Donald Trump logró materializar una de las amenazas más severas de su campaña, formalizando la designación de seis carteles mexicanos como «terroristas», alegando afectaciones del tráfico de drogas en la seguridad nacional estadounidense. La decisión comprende varias restricciones legales y económicas, pero también abre una puerta narrativa que recuerda a los tiempos de la guerra contra el terror

» MAXIMILIANO | PÉREZ GALLARDO *
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Un mes después de firmar la orden ejecutiva el día de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump consigue que el Gobierno estadounidense designe como «terroristas» a seis carteles mexicanos, con todas las consecuencias económicas, políticas, y hasta militares, que eso implica.

La directriz, revelada a través de una breve nota publicada en el Registro Federal estadounidense por el secretario de Estado, Marco Rubio, contempla la inclusión de ocho grupos criminales latinoamericanos a la lista de organizaciones terroristas del Gobierno estadounidense. Misma lista en donde aparecen nombres de grupos como Al-Qaeda, el Daesh, Boko Haram o Hezbolá.

El Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, el Cartel del Noroeste, los Cateles Unidos y la Nueva Familia Michoacana son los grupos delictivos mexicanos que ahora son considerados como terroristas por Washington pero, ¿qué significa este movimiento para el narcotráfico?

En términos prácticos, la inclusión de los carteles de la droga mexicanos activa una serie de herramientas legales, económicas y militares que dan pie al congelamiento de cuentas bancarias relacionadas a dichos organismos, sanciones económicas a los actores que colaboren de alguna manera con ellos, además de un impulso a las detenciones arbitrarias en nombre de la lucha contra el terrorismo.

En su reacción a la medida, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió el anuncio con cautela, mencionando que, si la razón detrás de la decisión es ahondar en la investigación en torno a los esquemas de lavado de dinero y la presencia de grupos delictivos dentro de Estados Unidos, es aceptable.

Sin embargo, la mandataria dejó entre ver un resquicio de la preocupación que cruza por el imaginario mexicano desde que Trump esbozó la idea de designar a los carteles como «terroristas»: «Lo que no aceptamos es la violación a nuestra soberanía», expresó Sheinbaum en la mañana del 19 de febrero.

¿Invasión a la vista?

Presupuestada a entrar en vigor el 20 de febrero, la designación de los carteles del narcotráfico como equivalentes a grupos extremistas en África, Medio Oriente y Europa no provoca un sentir de felicidad y alivio, ni en el Gobierno mexicano, ni en la sociedad mexicana, que se pregunta si está decisión podría fundamentar una posible avanzada militar estadounidense en territorio mexicano.

Y es que los indicios que abren paso a esa hipótesis no son pocos. El origen mismo de la lista de organizaciones terroristas radica en el 2001, cuando el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, inauguró la «guerra contra el terror» creando dicho mecanismo y añadiendo a Al-Qaeda en ella; en octubre de ese año, Washington emprendió una invasión en Afganistán, justificada – al menos narrativamente – con la lucha contra el terrorismo.

En la actualidad, Trump no ha descartado la idea de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para desarticular a los carteles del narcotráfico, a quienes acusa de amenazar la seguridad nacional del país al traficar drogas como el fentanilo, el causante de una de las peores crisis de salud en la historia reciente del gigante norteamericano.

Para Carlos Matienzo, director de DataInt y experto en seguridad, la implicación esencial de la designación de los narcotraficantes mexicanos como terroristas está en las afectaciones legales y económicas que emprenderá el esquema de justicia estadounidense contra los asociados a los carteles, puntualizando que, estrictamente hablando, ese abanico de tácticas es el único que se activa con dicha decisión.

Sin embargo, Matienzo reconoce el peso narrativo de la designación.

«Si bien, legalmente esto no activa necesariamente una invasión o herramientas de guerra para combatirlos, sí le da el encuadre narrativo y político que acerca más esa posibilidad. Lo cierto es que esa posibilidad la podrían hacer con o sin esa designación de los carteles como terroristas, es una cuestión menos legal y más de decisión política, de fuerza», mencionó el experto en seguridad mexicano para France 24 en Español.

Con Siria, Irak y Afganistán en el ropero, la Casa Blanca no es primeriza en justificar su actuar bélico en torno al terrorismo, aunque en años recientes, el concepto del terrorismo se ha modificado a conveniencia del hombre en el poder estadounidense. Por ejemplo, para el primer Gobierno de Trump, los rebeldes hutíes eran terroristas, pero para Joe Biden, no lo fueron.

Para otros expertos, la decisión del líder republicano responde a una de sus usuales, pero heterodoxas, tácticas de negociación.

«Si se pone en perspectiva, esto podría enmarcarse en la lógica discursiva de las amenazas y la negociación que ha caracterizado la política trumpista. Se trata, en definitiva, de un intento más de arrinconar al Gobierno de México. La pregunta es con qué objetivo ulterior.», explicó Roberto Alonso, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana Puebla, en entrevista con France 24 en Español.

De la guerra contra el terror a la guerra contra el narcotráfico
Tradicionalmente, la lista de organizaciones terroristas estaba reservada para grupos como ETA, las extintas FARC, Hamás o la Yihad Islámica, organizaciones que están unidas entre sí por sus motivaciones políticas.

El terrorismo es una categoría política que responde a aquellos grupos que siembran terror en un sector de la población para conseguir un objetivo político. Puede ser de diversa índole, desde la imposición de un califato, hasta el derrumbe del Estado moderno. Entre tanto, el motivo es cercano a las ideas, de la naturaleza que sean. ¿Los carteles tienen un móvil político?

Para Matienzo la respuesta es que no, empero, eso no los exime de haber utilizado el terror para conseguir fines más cercanos a la materialidad, como el control de una plaza o el asesinato de un candidato político local que no beneficiaba sus intereses.

Los carteles mexicanos, caracterizados por su sadismo y la violencia extrema que empuñan, han sido protagonistas de numerosas escenas terroríficas en suelo mexicano, además de atentar en contra de las fuerzas gubernamentales, y la sociedad civil, en numerosas ocasiones. Aunque su objetivo es económico, los medios que usan para conseguirlo son similares a los del terrorismo ‘tradicional’.

«Si bien no son terroristas, son algo más que criminales comunes. En México, los podríamos considerar como combatientes internos, organizaciones criminales armadas, crimen organizado con brazos paramilitares… Hay que buscar ese concepto ideal, y a falta de él, Estados Unidos los ha designado como terroristas, con todas las implicaciones legales que eso lleva», dijo Matienzo.

Otro punto esencial para considerar de la nueva categoría de los narcos mexicanos en Estados Unidos tiene que ver con la flexibilidad del aparato institucional de Washington dependiendo de la administración en turno y sus intereses. Tras los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York, la misión principal de la Casa Blanca era eliminar a los grupos terroristas que amenazaran la integridad del país, aunque estuvieran del otro lado del océano.

Hoy, en consonancia con la retórica nacionalista defendida por Trump, la prioridad parece haber cambiado, y con ella la naturaleza de las herramientas institucionales estadounidenses.

«Lo que sí demuestra esto, es que todo el aparato de seguridad y justicia – y ahora también el de defensa – han hecho de los carteles una de sus grandes prioridades en el mundo. Así como después de 2001 la prioridad era el terrorismo islámico, yo diría que hoy en la prioridad número uno probablemente están los carteles junto con la migración», detalló Matienzo en entrevista con France 24 en Español.

La reacción de México

En su máxima, la medida desarrollada en un despacho dentro de la Casa Blanca va a tener sus efectos más intensos a kilómetros de Washington, después de la frontera sur.

Fuera de las hipotéticas intervenciones armadas, las sanciones económicas y legales para aquellos actores que se encuentren «vinculados con el terrorismo» suponen uno de los primeros retos para el Gobierno mexicano tras esta medida. En México, el crimen organizado se ha escurrido en las fisuras más delgadas de la sociedad, borrando la línea entre sus negocios legales e ilegales, además de forzar a miles de mexicanos a colaborar.

Por ejemplo, las sanciones económicas podrían caer sobre un propietario que le rente un predio a un cartel que organiza un evento, o sobre un agricultor de aguacate que paga ‘piso’ por la recolección de los frutos.

«Las consecuencias financieras, así, son las que podrían derivar en desafíos mayúsculos para la relación bilateral, pues toda empresa o persona involucrada en las redes de criminalidad de los carteles en cuestión, comenzando por las más vulnerables, se vería afectada por un decreto que sitúa esta batalla en el ámbito de la seguridad nacional.», apuntó Alonso.

Sin embargo, para los expertos, la decisión de Trump también abre una puerta de oportunidad para el Gobierno de Sheinbaum. En conversación con France 24 en Español, Alonso detalla que las consecuencias que contempla la designación pueden convertirse en herramientas políticas para que la presidenta haga eco de reclamos pasados en contra de los socios del narcotráfico, como las fabricantes de armas.

«A diferencia de otras figuras similares, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró este estilo ante la amenaza de los aranceles y parece que, al menos en lo inmediato, le funcionó y ganó tiempo. La medida, por otra parte, podría favorecer el giro que ha tenido la política de seguridad en el sexenio que comienza.», sostuvo el docente mexicano.

Entre tanto, el golpe asestado desde Washington en contra del crimen organizado preocupa a aquellos más expuestos ante la problemática, ya que un anuncio de este calibre podría provocar fracturas internas en organizaciones acostumbradas a la batalla interna por el poder.

Guerras, como la que existe en la actualidad en el estado norteño de Sinaloa, cuyas víctimas finales son siempre los civiles.

* Con información de AP, Reuters y medios locales

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