CHILPANCINGO * 9 de junio de 2022.
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La Comisión de Reformas Legislativas y Política Pública perteneciente al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Guerrero, aprobó este jueves su Plan de Trabajo, que contempla la armonización de leyes locales con las federales para garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

Reunidos en las instalaciones del Poder Legislativo, las diputadas Gabriela Bernal Reséndiz, Gloria Citlalli Calixto Jiménez, Alicia Elizabeth Zamora Villalva y Patricio Doroteo Calderón, presidenta y vocales de la citada comisión, respectivamente, junto a la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, en representación del Poder Ejecutivo; Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, así como representantes del Poder Judicial e integrantes de la sociedad civil, llevaron a cabo esta tercera sesión en que por unanimidad se aprobó el citado plan que contempla revisar las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero y Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, así como los reglamentos de las citadas leyes y del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, además de encaminar las reformas pendientes sobre “Paridad en Todo”.

Asimismo, a propuesta de las integrantes de la comisión, se acordó integrar al Plan de Trabajo la revisión de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y del Presupuesto de Egresos del Estado, para que los ayuntamientos tengan la obligación de aplicar los programas y recursos con perspectiva de género, y para ver de qué manera pueden destinar recursos para la atención a las mujeres en materia de Alerta de Género.

En la reunión, las participantes reiteraron la importancia de que en los ayuntamientos sesionen los Sistemas Municipales para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, con el objeto de que todas las instancias públicas entren en la ruta de coadyuvar y colaborar para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en los municipios donde existe la Alerta de Género.

Al final se dio lectura a las propuestas presentadas en el Parlamento de Mujeres 2022, mismas que se analizarán a fondo y se conformarán equipos de las diversas dependencias para hacer las propuestas e integrarlas en las leyes estatales.

CHILPANCINGO * 8 de junio de 2022.
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Para modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos por Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la diputada Marben de la Cruz Santiago propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

En la más reciente sesión del Congreso del Estado, la legisladora de Morena expuso que los pueblos y comunidades afromexicanas forman parte de la Constitución Política federal, donde se establece su reconocimiento en cualquiera que fuera su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación.

Indicó que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el año 2014, a la Comisión de Asuntos Indígenas se le agregó la palabra de Afromexicanos, como un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico, social y cultural del estado y la Nación.

Por estas razones, de la Cruz Santiago considera que se deben hacer las modificaciones necesarias al marco jurídico para que haya congruencia con los avances en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Señaló que la Ley establece que a la citada comisión legislativa le corresponderá promover y procurar que los programas de las dependencias y entidades del sector público contengan acciones de integración social en beneficio de los indígenas; los vinculados con el respeto a las culturas, usos y costumbres indígenas en la entidad; lo relativo a la procuración, administración de justicia y respeto a los derechos humanos de los indígenas, y los demás temas que a juicio de la mesa directiva le sean turnados para su análisis.

Por ello, como un reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por respeto a su libre organización y a su autonomía interna, la diputada considera que se debe modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos por Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen respectivo.

CHILPANCINGO * 8 de junio de 2022.
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El Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado propuso adicionar el Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado para que, en el caso del personal de instituciones policiales, no proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido en contra de violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación.

Al presentar la iniciativa, el coordinador del Grupo Parlamentario, diputado Raymundo García Gutiérrez, destacó que actualmente la federación, estados y municipios se han enfrascado en un cúmulo de demandas por parte de elementos policiacos que han sido dados de baja, alegando que estos procedimientos son insuficientes y ausentes de las garantías de audiencia y legalidad.

Indicó que esto origina que los tribunales del ámbito administrativo condenen a las entidades policiales a pagar prestaciones laborales que terminan siendo una merma a los recursos públicos, propiamente de los destinados a la seguridad pública.

Explicó que a los miembros de las corporaciones de seguridad pública se les considera como una relación administrativa y no como laboral, por lo que los tribunales a los que les corresponde resolver son diversos, ya que en la mayoría de las legislaciones se establecen deberes y organización de su personal, pero es escasa la normatividad relacionada a los derechos en los casos de terminación de la relación laboral administrativa.

Resaltó que la Constitución Política limita o prohíbe al personal que hubiera sido separado de su cargo, justificado o no, que pueda regresar o ser reinstalado, ni por mandato de los tribunales administrativos que determinaran que fue ilegal o sin justificación dicha terminación de servicio; sin embargo, al reclamar éstos sus derechos o la reparación del daño, es un problema determinar qué conceptos entraban y cuáles no para su cuantificación y pago, al no existir suplencia de ninguna legislación.

Por lo anterior, García Gutiérrez considera que es necesario legislar para la debida regulación de estos procesos de separación, baja y cese de los elementos policiales, y a partir de ello mejorarlos, creando un marco jurídico que ayude tanto a las entidades encargadas de la seguridad pública como a los derechos de los elementos policiacos.

El legislador propone, además, especificar que el estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización correspondiente, que constará de tres meses de salario, 20 días por año laborado, y lo que resulte de los proporcionales del último año en que prestó sus servicios por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que el personal acredite que se pactaron expresamente.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso para su correspondiente análisis y dictaminación.

CHILPANCINGO * 7 de junio de 2022.
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Para abonar al proceso de construcción de una sociedad igualitaria, justa y democrática, basada en el reconocimiento, respeto, protección y ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos, la diputada Angélica Espinoza García propuso reformar la Constitución Política del Estado para que se reconozca a la cultura como un derecho humano.

En su propuesta, la legisladora de Morena expuso que en nuestra Carta Magna el derecho a la cultura se menciona de manera marginal y casi desdeñosa, englobándola dentro del derecho a la recreación social y el deporte, lo que no es preciso, dado su importancia y forma de acceso, así como a los mecanismos institucionales que la deben ponderar como un derecho humano.

Indicó que distintos tratados internacionales especifican que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y letras, modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, y donde los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.

Además, refiere que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rescata la esencia del derecho a la cultura, al señalar que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

Sin embargo, Espinoza García señaló que la Constitución local establece el derecho de toda persona a la recreación social, deportiva y cultural, que permita el sano esparcimiento como medida para auspiciar la integración y la convivencia colectiva, disposición que dista en mucho, en cuanto a conceptualización, importancia y alcance, del derecho a la cultura.

Por lo anterior, la legisladora considera necesario establecer el derecho a la cultura como derecho humano, no como una simple expresión retórica de un discurso gubernamental que margina, excluye y niega las bases fundacionales de la construcción social.

Iniciativas

La diputada Ana Lenis Reséndiz Javier presentó un paquete de iniciativas; de Ley de los Derechos de la Persona No Nacida del Estado, de Reforma a la Constitución Política del Estado y de Reforma al Código Civil del Estado, para establecer y garantizar los derechos de las personas no nacidas, así como la salvaguarda de la maternidad como institución de orden público y el cumplimiento de la paternidad de manera responsable.

Las propuestas fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Justicia para su análisis. La diputada Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para actualizar los términos de «Auditoría General del Estado» a «Auditoría Superior del Estado», «Contraloría General del Estado» por «Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental», y «Procuraduría General de Justicia» por «Fiscalía General de Justicia del Estado».

CHILPANCINGO * 7 de junio de 2022.
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Al anunciar el arranque de las consultas en materia Electoral y Educativa a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos de Guerrero, diputadas y diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos aseguraron que la LXIII Legislatura cumplió con las acciones de inconstitucionalidad número 81/2018 y 78/2018 mandatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, las y los legisladores recordaron que en días pasados se dio por concluida una de las primeras consultas a los pueblos originarios de la entidad, que derivó en la aprobación de la Ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como reformas y adiciones en materia de Seguridad Comunitaria al artículo 14 y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, todas éstas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero.

Al hacer uso de la palabra, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Flor Añorve Ocampo, señaló que las y los diputados han estado al pendiente de la entrega de la documentación al máximo órgano judicial del país; además de que han iniciado los trabajos correspondientes a las nuevas consultas, las cuales se harán de manera simultánea, para poder entregar en tiempo y forma los resultados correspondientes a la Corte.

Precisó que las próximas consultas son relacionadas al propio proceso de Consulta, así como en materia de Educación indígena, Afromexicana y Educación Inclusiva y Electoral, que derivarán en reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, dando cumplimiento a las acciones de inconstitucionalidad 299/2020 y 136/2020 respectivamente.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Alfredo Sánchez Esquivel, indicó que en próximos días habrá un despliegue del personal del Congreso por todo el territorio estatal, para lo cual pidió el acompañamiento de los medios de comunicación, con el objeto de darle la máxima publicidad a este importante ejercicio de participación ciudadana, y que el estado de Guerrero esté plena y puntualmente enterado de los resultados.

Añadió que se está dando capacitación constante al personal de apoyo de las y los diputados, así como a trabajadores en general del Poder Legislativo, quienes apoyarán en la realización de estas magnas consultas en los 81 municipios de la entidad.

Acompañaron esta conferencia los diputados Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Manuel Quiñónez Cortés, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, secretario y vocales de la Jucopo, respectivamente.

CHILPANCINGO * 6 de junio de 2022.
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Al inaugurar el conversatorio “La transición Política en Guerrero con perspectiva de género”, el diputado Antonio Helguera Jiménez consideró que la transición política y la alternancia en el poder no sólo debe ser el resultado de los votos, sino que debe coadyuvar a la construcción de la paz, la gobernabilidad y el impulso al desarrollo social y económico de Guerrero.

El también presidente del Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” recordó que este día, hace un año, por primera vez en la historia de la entidad se dio la transición política con una mujer como gobernadora, 23 mujeres como diputadas y 23 presidentas municipales.

«Este día es un triunfo para las mujeres de Guerrero en todas las facetas de la democracia, por su derecho de votar y ser votadas, por una vida libre de violencia, por la igualdad y la no discriminación, por el derecho de decidir sobre su cuerpo y ser protegidas”, enfatizó.

Refirió que el arribo de una mujer al poder Ejecutivo implica que la victoria de las mujeres guerrerense será para siempre, con el

acompañamiento de los hombres que tienen convicción por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

Por ello, manifestó que la transición política y la alternancia en el poder deben servir para que desde el Gobierno y el poder Legislativo se construya la paz y la gobernabilidad, se fortalezca el Estado de derecho, se garanticen los derechos humanos, se promuevan acciones para reconstruir el tejido social y se impulse el desarrollo social y económico.

En su intervención, la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, consideró que la alternancia no se hubiera podido dar si los gobiernos anteriores no hubieran creado instituciones encargadas de garantizar la democracia.

Aseguró que el hecho de que se haya paridad en el Congreso del Estado y esté una mujer en el gobierno estatal, es gracias a las acciones afirmativas que se han dado por parte de las mujeres a lo largo de los años, y en lo cual han coadyuvado gobiernos abiertos e instituciones fortalecidas que facilitan a la ciudadanía la emisión libre del voto.

También hizo uso de la palabra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien manifestó que se debe reconocer a las instituciones que han visibilizado la violencia contra las mujeres, gracias a lo cual ellas están presentes en todos los espacios políticos y de toma de decisiones de la entidad.

Abundó en que se han dado pasos importantes para que las mujeres accedan al poder, y ejemplificó que por primera vez en el Poder Legislativo de Guerrero la Mesa Directiva y dos de las comisiones más importantes, la de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Políticos y Gobernación, son presididas por mujeres, lo que refleja su gran capacidad para desempeñar este tipo de cargos.

Participaron también en este Conversatorio las diputadas Beatriz Mojica Morga, Gabriela Bernal Reséndiz y Fortunato Hernández Carbajal, además de la secretaria de la Mujer del Gobierno del Estado, Violeta Pino Girón; los presidentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y del Tribunal Electoral del Estado, Luz Fabiola Matildes Gama y José Inés Betancourt Salgado, así como el encargado del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, José Luis Navarro Jaimes.