CIUDAD DE MÉXICO * 8 de noviembre de 2022.
) Apro
Los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a diversos funcionarios, entre los que se encontraría el subsecretario 
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, sobre el informe presentado el 18 de agosto pasado sobre lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos.
César Omar González y Alejandro Robledo, abogados del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento, Eduardo Mota y el subteniente, Fabián Alejandro Pirita, detenidos, los primeros tres, el pasado 15 de septiembre y el último de los mencionados al día siguiente por el caso Iguala; señalaron que la denuncia fue presentada 
esta mañana ante la FGR
Anunciaron que la defensa obtuvo un dictamen pericial en materia de informática que demuestra que los mensajes que vinculan al general Rodríguez con los Guerreros Unidos y en los que supuestamente él ordenó matar y desaparecer a los normalistas y otros en los que se vincula a los militares con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son falsos.
Los litigantes indicaron que en la denuncia solicitaron a la FGR que cite como testigos a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al propio Encinas, a quien elaboró el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) el pasado 18 de agosto y a diferentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los abogados consideraron que al presentar un informe con pruebas falsas, el subsecretario Alejandro Encinas incurrió en los vicios que tenía la administración pasada encargada de las primeras investigaciones del caso.
“En su intento por obtener resultados rápidos y visibles el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable por no decir abiertamente falsificada y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, señaló César Omar González.
“La comisión, mientras sea presidida por el subsecretario Encinas no tiene como objetivo ni la verdad ni la justicia, en su afán irresponsable por producir resultados e incriminar al ejército, por tener algo que mostrarle a la prensa y a la sociedad, ha caído en los mismos vicios que tanto criticó a quienes lo precedieron en la investigación”.
Acusaron que puso por delante sus intereses políticos y su “necesidad de reconocimiento” y convirtió a la COVAJ en un cómplice más de la “red de incumplimiento y desinformación” que vicia el debido proceso de sus clientes.
Por ello, Alejandro Robledo consideró que Encinas debe renunciar a la presidencia de la COVAJ.
