Proponen que Infonavit y Fovissste indemnice a afectados por sismo 2021
CHILPANCINGO * 6 de julio de 2022.
) Guerrero | LXIII Legislatura
A la Comisión de Vivienda se turnó un punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que indemnicen o, en su caso, implementen acciones para la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 07 de septiembre de 2021 en la unidad habitacional “Pedregal de Cantaluna”, en el municipio de Acapulco de Juárez.
En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado Marco Tulio Hernández Alarcón hizo la propuesta señalando que con el sismo del año pasado más de 3 mil viviendas del municipio resultaron dañadas, lo que originó que miles de familias abandonaran sus hogares por el riesgo que implicaba permanecer en ellas.
Indicó que varios de los inmuebles afectados fueron adquiridos a través de créditos hipotecarios del Infovait y Fovissste, entre ellos los de la unidad habitacional “Pedregal de Cantaluna”, ubicada en la zona poniente de Acapulco, donde 700 viviendas sufrieron afectaciones graves, y cuyos propietarios no cuentan con un seguro para garantizar su integridad patrimonial.
Refirió que de acuerdo con los dictámenes de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, esta zona se ha declarado inhabitable, debido a que el diseño estructural por el momento no garantiza la seguridad e integridad de los ocupantes.
Sin embargo, señaló el legislador que a la fecha la única acción que han ejecutado ambos institutos es la suspensión del pago de créditos, lo cual no soluciona de forma integral la situación de los derechohabientes afectados, pues esos montos no son suficientes para la reparación o reconstrucción de las viviendas.
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Congreso valida reducir porcentaje para presentación de iniciativas populares
CHILPANCINGO * 3 de julio de 2022.
) Guerrero | LXIII Legislatura
El Pleno del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer en 0.2 el porcentaje requerido de la lista nominal de electores vigente en Guerrero para que las y los ciudadanos puedan presentar leyes o decretos, a través de la iniciativa popular.
Al fundamentar los dictámenes, derivados de las iniciativas de la diputada Jéssica Ivette Alejo Rayo, las diputadas Leticia Castro Ortiz y Julieta Fernández Márquez, en su calidad de presidentas de las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Participación Ciudadana, respectivamente, externaron que las y los integrantes de estos órganos legislativos realizaron los análisis correspondientes a las iniciativas de reforma presentadas por la legisladora Jessica Alejo Rayo y determinaron aprobarlas porque lo que se pretende es garantizar el derecho ciudadano y no son violatorias de derechos humanos, ni se encuentran en contraposición con ningún ordenamiento legal.
La iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa; se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, que consiste en que los ciudadanos del estado puedan presentar iniciativas de Ley sin ser representantes populares en el Congreso. Dichas propuestas de Ley deberán estar avaladas por una
cantidad de firmas, para que se puedan tomar en cuenta ante el Congreso del Estado, y pueden tratar asuntos públicos, una reforma de un estatuto o una ley, e incluso una enmienda constitucional.
Las legisladoras consideran que el porcentaje de 0.2 por ciento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral se considera elevado y constituye un obstáculo para incentivar la participación ciudadana en los procesos legislativos. Por ello, se considera necesario reducirlo a una cifra más accesible, en este caso sobre la lista nominal de electores, que permita a todos los ciudadanos verdaderamente interesados en impulsar cualquier proyecto de ley o decreto, lograrlo sin mayor obstáculo jurídico.
Agregaron que la participación ciudadana es un ejercicio democrático activo, propositivo y crítico que da la posibilidad a los grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados o cuyas demandas no han sido atendidas, y es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para atender y dar seguimiento a las propuestas de ciudadanas para construir una posible solución a las problemáticas que afectan la entidad.
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