] SOYAPANGO. * 19 de mayo de 2020.
| AP.
Cada vez que un automóvil se aproxima, Jorge Díaz sale de uno de los costados de una carretera en El Salvador, levanta una bandera blanca y grita: “¡ayuda por favor!”.

Visiblemente afectado y hablando pausado, el salvadoreño dice que tiene dos hijos y hay días que no comen. “No puedo trabajar, no tengo dinero, no tengo nada, solo la esperanza que me ayuden”.

Para otros como él, los días pasan en medio de una estricta cuarentena que busca contener el avance del coronavirus, pero el encierro —que a muchos les impide trabajar— comenzó a causar estragos en las familias más pobres del país, quienes desesperadas salen a la carretera con banderas blancas para pedir comida.

“No trabajamos desde que el presidente (Nayib Bukele) nos metió en cuarentena”, dijo a The Asociated Press Martitza Guardado, una mujer de 40 años que vive en la comunidad CEL 3 del municipio de Soyapango, en la periferia este de la capital salvadoreña. “Hemos atacado la orden, estamos en nuestra casas, pero ya no tenemos nada y salimos a pedir comida a la gente de buen corazón que pasa por aquí”, agregó.

El 14 de marzo, Bukele decretó cuarentena nacional y ordenó las medidas más severas del continente para tratar de evitar que el virus entrara y se propagara. El mandatario ordenó suspender clases en los centros de estudios públicos y privados, restringir el ingreso al país de extranjeros y cerrar el aeropuerto internacional.

Maritza y su madre —María Guardado, de 58 años, que preside la junta directiva de la comunidad— dicen que hay varias comunidades con gente muy pobre “que vive día a día con lo que ganan”.

“Aquí vivimos vendedores informales. Algunos trabajamos recogiendo botellas para luego venderlas. Las mujeres trabajan lavando y planchando a diario en las casas”, explicó María.

Con cada automóvil que pasa por la Carretera de Oro, los hombres, mujeres y niños levantan sus banderas blancas y carteles con llamados de auxilio. Algunas veces reciben respuesta.

Mientras reporteros de The Associated Press se encontraban en el lugar con los pobladores, un automóvil se detuvo y Gabriela Hernández, una joven de 25, abrió el baúl y llamó a las personas para entregarles unos 20 cartones de huevos.

“Yo paso todos los días por este lugar. Trabajo en San Salvador y esta gente me rompe el corazón. Sólo estoy tratando de darles un poquito de ayuda”, explicó Gabriela.

No todos los que salen a la calles a pedir ayuda usan mascarillas o guantes. “Ni siquiera tenemos para comer”, dijo Edwin Morales, uno de los residentes de la comunidad CEL 2 de Soyapango.

“Hay cuarentena y no podemos salir a trabajar. Si salimos corremos peligro que la policía nos detenga y nos lleven a cuarentena forzada”, dijo Edwin, que llamaba a sus compañeros a mantener el distanciamiento social.

En las humildes casas, algunas cubiertas con laminas visiblemente deterioradas, varios colocaron carteles con mensajes de auxilio. “Personas de buen corazón, que ayuden con víveres. Necesitamos por favor ayuda, lo que su corazón pueda”, se leía en unos de éstos.

Edwin explicó que ellos no le están pidiendo dinero al gobierno, sino víveres para comer, “porque aquí hay gente que tiene hasta cinco hijos. Hay adultos mayores y hay días que no tienen nada para comer”.

Maritza agregó que lo que están viviendo “es duro, muy duro, pero hay que acatar las ordenes del presidente si no queremos que haya más muertes”. La mujer se quejó porque no han recibido ayuda del gobierno municipal y esperan que pronto llegue la ayuda que prometió Bukele.

El domingo el gobierno salvadoreño inició un programa para entregar alimentos a 1,7 millones de familias de los sectores más vulnerables, con entregas casa por casa para evitar aglomeraciones. Cada paquete contiene harina de maíz, pastas, arroz, frijol, azúcar, café soluble, pollo, leche en polvo, aceite y atún.

El gobierno también entregó entre fines de marzo e inicios de abril 300 dólares a 1,5 millones de familias de bajos ingresos.

El Salvador registra 1.498 casos confirmados de COVID-19, 30 fallecidos y 502 recuperados, pero las autoridades han advertido que el país entró a la fase más peligrosa de la pandemia.

OPS insiste a Nicaragua que colabore contra el coronavirus

La Organización Panamericana de la Salud insistió el martes en la importancia de controlar la pandemia del coronavirus en Nicaragua.

Ciro Ugarte, director de emergencias en salud del organismo, dijo que el gobierno nicaragüense le comunicó hace una semana que informaría sobre la situación y permitiría las visitas a establecimientos de salud, pero “hasta el momento ninguna de esas acciones se ha materializado”.

Agregó que la OPS ha renovado su compromiso de apoyar gobierno de Daniel Ortega para reducir el impacto sobre la población.

El gobierno de Ortega ha recibido críticas por resistirse a imponer medidas para controlar los contagios durante más de dos meses desde la aparición del primer caso.

Por la tarde, desde el país centroamericano, el el Ministerio de Salud dijo que se duplicó la cifra de muertos por el virus —de 8 a 17 en una semana— y elevó el total de contagios de 25 a 254.

La ministra de Salud, Martha Reyes, precisó en televisión que otras 470 personas estuvieron en los últimos días bajo seguimiento, pero no aclaró si se trata de casos confirmados o sospechosos. Agregó que en la última semana se reportó la muerte de personas por afectaciones como tromboembolismo pulmonar y diabetes mellitus sin dar más detalles.

El gobierno ha manejado de manera confusa y restringida la información sobre la pandemia en medio de denuncias que aseguran que muchos supuestos decesos por COVID-19 se diagnostican como “neumonía atípica” o “paro respiratorio”, aunque se ordena su sepultura inmediata siguiendo los protocolos dictados para la actual pandemia.

Las nuevas estadísticas oficiales, si bien reflejan un notorio incremento, contrastan con el más reciente reporte del grupo no gubernamental Observatorio Ciudadano, que contabiliza un acumulado de 351 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19, y 1.594 supuestos casos positivos en el país.

En tanto, Chile alcanzó una cifra récord de nuevos casos y fallecidos en un día, 3.520 y 31, respectivamente, totalizando 49.579 infectados y 509 decesos. La capital y sus alrededores concentran cerca del 85% del total de contagiados y muertos.

Al menos 5% de los nuevos contagiados necesitará una cama de cuidados intensivos y un ventilador en los próximos días, recargando aún más al sistema de salud que tiene en uso un 95% de estas unidades. Por ello, el gobierno ordenó a los centros médicos privados aumentar la disponibilidad de camas de cuidados críticos en un 20% en seis días y duplicarlas en un mes.

“Estamos en un momento muy complejo, muy difícil”, señaló el ministro de Salud, Jaime Mañalich. “Lo vamos a fiscalizar diariamente para que se cumpla. Esto no es una solicitud, es una orden”, agregó.

La autoridad dijo que la oferta de camas en el sistema público fue duplicada en el último mes y medio, mientras que en el sector privado sólo ha crecido un 10%.

En Bolivia, las protestas se han incrementado a medida que se prolonga la cuarentena que ya se acerca a los dos meses mientras la curva de contagios sigue en ascenso con 4.089 casos y 174 decesos.

En varias ciudades bolivianas crecen las críticas al gobierno por la gestión de la crisis sanitaria y la prolongada cuarentena que ha dejado sin fuente de empleo a miles de personas. Las autoridades denunciaron móviles políticos en las protestas presuntamente alentados por el expresidente Evo Morales (2006-2019).

Por la tarde, la compra con un posible sobreprecio de 170 respiradores generó un escándalo. Tras los cuestionamientos, la presidenta interina Jeanine Áñez dio un breve mensaje en medios y cuestionó que se robe con los esfuerzos del pueblo boliviano para adquirir estos equipos.

El 4 de mayo llegaron éstos a Bolivia y Áñez ordenó repartirlos. El martes el responsable de Estrategia, Marketing y Comunicación de la firma Jaume Miras dijo a varios medios que el gobierno pagó 28,080 dólares cuando el costo por unidad era de unos 8,000 y que la compra se hizo con intermediarios, no directamente con el Estado. Horas después, la policía aprehendió a un funcionario del Ministerio de Salud que fungía como encargado de las compras.

En Argentina, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que durante la última semana se realizaron entre 500 y 650 pruebas diarias en la capital y que el 30% fueron positivas, lo que atribuyó a “búsquedas activas” de casos sospechosos. En la poblada provincia de Buenos Aires se realizaron entre 650 y 950 testeos diarios y el porcentaje de positivos fue de poco más del 10%.

La ciudad de Buenos Aires es la más afectada por el COVID-19 con más de 3.400 casos y más de 120 fallecidos del total de 7.987 infectados y 384 muertos en todo el país.

Por su parte, el gobierno de México dio a conocer un documento con las medidas sanitarias que deberán seguir las empresas de la construcción, minería y fabricación de transportes cuando reanuden las actividades a partir del 1 de junio.

El país reporta 51.633 casos y 5.332 decesos, aunque las autoridades han reconocido que probablemente hay muchos más.

Desde Colombia, el alcalde de Cúcuta, Eugenio Rangel, pidió más colaboración al gobierno para el control de más de 6.000 inmigrantes venezolanos que están en diferentes partes de la ciudad -que tiene unos 96.000 habitantes- ante el temor de un incremento en los casos.

Colombia reporta 16.935 casos positivos y 613 fallecidos.

Horas después, en un mensaje dirigido a la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, el presidente Iván Duque pidió a los miembros de la Organización Mundial de la Salud mayor cooperación y trabajar en unión para fabricar una vacuna contra el virus.

En el evento virtual de dos días participan 192 ministros de Salud y altas autoridades de los diferentes países miembros de la OMS, que tienen como objetivo principal discutir sobre la preparación y respuesta a la pandemia.

Poco después, Duque ordenó que la cuarentena que finalizaría el 25 de mayo se amplíe una semana más.

En América Latina se han registrado a la fecha más de 493.000 contagios y más de 31.100 muertos, con Brasil con la mayor cantidad de infecciones y decesos.

A nivel mundial se han infectado más de 4,8 millones de personas y muerto más de 321.300, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.

En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.

EU prorroga estrictos controles fronterizos por Covid-19

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes que prorrogará por tiempo indefinido una política de estricta aplicación de la ley fronteriza a causa de la pandemia de COVID-19.

Una orden firmada por el médico Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señala que la medida debería seguir en vigor debido a las condiciones de salud pública existentes en Estados Unidos, Canadá y México, como resultado de la pandemia de coronavirus.

La orden autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a expulsar de manera expedita a cualquier persona que sea detenida mientras trata de ingresar al país sin autorización, incluidos los solicitantes de asilo.

Los CDC revisarán las condiciones de salud cada 30 días para determinar si la política debe seguir en vigor.

Las dos versiones anteriores tenían un límite de 30 días al principio. La extensión más reciente iba a expirar el miércoles.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la pandemia de COVID-19 hace que sea demasiado peligroso mantener a la gente en sus centros de detención. La CBP está expulsando a la mayoría de los migrantes detenidos en aproximadamente dos horas, en lugar de los días o semanas que tardaba.

Los defensores de inmigrantes dijeron que la política de expulsión expedita priva a la gente del derecho legal a solicitar asilo bajo la ley internacional.

Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo en el anuncio de la ampliación que la orden ha sido “una de las herramientas más importantes que el departamento ha utilizado para evitar una mayor propagación del virus y para proteger del COVID-19 a los estadounidenses, a los agentes de primera línea del DHS, y a aquellos que están bajo su cuidado y custodia”.