* El informe del INE advierte que la implementación inmediata de las disposiciones de la reforma electoral —ordenada en sus artículos transitorios— podría alterar gravemente el funcionamiento del sistema electoral
» Ernesto Núñez Albarrán | Mauricio Torres
CHILPANCINGO * 26 de enero de 2023.
) Animal Nocturno
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión de la entrada en vigor del “plan B” de reforma electoral, en tanto resuelve el fondo de las controversias y otros recursos que interpondrán el propio instituto y los partidos políticos de oposición.
El Consejo General del INE conoció ayer el informe sobre los impactos del “plan B” en la función electoral, e instruyó a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, para emprender todos los caminos jurídicos posibles para controvertir una reforma que, según el diagnóstico, pone en riesgo las elecciones de 2024.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, llamó a la SCJN a resolver la constitucionalidad de las reformas aprobadas en diciembre pasado por Morena y sus aliados, y apeló a que la Corte “detenga ese auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
En el informe dado a conocer ayer en sesión extraordinaria del Consejo General, se incluye un apartado sobre el impacto de las disposiciones transitorias de las reformas del “plan B”, entre las que destaca la entrada en vigor de las reformas “al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación” (DOF).
Además, en los transitorios aprobados en diciembre de 2022, se ordenaba al INE emprender una serie de acciones durante el mes de enero, lo cual es imposible por el retraso en el proceso legislativo de cuatro de las seis leyes modificadas en el “plan B”.
El documento advierte que, de entrar en vigor conforme a lo estipulado en las reformas, el “plan B” provocaría inmediatamente acciones de alto impacto en el funcionamiento del INE.
Por ejemplo, el Consejo General debería disolver de inmediato la Junta General Ejecutiva y crear en sustitución una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros; el secretario ejecutivo debería ser cesado de sus funciones al día siguiente de la publicación en el DOF, y las actuales 11 direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE deberían fusionarse en apenas cinco áreas, despareciendo algunas instancias encargadas de la ampliación de los derechos ciudadanos como la Unidad de Género y No Discriminación.
El “plan B” plantea una reestructuración total del INE y sus órganos desconcentrados, al eliminar vocalías en sus 32 Juntas Locales y sus 300 Juntas Distritales, y obliga al instituto a tomar una serie de medidas entre enero y abril de 2023, mes en el que está previsto el relevo de cuatro consejeros, incluido el consejero presidente.
“La implementación de la reforma, por su trascendencia, requiere necesariamente de reglas claras para ello. Una revisión de los artículos transitorios evidencia falta de claridad y certeza en todas las etapas de la misma”, señala el documento.
En esa lógica, el mandato que dio ayer el Consejo General al secretario ejecutivo, de “interponer todos los recursos jurídicos”, implica solicitar a la Corte la suspensión de la entrada en vigor de las reformas, pues el análisis del fondo de las acciones de inconstitucionalidad que interpondrán el propio INE y los partidos de oposición podría durar meses, lo que alteraría el funcionamiento del sistema electoral en tanto se resuelve la constitucionalidad de la reforma.
Durante la sesión de este miércoles, consejeras y consejeros del INE se pronunciaron en contra del “plan B” que el gobierno federal, Morena y sus aliados impulsaron en el Congreso.
Entre otros puntos, señalaron que los cambios fueron planteados y votados sin tener un diagnóstico real sobre el sistema electoral del país, y que si bien dicho sistema es perfectible, no debe recibir modificaciones que compliquen su operación.
Mario Llergo, representante de Morena ante el Consejo General del INE, dijo en su intervención que las críticas al “plan B” son “mentiras” y aseguró que los ajustes que plantea son respaldados por la mayor parte de la ciudadanía.
“Este cúmulo de reformas también dejó al descubierto hasta dónde esta autoridad electoral está dispuesta a llegar con tal de que no se trastoquen sus privilegios ocupando recursos públicos”, señaló Llergo.
Momentos antes, había pedido que el tema se sacara del orden del día y tachó de “panfleto” el informe sobre los impactos del “plan B”.
La oposición interpone primeros recursos
Por su parte, diputados de PAN, PRI y PRD presentaron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el pasado 27 de diciembre y que conforman el primer paquete del “plan B” aprobado en diciembre con los votos de Morena, PT y Partido Verde.
Estas leyes, según los diputados opositores, significan un atropello a disposiciones constitucionales y violan el principio de equidad en la contienda electoral al reinterpretar el concepto de propaganda y modificar los límites en la comunicación de servidores públicos durante el proceso electoral.
Los diputados pidieron a la SCJN dar trámite a la brevedad a este recurso, para evitar que el proceso electoral 2023-2024 inicie con una vulneración grave en la certeza de las reglas de la contienda política.
El panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, anunció que también serán controvertidas las reformas a cuatro leyes que aún no se han enviado al Ejecutivo para su promulgación: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Las acciones en contra de estas leyes solo podrán interponerse ante la Corte una vez que se concluya el trámite legislativo y sean publicadas por el titular del Poder Ejecutivo.
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