Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
» Acapulco Press
La pregunta es justa y sensata –sin matices políticos ni partidistas, sin afán de enardecer a sus feligreses ni desatar las toxinas de sus defensores y aplaudidores–, pero sí incisiva y con sustentos: «¿AMLO no merece juicio político por el genocidio de la pandemia ocasionado por su negligencia que suma, al día de hoy, 247 mil 275 decesos, o por los miles de niños consumidos por el cáncer a falta de medicamentos oncológicos (más de 2 mil 190, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), y los miles de caídos por su exceso de ‘abrazos’ al crimen organizado y el narcotráfico (más de 87 mil 271 contabilizados hasta el mes de junio de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)?»
Para todo aquél que promueva la Consulta Popular del Presidente o esté indeciso en participar, primero debería conocer los motivos que impulsan a AMLO a involucrar al ‘sabio pueblo’ en su linchamiento a no uno ni dos, sino a cinco expresidentes.
¿De qué acusa López Obrados a sus antecesores?
» A Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) lo señala de que «durante su sexenio crecieron más en nuestro país las diferencias entre ricos y pobres y de haber entregado a particulares una cantidad sin precedentes de bienes públicos».
» De Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) López Obrador dice que «continuó políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias; además, adjudicó a los mexicanos deudas privadas en el marco del llamado rescate bancario del Fobaproa en 1998, fondo al que aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos e intereses, esa deuda pública hoy asciende a 2 billones de pesos y no terminará de saldarse hasta el año 2070”.
» Vicente Fox Quesada (2000-2006) es acusado de «traidor de la democracia»; de haber intervenido en la elección del 2006 para favorecer a su sucesor, Felipe Calderón, e impedir el triunfo de la oposición que en aquél entonces López Obrador encabezaba.
» De Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) AMLO señala que es responsable de haber desatado «una guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres a niveles de letalidad en enfrentamientos». En dos años de su gobierno, en la “Guerra contra el narcotráfico” hubo más enfrentamientos y muertos que heridos o detenidos.
» Finalmente, a Enrique Peña Nieto (2012-2018) simple y llanamente lo acusa de corrupción… de la «evidente corrupción» que imperó en su gobierno.
Ahora vayamos paso a paso…
El ‘presidente de la paz y el bienestar’ atribuye a Felipe Calderón haber convertido a México en un «cementerio», pero los muertos del gobierno de AMLO superan al doble las cifras de víctimas de la violencia generada por su política de abrazos y no balazos al crimen organizado y el narcotráfico.
Con Felipe Calderón oficialmente se registraron 30 mil 572 expedientes por homicidios dolosos; con Peña Nieto, 41 mil 979… en solo 3 años de ‘gobierno morenista‘ las cifras rebasan los 72 mil 891 expedientes abiertos por homicidios dolosos (las cifras también pertenecen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal).
De la «corrupción» en su gobierno ni se hable, es «evidentemente» más escandalosa e impune que la de sus antecesores porque en el actual gobierno se encubren hasta las corruptelas probas de los parientes del Presidente. De la «traición a la democracia», ¡menos!
Comparando las imputaciones que Andrés Manuel López Obrador hace a sus antecesores para ‘jugar’ políticamente con el electorado a fin de legalizar una consulta impopular e intrascendente con el único fin de acrecentar su popularidad de cara a su ansiada reelección en 2024, el Presidente de la 4T resulta igual de culpable de los mismos ‘delitos’ que imputa a sus antecesores.
Aquí las razones.
Su gobierno también ha convertido a México en un ‘cementerio’ (como Calderón); su gobierno también está plagado de «evidente corrupción» (como el de Peña) y de «desigualdad social» (como el de Salinas). En 2018 el señor López recibió un país con 61 millones de pobres; ahora, el 56% de la población está sumida en la desigualdad social. Bajo su régimen de ‘paz, transformación y bienestar’, ya son más de 70 millones los mexicanos que han sido consumidos por la pobreza, según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020.
En contraparte, AMLO mismo también ha «endeudado innecesariamente a los mexicanos» (igual que Zedillo) con sus caprichos multimillonarios como ‘Santa Lucía’, el ‘Tren Maya’ y ‘Dos Bocas’. Y nada de esto es mentira. Las pruebas están a la vista.
También ha cometido «traición a la democracia» (igual que Fox).
Cínica y personalmente, AMLO ha confesado abiertamente haber inducido el voto –el pasado 6 de junio– a favor de su partido y sus candidatos favoritos y protegidos, como Félix Salgado y su hija, Evelyn Salgado, que es gobernadora electa con el 37.5% de los votos debido a que el 62.5% restante ¡se esfumó como por arte de magia! De López Obrador también hay evidencias de su «traición a la democracia» (igual que Fox). Por tales motivos, López Obrador no debería, más bien, ¡debe figurar también en la Consulta Popular del 1 de agosto, no solo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto!
¿Es posible llevar a juicio a los expresidentes?
«Sí», responde Martín Vivanco Lira, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Argumentación Jurídica y Teoría Política por la Universidad de Alicante y la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra.
«Sí es viable porque ellos ya no gozan de ninguna protección especial (como el ‘fuero constitucional’)»; además, «el principio de legalidad y de acceso a la justicia obligan a las autoridades competentes a que, cuando tengan conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de ciertos delitos, actúen por sí mismas y procedan legalmente. Si algún expresidente cae en este supuesto, nada impide a las autoridades actuar».
¿Es necesaria la Consulta Popular?
No. No es necesario tirar 890 millones de pesos por un capricho presidencial para vengarse de Fox y Calderón, principalmente.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México; Daniel Quintanilla. licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas e la UNAM, sostienen que el objetivo de AMLO y su consulta no es hacer justicia, es –más bien– un ‘jugueteo’ político para mantener vigente su popularidad de cara a su reelección en 2024, y una obsesión por confrontarse con el pasado, habiendo mucho qué hacer y por hacer por el presente y futuro de México.
A la luz de la Constitución y la jurisprudencia, la Consulta de López Obrador es, prácticamente, anticonstitucional e innecesaria. «No se requiere demasiada perspicacia para advertir que, de las conductas señaladas, solamente las atribuidas a Fox y Peña podrían considerarse delictivas», aunque «respecto a Fox habría que comprobársele el fraude electoral —nunca probado— en una elección organizada, supervisada y calificada por el IFE».
Sobre Peña Nieto, de la Barreda Solórzano sostiene que «la imputación es una vaguedad oceánica», pues el señalamiento carece de claridad, precisión o exactitud. Tendría que comprobársele a Peña cada acto de corrupción con hechos, no con dichos ni suposiciones.
En cuanto a que Calderón convirtió al país en un cementerio, no hay mucho qué decir: «¡La tasa de asesinatos en el actual sexenio es aún mayor!», suscribe el investigador de la UNAM.
En conclusión, ambos juristas concuerdan que, con base a los reformados artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana, el Presidente «solo debe aplicar la ley» y punto, pues finalmente los candidatos a juicio político ya «son expresidentes; ya no tienen la protección de la inmunidad política”.
Por tales motivos, «si el Presidente tiene pruebas de que alguno de esos mandatarios incurrió en delito, debe presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República, única autoridad que, conforme a derecho, está facultada para decidir si es procedente el ejercicio de la acción penal. ¡Solamente en las dictaduras se han sometido al juicio de ‘tribunales populares’ asuntos relativos al poder punitivo del Estado. En el Estado de derecho, la justicia penal se rige por principios que excluyen el linchamiento social anticipado», remacha el jurista Luis de la Barrera.
Sin daños a terceros…
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