CHILPANCINGO * 2 de junio de 2022.
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El diputado Fortunato Hernández Carbajal presentó una propuesta de acuerdo parlamentario para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del estado, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, a efecto de que formalice la creación del Instituto de Cambio Climático del Estado de Guerrero.

El legislador expuso desde tribuna que, de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en el 2015, las naciones deben adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos de impacto negativo en la salud y economías.

Indicó, asimismo, que en el 2012 entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, cuyo objeto es regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, considerando lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático.

Abundó que en el 2013 el Gobierno de México puso en marcha una estrategia nacional de cambio climático, convirtiéndose en el instrumento rector de la política nacional en mediano y largo plazo para enfrentar sus efectos y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Dijo que esta estrategia describe los ejes y las líneas de acción a seguir en base a la información disponible del entorno presente y futuro, y orienta las políticas de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales está promover una cultura climática para educar, informar y sensibilizar, mediante campañas masivas de comunicación y programas de capacitación, en torno a patrones de producción y consumo sustentables.

Hernández Carbajal refirió que en el 2015 el Congreso aprobó la Ley de Cambio Climático del Estado de Guerrero, que señala que corresponde al titular del Poder Ejecutivo estatal, a través de las dependencias del ramo, formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, además de la creación del Instituto de Cambio Climático, lo que a la fecha no se ha logrado.

Añadió que dicho instituto permitirá conocer el porqué de algunos problemas ambientales que se han registrado en esta entidad en los últimos años, como la reciente muerte de miles de peces en la laguna de Chautengo y en la presa “Andrés Figueroa” de Ajuchitlán del Progreso.

Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para su análisis y dictaminación conducentes.

CHILPANCINGO * 1 de junio de 2022.
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Por unanimidad, diputadas y diputados integrantes de la LXIII Legislatura al Congreso del Estado aprobaron un dictamen mediante el cual se emiten las bases sobre las cuales los ayuntamientos de la entidad pueden contratar empréstitos o créditos.

En el dictamen emitido por las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, el cual fue fundamentado en tribuna por la diputada Alicia Zamora Villalva, se señala que les fueron turnados oficios signados por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, Míriam Cortés Cisneros, sobre asuntos relacionados con autos y laudos emitidos para los municipios de Coyuca de Catalán, Atoyac, Coyuca de Benítez, Copalillo, Tepecoacuilo, Cuajinicuilapa, Chilapa, Ajuchitlán, Tecoanapa y Taxco, así como una solicitud del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, donde solicitan se establezcan las bases para contratar créditos o empréstitos en favor de los ayuntamientos.

La legisladora explicó que este Congreso tiene plenas facultades para autorizar a los municipios la contratación de créditos o empréstitos, atendiendo en todo momento a su capacidad de pago y en estricto apego a lo señalado por la normatividad aplicable en la materia.

En ese sentido, abundó que el Congreso tiene la obligación legal de expedir las bases sobre las cuales los ayuntamientos pueden contratar empréstitos o créditos, los cuales deben ajustarse a las disposiciones legales aplicables; y sólo serán procedentes para Inversiones Públicas Productivas, careciendo de utilidad para la concesión de empréstitos o créditos cuyo destino sea el pago de sentencias, laudos, finiquitos u otras prestaciones, lo cual los ayuntamientos deben pagar con sus recursos propios y desde su autonomía.

Respecto a las solicitudes de autorización de empréstitos por parte de los ayuntamientos, indicó que éstos deberán sustentar sus peticiones en razón de lo que dispone nuestra Carta Magna en el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 117, que a la letra menciona: “Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios”.

Dictámenes

En esta segunda sesión ordinaria, el Pleno de diputadas y diputados aprobó el dictamen relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de los municipios de Cuajinicuilapa, Tecoanapa, Zitlala, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Juan R. Escudero y Taxco de Alarcón, Guerrero, emitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, en su calidad de integrante de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, expuso que el Congreso del Estado no tiene la facultad para autorizar las

peticiones de ampliaciones presupuestales o solicitudes de partidas extraordinarias, por ser estrictamente facultad de los municipios formular, discutir y aprobar su Presupuesto de Egresos.

En ese sentido, refirió que de las solicitudes de empréstitos por parte de los ayuntamientos, ninguna reúne los requisitos necesarios para su posible autorización, de acuerdo con lo mandatado por la Ley 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.

También de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda se aprobó un dictamen relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de las Secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Finanzas y Administración y el Consejo de Seguridad Pública, todas de la Administración Pública estatal, realizadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Al fundamentar el documento, el diputado Osbaldo Ríos Manrique explicó que las dependencias antes mencionadas son secretarías que integran la Administración Pública estatal, ante lo cual, para solicitar presupuesto, deberá acatarse lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera.

Reiteró, por lo anterior, que no es aplicable la Ley que enuncia el Tribunal Laboral en la sentencia respectiva, debiendo ajustarse a lo mandatado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero y la Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 994.

Asimismo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto relativo a la vinculación del Congreso del Estado en las sentencias de laudos laborales en contra de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado.

Al exponer el tema, la diputada Leticia Mosso Hernández, integrante de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, refirió que por ser dicha instancia un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública del Estado de Guerrero, no es aplicable la Ley que enuncia el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el acuerdo referido, por lo que, para ampliaciones presupuestales, el organismo citado deberá ajustarse a lo mandatado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal y la Ley de Planeación, todas del Estado de Guerrero.

En otro punto, se aprobó otro dictamen de las citadas Comisiones Unidas por el que se determinan improcedentes las solicitudes de autorización de partidas presupuestales extraordinarias para el pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente presentadas por los directivos del Conalep.

El Pleno del Congreso del Estado también determinó improcedentes las solicitudes de autorización de partidas presupuestales extraordinarias, ampliación de presupuesto, aprobación de presupuesto y autorización de empréstitos presentados por los ayuntamientos de San Marcos, Ometepec, Coyuca de Benítez, Taxco de Alarcón, Tetipac, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo de los Bravo, Juan R Escudero y Teloloapan, con destino al pago de laudos laborales y sentencias emitidas por la autoridad competente.

CHILPANCINGO * 1 de junio de 2022.
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A la Comisión legislativa de Salud se turnó un exhorto al Gobierno Estatal para que realice un diagnóstico de las necesidades de recursos materiales y humanos que presentan los hospitales del Sistema de Salud del Estado, así como una planeación presupuestal que permita que cuenten con lo necesario para brindar un buen servicio en materia de atención obstétrica.

Dicho exhorto que fue propuesto por la diputada Jennyfer García Lucena (PRD) también contempla exhortar a la Secretaría de Salud para que diseñe e imparta cursos intensivos integrales de capacitación a todos los servidores públicos adscritos a las Unidades Médicas de Primero y Segundo Nivel, que permitan brindar una atención de calidad y con perspectiva de género a las mujeres guerrerenses.

Al presentar el exhorto, la legisladora manifestó que en los últimos meses Guerrero ha sido noticia nivel nacional por las numerosas denuncias contra hospitales del Sector Salud por la indebida atención a las mujeres embarazadas, ante la falta de equipamiento y personal.

Dijo que aun cuando Guerrero es uno de los pocos estados que contempla en su Código Penal la violencia obstétrica como delito, con dos y hasta ocho años de prisión y de 200 a 500 días de salario mínimo a quien la cometa, esta medida ha resultado insuficiente, pues se siguen presentando casos.

Añadió que “la violencia obstétrica es una problemática que se debe atender en todos los niveles de atención a la salud de la mujer, como una forma de eliminar la discriminación, pero sobre todo para evitar que se siga generando cualquier indicio de violencia contra éstas, para lo cual los profesionales de la salud deben estar plenamente capacitados en la atención con enfoque de género”.

En ese sentido, refirió que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella, y toda vez que los datos arrojan que en los Centros de Salud y hospitales existe una atención médica que violenta los derechos humanos de las mujeres, sobre todo las que se encuentran embarazadas, se hace necesario que se realicen acciones urgentes que tengan como objetivo incidir en la disminución y erradicación de la violencia obstétrica.

Por lo anterior, propuso exhortar a la Secretaría de Salud estatal para que realice un diagnóstico integral de la atención que se brinda a las mujeres embarazadas en las unidades médicas de primero y segundo nivel de atención, observando que exista la suficiencia de recursos materiales y humanos, y para que se diseñen e impartan cursos intensivos integrales de capacitación a todos los servidores públicos adscritos, que permita brindar una atención de calidad y con perspectiva de género a las mujeres guerrerenses.