Presentan iniciativa para garantizar derecho a la seguridad social laboral
CHILPANCINGO, Gro. * 6 de noviembre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano presentó una iniciativa de adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero para armonizarla con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de fortalecer la transparencia y asegurar que las cuotas y descuentos destinados a la seguridad social de las y los trabajadores se manejen de manera adecuada, protegiendo su derecho a la seguridad social.
Propuso, asimismo, que para garantizar este derecho se plasme en la ley que quien no entregue las aportaciones de los servidores públicos en los términos y condiciones que fijen sus respectivas leyes laborales y de seguridad social, cometerán una falta administrativa grave sujeta a severas sanciones.
El diputado por Morena explicó en tribuna que a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la seguridad social como derecho humano se encuentra protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Refirió igualmente que en la actualidad México cuenta con varios sistemas de seguridad social, de los cuales destacan dos instituciones públicas, el IMSS y el ISSSTE.
Bello Solano expuso que luego de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor el 17 de julio de 2017, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deben realizar las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de crear el andamiaje legal, institucional y de prácticas gubernamentales que permita materializar con eficiencia y transparencia los esfuerzos anticorrupción.
“Las aportaciones de seguridad social son contribuciones obligatorias que se realizan para cubrir los gastos públicos y brindar servicios de seguridad social a los trabajadores y sus familias, acceso a cuidados de salud, como consultas médicas, medicamentos, hospitalización y otros servicios relacionados; garantizar la seguridad del ingreso en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, así como un seguro obligatorio que protege la estabilidad financiera y social del trabajador. Por todo ello, es nuestro deber generar leyes que garanticen este derecho humano”, apuntó.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
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Pide Congreso que CFE restablezca y condone servicio afectado por John en La Montaña
CHILPANCINGO, Gro. * 5 de noviembre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
La diputada Catalina Apolinar Santiago propuso exhortar a la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, para que se reestablezca totalmente el servicio de energía eléctrica en las poblaciones de la Montaña Alta de Guerrero que se vieron afectadas por el huracán John.
En la sesión ordinaria de este martes, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD señaló que el pasado 30 de septiembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que establece la declaratoria de emergencia para los estados de Guerrero y Oaxaca, donde miles de familias quedaron sin patrimonio y sufrieron la interrupción de los servicios públicos, en especial la energía eléctrica.
Expuso, además, que la citada contingencia castigó severamente a la geografía guerrerense, y pese a los esfuerzos permanentes del Gobierno del Estado, no ha sido posible volver a la normalidad.
La legisladora puntualizó que una de las regiones más golpeadas por el citado huracán fue la Montaña Alta, donde además de la pérdida de sembradíos y casas, quedó suspendido el servicio de energía eléctrica en decenas de poblados, lo cual incrementa las dificultades económicas de familias que históricamente viven en condiciones básicas de existencia.
La legisladora plantea, además, que en el presente bimestre se condone el pago del servicio en la mayor parte de los pueblos de la Montaña, cuyas familias quedaron en un franco estado de insolvencia.
Esta propuesta se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su respectivo análisis y dictaminación.
Iniciativas
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) propuso adicionar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero para armonizarla conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de modo que las cuotas y descuentos destinados a la seguridad social de las y los trabajadores se manejen de manera adecuada.
Por su parte, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés planteó reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para ampliar el tiempo disponible en la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, de 5 a 10 minutos, favoreciendo a un mayor análisis de los temas, especialmente en situaciones de emergencia y de relevancia para el estado.
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Proponen inscribir con letras doradas nombre de Benita Galeana en el Congreso
CHILPANCINGO, Gro. * 4 de noviembre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
La diputada Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso local el nombre de la escritora y luchadora social guerrerense Benita Galeana Lacunza.
Al exponer los motivos de su iniciativa, la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena explicó que el artículo 329 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece que en el Salón de Sesiones se dispone de un espacio al que se le denomina “Muro de Honor”, destinado a inscribir con letras doradas el nombre de personas en lo individual o en grupo de instituciones que han contribuido significativamente al desarrollo político, económico, social y cultural de Guerrero o de la nación.
En ese sentido, Meraza Prudente resaltó que el estado es cuna de hombres y mujeres guerrerenses que han dejado un gran legado en la historia de Guerrero y el país, por sus aportaciones invaluables en los movimientos revolucionarios, sociales, políticos y académicos, como es el caso de Benita Galeana, mujer de esta tierra suriana que se distinguió por su determinación, valentía y empatía con las causas sociales.
Galeana Lacunza nació el 10 de septiembre de 1907 en San Jerónimo de Juárez, Guerrero, y en 1935 participó en el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer.
Abundó la legisladora que Benita Galeana fue promotora del sindicalismo y de los movimientos huelguistas, razón por la cual fue encarcelada en más de 50 ocasiones, llegando a decir que “la cárcel se convirtió en su segunda casa”.
También fue pionera del movimiento socialista feminista mexicano y luchó por el derecho al voto femenino que finalmente fue alcanzado en el año de 1953.
Asimismo, escribió tres obras: “Benita” (1940), “El Peso Mocho” (1979) y “Actos vividos”, este último publicado después de morir a los 91 años de edad, en 1995, no sin antes decidir que todas sus pertenencias formaran parte de la Casa Museo Benita Galeana, en la que se han preservado sus ideales de lucha.
La diputada Glafira Meraza destacó también que en 1987 el Gobierno del Estado de Guerrero le otorgó la Medalla al Mérito Civil “Antonia Nava de Catalán”, y el año 2023 la Sexagésima Tercera Legislatura al Congreso del Estado la designó como recipiendaria de la Presea Sentimientos de la Nación.
Esta propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictaminación correspondientes.
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Congreso de Guerrero avaló reforma federal en materia de inimpugnabilidad
CHILPANCINGO, Gro. * 31 de octubre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó este jueves la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política federal.
En el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y fundamentado desde tribuna por su presidenta, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, se señala que realizar reformas a la Constitución es propio de las democracias representativas y corresponde al Poder Reformador Constitucional, establecido en el artículo 135 del Pacto Federal, evitar la inmovilidad jurídica, favoreciendo los cambios que la realidad exige como necesarios.
Agregó que, en caso de que esto no ocurriera, la Carta Magna estaría condenada a perder su sentido como documento rector de la nación, al dejar que órganos secundarios establezcan cambios normativos basados en interpretaciones en desuso, o estableciendo barreras para la vigencia de aquellas modificaciones que provienen del propio proceso instituido por el Poder Constituyente.
“Las razones anteriores se suman a la consideración propia y característica de un estado social y democrático de derecho, de que ninguno de los poderes constituidos puede alterar los términos establecidos en la Constitución, que es la ley suprema que delinea los contornos del Pacto Federal”, indicó.
En ese sentido, aseguró que esta reforma constitucional refuerza la idea del texto original del Poder Constituyente, para evitar que los poderes constituidos puedan revisar el contenido de las reformas constitucionales que emanan del procedimiento que fue propuesto en la Carta Magna, por dudosas interpretaciones que difieren el propósito de dotar un mecanismo de inmunidad cuando proviene del Poder Constitucional Reformador.
Fijó su postura en contra de la reforma la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), considerando que representa un retroceso que limitará la posibilidad de que las personas puedan defender sus derechos ante cualquier cambio constitucional que les afecte.
De Movimiento Ciudadano razonó en contra el diputado Julián López Galeana, indicando que eliminar los mecanismos de controversia a disposiciones que atenten contra los derechos humanos ahondará la brecha de disparidad de los derechos reconocidos, al quitar a las personas la facultad de defenderse contra los abusos del poder y la maquinaria del Estado.
En su oportunidad, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) manifestó su rechazo enérgico a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, por considerar que podría resultar en un aumento de la arbitrariedad en las decisiones judiciales, dejando a la ciudadanía expuesta y vulnerable a los abusos de poder.
De la misma forma, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz (PRI) indicó que estas reformas buscan prohibir la impugnación de las reformas constitucionales por medio de amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, lo que contradice el principio de control constitucional que permite revisar la validez de los actos del Poder Reformador, especialmente cuando se trata de posibles violaciones al proceso legislativo o a los derechos humanos.
A favor se manifestó el diputado Édgar Ventura de la Cruz (PT), señalando que las reformas tienen como propósito blindar a favor del pueblo mexicano todas las reformas constitucionales que realice el Constituyente Permanente, que fue electo por la mayoría de las y los mexicanos.
Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, diputado Alejandro Carabias Icaza, coincidió en que el objetivo de la reforma es dar certeza y seguridad jurídica al proceso de reforma constitucional, estableciendo con claridad y sin lugar a dudas que, contra una reforma constitucional debidamente aprobada, no procederán ni el juicio de amparo ni la controversia constitucional.
Además, consideró que con esta reforma se busca proteger la soberanía del pueblo y su capacidad de reformar la Constitución a través de sus representantes legítimos.
Por último, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena razonó a favor el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien aseguró que con estas reformas se busca proteger la voluntad del pueblo de México, contra un pequeño grupo obstinado en obstaculizar la voluntad mayoritaria de las y los mexicanos.
Agregó que esta fue una decisión del pueblo de México y no de una pequeña cúpula, como ocurrió en años anteriores, donde los mexicanos sufrieron reformas impuestas con métodos antidemocráticos.
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Presentan iniciativa para incrementar penas por pornografía infantil en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro. * 30 de octubre, 2024
) LXIV Legislatura | Guerrero
Para incrementar la penalidad hasta 18 años de prisión contra quienes cometan el delito de pornografía infantil y abuso sexual de menores, la diputada Diana Bernabé Vega propuso reformas y adiciones al Código Penal del Estado.
En su propuesta, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que si bien es cierto que existen leyes vigentes destinadas a combatir la pornografía infantil, el avance constante de la tecnología ha dejado obsoletas muchas disposiciones legales, por ello la necesidad de adecuarlas a los tiempos actuales.
Refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2022 se registraron 15 mil 100 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual de menores de edad, de los cuales 10 mil 300 fueron pornografía infantil.
La diputada mencionó que la pandemia por el Covid-19 aumentó el consumo de esta práctica ilícita, ubicando a México en el primer lugar de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“La situación es tan alarmante que la OCDE sitúa a nuestro país en el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil, abuso sexual, explotación, homicidios y trata de menores de edad, y de cada mil casos de abuso sexual infantil y sus modalidades, sólo se denuncian aproximadamente 100, diez de los cuales llegan ante un juez y sólo el 1 por ciento de los imputados es condenado”, subrayó.
Abundó que la pornografía infantil trae consecuencias muy serias en los niños explotados, quienes sufren un trauma psicológico significativo, hecho por el cual es necesario penalizarla de manera ejemplar, como un acto de justicia hacia los menores, y para la construcción de una sociedad más segura, justa y respetuosa con los derechos fundamentales de cada individuo.
La iniciativa plantea reformar el último párrafo del artículo 173 del Código Penal del Estado para aumentar la pena de 12 a 18 años de prisión y de mil 200 a mil 600 días de multa al sujeto activo que cometa el delito de pornografía infantil.
Asimismo, plantea adicionar un párrafo al mismo artículo para establecer que la pena prevista aumente hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
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Proponen diputados de Morena la Ley de Identidad de Género para Guerrero
CHILPANCINGO, Gro. * 29 de octubre 2024.
) LXIV Legislatura | Guerrero
Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena propusieron la Ley de Identidad de Género para el Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer y garantizar a todo miembro de la comunidad LGBTTTIQ+ el derecho de adoptar y manifestar para sí su orientación sexual, identidad y expresión de género como aspectos fundamentales de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad.
Al dar lectura de la iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Luissana Ramos Pineda expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI, el 5.1 por ciento de la población de 15 años y más en México se autoidentifica con una orientación sexual y/o identidad de género LGBTTTIQ+, lo cual representa a aproximadamente 5 millones de personas.
Abundó que esta problemática adquiere una dimensión más precisa ante las estimaciones realizadas por la Organización Internacional de Intersexuales, mismas que indican que hasta el 1.7 por ciento de la población mundial nace con rasgos intersexuales, lo que representa que en México habría más de 2.2 millones de personas afines a este sector, en tanto que Guerrero registra a más de 61 mil personas.
“Las personas intersexuales enfrentan barreras para que se registren sus nacimientos, son sometidas a intervenciones quirúrgicas, obligadas a tomar medicamentos, no tienen posibilidad alguna de cambiar los marcadores de sexo o género en los documentos oficiales, y algunos también informan que se les obliga a entrar en categorías de sexo o género no deseados”, refirió.
Señaló, asimismo, que la situación de las personas LGBTTTIQ+, en particular las personas trans e intersexuales, exigen prontas medidas de política pública y jurídicas que faciliten su acceso a servicios públicos como la salud, sin prejuicios ni discriminaciones, y por ello la importancia de que posean documentos oficiales de identidad que ayuden a visibilizarlas.
La diputada destacó que en los últimos años estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán, Puebla, Nayarit, Estado de México, Coahuila, Baja California, Colima, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas han incorporado dentro de su marco jurídico el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTIQ+, a través de iniciativas denominadas como Ley de Identidad de Género o Ley Agnes.
Señaló, asimismo, que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar su pleno goce de derechos humanos, incluyendo la protección contra la violencia, la tortura y los malos tratos.
Iniciativas
La diputada Diana Bernabé Vega (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición al Código Penal del Estado de Guerrero para aumentar las penas por delitos relacionados con la pornografía infantil y el abuso sexual de menores, de 12 y hasta 18 años de prisión, adaptando las sanciones a los desafíos actuales que presenta el uso de las tecnologías.
La diputada Glafira Meraza Prudente (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se aprueba inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de este Congreso el nombre de la escritora y luchadora social guerrerense Benita Galeana Lacunza, precursora del feminismo socialista en México quien también participó en la lucha para lograr una jornada laboral de ocho horas y seguro social para todas y todos los trabajadores.
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Habrá coordinación de esfuerzos en obra pública entre Congreso, Gobierno y Sociedad | Violeta Martínez
CHILPANCINGO, Gro. * 28 de octubre 2024.
) LXIV Legislatura | Guerrero
Al quedar instalada la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la la LXIV Legislatura, la presidenta de la misma, la diputada Violeta Martínez Pacheco, suscribió que en la construcción de la obra pública sustentable y la reconstrucción del estado tendrá un fuerte impulso desde el Congreso del Estado.
Martínez Pacheco, cuyo perfil profesional es el de arquitecta, añadió que existe gran interés en mantener estrecha relación con las autoridades gubernamentales, así como con las organizaciones y colegios de arquitectos e ingenieros, en aras de contribuir con el engrandecimiento del estado a través del trabajo coordinado.
Acompañada de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal, Irene Jiménez Montiel, la legisladora enfatizó el impulso de foros, reuniones y demás actividades entre el Congreso y sociedad para orientar el aprovechamiento óptimo de la infraestructura urbana en la entidad en aras del progreso y desarrollo de Guerrero.
Por último, la también Doctora en Administración de Negocios y Maestra en Ciencia Política y Administración Pública, insistió en la necesidad de coordinar esfuerzos como parte del trabajo y obtener resultados más tangibles.
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Proponen reforma que obligue a regidores rendir informes a sus representados
CHILPANCINGO, Gro. * 25 de octubre 2024.
) LXIV Legislatura | Guerrero
En busca de fortalecer la rendición de cuentas y el fomento de la participación ciudadana, la diputada Diana Bernabé Vega (Morena) propuso reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, a efecto de que las regidoras y los regidores rindan informes públicos y transparentes ante la ciudadanía, y no sólo ante el Ayuntamiento.
En su propuesta, la diputada argumenta que quienes manejan recursos públicos y toman decisiones en nombre de la sociedad, están obligados a explicar, justificar y transparentar sus acciones ante la sociedad.
Abundó que aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado establece que las y los ediles deben rendir cuentas ante el Ayuntamiento, esto no es suficiente ya que el pueblo, como verdadero depositario del poder, tiene el derecho de conocer lo que hacen sus representantes.
“Hoy en día en Guerrero, la falta de un mecanismo que obligue a los regidores a presentar informes públicos sobre su trabajo y el uso de los recursos públicos representa un vacío en nuestra legislación, lo que debilita el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes”, dijo.
Y es que, añadió, la rendición de cuentas vertical es un mecanismo esencial para asegurar que las decisiones tomadas desde los gobiernos locales reflejen los intereses y necesidades reales de la comunidad, coadyuvando a la construcción de una cultura de confianza y responsabilidad.
“La reforma al artículo 80 fracción XV de dicho ordenamiento no sólo refuerza la transparencia, sino que fomenta la participación ciudadana, porque un ciudadano bien informado es un ciudadano que puede exigir mejoras y hacer valer sus derechos”, apuntó.
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