* Los hombres probos y honorables del #GobernadorLugarteniente / I
Mientras Héctor Astudillo Flores, se traga sus escupitajos conque pretende expíarse de sus disparates sobre honestidad, gobierno libre de nepotismo, orden y paz y otras cursilerías, en la capital de Querétaro, familiares de un joven asesinado la madrugada del 27 de noviembre del 2004 por los escoltas del Representante del Gobierno del Estado de Guerrero en el Distrito Federal, René Juárez Albarrán, buscarán de nuevo ante la CNDH su intervención para que recomiende al gobierno de Astudillo su cooperación en torno al caso en el que el junior del ex gobernador René Juárez Cisneros una vez más fue amparado por su padre en ilícitos del fuero común.
Según Pablo Enrique Vargas Gómez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), el caso dejó muchas dudas y hubo mucha obstrucción de la justicia por parte de la Procuraduría de Querétaro, por tratarse de un «pedido especial» de que se exhonerara a René Juárez Albarrán de todo nexo con el crimen de Marco Antonio Hernández, quien cometió el error de cruzársele en el camino a Juárez Albarrán, quien conducía su vehículo en presunto estado de ebriedad, lo que ocasionó una discución acalorada, con saldo negativo para el tripulante del Tsuru, colo blando, del año 91.
Los hechos se desarrollaron sobre las calles de Luis Pasteur y José Sotelo, en el centro de Querétaro, aproximadamente a las 3:45 de la madrugada, según relata el expediente turnado por la CEDHQ a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pensando que esta intervendría en la impartición de justicia demandada por los familiares del joven asesinado con una bala de una calibre 9 mm, un arma de uso exclusivo del Ejército, y otro más que resultó gravemente herido.
René Juárez Albarrán no es la primera vez que se ve involucrado en incidentes relacionados con el alcohol o las drogas. En el año 2003 fue remitido a los separos policíacos luego de haber ocasionado un accidente vial mientras conducía un auto deportivo BMW, importado desde Europa, bajo los influjos del alcohol y las drogas, según determinó el agente en turno de la Agencia Ministerial de Cuernavaca, donde ‘aparentemente’ ocurrieron los hechos.
El hijo del entonces gobernador fue liberado de inmediato por «órdenes especiales» emitidas desde Casa Guerrero.
La hermana del junior, Marcela Juárez Albarrán, también ha protagonizado casos similares con sus escoltas en el mismo estado de Querétaro.
En el año 2000 fue emitida también una «orden especial» para que se liberara a los escoltas de la señorita Marcela Juárez, quienes defendieron a su protegida de una gresca provocada por un accidente vial en el que la hija del ex gobernador guerrerense insultó a los tripulantes de un vehículo porque no le cedieron el paso, amenazándolos con «no (saber) con quién se estaban metiendo».
Marcela Juárez, quien acaba de celebrar sus XV Primaveras, venía de una fiesta rave donde se consumió de todo: «alcohol y drogas», según reseña de José Luis Portilla para el Diario de Querétaro.
Julio Figuroa, quien se ha encargado de seguir el caso de Marco Antonio Hernández Galván (asesinado) y Miguel Gerardo Rivera Alcántara (agredido) detalla que es un hecho que la Procuraduría General de Querétaro no quiso lidiar con ese caso por el peligro que representaba inmiscuir al hijo de un gobernador en un asesinato, motivo por el cual a René Juárez Albarrán se le invitó a declarar para salvar las apariencias y poder declararlo inocente de todo vínculo con el homicidio donde testigos oculares lo señalan como co-protagonista de la disputa acalorada que dejó como saldo el homicidio de Marco Antonio y una severa golpiza a su amigo Miguel Gerardo.
El homicida, Federico Ruiz Lomelí, es hijo del empresario Federico Ruiz, concesionario de la franquicia Coca-Cola en Querétaro, quien es amigo de René Juárez Cisneros.
Pese a los hechos y los testigos, el abogado de Juárez Albarrán, Jorge Arturo Sibaja López, ex rector de la Universidad Motolinía del Pedregal (una de las 43 universidades de excelencia académica, según la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior), aseguró que su cliente ni es dueño de una camioneta BMW ni estuvo presente en los hechos.
El titular de la PGJE de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, concluyó también que Federico Ruiz Lomelí no (era) culpable del homicidio que se le imputa, «pues no existen las pruebas para acusarlo como responsable del asesinato de Hernández Galván», por lo que al final de cuentas el caso fue «obra extraña del espíritu santo», subraya sarcástico Julio Figueroa.
Y aunque Pablo Enrique Vargas Gómez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDH) turnó el expediente a la CNDH, por hallarse «decepcionado porque la PGJE presuntamente ha incurrido en irregularidades jurídicas, como impedir el ejercicio libre de la profesión de los abogados defensores de las presuntas víctimas y retrasar la integración de la averiguación previa para defender al hijo del concesionario de Coca-Cola en la entidad», y escolta de René Juárez Albarrán, el caso fue declarado cerrado.
«El clima de zozobra y molestia en que vive la sociedad queretana deriva de la lentitud, del silencio, de la opacidad de la autoridad encargada de procurar justicia; cuando se generan estas situaciones, precisamente la atmósfera se crispa y la sociedad se enardece», comentó Vargas Gómez, tras el veredicto.
Gerardo Alcocer García, uno de los tres abogados de Miguel Gerardo Rivera Alcántar, testigo del homicidio, indicó que en virtud de que «se involucran autoridades del estado de Querétaro que trascienden el interés de esa entidad federativa y pudieran incidir en la opinión pública nacional (…) la CNDH acordó atraer el caso en mención para los efectos legales a que haya lugar», pero parece que también recibió instrucciones de no intervenir en el asunto, debido al personaje que se hallaba involucrado.
Sin embargo, asumiendo el hecho de que Héctor Astudillo se ha declarado defensor del orden, de la justicia, esperarán que en el terreno de los hechos haga valer su palabra de que no tolerará ningún acto corruptible o deleznable que dañe su imagen de «gobernador del orden y la paz».
] Con Información de Julio Figueroa, José Luis Portilla y Mariana Chávez
