* Recrudece leyes que él mismo pisoteaba, destaca el diario británico.
David Agren
MEXICO CITY. * 30 de julio de 2019.
] The Guardian.
Mexico’s president – a man who made his name blockading Pemex petroleum installations in southeastern Tabasco state – has been criticised over his support for a state law prohibiting protests.
On Monday, Andrés Manuel López Obrador’s partisans in Tabasco approved legislation that metes out stiff punishment for protests, including prison sentences of up to 20 years for blocking access to businesses and 13 years for impeding work on public works projects.
It comes just as the man known as Amlo announced the start of construction on an $8b refinery in Tabasco – a project he wants completed in four years and for which an environmental impact study is still pending.
“It’s not an anti-protest law. It’s an anti-extortion reform. This is very clear,” said Tabasco government secretary, Macros Medina Filigrana.
López Obrador echoed those sentiments in his Monday press conference, saying Pemex and its contractors had previously been extorted by individuals charging fees on roads leading to petroleum sites.
Critics see the law as hypocritical, given Amlo’s history of beckoning supporters to blockade streets and refusal to say a sharp word toward renegade sections of the teachers’ unions – whose protests have collapsed some southern cities and occasionally the capital.
“It’s hypocritical for someone who made his entire career on a reputation for protests and blockades,” said Gerardo Priego, an opposition politician in Tabasco. “Who’s going to define if it’s extortion or not? Won’t his buddies be protesters and his opponents extortionists?”
The hashtag #LeyGarrote – “club law” – trended in Mexico, along images of a young López Obrador covered in blood after confrontations with soldiers from past protests.
López Obrador started his political career as state delegate for the Mexican Indigenous Institute and organised communities, whose lands were spoiled by Pemex pollution and weren’t being compensated. He later led long marches to Mexico City after scandalous local elections in the mid-1990s. His supporters once camped out on the capital’s grand Paseo de la Reforma for six weeks in 2006 to protest against an unfavourable election outcome.
López Obrador swept elections in 2018, claiming the presidency and majorities in Congress, after capitalising on discontent over corruption and promising to end repression against protesters, human rights and environmental defenders and journalists.
Several states with governors accused of massive acts of graft previously approved anti-protesting laws – such as Quintana Roo, home to Cancún, where politicians claimed protests would harm tourism.
Amlo’s approval rating remains on more than 60%, though he has stoked disquiet on the left – of which he claims to be a part – with moves such as announcing austerity measures, creating a militarised police to calm the country and attacking critical media outlets.
“He benefitted from marches and protests and investigative journalism that revealed corruption or ineptitude on the part of politicians he once opposed,” said Javier Garza, a political analyst in the city of Torreón and former newspaper editor. “Now that he’s president, protests and journalistic investigations are going against him – and he doesn’t like it.”
VERSIÓN EN ESPAÑOL
El presidente de México, un hombre que hizo su nombre bloqueando las instalaciones petroleras de Pemex en el sureste del estado de Tabasco, ha sido criticado por su apoyo a una ley estatal que prohíbe las protestas.
El lunes, los partidarios de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco aprobaron una legislación que impone castigos severos por las protestas, incluidas penas de prisión de hasta 20 años por bloquear el acceso a las empresas y 13 años por impedir el trabajo en proyectos de obras públicas.
Se produce justo cuando el hombre conocido como Amlo anunció el inicio de la construcción de una refinería de $ 8 mil millones en Tabasco, un proyecto que quiere completar en cuatro años y para el cual aún está pendiente un estudio de impacto ambiental.
“No es una ley contra la protesta. Es una reforma anti-extorsión. Esto está muy claro ”, dijo el secretario de gobierno de Tabasco, Macros Medina Filigrana.
López Obrador se hizo eco de esos sentimientos en su conferencia de prensa del lunes, diciendo que Pemex y sus contratistas habían sido extorsionados previamente por individuos que cobraban tarifas en las carreteras que conducen a sitios petroleros.
Los críticos ven la ley como hipócrita, dada la historia de Amlo de hacer señas a los partidarios para que bloqueen las calles y se niegan a decir una palabra aguda hacia secciones renegadas de los sindicatos de maestros, cuyas protestas han derrumbado algunas ciudades del sur y ocasionalmente la capital.
«Es hipócrita para alguien que hizo toda su carrera con una reputación de protestas y bloqueos», dijo Gerardo Priego, un político opositor en Tabasco. “¿Quién va a definir si es extorsión o no? ¿Sus amigos no serán manifestantes y sus oponentes extorsionistas?
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El hashtag #LeyGarrote – «ley del club» – fue tendencia en México , junto con imágenes de un joven López Obrador cubierto de sangre después de enfrentamientos con soldados de protestas pasadas.
López Obrador comenzó su carrera política como delegado estatal para el Instituto Indígena Mexicano y las comunidades organizadas, cuyas tierras fueron estropeadas por la contaminación de Pemex y no fueron compensadas. Más tarde dirigió largas marchas a la Ciudad de México después de escandalosas elecciones locales a mediados de la década de 1990. Sus partidarios acamparon en el gran Paseo de la Reforma de la capital durante seis semanas en 2006 para protestar contra un resultado electoral desfavorable.
López Obrador barrió las elecciones en 2018, reclamando la presidencia y las mayorías en el Congreso, después de capitalizar el descontento por la corrupción y prometiendo poner fin a la represión contra los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y los periodistas.
Varios estados con gobernadores acusados de actos masivos de corrupción aprobaron leyes contra las protestas previamente aprobadas, como Quintana Roo, hogar de Cancún, donde los políticos afirmaron que las protestas dañarían el turismo.
El índice de aprobación de Amlo se mantiene en más del 60%, aunque ha avivado la inquietud a la izquierda, de la que afirma ser parte, con medidas como anunciar medidas de austeridad, crear una policía militarizada para calmar el país y atacar a los medios críticos.
«Se benefició de marchas, protestas y periodismo de investigación que revelaron corrupción o ineptitud por parte de políticos a los que una vez se opuso», dijo Javier Garza, analista político en la ciudad de Torreón y ex editor de un periódico. «Ahora que es presidente, las protestas y las investigaciones periodísticas van en contra de él, y no le gusta».
