CIUDAD DE MÉXICO. * 1 de julio de 2019.
] Newsweek
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ganó los comicios de hace un año, ha privilegiado el criterio político sobre los principios de derechos humanos al tomar decisiones, de acuerdo con Amnistía Internacional.
“Vemos con preocupación esa peculiaridad, porque puede afectar el proceso de consolidación de los derechos humanos y conducir a graves retrocesos”, detalla un comunicado de la organización.
Así, Amnistía Internacional ubica 8 puntos pendientes para el gobierno de AMLO:
Descalificación a organizaciones López Obrador ha afirmado que las Organizaciones de la Sociedad Civil son simuladoras, conservadoras y promovidas por “grandes consorcios promueven”.
Para Amnistía Internacional, estos grupos han contribuido a la democracia y “esa descalificación no tiene validez”.
“El gobierno mexicano debe abrir un espacio para el diálogo permanente con representantes de las organizaciones civiles, a fin de que sociedad y gobierno trabajen conjuntamente para resolver los problemas del país”, señala la organización.
Acciones que afectan a mujeres
AI considera un tema destacdo la presentación del Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, pero afirma que carece de indicadores de seguimiento y su efectividad no puede ser medida.
“A ello se debe agregar que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su aplicación queda en el ámbito de lo ambiguo” dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la organización. Por otro lado, acusa que la reducción de recursos para refugios que atienen a mujeres víctimas de la violencia es “preocupante”, mientras que la eliminación de recursos para las estancias infantiles “no se atendió” debidamente.
Los contrastes de la Guardia Nacional
La organización considera que la elaboración de la leyes secundarias de la Guardia Nacional no fue abierta ni transparente, aunque se efectuaron sesiones de Parlamento Abierto en las que participaron expertos y miembros de la sociedad civil.
Violencia hacia defensores de derechos humanos
AI considera que la falta de sensibilidad de autoridades mexicanas hacia los defensores de derechos humanos ha conducido a su criminalización, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.
“En el sexenio pasado se creó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que opera con serias deficiencias, evidentes en el asesinato de personas adscritas el mecanismo como Julián Carrillo, en la Sierra Tarahumara”, acusa la organización. La organización cree que la protección a estas personas debe ocupar un lugar prioritaro para el gobierno y señala que no ha habido ninguna iniciativa y las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo asesinadas en el país.
Trato a migrantes
El gobierno mexicano atendió en una primera instancia a los miles de migrantes centroamericanos con una política de “puertas abiertas” que incluyó el ofrecimiento de visas migratorias, pero después ordenó el envío de 15,000 efectivos en la frontera norte y 6,000 en la frontera sur, acusó Amnistía Internacional.
Según la organización, este tema debe ser atendido por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ya que la Guardia Nacional refleja una perspectiva de seguridad.
Continuar esfuerzos en caso Ayotzinapa
Amnistía Internacional “ve con expectativa los pasos que ha dado el gobierno mexicano” para dar seguimiento a la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
“Sería muy importante que su titular no escatime esfuerzos y busque el apoyo de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso de organismos internacionales”, recomienda la organización.
Cumplir las recomendaciones de organizaciones México, dice la organización, tiene un rezago importante en el cumplimiento de diversas recomendaciones que le han hecho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva diversos casos.
Pero “una señal positiva de que ese rezago puede superarse se dio el 14 de marzo de este año cuando el gobierno mexicano aceptó 262 Recomendaciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Uso de la Fuerza y prisión preventiva oficiosa
Amnistía Internacional ve “con preocupación” la aprobación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la relativa a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, pues asegura que no se apegan a los principios del derecho internacional de derechos humanos.
