CHILPANCINGO * 6 de febrero de 2023.
) Congreso de Guerrero
La diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero para que el delito de desaparición forzada de personas responda a un tipo penal específico, vinculado a los estándares internacionales en la materia, que permita perseguirlo, investigarlo y sancionarlo de manera homogénea, con independencia del Estado, servidores públicos y/o personas involucradas en el hecho.
En su exposición de motivos, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena expuso que en Guerrero no hay datos exactos del número de desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”, que duró desde finales de la década de los 60 hasta mediados de los años 80.
Citó que en el informe final de la Comisión de la Verdad, creada mediante decreto de Ley el 20 de marzo de 2012, se reconocen alrededor de 500 desaparecidos en esa etapa; sin embargo, colectivos de familiares consideran que el número es mucho mayor.
La diputada recordó que en el año 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 26/2001, reconociendo la práctica de desaparición forzada como política de Estado, luego de que familiares de Rosendo Radilla y de otras víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presentaron, el 15 de noviembre del 2001, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un ejemplo paradigmático de lo sucedido a cientos de familias durante la “guerra sucia”.
Abundó que el 23 de noviembre de 2009 la CNDH emitió notificó sentencia al Estado mexicano por la responsabilidad de violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y y mental, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco.
Alejo Rayo manifestó que el delito de desaparición forzada se ha convertido en uno de los temas de mayor relevancia en los últimos años dentro de la agenda pública, debido al número creciente de casos presentados ante las autoridades correspondientes, así como por hechos públicos difundidos en medios de comunicación.
También ejemplificó que recientemente el estado de Guerrero acaparó la atención del mundo por las muertes y desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, hechos que cimbraron a nuestra sociedad y hasta el día de hoy siguen causando dolor, indignación y molestia.
Recalcó que lo expuesto tiene como objetivo señalar la problemática de desapariciones forzadas y la necesidad de insistir en erradicar la impunidad, por lo cual se estima necesario que este delito responda a un tipo penal especifico vinculado a los estándares internacionales en la materia, de modo que se pueda perseguir, investigar y sancionar de manera homogénea, con independencia del Estado o del servidor público y/o personas involucradas.
“El propósito es sumarnos en una resistencia humanitaria para que la sociedad en su conjunto exija a las instituciones que trabajen eficazmente, hasta poner fin a esta terrible situación”, apuntó.
Esta iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Guerrero Número 499 fue turnada a la Comisión de Justicia, para su respectivo análisis y emisión del dictamen.
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