspondientes de servidores públicos, tanto contratistas como proveedores del gobierno federal», indicó Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT.
Añadió que la SFP podrá acceder a la información delicada del SAT, incluso a aquella amparada por el secreto fiscal. «No habrá secrecia fiscal», aseveró Ríos-Farjat.
Lo anterior, explicó, se da gracias a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 2015, con lo cual a través de convenios diferentes dependencias pueden intercambiar la información, incluso aquella que es delicada.
El SAT, por su parte, podrá recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para rectificar que no haya incongruencias frente a lo que declaran en el fisco.
Además, recibirá información «de primera mano» sobre Compranet.
Agregó que los datos sólo serán recibidos por las autoridades investigadoras competentes y no sé abrirá a terceros salvo con la aprobación de las autoridades.
Por su parte Irma Erendira Sandoval, titular de la SPF, acotó que con este convenio se cerrarán espacios a la corrupción y se fortalecerá el cumplimiento de la ley.
Destacó que México es de los países que menos recauda, como porcentaje del PIB, dentro de la OCDE, por lo cual este convenio ayuda a que los servidores públicos sean los primeros en cumplir con sus obligaciones fiscales.
Asimismo, refirió que en el combate contra la corrupción, el SAT y la SFP tienen un objetivo común, el luchar contra el lavado de dinero.
«Actualmente se estima, de forma conservadora, que en México se lava entre 20,000 y 30,000 millones de dólares al año. Este delito no sólo financia al crimen organizado, sino también significa una pérdida de recursos para el país. Un gran sangría de recursos financieros», aseveró.
A las funcionarias se les preguntó por los conflictos de interés que se han señalado en días pasados, pero no hicieron ninguna mención al respecto.
