Juicio político de papel
Tercera Vía
» ERNESTO | RIVERA RODRÍGUEZ
) Acapulco Press
Tercera Vía, Ernesto Rivera Rodriguez
La pirotecnia política nunca falta cuándo se usa para hacer ruido, cuando el argumento o los argumentos son infantiles, y lo único que muestran son falta de criterios y se busca exhibir como lo hace la fracción panista en el senado contra la gobernadora de Guerrero, Evelyn Cesia Salgado Pineda.
En momentos como los qué vive el país y en particular Guerrero de una profunda movilidad social, de recuperación de su fortaleza desde sus raíces institucionales e históricas, cómo para perder el tiempo en estridencias políticas públicas, qué lo único que buscan es estar vigentes en los escaparates mediáticos.
El juicio político que pretende la fracción panista en el Congreso de la Unión, contra la gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda, son a todas luces actos de frustración, ante su inminente derrota política, ante su inocultable alejamiento de las bases sociales guerrerenses, un acto desesperado cuando los supuestos qué enumera no representan acciones de omisión y/o comisión en contra del pueblo qué gobierna.
Tomar cómo bandera el homicidio de un joven estudiante normalista para rasgarse sus conservadoras banderas políticas es seriamente inmoral, por ello el derrumbe de su comisión ante el Senado es tan repudiable en si mismo, que pese al coro multitudinario de su catequesis, es moral y éticamente injustificable.
Guerrero no merece semejante atropello político de tal descaro qué lo único que buscan es llevar agua a su molino, en tanto la entidad sureña se levanta de la mayor catástrofe natural qué ciudad y región del país haya sufrido en los últimos años, cómo lo padeció Acapulco por el huracán Otis, y como el clásico de la narrativa griega, ya se levanta orgullosa del desastre sufrido.
Guerrero y su gobierno no se detendrán ante el panfletarismo conservador y con una vuelta de timón a casi un tercio de su mandato, la gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda con la firmeza y confianza de timonel a dado un cambio de mando en el equipo de mayor jerarquía a su cargo, cómo lo es la Secretaria General de Gobierno y la secretaria de Seguridad Pública, para fortalecer la ruta de la gobernanza y la gobernabilidad.
No basta ser, sino también parecer.
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Ayotzinapa | ¿Escuela normal rural de o Centro de entrenamiento paramilitar?
Tercera Vía
» ERNESTO | RIVERA RODRÍGUEZ
) Acapulco Press
A qué ordenamientos responden los cuadros de supuestos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En tanto el asesinato del estudiante Yanqui Kothan por un policía Estatal, sin duda qué al presidente AMLO «le cayó cómo anillo al dedo». O No?
Tiene tres días hablando del tema, desde su púlpito en la mañanera, como catequizador dando directrices sin sustento, y prendiendo más fuego a la pradera guerrerense y en sesgo da apoyo a la gobernadora que No sabe que hacer. Qué manera tan perversa de lavarse las manos con sangre.
El supuesto asesino del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta nunca estuvo detenido, lo dicho por el presidente en la mañanera del martes pasado, más qué un dicho No verificado, fue una clara provocación con un claro destino, que se cumplió desgraciadamente con creces.
Cómo se puede escapar alguien qué NUNCA estuvo detenido? Y en todo caso a tal personaje quién lo tenía bajo resguardo administrativo? Y hoy desmarca a las autoridades estatales de su responsabilidad en los hechos, cuándo ayer lanzó el cerillo encendido a la pradera seca, en un acto de perversa dirección.
La sociedad guerrerense ya está cansada por no decir qué «ya está hasta la idem», por la violencia itinerante de los estudiantes normalistas quienes ayer con la violencia y destrucción a inmuebles e incendios a vehículos, de la Fiscalia General del Estado, iniciaron una semana de acciones violentas, para exigir la destitución de funcionarios, según
la advertencia más que aviso de Vifulfo Rosales, manejador del movimiento Tlalichollan, qué con un discurso envenenado ya no buscan justicia, una justicia qué el estado de derecho les ha negado durante años por omisión y/o comisión a tal grado han rebasado toda instancia legal, arrojandolos al vacío de la violencia, de odio y venganza.
Sí, porque han sido arrojados, manipulados, hoy convertidos en herramientas de desestabilización política y social. Muy lejos del magisterio para lo cual se inscribieron.
El asesinato del joven Yanqui Kothan, a todas luces injustificable por policías estatales, se ha convertido en un ardid político policiaco, dónde la única a la que han secuestrado en su autoridad de investigadora es a la Fiscalia General del estado, y enmedio de esto a la imagen y autoridad de la gobernadora Evelyn Cesia Salgado Pineda.
En contraste de la actitud de su padre, el senador en campaña por su reelección sin licencia Félix Salgado Macedomio, se filmó en una actuación cirsence de «arlequín» calentano, en un momento crucial de la gobernabilidad y seguridad del estado. El síndrome de la falta de atención qué ha padecido Félix toda su vida, no tiene cura. Pero su supuesta drogadicción sí. Todo un caso para el psiquiatra, parafraseando a la Trevi.
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Aumentan ataques con drones y explosivos contra militares en Michoacán, reporta Sedena
MORELIA * 8 de marzo, 2024.
) Apro
El mayor número de agresiones con drones y explosivos contra elementos del Ejército se ha presentado en esta entidad, donde últimamente se han incrementado los ataques, reconoció el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Durante su participación en la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada este viernes en la capital michoacana, Sandoval González indicó que también ha aumentado el uso de artefactos explosivos improvisados, de los que han sido asegurados alrededor de 980.
Ante esa situación, anunció que la dependencia ya tiene preparado un plan que será presentado al gabinete de seguridad para contar con herramientas tecnológicas que permitan garantizar la seguridad que requiere el personal militar.
“Esto —manifestó Cresencio Sandoval— nos ha llevado a tomar medidas; hemos visto cuáles serían las acciones para proteger más a nuestro personal, para adquirir tecnología que nos permita contrarrestar la acción de los drones y la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos”.
El propósito, añadió el jefe militar, es evitar daños al personal del Ejército cuando está realizando actividades de reconocimiento o patrullajes en las áreas donde tiene presencia la delincuencia organizada.
Recientemente, el pasado 29 de febrero, algunos elementos del Ejército murieron y otros resultaron heridos —la cifra no se precisó de manera oficial— como saldo de una emboscada que les tendieron presuntos integrantes de un cártel del crimen organizado en el municipio de Tepalcatepec.
El ataque fue perpetrado en el tramo ubicado en las inmediaciones de los poblados El Montoso y El Terrenatillo, en los linderos de los municipios de Tepalcatepec y Aguililla.
En enero pasado dos militares perdieron la vida en otra emboscada ocurrida en la misma región, cuando durante un patrullaje en las cercanías de Tepalcatepec pisaron minas colocadas presuntamente por el crimen organizado.
En materia de inseguridad, el secretario de la Defensa Nacional informó que Michoacán se encuentra en el octavo lugar nacional en la tasa de homicidios dolosos, con 200.91 casos por cada cien mil habitantes en el periodo de diciembre de 2018 a enero de 2024, mientras que el promedio en ese periodo fue de 124.18.
Mientras tanto, en robo de vehículos la entidad se encuentra en décimo lugar, con una tasa de 444.36 por cada cien mil habitantes, ante una tasa nacional de 403.05.
En lo relativo a extorsiones, destaca el notable crecimiento de denuncias en el año 2023, cuya cifra ascendió a 241, en comparación con los tres años previos, en los que hubo 65, 61 y 29 casos, respectivamente.
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Deuda de 4T con mujeres aún pendiente: Feministas
CIUDAD DE MÉXICO * 8 de marzo, 2024.
) Apro
A unos meses de que concluya la administración de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de la República, y en pleno inicio de campañas electorales para relevarlo, la deuda con las mujeres sigue pendiente, sin visos claros de un cambio, a pesar de que dos de los tres aspirantes a sucederlo son mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
Datos oficiales y la experiencia en terreno de feministas y defensoras de derechos humanos alertan sobre la violencia feminicida y la ausencia de programas efectivos para disminuir los índices de agresiones a mujeres, los cuales son algunos de los factores que moverán a miles de mujeres este viernes 8 en las principales ciudades del país.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tendencia de muertes violentas de mujeres durante lo que va del sexenio de López Obrador se mantuvo en alrededor de 11 víctimas al día, al registrarse 19 mil 110 mujeres asesinadas del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de este año.
De ese total, los datos oficiales con base en información de las 32 fiscalías estatales, alertan que sólo 25.36%, es decir, 4 mil 847 de las muertes fueron clasificadas como feminicidios, mientras el resto, 14 mil 263 fallecimientos, fueron tipificados como homicidios dolosos.
En ese mismo periodo, el SESNSP contabilizó 17 mil 859 homicidios culposos de mujeres, que serían aquellas muertes derivadas de una acción negligente o involuntaria.
Denuncias
La información recabada por el SESNSP arroja un aumento en las denuncias por violación, al pasar de 15 mil 322 en todo el año 2018 a 22 mil 727 al cierre de 2023, observándose un incremento paulatino en los últimos cinco años, de manera que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024, las denuncias por ese delito fueron de 103 mil 417.
El reporte oficial considera también las denuncias por violencia familiar, que si bien no están desagregadas por género ni edad de la víctima, es sabido que en esos casos la mayoría son mujeres y niños y niñas. Así, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024, los órganos de procuración de justicia reportaron un millón 882 denuncias por violencia familiar.
El último informe de la dependencia incluye los reportes al 911 por violencia familiar, que en el mismo periodo superaron más de 100% el número de denuncias presentadas, al contabilizarse 2 millones 684 mil 323 llamadas de auxilio.
Cabe destacar que el SESNSP tiene una clasificación de delitos de violencia de género distinta a la violencia familiar, en la que se observa un crecimiento sostenido de denuncias ante las fiscalías estatales en el periodo de análisis.
Mientras que en diciembre de 2018 se registraron 146 denuncias por violencia de género, en el mismo mes de 2023 éstas fueron 434, sumando del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024, 23 mil 926 querellas.
Para feministas, la gestión de López Obrador queda mucho a deber y tienen serias dudas de que el panorama cambie para las mujeres en la siguiente administración, a pesar de que, muy probablemente, una mujer sea su sucesora, sea la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, o Xóchilt Gálvez, de la coalición del PRI-PAN-PRD.
Ataques a feministas
Integrante del colectivo Brujas del Mar, que en 2020 fue blanco de ataques cibernéticos y de descalificaciones desde la tribuna de Palacio Nacional por promover un paro nacional de mujeres el 9 de marzo de ese año, Arussi Unda Garza evalúa que el sexenio de López Obrador “fue muy complicado para las mujeres, no sólo porque las cifras de feminicidios van en aumento, sino porque en política pública lo que vimos fueron recortes presupuestales para dirigirlos a las megaobras, y la situación se agravó aún más con la pandemia, afectando de manera preponderante a las mujeres”.
Originaria de Veracruz, Unda Garza fue considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el mundo luego de haber diseñado el cártel de la campaña del paro nacional de mujeres ante la violencia feminicida, a la que en un principio se sumaron personajes como la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, quien reculó después de que López Obrador embistiera contra la movilización y las Brujas del Mar llamándolas “conservadoras”.
“Aquí seguimos. No lograron tumbarnos porque las demandas ahí siguen, la deuda sigue. Desafortunadamente no vemos que las candidatas, Claudia o Xóchilt, las consideren en los programas, y no quiero que se confunda, que se piense que no confiamos en las mujeres para gobernar, sino que son estas candidatas en particular.
“Por un lado, Claudia, cuando fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, fue enemiga del movimiento feminista, lo reprimió, mientras que los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas iban en aumento. Nos aterra pensar en que su lema de campaña es más de lo mismo. Y por el otro lado, Xóchilt no viene de una tradición feminista, no hay claridad en sus propuestas para garantizar a las mujeres una vida libre, sin violencia, sin contar con que ambas candidatas en realidad responden a partidos políticos controlados por hombres”, apunta.
Criminalización del movimiento
En entrevista por separado, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), coincide en que ser mujer no significa ser feminista, por lo que comparte las reservas a las punteras en las encuestas, sobre todo en el caso de Sheinbaum, de quien dice que ni como alcaldesa de Tlalpan, alcaldía donde vive la defensora, ni como jefa de gobierno, dio respuesta efectiva a las mujeres, “al contrario, criminalizó el movimiento feminista”.
Resalta que las cifras de violencia contra las mujeres son más que elocuentes para evidenciar la falta de atención integral a más de 51% de la población, y que es prueba de que los programas sociales de la actual administración no son la panacea para problemas tan graves.
Un botón de muestra del desinterés en proteger a las mujeres es que para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 “sólo contempla un incremento de 0.02% para los refugios de mujeres, lo que es prácticamente nada, considerando la inflación, y peor aún, que las entregas son tardías. El año pasado hubo refugios que recibieron los apoyos el 27 de diciembre”.
Para este año, el fondo destinado para los refugios de mujeres violentadas y sus hijos es de 485 millones 673 mil 998 pesos, que representa un aumento de 119 mil 025 pesos a lo canalizado el año pasado, y que será distribuido en 111 proyectos, 72 refugios y 39 centros externos de refugios.
Figueroa no descarta que durante los últimos cinco años hubo avances legislativos a favor de las mujeres, como “la declaratoria de constitucionalidad del aborto, la ley que habla de la violencia química o ácida, la ley vicaria”, reformas que fueron impulsadas por el movimiento feminista “frente a un gobierno que estuvo todo el tiempo criminalizando y deslegitimando a las organizaciones y al movimiento feminista”.
Insiste en que en el balance de fin de sexenio lo que se aprecia es “un incumplimiento total de un presupuesto sin perspectiva de género, que no combate las brechas de desigualdad y deuda histórica para la población infantil, como la inoperancia de programas para atender a los huérfanos de víctimas de feminicidio, aunado a que en América Latina seguimos siendo el primer país con abuso sexual infantil, el primer país con embarazos infantiles y adolescentes producto de abuso sexual”
Ante el escenario electoral inédito en que dos mujeres compiten por la presidencia, Wendy Figueroa se asume como “muy pesimista o muy realista”, pese a que su participación en los comicios “ciertamente amplían las posibilidades de que haya un cambio”, que sin embargo no se advierte con claridad.
“No veo que la situación de México cambie si ellas no tienen un cambio real y efectivo, que rompa con el pacto patriarcal y con esas estructuras de poder que aun siendo mujeres las pueden replicar. Lo podemos ver en las agendas que han presentado, son endebles, pinceladas, no nos dicen los cómos, no hablan de una agenda inclusiva que incluya a la sociedad civil, a las mujeres víctimas de violencia, a las madres buscadoras. Eso necesitamos ver, el antes y después de las elecciones, y seguir exigiendo que nunca más sin nosotras ni sobre nosotras, como ha estado sucediendo”, concluye Wendy Figueroa.
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Claroscuros del “Día Internacional de la Mujer”
Maremágnum
» RICARDO | CASTILLO BARRIENTOS
) Acapulco Press
Esta fecha 8 de marzo es una de las fechas más relevantes de la vida nacional y del mundo. El “Día Internacional de la Mujer” encierra un significado profundo de las luchas libertarias del género femenino y las conquistas obtenidas en el devenir de los años, traduciéndose en derechos políticos, laborales y sociales, en diversos ámbitos de la legislación nacional e internacional.
Más que remitirme al origen histórico de esta conmemoración universal, habría que destacar avances concretos que se vienen generando y se reflejan en la paulatina paridad en cargos en la administración pública y elección popular; en los sectores privado y social, en la ciencia y la academia, y en el entorno familiar.
Todavía existen fuertes resabios de machismo y patriarcado, mismos que han venido menguando sin que lleguen al ocaso, están arraigados en una cultura anquilosada e inadmisible en la época actual.
Sin embargo, una infinidad de sucesos se han venido registrando en perjuicio de las mujeres, como los feminicidios, las desapariciones, la violencia intrafamiliar y la trascendental e inclaudicable lucha de las madres buscadoras de sus hijos, al no cejar en su empeño hasta encontrarlos con vida o la ubicación de sus restos.
En la arena política está próxima a decidirse la sucesión presidencial con la participación de dos connotadas mujeres: Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz, la primera una reconocida científica, la otra, destacada profesionista. Alguna de ellas está destinada a convertirse en Presidenta de la República.
No vayamos lejos, en Guerrero ocupan cargos de primer nivel la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, las alcaldesas de Acapulco y Chilpancingo, así como la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Estado, donde además existe paridad de género.
En lo local, según cifras actuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estado de Guerrero gobernado por primera vez por una mujer, ha logrado una efectividad del 96 por ciento en su estrategia contra la violencia de género y búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, producto de la implementación del Protocolo Violeta y las unidades de policías de género que existen en las ocho regiones de la entidad.
El reporte de Seguridad Pública federal revela que Guerrero mantiene indicadores a la baja en secuestro y violencia feminicida, entre otros delitos de alto impacto.
Estos resultados positivos se deben en gran medida a la puesta en marcha del Protocolo Violeta, que incluye la Alerta Violeta, Transporte Violeta, Territorio Violeta y la Tarjeta Violeta; así como la iniciativa que busca erradicar el matrimonio infantil en las zonas indígenas, propuesta de la gobernadora Salgado Pineda y aprobada por el Senado de la República.
Marea Baja.- Sin tanto aspaviento, desde su llegada como delegado estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Armando Añorve Ríos, perteneciente a la nueva generación de políticos guerrerense, se ha dado a la tarea de fortalecer a este instituto político, con infinidad de adhesiones con miras a obtener el mayor número de triunfos electorales, en el proceso en marcha.
En reciente reunión con el dirigente nacional de MC, senador Dante Delgado Ranauro, Añorve Ríos le informó sobre el impulso que están teniendo las campañas de los candidatos a senadores Mario Moreno Arcos y Gabriela Bernal Reséndiz, que integran la primera fórmula y Coyolxauhqui Soria Morales, en la segunda fórmula, quienes además cuentan con el apoyo solidario del ex gobernador Héctor Astudillo Flores.
El Partido Movimiento Ciudadano, está llamado para erigirse como la tercera vía, una alternativa novedosa y diferente, más democrática, abriendo sus puertas a aspirantes a diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores, debido que en otros partidos las tenían cerradas y no les daban oportunidades de participar en puestos de elección popular.
Marea Alta.- Después de conocerse los supuestos resultados de la encuesta de MORENA para la alcaldía porteña, en la cual resultó favorecida la alcaldesa Abelina López Rodríguez, se generó un descontento social mayúsculo, a tal grado que habitantes de un centenar de colonias y comunidades pretenden independizarse de Acapulco, con la creación del nuevo municipio Juan N. Álvarez.
La presidenta municipal ha recibido severas críticas a nivel nacional, tanto en la prensa escrita, como en la radio y televisión y en las redes sociales, siendo tendencia en X, antes twitter, por su mal desempeño y sus díceres absurdos.
Mientras tanto, los dirigentes de los partidos que integran el Frente Fuerza y Corazón por México PRI-PRD-PAN y MC, se frotan las manos, intentando llevar agua a su molino y convencer al joven político Yoshio Ávila González, quien prácticamente fue despojado de la victoria, cuando las encuestas de empresas mercadológicas profesionales lo daban como favorito.
Maremoto.- El vandalismo en su máxima expresión hizo presencia en instalaciones del gobierno federal en la Ciudad de México, protagonizado por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, comandados por Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familias de los 43 jóvenes desaparecidos en la funesta noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014.
Se llegó al extremo de derribar una puerta lateral del Palacio Nacional, en exigencia de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre este espinoso caso, Simultáneamente, en la capital del estado, con un vehículo de una empresa comercial derribaron una de las puertas del Palacio de Gobierno, en exigencia de mejoras a las escuelas normales, en especial la de Ayotzinapa.
El propio Vidulfo Rosales anticipó que en los próximos meses intensificarán sus acciones radicales y boicotearán la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.
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Fiscalía General de la República atraerá caso de enfrentamiento de normalistas con policías
) Acapulco Press
A fin de deslindar responsabilidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso donde un normalista de Ayotzinapa perdiera la vida tras enfrentarse a la policía estatal tras negarse detener la marcha para inspeccionar el vehículo en que viajaban, cuyas características coincidían con un reporte de robo de parte del Registro Público Vehicular (Repuve).
No obstante, ante la marejada de controversias y de expresiones de diversos organismos que pretenden criminalizar al Estado por los hechos ocurridos la noche del jueves 7 de marzo en la capital de Guerrero, frente a una hospedería denominada «Petatlán», el presidente López Obrador concordó con los hechos reportados por la autoridad policial.
Aunque lamento la muerte del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, el mandatario nacional subrayó que se investigarán bien los hechos y se castigará a quien resulte responsable.
El presidente de la república sostuvo lo informado por la Policía Estatal de Gurrero, a saber, que todo se originó cuando los estudiantes, que procedían de Tixtla, no acataron la solicitud de detener la unidad que tripulaban, una camioneta Nissan color blanca, para inspeccionarlo, debido a que coincidía con una reportada por el Repuve con denuncia de robo.
La policía estatal informó que lejos de disminuir la velocidad, los tripulante comenzaron a agredir a los uniformados con armas de fuego.
En la defensiva de la agresión resultó muerto el normalista Yanki Gómez, en tanto otro quedó herido.
Durante la inspección del vehículo se comprobó que, efectivamente, era el buscado por el Repuve con reporte de robo.
Además de la localización de una arma de fuego, también se hallaron botellas de cerva y unas bolsitas que contenían una sustancia granulada, las cuales serán analizadas por la Fiscalía General del Estado, informó el el secretario de Seguridad Pública Estatal, Rolando Solano Rivera.
Más tarde, en respuesta a los hechos, otros estudiantes de la Escuela Normal «Isidro Burgos» incendiaron una patrulla de la Policía Estatal de Guerrero.
Así mismo, con los rostros cubiertos, ofrecieron una conferencia de prensa desde la red social Facebook, donde advirtieron que la muerte de su compañero no quedaría impune.
Al momento de la redacción de esta publicación, se informó que en varias unidades de autobuses de pasajeros, de las que acostumbran a pedir ‘prestadas’ por la fuerza, ya se estaban movilizando para sus protestas.
No es la primera vez que los supuestos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa incurren en delitos del orden común y federal, como robo de autobuses, vandalismo, ataques a las vías de comunicación y edificios públicos de gobierno, así como toma de casetas de peaje para sufragar su causa.
El pasado 6 de marzo, un grupo de estudiantes de la misma escuela tomó por asalto el Palacio Nacional y con sus característicos actos de vandalismo intentaron ingresar a la conferencia matutina del presidente AMLO.
Por tales motivos, a de evitar criminalizar al Estado y a las fuerzas policías de Guerrero, López Obrador instruyó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y delibere responsabilidades, tomando en cuenta todas las evidencias halladas en el vehículo robado que tripulaban los agresores.
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Preocupación en Palacio
RAYMUNDO | RIVA PALACIO
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Las investigaciones que realizó el Departamento de Justicia sobre presuntos financiamientos del Cártel de Sinaloa en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2018, han generado una preocupación real del presidente porque no sabe si existen realmente videos donde están sus hijos recibiendo dinero del narco, como lo apuntaron en varios testigos en expedientes que se cerraron por razones políticas y diplomáticas.
Desde que aparecieron los primeros reportes periodísticos hace casi un mes, el presidente ha sostenido reuniones regulares con Alejandro Esquer, su secretario particular, para que le informe, aclare o confirme si existen videos, fotografías o audios que involucren a alguno de sus hijos o a su círculo cercano recibiendo dinero para las campañas. No se ha discutido, según ha trascendido, que sea dinero del narcotráfico, limitándose la petición a recursos en efectivo que pudieron llegar a la campaña irregularmente.
López Obrador ha negado vehementemente cualquier ilícito, pero le ha impactado en el ánimo la etiqueta de “narcopresidente” en las redes sociales, que lo enerva crecientemente ante su uso cada vez más amplio en la opinión pública. Para tratar de neutralizarlo se ha desarrollado una estrategia -fallida- en la oficina de propaganda que dirige el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, pero la parte más crítica, la posibilidad de que videos de su gente más cercana recibiendo dinero en efectivo, es la que tendría un efecto potencialmente devastador.
Financiamientos irregulares de las campañas presidenciales han sido motivo de discusión pública desde hace al menos tres años. Recientemente Jesús Ortega, que fue el coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2006, dijo en una entrevista de prensa que quienes manejaban los recursos de la campaña eran Octavio Romero, actual director de Pemex y quien por lustros ha sido quien se encarga de la economía de los hijos mayores del presidente, el hijo de Julio Scherer, cuyo padre fue poderoso consejero jurídico de la Presidencia en la primera parte del sexenio, Leonel Cota, que manejaba los dineros del PRD -cuando aún no se partía y nacía Morena-, el articulista al servicio del poder en turno Federico Arreola -actualmente en el cuarto de guerra de la candidata Claudia Sheinbaum-, y el propio Esquer.
Ortega no precisó el origen de los recursos, aunque una de las investigaciones del Departamento de Justicia encontró testigos que le dijo a agentes de la DEA que al menos dos millones de dólares habían sido aportados por el Cártel de Sinaloa. La respuesta de López Obrador fue acusar de calumniadores a los tres periodistas que publicaron detalles de las investigaciones que se refieran e la campaña presidencial de 2006.
Informaciones sobre financiamientos opacos en la campaña de 2018 involucran directamente a Esquer. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción a finales de 2020, encontró que el entonces secretario de Finanzas de Morena, contrató proveedoras fantasmas con una empresa que estaba listada como simuladora de operaciones comerciales con fines de evasión fiscal. Un año después, en diciembre, la misma organización reveló que Esquer y Denis Zaharula Vasto, actual coordinadora general de Administración de la Oficina de la Presidencia, realizaron una operación de depósitos hormiga en diciembre de 2017 a un fideicomiso que supuestamnte era para los damnificados del sismo en ese año, de donde supuestamente retiraron 44 millones y medio de pesos que terminaron en campañas políticas.
Ninguna de esas revelaciones vincularon los recursos al crimen organizado, como ha sido hasta recientemente con el detalle de varias investigaciones de las agencias que dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son las que han detonado la preocupación del presidente, en particular de su hijo Gonzalo, que de acuerdo con un libro del sociólogo Hernán Gómez Bruera, “Traición en Palacio: el negocio de la justicia de la 4T”, enfocado en el exconsejero jurídico Scherer, es quien estaba involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de su padre.
No era el único involucrado en la recaudación de recursos. De acuerdo con la información obtenida, también participaron el exconsejero Scherer, Tatiana Clouthier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador en 2018 y posterior secretaria de Economía, y Alejandra Fraustro, a quien nombró titular de Cultura. Hubo otras personas que contribuyeron en la recaudación de recursos, pero la preocupación central en Palacio Nacional se encuentra en el grupo más íntimo que recibió el dinero.
La posibilidad de que existan pruebas documentales de haber recibido dinero en efectivo, es un tema que viene rondando en la Presidencia desde hace más de dos años, cuando detectaron la existencia de videos que, temían, podrían ser dados a conocer. Hasta ahora no han logrado averiguar quién o quiénes podrían tener esos videos, que tampoco han salido a la luz pública. No está claro si la prepocupación actual del presidente está relacionada con aquellos videos, o si hay temor de que sea un paquete diferente de aquellos.
López Obrador ha estado pidiendo a Esquer detalles de su agenda durante la campaña presidencial de 2018, y toda la información de las personas con las que se reunieron él y los otros responsables de recaudar recursos, que le reportaban al actual secretario particular. Extrañamente, la identificación de donadores y los montos es un tema que no ha salido del control de Palacio Nacional, y no se ha involucrado, hasta el momento, al Centro Nacional de Inteligencia, que podría contribuir a determinar si los donantes tenían o no relaciones sospechosas con el crimen organizado.
El tema del financiamiento irregular o ilegal de sus campañas ha golpeado a López Obrador en la opinión pública de manera efímera, por lo cual no ha habido consecuencias en su imagen y popularidad, que es lo que más le importa. Pero el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa y Los Zetas, investigado por el Departamento de Justicia hasta que cerró las pesquisas para no confrontarse con el gobierno mexicano y tener un diferendo político, es otra cosa, y pone la lupa de la preocupación presidencial en su campaña de 2018 y eventuales problemas legales internacionales para el entorno de López Obrador.
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