Gloria Leticia Díaz
CIUDAD DE MÉXICO. * 10 de septiembre de 2019.
] Apro.
De manera privada, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace cinco años, se reunirán este miércoles a las 10:00 horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron integrantes de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
Al término de la segunda reunión extraordinaria de seguimiento, celebrada este martes, Emiliano Navarrete y Cristina Bautista, familiares de los desaparecidos, que integran la Comisión, coincidieron que en el encuentro programado para mañana reiterarán la exigencia de localización de los estudiantes.
El encuentro, que será privado por orden presidencial, ocurre a días de que un juez federal absolvió a Gildardo López Astudillo, líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, a quien se le responsabiliza de la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con Emiliano Navarrete, entre las exigencias que plantearán los padres y madres de los estudiantes a López Obrador es que “debe estar pendiente de todo el proceso de Ayotzinapa y que no sigan saliendo personas, porque lo que están demostrando es que no hay seriedad de otras instituciones”.
Reconoció que, si bien la liberación de implicados en el caso tiene que ver con la investigación viciada que dejó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), lo cierto es que también demuestra que “el nuevo fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) tenía descuidado todo esto”.
El padre de José Ángel Navarrete precisó que entre las demandas que harán este miércoles a López Obrador destaca la de “acelerar las líneas de investigación y llegar más rápido a la verdad. Tenemos bastantes elementos y personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos, entonces no vemos por qué tengan que tardar mucho”, abundó.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, coincidió en que harán ver al presidente que “no hay avance en las investigaciones” y le exigirán “que tome con seriedad el caso Ayotzinapa”.
Pese a que “este gobierno tiene voluntad”, dijo, la demanda central de los padres es que se acelere el paso en las investigaciones, porque a casi cinco años “no sabemos nada de nuestros hijos”.
Como integrante de la Comisión para la Verdad, Bautista reconoció que el gobierno de López Obrador “no tiene mucho tiempo que está con las investigaciones, porque fue poco a poquito, paso por paso para completar el equipo para la búsqueda de nuestros hijos”.
A su vez, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que la reciente liberación de López Astudillo no fue tema de la reunión de la Comisión, sin embargo, coincidió con los padres y madres en que no se hizo lo suficiente para evitar que dejara la cárcel.
“Se corrobora que hubo una investigación irregular, con deficiencias, que se recurrió a la tortura y que este gobierno tuvo un buen tiempo sabiendo esas irregularidades y que pudo implementar acciones nuevas, acciones penales y recomponer las investigaciones para evitar las liberaciones”, apuntó.
Este martes, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, presentó un informe sobre las acciones que ha tomado la dependencia para indagar la responsabilidad que tuvieron miembros de la Policía Federal los días 26 y 27 de septiembre de 2014, además de que –apuntó– se han iniciado procedimientos contra algunos elementos.
Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, dijo que lo que presentó Mejía Berdeja se trató de “información relevante de los hechos, de la que hasta la fecha carecíamos, relacionada con los elementos de la Policía Federal que estaban en la Estación Iguala”, conformada por unos 20 elementos.
Sobre la reunión con el presidente, Aguirre apuntó que se da en el contexto de la liberación de López Astudillo, lo que “ha significado un duro golpe para las familias, a cinco años de la desaparición de sus hijos, más aún porque era algo que veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.
Sin duda, agregó, ese será un tema que se abordará en la reunión con López Obrador, y que “da cuenta de que la subsecretaría de Derechos Humanos está haciendo un trabajo importante, pero otras instancias no están a esa misma altura. Especialmente la FGR dejó esos procesos descuidados y ahora estamos viendo los resultados”.
Desde hace tiempo, añadió, los representantes de las víctimas habían advertido que la información que le proporcionó el gobierno de Estados Unidos a México, sobre la intercepción de mensajes telefónicos, constataban la existencia “de una red transnacional de tráfico de enervantes desde Iguala a Chicago, que hace uso de autobuses de pasajeros para traficar heroína”, situación que no forma parte de acusaciones por delitos contra la salud.
Desafortunadamente, soltó, esa probanza “la quisieron utilizar en el caso de Gildardo para acreditar un secuestro, pero no era la prueba idónea”, de ahí que en la liberación de presuntos implicados, “el centro de atención y la exigencia de la rendición de cuentas tiene que estar en las autoridades que investigaron”.
