JORGE CARRASCO ARAIZAGA
] Apro.
El caso del abogado Juan Collado recuerda al de la profesora Elba Esther Gordillo. Sólo que tiene un propósito mayor. El de Gordillo fue un cobro de facturas. El de Collado, una estrategia para marcar “el cambio de régimen”.
Es un caso de grandes implicaciones que según lo señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la orden de aprehensión contra Collado puede alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el también expresidente Carlos Salinas es mencionado, la denuncia pone el acento en Peña Nieto no sólo como accionista de la financiera Caja Libertad, sino como el beneficiado con entregas de dinero en efectivo, “en cajas” que eran transportadas en camionetas de traslado de valores.
Si la persecución penal quedara limitada al abogado Collado no tendría sentido que el caso lo haya presentado ante la justicia federal la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la FGR.
A Gordillo la persiguió el propio Peña Nieto en represalia por su franca oposición a la reforma educativa y de paso para cobrarle su colaboración con los gobiernos del PAN y su operación política contra el PRI.
La acusó de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Ninguno de los cargos prosperó y al final del gobierno de Peña Nieto, ya con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial fue exonerada y quedó en libertad hace casi un año, el 8 de agosto de 2018.
Las mismas acusaciones fueron las que se enderezaron en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora protagoniza, de nueva cuenta, uno más de los escándalos del gobierno de Peña Nieto al asegurar que su entrega fue pactada.
La entonces Procuraduría General de la República, antecedente de la FGR, no pudo comprobar las acusaciones contra Gordillo, además de que fue responsabilizada por haber obtenido información financiera de la exjefa sindical sin autorización judicial.
La FGR ahora acusa a Collado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y al igual que lo hiciera la PGR con Gordillo, en muy poco tiempo, apenas unas cuantas semanas, el ministerio público federal procesó la acusación.
El único denunciante en este caso, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, se presentó ante la FGR el 9 de junio cuando se abrió la carpeta de investigación. Bustamante fue ampliando su declaración y la FGR le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara la denuncia.
En menos de una semana, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, defenestrado como fiscal electoral en el gobierno de Peña Nieto en medio del escándalo Odebrecht, avaló la acusación y el día 6 de julio el juez de control en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, firmó la orden de aprehensión. Se cumplió el martes 9.
Así de expedito fue también el proceso para detener a Gordillo. Pero el objetivo era sólo ella. Ni siquiera otros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Esta vez, la acción inmediata es en contra de quien puede ser considerado como una síntesis de la “mafia del poder” en la caracterización hecha por López Obrador.
Juan Collado es el personaje que desde el salinato ha estado vinculado a los priistas y panistas con los que durante décadas se enfrentó el ahora presidente. Por eso en la orden de aprehensión se menciona expresamente a Carlos Salinas y, de paso, al exsenador panista y abogado, Diego Fernández de Cevallos.
Pero las acusaciones son más explícitas en contra de Peña Nieto, sobre quien también se puede tender un cerco judicial en el caso de su primer director de Pemex, Emilio Lozoya, por el dispendio en la petrolera en la compra de la chatarra que era Agronitrogenados.
Ya embarcada en la acusación y el escándalo mediático, a la FGR no le queda más que demostrar que el expresidente Peña, sobre quien por años se ha proyectado la sombra de la corrupción, participaba en las supuestas estructuras de triangulación internacional de recursos ilegales a través de Caja Libertad.
De hacerlo, México asistiría por primera vez a una acción penal en contra de un expresidente por delincuencia organizada, con lo que López Obrador estaría actuando en los hechos en contra de “la mafia del poder” que tanto denostó y le daría a los mexicanos lo que tanto han querido: la cabeza de un rey del viejo régimen.
Y sus bonos volverían a subir dentro y fuera del país cuando su presidencia cada vez los necesita más.
