CIUDAD DE MÉXICO. * 18 de diciembre de 2019.
] AP.
México investiga el desvío de hasta 2.000 millones de pesos de fondos públicos, unos 170 millones de dólares al cambio de hace una década, parte de los cuales podrían haber llegado a empresas de la familia del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos y acusado allí de cooperar con el Cártel de Sinaloa. También indaga a cinco exfuncionarios del círculo cercano al exfuncionario.
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, hizo el anuncio el miércoles y dijo que las supuestas irregularidades tuvieron lugar durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), cuando García Luna fue secretario de Seguridad y pieza clave de la guerra lanzada esos años contra el crimen organizado.
Según explicó, todo apunta a que fondos del gobierno fueron desviados a una empresa y luego al menos parte de ellos triangulados a la familia de García Luna, con lo que se le podría llegar a acusar de enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses y lavado de dinero.
Un juez de Texas ordenó el martes que el exfuncionario, considerado durante años en México intocable y todopoderoso, permanezca detenido sin derecho a fianza mientras espera su juicio. Es acusado por una corte de Nueva York de aceptar una fortuna en sobornos de narcotraficantes para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad.
El gobierno mexicano insiste en que va a cooperar con funcionarios estadounidenses en el caso de García Luna, pero no están tan claras las repercusiones que podría tener éste en el país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido contundente al decir que no perseguirá a Calderón porque no busca revanchas pero luego ha habido ciertos mensajes aparentemente contradictorios. Esta semana dijo que no se investigaría a quienes pudieran estar vinculados con García Luna, y les instó a colaborar con la justicia de Estados Unidos pero el miércoles Nieto dijo que se indagaba a cinco exfuncionarios.
López Obrador sí subrayó que esas personas no podrían trabajar en su administración y el miércoles reiteró que su gobierno no va a proteger a nadie.
También sugirió la necesidad de que “se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos” y eventuales acuerdos que pudieron haber tenido durante la época de García Luna. En concreto, recordó el escándalo “Rápido y Furioso”, ocurrido en aquel momento, cuando Estados Unidos detectó una operación sospechosa de compra de armas y no la paralizó con la idea de poder llegar hasta los criminales pero perdió su pista y ese armamento acabó en manos del crimen organizado en México.
Por su parte, el actual secretario de Seguridad mexicano, Alfonso Durazo, declaró que está en marcha un “proceso de depuración” de las fuerzas de seguridad federales porque García Luna no pudo operar en solitario.
