* La prescripción de una acusación de violación en contra de Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena al Gobierno de Guerrero, no implica que el delito no haya existido, coinciden diputadas del PRI, PAN y Morena, integrantes de Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que, junto con el Colectivo 50 más 1, exigen anular la candidatura de ‘el Toro sin cerca’ en Guerrero.
* «La impunidad mata al Estado de derecho»; postular a una persona pese a que está en entredicho su comportamiento hacia las mujeres es reprobable, sostienen Aurora Aguilar, portavoz del Colectivo 50 más 1, y la diputada del PRI, Mariana Mier y Terán.
CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de enero de 2021.
] Política Expansión / Enfoque Noticias.
Diputadas de Morena, PAN y PRI, así como integrantes del Colectivo 50 más 1, señalaron que la prescripción de una acusación de violación en contra de Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, no implica que el delito no haya existido, y recordaron que hay otra denuncia en contra del senador con licencia.
La morenista, Wendi Briseño calificó de grave y delicado que la Fiscalía General de Guerrero, con celeridad y en pleno proceso electoral, haya emitido una resolución que no ayuda a encontrar verdad y justicia, pero tampoco es una declaración de inocencia.
Pidió a Morena que no postule candidatos con estos antecedentes por su impacto en la vida democrática, en la gobernabilidad de un estado y, además, garantizar a una entidad el mejor gobierno a partir de un buen perfil.
Aurora Aguilar del colectivo 50 más 1, destacó que la impunidad mata al Estado de derecho.
La diputada del PRI, Mariana Mier y Terán cuestionó que se busque postular a una persona pese a que está en entredicho su comportamiento hacia las mujeres.
En un pronunciamiento, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados exhortó a los partidos políticos a cumplir los lineamientos 3 de 3 contra la violencia de género y que precisan que no pueden ser candidatos o candidatas agresores, violentadores sexuales y deudores alimentarios.
Pidió a todos los institutos políticos tener voluntad política para, en su caso, tomar decisiones que reivindiquen a las víctimas y no a los presuntos agresores.
CRONOLOGÍA
Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, fue exonerado ayer de una de las dos denuncias presentadas en su contra por el delito de violación, lo que podría abrirle el paso para continuar con sus aspiraciones políticas, alertaron este jueves diputadas federales.
La noche del miércoles, la Fiscalía General de Guerrero (FGEG) anunció en un comunicado que dejó sin efectos una denuncia presentada contra Salgado Macedonio en noviembre de 2020, la cual corresponde a hechos presuntamente cometidos en 1998 en agravio de una menor de edad.
«Se realizó el estudio y análisis jurídico mediante el cual se ha determinado que se encuentra prescrita la acción penal, en virtud de que la denuncia fue presentada en noviembre de 2020 sobre supuestos hechos de 1998, es decir, 22 años después.
«De conformidad con lo dispuestos en el artículo 92 y demás aplicables del Código Penal vigente al momento de los hechos, se ha extinguido la acción penal a favor del imputado», señaló la Fiscalía estatal, a la vez que abogó por la «presunción de inocencia».
La denuncia desechada le fue turnada a la Fiscalía de Guerrero este mes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que se declaró incompetente para investigar y resolver la presunta violación cometida en 1998 por el senador con licencia.
Sin embargo, todavía hay una investigación en proceso por otra denuncia presentada en 2017 contra el político, también por el delito de violación. La Fiscalía de Guerrero indicó que una vez que la Dirección General Jurídico Consultiva concluya el análisis de este caso, se informará si procede o no la acción penal contra Salgado Macedonio.
Tras darse a conocer la resolución sobre el primer caso, las integrantes de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados emitieron este jueves un pronunciamiento en el que exigen a la FGE hacer el desahogo de pruebas estrictamente en apego a derecho y con perspectiva de género.
