CHILPANCINGO * 29 de noviembre de 2022.
) Congreso de Guerrero
Con las Leyes de Ingresos Municipales que están aprobando las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura, los ayuntamientos estarán en condiciones óptimas de recaudar los recursos financieros suficientes para atender las demandas y resolver las distintas problemáticas de sus respectivas poblaciones.

Así lo señaló el diputado José Efrén López Cortés, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, al fundamentar los dictámenes de las Leyes de Ingresos para los municipios de Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca, Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa el Grande, Cocula, Copala, Copanatoyac, Coyuca de Benítez, Cualac, Cuautepec y Eduardo Neri para el Ejercicio Fiscal 2023.

Resaltó el legislador que el mandato constitucional señala que la ciudadanía está obligada a contribuir con el financiamiento del gasto público que realizan los gobiernos. “De ahí que resulte una tarea justificada para el Congreso que la presupuestación de los ingresos observe el cumplimiento de los principios de orden, transparencia y control; solo así la ciudadanía tendrá certeza de que sus contribuciones emanan de un marco tributario equitativo”, abundó.

Mencionó que con dichos ordenamientos se busca fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de las y los contribuyentes, a efecto de lograr la suficiencia de recursos para cumplir los objetivos de cada gobierno municipal, con una planeación basada en las necesidades de la sociedad en general.

“Es incuestionable que, mediante la recaudación, los ayuntamientos tendrán las herramientas indispensables para cubrir las necesidades que año con año exige la población, y mientras los procesos de creación de leyes tributarias se encuentren apegados al marco legal, los ingresos del municipio estarán libres de todo vicio que pudiera afectarlos”, abundó.

Asimismo, indicó que la comisión legislativa retomó lo propuesto en las iniciativas, en el sentido de no imponer nuevos conceptos de impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos y aprovechamientos, ya que con los actuales no existe riesgo mínimo de debilitar las cantidades de recaudación de los ayuntamientos, y sin afectar el bolsillo de la ciudadanía.

De igual manera, precisó que no se imponen incrementos en las tasas y tarifas que superen el porcentaje de incremento estimado a nivel nacional del 3 por ciento para el año 2023, como lo señalan los criterios de política económica del país.

Dictámenes

En la misma sesión, quedaron de primera lectura los dictámenes de Ley de Ingresos para los municipios de General Canuto A. Neri, Igualapa, Iliatenco, Ixcateopan, Juchitán, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Metlatónoc, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tetipac, Tlalchapa, Tlacoachistlahuaca y Xochihuehuetlán.

CHILPANCINGO * 23 de noviembre de 2022.
) Congreso de Guerrero
En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, compareció este miércoles ante el Congreso del Estado la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, quien fue interrogada sobre los avances del proyecto de obra pública para el presente año, las obras de mayor impacto que han sido concluidas, así como los alcances del plan de mejoramiento urbano y ordenamiento territorial en la entidad.

Asimismo, las y los legisladores de todos los grupos parlamentario y representaciones preguntaron sobre la infraestructura carretera lograda a lo largo y ancho de la entidad, las plantas tratadoras de agua residuales que se realizan, y el estado que guarda la demolición y reconstrucción de la Biblioteca de este Poder Legislativo. Abrió la primera ronda de preguntas el diputado José Efrén López Cortés (Morena), cuestionando que las carreteras que año con año se construyen en corto necesitan de mantenimiento, debido a que son hechas con pésimos materiales. En ese sentido, preguntó sobre los mecanismos para combatir la corrupción en la asignación de contratos de obra, cómo se da la supervisión de las mismas y las sanciones que se aplican.

Preguntó, asimismo, sobre los proyectos de obra pública aprobados por este Congreso durante 2022 que fueron reasignados, y cuál fue la justificación para hacerlo. La diputada Gabriela Bernal Reséndiz (PRI) preguntó por su parte sobre el avance físico y financiero que tienen las obras a cargo de la secretaría en el presente ejercicio fiscal; el importe del presupuesto pendiente por ejercer, y si el avance al día de hoy es acorde a lo estipulado por la Ley Federal de Disciplina Financiera.

Respecto a los caminos artesanales, preguntó qué papel juega la secretaría y la Comisión de Infraestructura Carretera en el Convenio de Ejecución de Caminos Artesanales, y qué tiempo de vida útil se estima a los mismos, entre otras interrogantes. En torno a la reasignación de obras, el diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) preguntó si no se incurrirá en subejercicio por las 86 obras que están fuera de programación, y si se concluirán antes del 31 de diciembre.

También cuestionó por qué se presupuestaron 403 obras y solo se han adjudicado 260; y pidió saber a qué empresa se les adjudicaron.

Preguntó por último sobre la participación de la secretaría en la reconstrucción de la Biblioteca del Congreso del Estado, y si tiene conocimiento de quién autorizó la demolición. El diputado Manuel Quiñónez Cortés refirió que existe un programa de Mejoramiento Urbano cuya mayor inversión es de la federación, a cargo de SEDATU.

Pidió saber si la secretaría tiene alguna participación y cómo pueden acceder los municipios al programa, y le solicitó abundar sobre las reglas de operación y lo referente al Programa Vivienda Guerrero; los espacios públicos considerados para su recuperación y rescate, y en qué etapa de ejecución se encuentran las obras de la región Costa Chica. La diputada Leticia Mosso Hernández preguntó cuál será la aportación de Guerrero en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y qué componentes serán claves para que estados como Guerrero, con un déficit generalizado en materia

de infraestructura, tengan un trato diferenciado y justo en favor de regiones como la Montaña, además de cómo puede contribuir el Congreso. El diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena) pidió saber en qué condiciones se encontró la dependencia respecto al rubro de obra pública y los compromisos presupuestales que solventó la nueva administración.

Asimismo, preguntó el avance en las metas del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y qué obras georreferenciadas de gran impacto se realizaron este 2022, entre otras. La diputada Alicia Zamora Villalva (PRI) preguntó sobre cómo se pretende implementar el Sistema de Planeación Territorial y Desarrollo Urbano Metropolitano del Estado, cuando solo dos municipios cuentan con sus planes de desarrollo urbano y ni siquiera existe un plan estatal.

Pidió también conocer cómo se invirtió el total de 75 millones de inversión directa; por qué los principales rubros establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo son lo que menor inversión de obra pública tienen; el avance global en redes de distribución de agua en la entidad, y los avances en la construcción de la segunda etapa del C5 en Acapulco. La diputada Elzy Camacho Pineda (PRD) cuestionó cómo se puede arrancar el Sistema de Planeación Territorial Municipal si sólo 26 municipios cuentan con sus Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Del Sistema Estatal de Planeación Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, preguntó cuál es su compromiso para crearlo, las acciones de acompañamiento a los municipios, resultados y metas a corto, mediano y largo plazo, y sobre las Zonas Metropolitanas de Acapulco y Chilpancingo, que ya fueron reguladas para recibir recursos federales, dijo que parece una situación discriminatoria con los municipios marginados. El diputado Joaquín Badillo Escamilla (Morena) preguntó sobre la obra de infraestructura más grande realizada en el presente año, así como abundar sobre el proyecto de rehabilitación de ocho

kilómetros de la avenida Escénica de Acapulco, y sobre la conversión de 365 lámparas de energía eléctrica a solar. El diputado Olaguer Hernández Flores (PRI) solicitó saber sobre los criterios que se determinaron en la distribución de presupuesto para la secretaría responsable de las obras públicas; por qué no se consideró con suficiente inversión a la región de la Sierra, y por qué no se incluyó la rehabilitación o reconstrucción de 38 kilómetros de la carretera de Filo de Caballos a Tlacotepec en el proyecto de Presupuesto 2023. Cerró las rondas de preguntas la diputada Angélica Espinoza García (Morena), quien solicitó el porcentaje de avance de las obras asignadas en el Presupuesto 2022, y si hubo cambios o sustitución de obras.

En su exposición, la secretaria informó que en este primer año se invirtieron más de 855 millones en obra pública de impacto para las y los guerrerenses, provenientes de cuatro fuentes de financiamiento: el 76 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el 14 por ciento del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el 9 por ciento de Inversión Estatal Directa y el 1 por ciento del Programa Nacional de Reconstrucción.

También señaló que existe una inversión de mil 84 millones 500 mil pesos del Gobierno Federal en el Programa de Pavimentación de Caminos Artesanales, que atiende a 23 municipios, y que implica una meta de 221.32 kilómetros, lo que permitirá tener una mayor movilidad y desplazamiento, en beneficio de más de 480 mil personas.

Asimismo, resaltó que la dependencia está enfocada en llevar a cabo un ordenamiento territorial que es de suma importancia para el desarrollo del estado, lo que implica una planeación con visión de largo plazo y una gestión dinámica del territorio, que se considera la base fundamental de la obra pública.

CHILPANCINGO * 20 de noviembre de 2022.
) Gobierno de Guerrero
El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para redefinir el tipo penal de incumplimiento de obligación alimentaria y aumentar las sanciones hasta en una tercera parte para aquellos deudores que incumplan con sus obligaciones en caso de que los acreedores alimentarios sean personas con discapacidad o adultas mayores.

En su exposición de motivos, el legislador de Morena refirió que, en su mayoría, la situación de los adultos mayores es dramática en México, al no contar con los medios suficientes para desarrollar una vida digna. En ese sentido, citó que en nuestro país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas; solo 41.4 por ciento son económicamente activos, y 69.4 por ciento presentan algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la última encuesta especial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Indicó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias violenta los derechos humanos de los acreedores, afectando su vida, integridad, goce y disfrute de derechos, ante lo cual, y bajo el principio de la debida diligencia, el Estado debe desarrollar acciones dirigidas a prevenir, detectar, atender, proteger y sancionar estas formas de violencia.

Cruz López considera necesario que, para establecer de manera clara y precisa el tipo penal del incumplimiento de obligación alimentaria, es necesario redefinir el tipo penal y aumentar las penas a quienes la incumplan de manera agravante, máxime que, como ha quedado expuesto, el más alto porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores son constantemente abandonados por sus hijos o familiares en todos aspectos, y porque la mayor parte de este grupo vulnerable no tiene acceso a una pensión o apoyo económico gubernamental.

La propuesta de reforma al artículo 205 del Código Penal del estado plantea sancionar a quien incumpla con su obligación de dar alimentos de manera total o parcial, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, además de la suspensión de los derechos de familia y pago en calidad de reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente.