«Yo no puedo combatir al crimen organizado, no es mi papel».
— Evodio Velázquez Aguirre, presidente perredista de Acapulco.
«Cada nivel de gobierno tiene que combatir la delincuencia conforme a sus facultades».
— Marco Antonio Leyva, alcalde priísta de Chilpancingo.
“La verdad os hará libres”.
—Jesús, Hijo de Dios (Evangelio de Juan 8:32 / Las Santas Escrituras)
El Santo Oficio
Ángel Miguel Blanco
massiosare@msn.com
] Twitter: @MrPapazito
En lenguaje llano y de forma directa, precisa, sin ahondar más allá de lo que no nos compete, vamos a analizar o comentar –desde el punto de vista periodístico– el tema de moda que tiene «satanizados» a dos alcaldes guerrerenses, Jesús Evodio Velázquez Aguirre y Marco Antonio Leyva Mena, una vez que ‘fallidamente’ trataron de explicar por qué aparentemente no han hecho nada para frenar los índices de violencia generalizada que tanto aquejan a sus conciudadanos.
Desde la perspectiva ciudadana sí puede admitirse que son culpables, desde la óptica constitucional, «quizá» no tanto.
Anticipo que este análisis es estrictamente personal, sin defensas a ultranzas para nadie, pero sustentado en bases jurídicas y constitucionales.
El 2 de febrero del 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó a su Congreso federal un presupuesto de 80 millones de dólares para respaldar durante el ejercicio fiscal 2016 al gobierno de Enrique Pena Nieto en la lucha contra el narcotráfico.
Obama lo hizo consciente de que era con el Presidente de México, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, encargadas de la seguridad nacional de los mexicanos, únicas a nivel nacional con armamento, capacidad, adiestramiento y tecnología para combatir a los «enemigos» de la Nación, con quien debía dirigirse en materia de seguridad para el combate del crimen organizado y el narcotráfico, constituidos como enemigos públicos de la nación mexicana.
Además del combate al crimen organizado y el narcotráfico, dicha colaboración estadounidense comprende dos objetivos base: «esclarecer la masacre de 22 civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México», el año pasado, y la desaparición de los «43 normalistas de Ayotzinapa» en el municipio de Iguala, Guerrero», en septiembre del 2014. Si México no lo hace, el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense suspenderían la «entrega de fondos para seguridad nacional» al gobierno mexicano.
Sarcásticamente hablando, Barack Obama no dijo «voy a darles dinero a Evodio Velázquez y a Marco Antonio Leyva para que combatan el narcotráfico y el crimen organizado en sus municipios», no. Se dirigió con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, a quien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acredita autoridad y poder plenipotenciarios para utilizar al Ejército y la Marina, junto con todo su personal, armamento y tecnología, para garantizar la seguridad nacional.
Para efectos investigativos, el Gobierno de México cuenta con el Centro de Inteligencia para la Seguridad Nacional (Cisen), «órgano de inteligencia civil al servicio del Estado Mexicano, cuyo propósito es generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho», como se describe en el sitio web oficial del Cisen (cisen.gob.mx).
«El papel del Cisen consiste en alertar y proponer medidas de prevención, disuasión, contención y neutralización de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, al orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas de la población mexicana, así como el desarrollo económico, social y político del país», complementa el sitio. Y desde el 16 de abril de 2009 sólo se permite como agentes calificados a personas adiestradas y egresadas de la «Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional» del Cisen».
Ambas corporaciones dependen de la Secretaría de Gobernación federal, cuyo titular actual es Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo que alguna vez fue inmiscuido con el grupo delincuencial autodenomidado «Los Zeta», enemigo férreo del Cartel de Sinaloa, de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, internacionalmente conocido como «El Chapo».
Pues bien, según la «Guía Técnica de Seguridad Pública Municipal» del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), el papel que corresponde a los «ayuntamientos» es la de «prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho».
Y añade: «La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia».
Allí mismo se detalla que por «seguridad pública municipal» se entiende que “seguridad pública es la función a cargo del estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública”, y que corresponde a “las autoridades competentes alcanzar los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de los delincuentes o infractores”.
Dentro de las mismas atribuciones, a las autoridades locales compete “combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad”.
“La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad”, añade la Guía sobre Seguridad Pública Municipal del Inafed.
Y continúa: “Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo del municipio, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado, porque así lo determina el artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación los Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias”.
En este sentido, “el Ayuntamiento deberá regular el orden público, el tránsito vehicular y peatonal, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales, y los reglamentos vigentes en la materia dentro del municipio”.
Y con base al último párrafo de la fracción III del artículo 115 Constitucional, “los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de dicho servicio, situación que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional”, claudica al respecto el Inafed.
¿Erró el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, al manifestar que no le corresponde el combate del crimen organizado?
Sí y no.
“Sí”, por la falta de tacto y conocimiento de causa en sus declaraciones. A Evodio Velázquez le faltó documentarse antes de justificarse frente al narcotráfico y la delincuencia organizada.
“No”, porque con base a la Guía de Seguridad Pública Municipal del Inafed, organismo del Gobierno Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, orientado a coordinar las acciones de los tres ámbitos de gobierno para diseñar e implementar políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan las relaciones intergubernamentales subsidiarias, e impulsen el desarrollo equilibrado de estados y municipios en beneficio de la ciudadanía”, a los ayuntamiento les compete garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos de acuerdo a sus competencias, y dichas “competencias” comprenden el orden común y el auxilio a las autoridades estatales y federal para una mejor efectividad en dicho tema.
El crimen organizado y el narcofráfico, por ende, no están legítimamente contemplados por la Secretaría de Gobernación ni la Constitución como asuntos integrales de los municipios, debido a las redes o estructuras que lo integran y la sofisticada tecnología armamentística que utilizan y que solo las Fuerzas Armadas de la Nación, bajo el mando del Comandante Supremo de las mismas, puede hacer frente, jurídica, política, social y constitucionalmente, por tratarse de “enemigos” íntegros de la Nación.
A los gobierno de Acapulco y Chilpancingo, particularmente hablando (aunque el tema es aplicativo para todos los ayuntamiento de México) les resta “garantizar más exhaustivamente el cumplimiento de los Bandos, Reglamentos y disposiciones administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio del Municipio”, como sugiera el Inafed.
El en el caso de algunas leyes federales y estatales, el Ayuntamiento tiene el carácter de “autoridad auxiliar”, por lo que sus cuerpos de seguridad pública están obligados a “coadyuvar” al cumplimiento de dichas leyes, aclara el Inafed.
“Prevenir la comisión de acciones que contravengan disposiciones jurídicas aplicables al Municipio y que sean constitutivas de delitos o infracciones, guardar el orden público dentro del territorio del municipio, sancionar a los individuos que contravengan las disposiciones administrativas aplicables dentro del municipio, administrar los Centros de Detención Municipales (Cárceles Municipales), auxiliar a las autoridades Estatales y Federales competentes en la investigación y persecución de los delitos”, son también atribuciones constitucionales de los municipios, así como «reglamentar todo lo relativo a la Seguridad Pública Municipal en concordancia a la Constitución Federal y las Leyes Federales y Estatales relativas; organizar a la policía municipal, designando las jefaturas y atribuciones correspondientes de acuerdo con la legislación y reglamentación vigente, dotar a la policía y órganos auxiliares de los recursos materiales indispensables para realizar las funciones de policía y apoyo a la administración de justicia municipal; seleccionar y capacitar a los miembros que conforman la policía municipal, administrar y mantener en operación los Centros de Detención Municipales” y “organizar el juzgado calificador municipal, en coordinación las autoridades judiciales de la entidad”.
Hasta donde sabemos, porque de ha hechos público, la capacitación policíaca en Acapulco y algunos otros municipios se ha estado implementando, conforme la ley lo demanda. No vemos problema alguno en este aspecto.
“El Presidente Municipal, como ejecutor de las determinaciones del Ayuntamiento –en consecuencia–, es quien deberá encargarse de que los objetivos de la seguridad pública municipal y las atribuciones del Ayuntamiento en dicha materia sean cumplidas.
“Es el Presidente Municipal quien nombra a los titulares de los órganos encargados de la seguridad pública municipal y quien dispone de éstos para asegurar el pleno disfrute de las garantías individuales, la conservación del orden y la tranquilidad pública”, subraya el Inafed.
Lamentablemente, en este último apartado, sí están fallando las autoridades municipales, porque la Segob, por instrucciones del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas del país, así lo determina.
No obstante, este hecho es el mejor justificante que avala el deslinde de Evodio Velázquez en torno al combate del crimen organizado, pues el que Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, Enrique Peña Nieto, haya asumido la determinación de instruir a la Segob el nombramiento de los encargados de los cuerpos policíacos de algunos estados y municipios es evidencia clara que el crimen organizado y el narcotráfico sí son asunto de seguridad nacional.
La razón asiste también al alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva, en el sentido que “cada nivel de gobierno tiene que combatir la delincuencia conforme a sus facultades”, pero el hecho de que sus declaraciones hayan sido emitidas con dolo contra el presidente de Acapulco y con el franco afán de defender la inoperancia de su comandante de las fuerzas policiales estatales, Héctor Astudillo Flores, “¡no tiene madre!”.
El mismo caso aplicaría para los legisladores que siguen haciendo “leña del árbol caído” sin fundamentos y sin aportar nada al respecto.
No es tarea nuestra defender a Evodio Velázquez. Es tarea suya, principalmente, y de su oficia de Prensa.
A los periodistas nos corresponde investigar, analizar y presentar el resultado de nuestras investigaciones. A los juristas corresponde la legalidad, a los políticos poner en práctica lo aprendido, a la sociedad pensante usar el raciocinio y la sensantez… y a los “zombies” sociales seguir en su ignorancia, exigiendo y criticando todo y caminando contra la corriente.
Cierro con broche de oro trascribiendo textualmente tres párrafos del “Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018” del Presidente Enrique Peña Nieto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de abril del año 2014.
Bajo el título «Política Nacional de Defensa del Gobierno de la República”, apartado 2, “Delincuencia Organizada Transnacional”, se lee:
“El Programa Nacional de Seguridad Pública busca coordinar acciones federales, estatales y municipales para enfrentar la situación desde una perspectiva regional, haciendo corresponsables a los gobiernos locales. De igual forma, se han realizado acciones de fusión de inteligencia que han permitido que el Gobierno de la República neutralice a actores delincuenciales mediante alertas tempranas. Adicionalmente, el Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico, encabezado por las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Hacienda y Crédito Público, y por la Procuraduría General de la República, ha permitido mantener un trabajo coordinado a nivel federal para combatir el flagelo del narcotráfico.
“(…) y con el propósito de hacer frente a este riesgo desde un enfoque preventivo, el Gobierno de la República continuará consolidando el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Estrategia Nacional Antisecuestro.
“Por último, es necesario señalar que las iniciativas de política pública enunciadas en el párrafo previo serán acompañadas con un fortalecimiento de las capacidades de generación, difusión oportuna y explotación de inteligencia. Al hacerlo se adoptará una perspectiva regional que será acompañada por un proceso de certificación y capacitación permanente de los funcionarios de las corporaciones policiales locales y el reforzamiento de las capacidades tecnológicas y de investigación utilizadas para combatir el lavado de dinero”, otra de las facetas del narcotráfico y el crimen organizado.
Sí, al Gobierno Federal debe exigírsele que anuncie la fecha en que dichas acciones se harán plenas y concretas en Acapualco, en Chilpancingo y en la mayoría de los municipios de Guerrero actualmente azotados por el crimen organizado y el narcotráfico, y no solo en algunos estados y municipios que simpatizan con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México.
Como dice Ana María Polo, conductora del populoso programa “Caso Cerrado”, «ándese con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare”.
Saludo fraterno y respetuoso para todos.
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