* Mientras López Obrador pide a Joe Biden aumentar las visas de trabajo para mexicanos, su gobierno en México ha cortado presupuesto para atender a quienes migran a nuestro país y a vulnerado sus derechos
» CÉSAR | ALMEIDA CANTÚ
) Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad
Me pregunto si, durante el encuentro entre los mandatarios de México y Estados Unidos el pasado 12 de julio, Joe Biden experimentó esa familiar sensación que uno tiene cuando se le demanda algo sabiendo que quién lo pide nunca ha correspondido. Andrés Manuel López Obrador le solicitó a su homólogo que incrementara la expedición de visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos. Biden prometió 600 mil, el doble del récord emitido el año pasado, bajo una condición: paciencia. Sin embargo, mientras el presidente mexicano mostraba su apoyo contra la crisis migratoria, escondía su reverso: una historia de austeridad que ha diezmado la política migratoria de México.
Antes de discutir el impacto de las medidas aplicadas durante este sexenio en los organismos garantes de derechos y apoyo a migrantes y refugiados en México, tenemos que recordar la promesa que López Obrador hizo en campaña en 2018. El 17 de octubre de ese año, durante una conferencia de prensa en Tamaulipas, el entonces candidato prometió “ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos”. AMLO anunció que el objetivo de su gobierno sería lograr que “la migración sea optativa, no obligatoria, y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació”, así como “enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar en Centroamérica y en [México]”. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el número de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos ha crecido en un 370%. Van cuatro años consecutivos con una tendencia a la alza: en 2019, rondó los 150 mil casos; en lo que va de 2022, la cifra ya supera los 560 mil.
Dejando a un lado el ascenso del número de migrantes mexicanos después de diez años a la baja, el país también ha fungido como el principal corredor de migrantes centroamericanos hacia el norte. Si el gobierno de López Obrador no no ha podido garantizar el bienestar a los mexicanos, su desempeño en materia de migración también ha estado alejado del discurso de la campaña. Según Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, el discurso humanitario del gobierno federal actual no ha venido acompañado del presupuesto necesario para hacer de las palabras una realidad.
Desde 2019 el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha sido continuamente reducido, pese a que año tras año las solicitudes de asilo en México han roto récords. En 2019 se recibieron 70 mil 400 solicitudes; en 2020, 120 mil; y en 2021, 130 mil. Todo parece indicar que en 2022 la tendencia seguirá en aumento. Esto se explica, al menos en parte, por las condiciones políticas, económicas y sociales de muchos países de la región.
Aproximadamente el 70% de las solicitudes cada año son presentadas en Tapachula, en la frontera chiapaneca con Guatemala. La Comar se encuentra rebasada. De enero a agosto de 2021 se resolvieron sólo 23 000 de las 78 000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. A pesar de esto, aquel año la Secretaría de Gobernación otorgó solo 44 millones de pesos a la institución, lejos de las necesidades calculadas en 200 millones de pesos. El titular del organismo, Andrés Ramírez, ha reconocido que la dependencia no tiene suficientes recursos, declarando que “se necesitan alternativas migratorias, como darles documentos [a los migrantes] para el libre tránsito y permisos de trabajo temporal, además de aumentar el presupuesto, pero como no tenemos ni una cosa ni la otra la situación se ha desbordado y tenemos este problema”.
En efecto, el incremento drástico de solicitudes de asilo se ha dado por una ola de migrantes haitianos que han llegado de Brasil y de Chile, pero que no son considerados como refugiados porque buscan mejores prospectos económicos y no escapar a uno u otro tipo de persecución, según la definición de la Declaración de Cartagena. El servicio de atención de la COMAR está colapsando en detrimento de quienes legítimamente buscan refugio y pretenden escapar de la violencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua, por mencionar sólo a los países con mayor migración.
Queda entonces sólo otra institución, el Instituto Nacional de Migración (INM), que históricamente se ha visto plagada de escándalos de corrupción. De acuerdo con información proporcionada por el propio INM, se han interpuesto un total de 68 denuncias penales por cargos de corrupción ante la Fiscalía General de la República desde el comienzo de la actual administración. Durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en contraste, se presentaron apenas 56. Este incremento de más de 20% —y con dos años del sexenio aún por venir— ha tenido lugar a pesar de que el 19 de junio de 2019 López Obrador aseguró estar “limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder [,,,] una de estas instituciones es Migración”. Sin embargo, Human Rights Watch ha denunciado que las mismas condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación y carencia de servicios médicos que presentaban las estaciones migratorias durante la administración de Peña Nieto prevalecen en la actualidad.
El manejo deficiente de los fondos destinados al INM, aunado a más recortes presupuestales, sólo agrava la situación de una dependencia que lleva diez años como una de las cinco instituciones más señaladas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías individuales. AMLO dice que “necesitamos cuidarlos [a los migrantes]” a través de intervenciones del instituto, pero sólo en 2020 se registraron 1044 quejas en materia de derechos humanos contra el INM. Las denuncias van desde robo y extorsión hasta abusos sexuales en los campos migratorios.
¿Cómo ha respondido López Obrador a la crisis migratoria actual, si no es destinando más y mejores recursos a la Comar y al INM? En el artículo “Guardia Nacional y detención de personas migrantes” de Felipe Sánchez Nájera y Daniela Osorio Reyes, señalan que el presidente ha de-facto “criminalizado la migración al dejar la gestión migratoria en manos de una institución de seguridad pública, asimilando el ingreso irregular a un crimen.”
Las corporaciones de seguridad pública no tienen la capacidad de implementar las medidas de protección a personas migrantes que establecen tanto nuestras leyes como las convenciones internacionales de las que México es parte. De acuerdo con un reporte del Observatorio del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), es frecuente que agentes de seguridad coluden con aquellos del INM para participar en crímenes como la extorsión y el secuestro de migrantes de manera impune. Del mismo modo, la Encuesta sobre Agresión y Abuso al Migrante registra que sólo 2.6% de los migrantes centroamericanos que sufrieron algún abuso intentaron denunciar los hechos; de entre los que no lo intentaron, 18% dijeron tener miedo de sufrir represalias. Además, de acuerdo al informe Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México, 18% de los delitos contra los migrantes son causados por fuerzas del orden, desde la Guardia Nacional hasta policías municipales.
En otoño de 2021 la organización Human Rights Watch (HRW) acusó a López Obrador de “expulsar ilegalmente a miles de refugiados a Guatemala sin un debido proceso, incluyendo muchos que fueron primero expulsados de Estados Unidos a la custodia de autoridades mexicanas bajo el programa Quédate en México”. De acuerdo a esta investigación, en agosto del mismo año las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional empezaron a trasladar diariamente al menos a trescientos migrantes de distintas nacionalidades al remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. Desde ahí han obligado a los migrantes a cruzar a pie hacia Guatemala.
A las personas expulsadas se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo. Por si fuera poco, migrantes y refugiados declararon a HRW que muchos agentes migratorios acusan a los solicitantes de haber falsificado sus documentos, llegando incluso a confiscarlos o destruirlos, a pesar de que su solicitud ya había sido aprobada. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de una declaración del 17 de agosto, expresó preocupación porque no se le había notificado acerca de las deportaciones. Las autoridades mexicanas no han coordinado dichos movimientos forzados de migrantes con las autoridades guatemaltecas o de otros países . El número total de expulsados se desconoce, pero algunos expertos estiman que se trata de decenas de miles de personas.
No es noticia que el discurso de López Obrador no concuerda con las acciones de su gobierno, ni tampoco la primera vez que el presidente exige de mandatarios extranjeros políticas que él mismo no promueve en nuestro país. La demanda de más visas de trabajo en Estados Unidos parecieran sugerir que el presidente no cumplió el compromiso expresado en campaña y que su gobierno no tiene la capacidad de proteger a los migrantes en territorio nacional.
El abandono actual de los campos migratorios, la reducción de presupuesto a instituciones claves para el bienestar de los migrantes y la militarización de la administración migratoria han dejado en el aire el destino de cientos de miles de personas obligadas a salir de sus países.
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