* En los últimos diez años se han registrado siete mil 246 feminicidios y menos del 25% de esos crímenes ha terminado en una sentencia condenatoria. En México, la impunidad en los delitos de feminicidio es del 76 por ciento.
* Cuarenta y seis de cada cien asesinatos de mujeres que debieron ser considerados feminicidios sólo son investigados como homicidios dolosos; casi la mitad de los homicidios de mujeres que debieron haber sido juzgados como feminicidios no fueron investigados como tales por las fiscalías, por lo que esos crímenes no fueron analizados con perspectiva de género y en algunos casos los culpables habrían recibido penas menores.
* El gobierno presume que se destinarán recursos sin precedentes para combatir las desigualdades de género en 2023, sin embargo, esto es falso. No se están priorizando los recursos para fomentar las políticas públicas que cierren brechas de género, se están disminuyendo. Ni las madres, ni la violencia, ni la injusticia tienen prioridad para 2023.
» Valeria | Durán
CIUDAD DE MÉXICO
) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
«Lamento que el Ministerio Público no haya realizado una investigación diligente y allegar a 
este sumario probanza idónea pertinente y suficiente para demostrar la autoría material del acusado. Me veo obligado lamentablemente a tomar esta decisión”, así comenzó el discurso de cierre de un juez al pronunciar una de las 12 sentencias absolutorias que se han dictado en el Estado de México por el delito de feminicidio.
El Estado de México ocupa el segundo lugar con más feminicidios registrados, de acuerdo al informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí el cuerpo de una mujer fue encontrado en las faldas de un cerro.
Ella fue una de las siete mil 246 víctimas de feminicidio que se han registrado desde enero de 2012 hasta diciembre de 2022.
En la versión pública de la carpeta de investigación de su feminicidio se asentó que varios testigos declararon que la mujer era víctima de violencia por parte de su pareja, pero la 
declaración más contundente fue la que dio la propia madre del inculpado, que en su testimonio aseguró que su hijo le confesó que había matado a su esposa.
Además de los testimonios que ubican a la víctima con el inculpado el día en que ella fue asesinada, una serie de errores cometidos por parte de los peritos del Ministerio Público hicieron que al final este caso se uniera a los miles que se contabilizan en la impunidad.
“Ante lo desahogado en el juicio y la deficiente investigación de la Fiscalía y falta de atención en un asunto de alto impacto social, de donde se pudo advertir que la Fiscalía no allegó órganos de prueba idóneos que pudieran apoyar y apuntalar con ello su teoría del caso para la acreditación de la intervención del acusado en el hecho, por lo que al no demostrarse la responsabilidad penal de XXX en la comisión del hecho delictuoso se dicta la sentencia absolutoria”, dictaminó el juez.
Desde 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado, en su investigación Feminicidas Libres, cómo las liberaciones de feminicidas ocurren por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado.
En un nuevo rastreo entre las sentencias absolutorias que se han dictado hasta 2022 se detectó que existen indicios, evidencias, testimonios, videos, objetos, vehículos, escenas del crimen, dictámenes periciales y elementos que, de haberse procurado correctamente, habrían bastado para que las víctimas de esos feminicidios tuvieran justicia, en vez de la sentencia de absolución de quienes dieron muerte a esas mujeres.
En México, el embudo de impunidad en los delitos de feminicidio sigue creciendo año con 
año. En los últimos diez años se han registrado siete mil 246 feminicidios, por los cuales solo se han iniciado cinco mil 700 averiguaciones previas o carpetas de investigación.
De acuerdo a una serie de peticiones a cada una de las Fiscalías y poderes judiciales estatales, se pudo contabilizar que en toda la historia judicial del país se han detenido a 2 mil 652 sospechosos, pero al final solo se han dictado mil 690 condenas irrevocables por el delito de feminicidio, a la par que se han dictado 262 sentencias absolutorias.
Esto significa que solamente el 23.32% de los feminicidios terminan en una sentencia condenatoria.
Poca transparencia
El feminicidio no solo es perpetrado por una persona, sino encubierto, o permitido de facto, 
por todo el sistema de justicia de los estados, que además reserva los expedientes donde quedaría evidenciada su impericia y negligencia.
MCCI solicitó las versiones públicas de las 262 sentencias absolutorias dictadas por el delito de feminicidio, pero los poderes judiciales estatales solo transparentaron 73 expedientes, esto pese a que desde 2020 están obligados a hacer públicas las versiones de las sentencias.
El 29 de julio de 2020, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obligó a los poderes judiciales de todo el país a hacer públicas todas sus sentencias. Ratificando la decisión que tomó el Senado el 17 de octubre de ese mismo año.
Con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tenían la obligación de publicar las sentencias de “interés público”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones.
Pese a que desde hace casi tres años existe la obligación de incorporar dentro de sus páginas oficiales un apartado donde se puedan consultar las versiones públicas de las sentencias, el poder judicial del estado de Durango aún no tiene este apartado.
Además de éste, San Luis Potosí tampoco lo tiene incluido en la página oficial del poder judicial, sino en la página de transparencia estatal, mientras que, vía transparencia, los estados de Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no especificaron si cuentan con esta sección de consulta.
El resto de los estados que sí han incorporado un portal de transparencia para las versiones públicas de las sentencias presentan algunos requisitos que pueden dificultar el hallazgo de un expediente, como que el usuario conozca datos específicos del caso.
Feminicidio ya es igual en todo el país
En enero de 2021, el estado de Michoacán incorporó las siete causales que especifica el Código Penal Federal para diferenciar un feminicidio de un homicidio doloso.
En México, el Código Penal Federal establece siete supuestos en los que el homicidio de una mujer debe ser considerado un feminicidio:
* Los signos de violencia sexual
* Las lesiones o mutilaciones
* Los antecedentes de violencia
* Que haya existido una relación entre la víctima y el victimario
* Las amenazas o agresiones previas al asesinato
* Que la víctima haya sido incomunicada
* Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público
En el año de 2012 estas causales comenzaron a incorporarse paulatinamente a los Códigos Penales Estatales, pero fue hasta enero de 2021 que por fin el delito de feminicidio es igual –legalmente– en toda la República Mexicana.
Sin embargo, los feminicidios siguen aumentando y con ello los índices de impunidad.
En México a ellas las están matando, y a ellos, a los asesinos, los están liberando.
https://youtu.be/PTr5NSH58_4
PRESUPUESTO 2023 IGNORA NECESIDADES DE LAS MUJERES, OTRA VEZ
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 tendrá lugar los siguientes días, por lo que presentamos una revisión de su Anexo 13, que concentra el presupuesto enfocado a programas para atender las desigualdades de género. El 7 de noviembre se hicieron ajustes en el dictamen sobre algunos de los programas aquí referidos; sin embargo, siguen siendo insuficientes para combatir las desigualdades de género. En este texto se revisan las principales irregularidades que encontramos en el presupuesto 2023 para las mujeres mexicanas, entre las cuales están:
* A pesar de que cada año se presupuestan recursos para políticas públicas con el objetivo de apoyar a las mujeres privadas de su libertad y sus hijas, desde 2018 no se ha gastado un solo peso de ese presupuesto aprobado.
* No solo desapareció el programa de estancias infantiles que apoyaba a las madres trabajadoras, sino que los recursos que se entregan para este propósito tendrán una reducción de 4.5% para 2023 y serán menos de la mitad de lo que se destinó en 2018.
* Únicamente el 27.2% de las mujeres que deberían ser beneficiadas con políticas que las ayuden para integrarse al mercado laboral están cubiertas por los programas del gobierno, por lo que 7 de cada 10 no tienen apoyo por parte del gobierno.
* Las guarderías del IMSS tendrán una disminución para 2023 por 534.2 millones de pesos, una reducción de 3.5% respecto al año anterior.
* Se presume que se destinarán recursos sin precedentes para combatir las desigualdades de género en 2023, sin embargo, esto es falso. De los 97 programas presupuestarios que incluye el Anexo 13 para 2023, únicamente 13 de ellos están enfocados de forma explícita a políticas en favor de la equidad de género. 87% de los programas para atender a las mujeres no son específicos para ellas.
Cero pesos | El gasto total para la reinserción social de mujeres
En México, la desigualdad de género se traduce en distintos aspectos de la vida pública, 
entre ellos el acceso a la justicia. Por ello, uno de los rubros a los que se debería de estar priorizando el presupuesto es al acceso a la justicia de las mujeres. Esto incluye el presupuesto de mujeres privadas de la libertad, que si bien son un sector notablemente ignorado, representa un segmento de la sociedad vulnerado por la corrupción, la impunidad y la injusticia.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022, más del 50% de las mujeres privadas de la libertad en 2021 no tenía una sentencia. Esto contrasta con los hombres, entre los cuales sólo 40% no tenía sentencia. Entre las mujeres privadas de la libertad sin sentencia, 14.2% de ellas llevaba esperando más de 2 años por su sentencia. En el caso de los hombres este porcentaje es menor (12.6%). Esto quiere decir que no solo hay más mujeres que no tienen una sentencia, sino que mayor parte de ellas esperando más de 24 meses por una sentencia. El sistema de justicia les falla desproporcionadamente a las mexicanas. Por eso vale la pena preguntarse, ¿cómo se ve el presupuesto destinado a las mujeres privadas de la libertad?
El presupuesto del Programa Especial Concurrente para «Impulsar la política pública con perspectiva de género a favor de las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento, así como en la formación del personal penitenciario» es en promedio de alrededor de 2 millones y medio de pesos. Como parte del anexo 13, desde 2020 la institución encargada de ejercerlo es la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, específicamente la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023 se presupuestó como uno de los rubros más bajos, con 2.1 millones de pesos. Este monto representa un 0.0006% del total del presupuesto correspondiente al Anexo 13.
No es lo más grave que se destine tan poco dinero a este rubro. El problema es que no se ha gastado un solo peso de lo que se ha presupuestado para este tema. Desde 2018 no se ha pagado ni un centavo en este concepto del anexo 13. Como se ve en la siguiente gráfica, las barras grises indican lo que se ha presupuestado: entre 2.8 millones y 2.1 millones desde 2017. Es notorio que el presupuesto bajó para 2022 y 2023. Sin embargo, los números en rojo nos dicen realmente cuánto se ejerció de lo presupuestado. En 2017, por ejemplo, se pagaron 131 mil pesos. A partir de 2018 ni un solo peso se ha pagado para impulsar la política pública en favor de las mujeres privadas de su libertad.
Aunque todos esos años se asignó dinero para este fin, al concluir el año el gobierno no gastó ni un peso. Esto significa, primero, que sistemáticamente se le asigna dinero a un programa que no se está ejecutando. Lo segundo es que esto es indicativo de la poca relevancia para la actual administración sobre los temas de género.
Si bien es frecuente que haya una diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se gasta, en este caso se están desaprovechando o eliminando recursos que se designaron para ese fin. Sin indicios de cómo se ha gastado, no hay manera de verificar los esfuerzos de política pública en favor de las mujeres privadas de la libertad. Al no destinar recursos queda en evidencia una falla enorme del gobierno. Hace falta más trabajo público en favor de la calidad de vida, la justicia y la reinserción de las mujeres privadas de la libertad.
Madres trabajadoras: menos apoyos, menos cobertura
Otro tema fundamental en la búsqueda por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
son los servicios de cuidados infantiles. Estos servicios benefician principalmente a las mujeres, en tanto que son quienes más se encargan de labores domésticas y de cuidados. De acuerdo con datos del INEGI, reportados en el Micrositio #8M de la organización México: ¿Cómo vamos?, las mujeres dedican en promedio 48 horas a la semana en labores de cuidados, mientras que los hombres únicamente 18. En este país, las mujeres hacen más del doble de los trabajos de cuidados que los hombres.
De acuerdo con la propuesta para 2023, el presupuesto de servicios de cuidado infantil disminuirá. Algunos de los principales programas que lo componen son los servicios de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se destina a las mujeres que cuentan con seguridad social, y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras (PABNNHMT) de la Secretaría del Bienestar. En éste último, las principales beneficiarias son mujeres que no tienen seguridad social.
Desde 2018, estos programas han tenido una disminución presupuestal importante. Tan solo entre 2018 y 2019 se disminuyó en poco más de 50% el presupuesto para este programa. Para 2023 la disminución del presupuesto frente a 2022 fue apenas del 4.5%. Aunque parece una pequeña disminución en términos porcentuales, el presupuesto de este año es menos de la mitad de lo que era en 2017 y 2018.
Es importante recordar que esto se debe a que en 2019 el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niño Hijos de Madres Trabajadoras tuvo un cambio drástico en sus reglas de operación. En lugar de asignar presupuesto para estancias infantiles, esta administración decidió que los apoyos se convertirían en transferencias directas a las madres beneficiarias. Esto implicó una disminución en el monto del apoyo de 1,800 pesos bimestrales a 1,600, lo que representa reducción por persona de más del 10%.
De acuerdo con la Ficha de Monitoreo 2021-2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), la cobertura de la población atendida para este programa está muy lejos de la población objetivo. Mientras la población objetivo es de más de 1.2 millones de personas, este programa atendió sólo al 27.21% de esa población objetivo. 2018 fue el año que más cobertura tuvo el programa con respecto a su población objetivo. Una cosa es clara: con los cambios de operación, el panorama no favorece a las beneficiarias que pretende atender este programa.
Evolución del Programa para el Bienestar de Hijos de Madres Trabajadoras
En cuanto a estancias infantiles, el presupuesto del PABNNHMT ha ido cayendo, al igual que los montos del apoyo y el número de mujeres inscritas. Actualmente, no cubre ni una tercera parte de la población objetivo. También las guarderías del IMSS tendrán una disminución para 2023 con respecto al presupuesto de 2022, en una cifra que equivale a 534.2 millones de pesos de 2023 (una reducción de 3.5% con respecto al del año anterior). En términos de la promoción de los derechos laborales de las madres mexicanas y en la definición de una política pública en favor de un sistema nacional de cuidados, el Estado mexicano tiene un pendiente importante en el combate a la desigualdad de género.
Otras prioridades en el presupuesto de género
El presupuesto para 2023 destinado al Anexo 13, dedicado a combatir las desigualdades de 
género, es el presupuesto más alto de los seis años anteriores. Sin embargo, de los 97 programas presupuestarios para 2023 que incluye este anexo, únicamente 13 de ellos están enfocados de forma explícita a políticas en favor de la equidad de género, la prevención y atención a víctimas de violencia de género, o programas en favor de la participación laboral de las mujeres. Es un presupuesto de género que tiene otras prioridades que no son las mujeres. Por ejemplo, más de la mitad del presupuesto en este Anexo se destina a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa es un apoyo universal, por lo que no hay un componente claro de la política pública que esté centrado en cerrar brechas de género de manera específica.
Otro ejemplo es el programa denominado «Fertilizantes», que tiene un presupuesto ocho veces superior que el «Programa de Apoyo Para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos». Este programa tuvo cambios recientes tras su dictamen en el Congreso; pese a ello, el programa de fertilizantes tendrá 8.7 veces el presupuesto para la atención de refugios, lo que evidencia una vez más que las mujeres no son una prioridad para nuestras representantes ni para el gobierno federal. Este caso describe una realidad incómoda para el presupuesto de género: esta administración gasta más en fertilizantes que en atender a las víctimas de violencia de género.
El Congreso de la Unión dictaminó la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación e hizo cambios en el presupuesto de programas sociales como el de atención a víctimas de violencia de género; sin embargo, los cambios siguen siendo insuficientes. La desigualdad de género debe ser una prioridad reflejada con presupuesto y programas específicos. De otra forma, no es una prioridad. El trabajo en favor de la igualdad sustantiva es una exigencia que el Estado mexicano no puede seguir ignorando.
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