PISAC, Perú. | 27 de noviembre de 2020.
] AP.
Bajo el sol abrasador de los Andes, Nazario Quispe hunde el arado en su campo de papas. Pero no está seguro de que podrá cosecharlas en 2021 después de una pandemia sumada a la falta de lluvias.

Nazario es uno de los siete millones de granjeros que -pese a llevar comida al 70% de las mesas peruanas y haber gastado sus ahorros en casi ocho meses de encierro para frenar la propagación del coronavirus- no reciben ayuda del Estado, que ha privilegiado por 30 años a un puñado de agroexportadores.

“Si mi ahorro se termina ¿con qué voy a sustentarme?”, se preguntó el hombre de 51 años y padre de cinco que siembra 150 variedades de papas en las tierras altas de Pisac, un distrito ubicado en una zona llamada Valle Sagrado de los Incas en el sur de Perú, a más de 3.800 metros de altitud.

La parcela donde además cultiva habas y ollucos es el último recurso de la familia luego de que los ingresos por otras actividades -como la venta a turistas extranjeros de coloridos gorros y ponchos tejidos y el comercio de carne- desaparecieron por la pandemia.

“El lugar de refugio para los campesinos ha sido la parcela, que por lo menos le garantiza la posibilidad del acceso a la comida”, dijo la socióloga Giovanna Vásquez, experta en temas rurales y gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano, una red de gremios agrícolas.

Según datos oficiales, el precio de la papa cayó al menos 30% entre marzo y julio por la parálisis económica que deprimió la demanda de alimentos y las dificultades para acceder a los mercados por las restricciones impuestas por la pandemia. En Pampamarca el precio de un kilo de papa descendió al costo de una pieza de pan. Antes de la pandemia valía cinco panes, unos 28 centavos de dólar.

Nemesio Quispe, de 50 años y residente de Pampamarca, dijo que por temor al contagio los agricultores no viajaron hasta los grandes mercados y les vendieron a los intermediarios. “La papa no espera, se agusana, se apolilla, se deshidrata y los intermediarios se aprovechan”, comentó.

Varios agricultores afirman que han dejado de comer fruta, entre ellas cítricos como la naranja. Lucía Ylla, de 54 años y madre de siete hijos, comentó que ahora su dieta se basa en papa, papa deshidratada -llamada chuño- y habas. “Eso nomás, y ya lo estamos acabando”, dijo. Nemesio relató que en Pampamarca se ha vuelto a beber “sopa de maíz y papas”.

Un sondeo nacional del Instituto de Estudios Peruanos difundido en mayo reveló que el 90% de los peruanos de zonas rurales habían ingerido menos alimentos y de menor calidad que los que consumían de forma habitual, mientras que 59% admitió que entre marzo y abril se quedó sin alimentos por falta de dinero.

En los Andes se han asentado por siglos más de 7.000 comunidades con poblaciones dispersas de hasta 100 viviendas. La mayoría de estas aldeas no tienen reservorios para almacenar la lluvia y tampoco riego tecnificado. En esas zonas remotas los casos de COVID-19 han sido escasos.

Pero no sólo la pandemia y la sequía han puesto a los agricultores contra las cuerdas.

Carlos Paredes, un economista que desde 1994 dirige la iniciativa Sierra Productiva que apoya con tecnología a 50.000 familias campesinas, explicó que en la práctica las leyes de Perú “prohíben trabajar con la pequeña producción campesina percibida como inviable y no rentable”.

Según las normas de los ministerios de Agricultura y de Economía “el agro rentable sólo es aquel de 20 hectáreas para arriba y en el Perú sólo es así el 3% de los 2,3 millones de unidades productivas existentes, los agroexportadores”, agregó.

El peruano Eduardo Zegarra, doctor en Economía Agraria por la Universidad de Wisconsin, dijo que la gestión del expresidente Martín Vizcarra, destituido tras una crisis política en noviembre, “no hizo nada por el pequeño productor, ni siquiera en los meses más duros de la pandemia”.

Por el contrario, el gobierno le prestó en junio más de 42 millones de dólares a varias empresas del hombre más rico de Perú, Carlos Rodríguez-Pastor, y otros 14 millones de dólares a cinco de las 10 principales agroexportadoras. Ni un dólar fue para los pequeños agricultores.

En julio, un mes antes del inicio de la siembra que es cuando los agricultores necesitan más dinero, el gobierno anunció que había creado un fondo de 555 millones de dólares. Recién en octubre, cuando la campaña estaba al 60%, el gobierno subastó el 1% de ese fondo y hasta ahora sólo ha entregado el 3%, según datos oficiales.

El nuevo presidente Francisco Sagasti, que asumió luego de una crisis política con incluyó tres mandatarios en nueve días, dijo recientemente que una de sus tareas será implementar el objetivo “Hambre Cero” de Naciones Unidas. El programa busca promover prácticas agrícolas sostenibles apoyando a los pequeños agricultores con acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.

“El hambre ahora como resultado de la crisis de la pandemia es algo que todos debemos combatir”, dijo sin entrar en detalles sobre el plan que desarrollará en su corto gobierno de ocho meses.

Al desinterés estatal se han sumado la falta de lluvias y los bruscos descensos de temperatura en las madrugadas. Sixto Flores, director del Servicio Nacional Meteorológico para la región andina de Puno, advirtió que la ausencia de lluvias en los Andes se normalizará en diciembre y que los efectos serán “altas temperaturas en el día y heladas en la noche que afectan los cultivos”.

Nemesio dijo que si “el veranillo continúa hasta mediados de diciembre, la cosecha estará perdida”. Las heladas amenazan con “quemar las plantas” durante la madrugada, comentó Marcelino Bohórquez, un campesino de 50 años del distrito de Lares.

Miriam Trinidad, directora del sitio noticioso especializado AgroPerú Informa, dijo que “si no se resuelve el problema de crédito muchos agricultores dejarán de sembrar, se pondrá en riesgo la seguridad alimentaria y se agravará la dependencia de importaciones alimentarias”.

Según datos oficiales, entre marzo y junio las importaciones de azúcar, arroz, leche en polvo, maíz, soja y trigo aumentaron un 24% en comparación con el mismo periodo de 2019.

La crisis económica también podría desembocar en actividades ilegales. Algunos jóvenes de Cusco han retornado a la Amazonía para ganar dinero en la minería ilegal de oro.

Pero no todos miran con desesperanza la situación del campo, adonde retornaron más de 167.000 peruanos de origen rural expulsados de los cuartos alquilados y despedidos de sus empleos en las ciudades. Marcelino Bohórquez, un líder campesino que enseña las bondades del riego tecnificado en los Andes, cree que la pandemia ha revalorizado el campo como un lugar donde vivir.

“Para mí es una bendición”, dijo el hombre que vio regresar a sus cinco hijos de la ciudad. “Los hijos volvieron a reunirse con los padres, se ampliaron las fronteras agrícolas, se sembraron más campos, se han aumentado los cercos”, comentó.

“El único sector del Perú que no se ha paralizado es el sector campesino, porque como es agricultura familiar cada familia ha estado internada en sus chacras trabajando a diario o pastando sus ganados”, añadió Bohórquez.