Sin entrar en detalles jurídicos, urbanísticos y hasta políticos enredosos y engorrosos, y sin pretender darle la razón a ninguno de los bandos confrontados por la construcción de un hospital de tercer nivel en el terreno que ocupa el Centro Internacional Acapulco, cuyo anuncio oficializó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de del jueves 22 de junio, según paráfrasis de expertos de firmas inmobiliarias, como Coldwell Banker y Creditaria, la plusvalía de una propiedad, area residencial o comercial, se pierde dependiendo de diversos factores y/o giros que se construyan al rededor de una propiedad o zona, pero no por hospitales o escuelas con niveles que den plusvalía a la zona donde esté en juego la el valor de un bien inmueble o zona territorial.
Estas empresas inmobiliarias precisan que las principales fuentes de pérdida de plusvalía son «el cambio no apropiado de uso suelo, la inseguridad, la violencia sostenida, la falta de mantenimiento, el abandono o la la edad (misma) del inmueble».
De acuerdo con documentos en poder de Acapulco Press, dicha solicitud fue realizada «con fundamento en los 29 y 55 del Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez» por el «Contador Público Fortino García Andrade», encargado de despacho del Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, el 28 de octubre del 2010 ante el Ingeniero Adolfo Mario Menez Galeana, entonces secretario de la SDUP Acapulco, durante el gobierno de Manuel Añorve Baños, bajo el oficio FCIA/DG/114/2010.
El documento precisa que el objetivo de la solicitud de cambio de suelo para el inmueble ubicado sobre la Avenida Costera Miguel Alemán número 4455, del fraccionamiento Costa Azul, representa una «inversión económica importante para la reactivación turística y comercial», además de una «oferta viable para el resposicionamiento nacional e internacional de nuestra ciudad».
El proyecto incluía una «tienda departamental de la firma arrendatario (Grupo Chedraui), cines, centros comerciales, estacionamientos públicos y espacios culturales (Auditorio al Aire Libre Nezahualcóyotl)», según planos del Arquitecto Juan José Sánchez Aedo, de Grupo Arquitech.
El convenio modificatorio del Fideicomiso Centro Internacional Acapulco para el «arrendamiento comercial» del CIA fue firmado el 27 de junio del año 2009, por la parte arrendadora, por el exgobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; el ex secretario de Turismo estatal, Ernesto Higinio Rodríguez Escalona; el exalcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, y el ex síndico procurador del Ayuntamiento de Acapulco, Alejandro Porcayo Rivera, y por la parte arrendataria el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), representada por el subdirector fiduciario José Alejandro Chew Lemus.
Para los efectos del contrato figuraron, por la parte arrendadora, el «señor Fortino García Andraca», representando a Banobras, y por los arrendatarios el «señor Julio Mauricio Martin Amodío Herrera».
La renta del inmueble se pactó a «quince años, más 15 de reactivación automática» de contrato, por la cantidad de «90 millones de pesos anuales».
El período preoperativo del contrato transcurriría «a partir del 1 de diciembre del año 2009 al 30 de noviembre del 2011», por lo que el tiempo de vigencia oficial del contrato de arrendamiento comenzaría el «1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre del 2027», lapso que comprenden los primeros 15 años, más los 15 años restantes de renovación automática, lo cual indica que el término del contrato global de arrendamiento terminaría en en el año 2042.
Si el gobierno federal o estatal ya han hecho lo propio para la cancelación de este sospechoso contrato orquestado por Torreblanca Galindo y Añorve Baños con los arrendatarios, presuntamente el Grupo Chedraui, el Centro Internacional Acapulco está libre, entonces, para el uso comercial que se le pretenda dar, en este caso, la construcción de un hospital de tercer nivel para atender la demanda de atención médica especializada que abastecería no solo a Guerrero si no a sus estados circunvecinos.
Dicen los expertos inmobiliarios que «la inseguridad, los brotes de violencia sostenida, la falta de mantenimiento, el abandono, el la edad del inmueble y los cambios en los atractivos de la zona, son factores importantes que interfieren en la pérdida de plusvalía de una propiedad». Hospitales y escuelas, empero, demeritan los valores solo si no cumplen con los estándares de la zona donde van a ser edificados.
«La plusvalía usualmente va en función de la ubicación, las vías de comunicación primarias, secundarias, y factores como la cercanía de escuelas y hospitales, así como medios de transporte asequibles. Si estos rubros son un atractivo de la zona o hay un cambio en ellos, podrían impactar negativamente en su valor», suscriben los expertos de las firmas inmobiliarias arriba citados.
Por lo que tomando como base todo lo anterior y las innovaciones que tendrá el hospital anunciado, podría asegurarse que el nuevo hospital de tercer nivel planeado para el terreno que ocupa actualmente el Centro Internacional Acapulco (CIA) no afectaría la plusvalía de la zona, ni sería factor de caos vial o de economía informal, pues el proyecto hospitalario contempla mecanismos de solución a esos factores que atemorizan a los habitantes de la zona.
El comercio informal siempre ha existido en este tipo de eventos, sobre todo en las «ferias del pueblo» donde se mezclan música, alcohol, vendimia y festividad, y nadie ha reclamado nada como ahora que se pretende construir un hospital de tercer nivel que atenderá pacientes que actualmente tienen que ser traslados a Cuernavaca o Ciudad de México para su atención especializada.
Jamás el tráfico ha sido problema porque el inmueble cuenta con estacionamiento propio con capacidad suficiente para albergar buen número de parque vehicular y el proyecto hospitalario está pensando para dejar espacios de aparcamiento vehicular con la capacidad necesaria para menguar este problema vial.
El problema del cao vial en Acapulco se llama “incultura vial”, asignatura no aplicada por el Ayuntamiento de Acapulco, que permite la anarquía y corrupción vial.
Este análisis no tiene por objetivo defender a la parte oficial ni desestimar las voces que, desinformadamente, quizá, se oponen a la construcción de un hospital porque consideran que edificación conllevaría a la pérdida de plusvalía de la zona y fomentaría el caos vial y la economía informal.
Pareciera que lo que falta es más información en el tema y correspondía al Gobierno Federal o Gobierno del Estado emitir más detalles, la respecto, asesorados, desde luego, por expertos en proyectos inmobiliarios, arquitectónicos y urbanismo, para tratar de que la sociedad alebrestada entre en razón sobre la importancia de un hospital de esta categoría, accesible por diversas vías de comunicación (aérea o terrestre) a pacientes de otras entidades, no solo de Acapulco, y con médicos altamente capacitados y especializados que salven a aquellas personas que actualmente necesitan ser trasladadas de emergencia a otras ciudades o estados para su atención inmediata.
Con este nuevo hospital, dice un análisis técnico del Gobierno del Estado sobre el proyecto, «los residentes tendrán acceso a servicios de salud especializados que actualmente pueden ser limitados o no existen en el Estado, pues brindará atención a enfermedades y condiciones de salud complejas que requieren servicios médicos de alta calidad y especialización.
Finalmente, si el concepto arquitectónico del «Nuevo Centro Internacional Acapulco» (CIA) se apegaba al «Reglamento y normas complementarias del Plan Director Urbano» y al «Reglamento de Construcción del Municipio de Acapulco», como suscribieron los solicitantes del cambio de uso de suelo para echar andar el proyecto comercial descrito en el contrato modificatorio de arrendamiento entre Banobras y el Fideicomiso Centro Internacional Acapulco, ¡entonces no tiene por qué hablar problemas con la construcción del nuevo hospital regional de tercer nivel del ISSSTE en el terreno que ocupa actualmente el CIA!
