El Santo Oficio
Ángel Miguel Blanco
massiosare@msn.com
Desde la dimisión «forzada» –entre comillas– de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero, el 24 de octubre de 2014, escribimos, editorializamos, preguntamos y hasta satirizamos la ausencia de poder en Guerrero, pero tras hurgar un poco más sobre la verdadera situación que prevalece en la entidad con un gobierno en funciones pero atado de manos, este será nuestra última crítica constructiva que, lejos de crucificar al gobernador en funciones, Salvador Rogelio Ortega Martinez, solo pretende hallar el lado optimista del asunto para tratar de solidarizarnos con su difícil tarea que aceptó sin que le contaran las advertencias en letras ilegibles (esas que se leen con lupa) al final del contrato.
A Rogelio Ortega jamás le contaron que luego de que aceptara el encargo de encubrir las marranadas de su antesesor también tendría que aceptar los caprichos de la Presidencia del a República, a fin de que el compadre de Enrique Peña Nieto (Aguirre, obviamente) jamás perdiera el control de Guerrero y, de paso, los Aguirre se apoderen (a partir de este año) del principal municipio del mismo, a saber, Acapulco, a través de las insignias del PRD pero bajo los designios del PRI
Fue así como la dirigencia nacional del PRD y la Presidencia de la República condicionaron el trueque de los 43 normalistas de Ayotzinapa a cambio del control de Guerrero a favor de Aguirre Rivero, a distancia.
Dicen, quienes atestiguaron saben del caso, que no fue en México, sino en una isla del Caribe, situada entre Miami y La Habana, donde Ángel Aguirre condicionó su renuncia, siempre y cuando su equipo siguiera controlando la política interna y las finanzas de Guerrero. Empero, fue la filtración de la conversación del secretario en turno del gobierno aguirrista, Jesús Martínez Garnelo, con el llamado «asesino de Iguala», José Luis Abarca Velázquez, lo que hizo que Aguirre perdiera la batalla en la Secretaría General de Gobierno. En la Secretaría de Finanzas ocurrió lo mismo: las «marranadas» de Jorge Silverio Salgado Leyva doblegaron a Ángel Aguirre a aceptar la inmunidad de su tesorero en lugar de la cárcel y una auditoría que afectaría a toda la parentela de los Aguirre, no solamente al grupo cercano del ex mandatario.
Así que la última carta de Ángel Aguirre fue Misael Habana de los Santos en una oficina que no levantara sospechas, pero que sí lo mantuviera informado y desde donde se mantuviera también, desde luego, controlados a los medios de comunicación al servicio de Aguirre a fin de desviar la atención del saqueo financiero del ex mandatario y su siniestra pandilla a las arcas estatales.
Pero la operación de la Dirección General de Comunicación Social no solo pretendía restar importancia a la imagen del gobernador en turno, Rogelio Ortega Martínez, sino la de manejar la imagen del candidato perredista a presidente municipal de Acapulco «palomeado» desde la mismísima Presidencia de la República, a salud de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, cuyo aletargamiento vino como «anillo al dedo» a Ángel Aguirre para negociar su abdicación, la catafixia de la alcaldía de Acapulco, la inmunidad de sus saqueadores de las finanzas del estado, y el manejo de imagen de su hijo, Ángel Aguirre Herrera, con recursos directos del estado y con la forzada venia del gobernador sustituto, obviamente.
Esta historia confusa y contradictoria, a la vez, con lagunas por todas partes, si algo explica bien es el por qué de los desdenes de la oficina de Comunicación Social hacia el mandatario interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, y al resto de su equipo. Explica, también, por qué la soberbia del cachorro del Cacique de Ometepec, Ángel Aguirre Herrera, en su búsqueda de la alcaldía de Acapulco con pomposo cinismo, sin importarle la estela de escarnio, dolor y luto que dejo el apellido Aguirre en la sociedad guerrerense, especialmente en la comunidad estudiantil de Ayotzinapa.
Ahora que son tiempos electorales, la Presidencia de la República al fin ordena poner orden en Guerrero, y esta vez manda a Rogelio Ortega a hacer el trabajo que el Gobierno Federal prometió realizar contra los desmanes de los usurpadores del movimiento #TodosSomosAyotinapa, con el único objetivo de que Ortega Martínez sea quien cargue con la cruz, el escarnio y el repudio de los deudos de los normalistas de Ayotzinapa. (¡Apenas si hace bien don Rogelio en no caer en en el juego, aunque su investidura quede en entredicho! Pero en este apartado sus asesores algo tienen que hacer y con urgencia para rescatar la bodria imagen del mandatario que por no leer bien el siniestro contrato elaborado entre Aguirre, el CEN del PRD y Enrique Peña Nieto ahora sufre las consecuencias.)
¡Pero así es la política!
¡Ahora se entiende por qué también hasta los ex compañeros de lucha estudiantil e insurrecta se le voltean a Rogelio Ortega!
Ahora comprendemos el por qué de las palabras de Rafael Arestegui Ruiz, mejor conocido en el mundo guerrillero de las ex Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) como «El Flaco», quien actualmente funge como director del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, quien al citar a Rogelio Ortega Martínez durante su conferencia «Los derechos humanos y la crisis nacional» ofrecida en la sala de conferencias de la Comisión Estatal Defensora de los Derechos Humanos (Codehum), el pasado lunes 26 de enero, dijo que Ortega Martinez «no es gobernador ciudadano, sino un gobernador caciquil, impuesto por caciques, al servicio de caciques y al servicio de Enrique Peña Nieto, no de los guerrerenses».
P.D. Que conste: somos responsables de lo que escribimos, no de los que se interprete ni de las controversias que se generen por este artículo.
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