Las renuncias ‘voluntarias’ de Ludwig Marcial Reynoso Núñez al cargo de secretario general de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, apenas si eran necesarias, no así la remoción de la fiscal general militar Sandra Luz Valdovinos Salmerón, a quien su destitución le sabe a gloria a Guerrero.
En suma, los tres ya significaban una pesada carga para el Estado, para la justicia, para el erario y para la imagen de la gobernadora, en vista que uno, Reynoso Núñez, a pesar de tener como guía de desempeño la Constitución del Estado siempre esperaba a que alguien le indicara sus línea de acción; jamás se le vio iniciativa propia aún en momento álgidos y conflictivos donde se suponía tenía que ser un elemento de ayuda, no se sobrecarga.
Los dos restantes, Valdovinos y Solano, carecieron de total sentido de responsabilidad y compromiso con sus encargos, pese a sus rangos militares que ostentaron como cartas de presentación al asumir las riendas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
A ambos les importó poco la seguridad de los guerrerenses. Por si eso no bastara, ni siquiera se dignaron a hacer acto de presencia en los últimos días o semanas que Guerrero más necesitaba de ellos, dejando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la responsabilidad de atender su rol de mandataria y de procuradora de justicias que, si bien es cierto, es parte de su compromiso, para ello la Constitución la faculta a delegar responsabilidades para que funcionarios expertos, preparados y responsables coadyuven con su tarea de gobernar.
Hoy, la decisión de Evelyn Salgado de no tener más alternativa que aceptar las renuncias de sus secretario de Gobierno y de Seguridad Pública y notificar a la fiscal general de ornato, ausente de sus oficinas por algunos meses y mandando a control remoto, dándose ínfulas de poder y autonomía castrense, no solo es saludable para Guerrero, es una sabia decisión que seguramente contribuirá en la búsqueda de paz de nuestra tan golpeada entidad por la inseguridad y la violencia.
Estas renuncias no solo abonan justicia a los reclamos de justicia de parte de familiares del normalista Yanqui Kothan. Es, también, un parteaguas da confianza, fe y esperanza a ese 
rubro donde se ha estancado la seguridad social de los guerrerenses: La justicia.
Desde luego, hay mucho por hacer en torno al tema de la seguridad y la justicia, pero por algo se empieza.
La herencia de violencia e inseguridad en Guerrero es grande, se requiere algo de tiempo para extirpar ese cáncer que, sin embargo, no es privativo del estado, sino de todo el país.
Las renuncias quizá no sean significativas para algunas, pero ayudarán, al menos, a trasparentar los hechos del homicidio del normalista asesinado el pasado 7 de marzo y, seguramente, abonarán un poco más el tema de la paz y la seguridad en un estado estigmatizado como bronco y revolucionario pero que con la ayuda de todos, gobierno y sociedad, se podrá salir adelante con decisiones sabias y saludables de quitar lo que no sirve y darle oportunidad a otros que de verdad sienten amor y compromiso por Guerrero.
