Revelan que Notaría de Adán Augusto validó compra de la ‘casita0’ de Rocío Nahle
VILLAHERMOSA * Abril 2, 2024.
) Latinus
La compra de la casa que Rocío Nahle adquirió en un fraccionamiento de lujo en Villahermosa, Tabasco, fue registrada ante la Notaria 27, propiedad del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
De acuerdo con documentos del registro público de Villahermosa publicados por el empresario Arturo Castagné, la actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz compró dicha propiedad el 31 de enero de 2019, solo dos meses después de iniciado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de haber sido nombrada secretaria de Energía de este gobierno.
Nahle y Adán Augusto López fueron compañeros del gabinete federal entre 2021 y 2023. Cuando se llevó a cabo la adquisición y registro de la casa, López era gobernador de Tabasco, por lo que la inscripción de la propiedad estuvo a cargo de la notaria sustituta, Adela Ramos López.
En su declaración patrimonial de 2020, la política zacatecana señaló que la compra de la casa, de 457 metros cuadrados de terreno, fue de contado por un valor de 2 millones de pesos.
De acuerdo con anuncios de inmuebles del mismo tamaño y en el mismo residencial, el valor de las casas oscila entre los 12 y 14 millones de pesos.
Como secretaria de Energía, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz se encargó de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, un proyecto que costó más de 15 mil millones de dólares y que, a más de un año de su inauguración, sigue sin refinar barriles de petróleo.
Además de esta casa en Villahermosa, Nahle y su familia tienen dos propiedades en el fraccionamiento más exclusivo del litoral del Golfo de México, en Boca del Río, Veracruz.
Se trata de un terreno a nombre del esposo de la exfuncionaria federal que fue adquirido en 2021 por un valor de 3 millones 900 mil pesos y una casa, cuyo terreno se encuentra a nombre de la sobrina de la candidata morenista, comprado en 2020 por 4 millones 900 mil pesos.
La casa construida en sólo 10 meses nunca ha sido habitada por la sobrina de Nahle, Maribel Hoyos Peña. Vecinos entrevistados por Latinus aseguran que en cuanto estuvo lista la obra quien se mudó a la propiedad fue la exsecretaria de Energía.
Afuera de la casa se estaciona una de las camionetas blindadas que acompañan al convoy de Nahle en su recorrido electoral por Veracruz.
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Guerrero y Oaxaca fortalecerán labores conjuntas de seguridad
OAXACA * 22 de marzo de 2023.
) Gobierno de Guerrero
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió a la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se aprobaron acuerdos para fortalecer a las policías estatales y municipales para reforzar las labores de seguridad, con uno de los temas prioritarios para garantizar la paz de las familias mexicanas y guerrerense.
En la sesión de trabajo se resaltó la importancia de brindar herramientas y capacitaciones a las corporaciones de seguridad en las entidades y municipios con recursos adicionales de los fondos de aportaciones federales a efecto de reforzar sus capacidades en las tareas diarias de protección a la población.
Con la presencia del Gabinete de Seguridad Nacional, las gobernadoras y gobernadores del país sesionaron en el estado de Oaxaca, entre ellos la mandataria guerrerense Evelyn Salgado quien reiteró su compromiso de trabajo conjunto con las fuerzas federales y entidades vecinas de Guerrero para reducir los índices delictivos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
La reunión de trabajo fue presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales.
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Plan B | «Cómo destazar al INE»
ERNESTO | NÚÑEZ ALBARRÁN
) Twitter: @chamanesco
La instrucción que dejó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, el pasado lunes 12 de diciembre, fue muy clara.
“Hay que destazar al INE”, dijo ante decenas de morenistas y senadores de las bancadas aliadas (PT, PVEM y PES), que escuchaban atentos las instrucciones del enviado del presidente para concretar el “plan B” de la reforma electoral.
El funcionario acudió a la Cámara alta para apretar tuercas y garantizar un cierre de filas en torno a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, pero se encontró con la resistencia del coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, quien en ese momento preparaba un documento en el que señalaba 21 vicios de inconstitucionalidad contenidos en la reforma, y con la inconformidad de los partidos aliados, PT y Partido Verde, quienes habían perdido en el dictamen a discusión en Comisiones de la Cámara Alta lo que sus “duendes” habían ganado una semana antes en San Lázaro, en la madrugada del 7 de diciembre: una cláusula que les daría vida eterna al reintroducir en la ley la posibilidad de transferirse votos en candidaturas comunes.
Un día antes, habían circulado entre los senadores un par de dictámenes que contenían -y modificaban- las minutas enviadas por la Cámara de Diputados tras un polémico y opaco proceso de aprobación que inició el martes 6 de diciembre, mientras se desechaba la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, y culminó en la madrugada del miércoles 7 en medio de vítores de una mayoría que ni siquiera se había enterado de lo que estaba votando.
En el primer dictamen estaba todo aquello que modifica de fondo la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y el Tribunal Electoral: más de 300 cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General del Partidos Políticos (LGPP) y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), así como la expedición de una nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LMIME).
En el segundo dictamen estaban los cambios al modelo de comunicación política que, de 2008 a la fecha, han permitido al INE sancionar a funcionarios públicos por violar el principio de imparcialidad al que los obliga el artículo 134 constitucional. Las más de cien reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas reinterpretan el concepto de propaganda gubernamental y amparan en el derecho a la libertad de expresión la posibilidad de que los gobernantes emitan opiniones y comentarios durante los procesos electorales.
Se supone que el Senado corregiría los errores de procedimiento de la Cámara de origen, limpiaría las disposiciones contrarias a la Constitución, y eliminaría las concesiones a los aliados de Morena que el propio presidente criticó en la mañanera del viernes 9 de diciembre.
Pero no fue así.
Con el tiempo encima, pues el periodo ordinario culminaba en el último minuto del jueves 15, el secretario de Gobernación instruyó a las bancadas oficialistas apurar el proceso legislativo y, aunque habría admitido que Monreal tenía razón en seis de sus 21 advertencias sobre la inconstitucionalidad de la reforma, su instrucción fue directa: concluir a tiempo para que la Cámara de Diputados pudiera procesar las modificaciones que eventualmente harían en el Senado.
Las Comisiones dictaminadoras se reunieron por separado y no en sesión de Comisiones Unidas como habían sido citadas, y el mismo lunes aprobaron los proyectos de dictamen, con la notoria abstención del Partido Verde.
Al día siguiente, martes 13, el pleno sólo corrió el trámite de Primera Lectura a los dictámenes, pues la rebeldía había aflorado en los partidos satélite de Morena, cuyos dirigentes y legisladores pidieron una cita al secretario de Gobernación en su oficina de la calle Bucareli.
Según reportes de prensa, en esa reunión se decidió incorporar nuevamente la cláusula de vida eterna, al permitir que los partidos firmen un convenio de distribución de votos en candidaturas comunes, que impediría quitarle el registro a aquellos partidos que por sí mismos no obtengan el 3 por ciento de la votación.
Con los votos de sus aliados amarrados, Morena se fue a pleno para votar los dictámenes, con dos acuerdos sobre la mesa: la mayoría aprobaría la reserva del Partido Verde para incorporar la nueva cláusula de vida eterna y Ricardo Monreal, coordinador parlamentario, votaría en contra por considerar inconstitucional la mayor parte de la reforma, pero dejaría a su grupo decidir en libertad.
Ambas cosas ocurrieron: el senador del PVEM Israel Zamora inscribió la reserva y, tras un ríspido debate en el que la oposición censuró la prostitución de la política, la cláusula de vida eterna fue incorporada al dictamen aprobado en la Cámara alta.
Monreal, por su parte, explicó en tribuna sus razones para votar en contra -y así lo hizo-, pero sólo convenció a un compañero de bancada de hacer lo propio: Rafael Espino.
Morena, PT, PVEM y PES concretaron la aprobación de la reforma con más de 60 votos durante la mañana del jueves 15, y la enviaron a la Cámara de Diputados con las modificaciones hechas en el proceso.
Esa misma mañana, el presidente volvió a censurar el acuerdo con la chiquillada y, molesto, advirtió que si la Cámara no corregía eso él vetaría la reforma.
La advertencia presidencial resonó fuerte en San Lázaro, donde la sesión pudo iniciar hasta las seis de la tarde, pues el Partido Verde se resistía.
Finalmente, fue el propio coordinador del PVEM, Carlos Puente, quien anunció en rueda de prensa la renuncia de su partido a esa cláusula, con tal de darle viabilidad al plan B, que más allá de las modificaciones propuestas por los aliados de Morena, conservaba todas y cada una de las reformas que para el presidente eran prioritarias y que Adán Augusto resumió en su consigna de “destazar al INE”.
La reforma fue votada por la Cámara de Diputados durante la noche del jueves.
El dictamen que no sufrió modificaciones (Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas) pasó directamente al Ejecutivo, para que éste lo publique y entre en vigor.
El dictamen más robusto, que modifica cuatro leyes, fue devuelto al Senado, tanto para revisar la reserva que de última hora metió el PVEM para desistirse de la cláusula de vida eterna, como para procesar el envío de lo no modificado al Ejecutivo.
Al final de cuentas, la parte sustancial de la reforma no pudo concluir su trámite legislativo, pues a la hora en la que la Cámara aprobaba los dictámenes el Senado ya había bajado la cortina.
Será hasta febrero, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones -o en un periodo extraordinario en enero-, cuando se concluya todo el proceso legislativo.
Vendrán entonces las controversias constitucionales, los amparos y toda una batería de acciones legales anunciadas por la oposición y por el propio Instituto Nacional Electoral.
Pero, al margen de los recursos legales que se enderecen en contra del plan B, el escenario de su implementación luce complicado.
En primer lugar, para el mes de febrero la Cámara de Diputados ya estará metida de lleno en el proceso de designación de cuatro nuevos consejeros del INE.
La salida de Lorenzo Córdova de la presidencia del Consejo General, de la consejera Adriana Favela y los consejeros Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña está programada para el 3 de abril.
La reforma conocida como plan B entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y contiene 31 artículos transitorios que obligan al INE actual a iniciar una modificación de fondo, con plazos de tres meses que ya será imposible cumplir, pues la reforma fue redactada para entrar en vigor en diciembre, no en febrero.
Esas adecuaciones implican, entre otras medidas radicales, disolver la Junta General Ejecutiva, crear una Comisión de Administración, compactar siete direcciones ejecutivas del INE en tres, cesar al actual secretario ejecutivo, prescindir de mil 500 vocales ejecutivos en las 300 Juntas Distritales, modificar reglamentos internos y crear un plan de revisión, redimensionamiento y compactación en todo el instituto y sus órganos desconcentrados, lo que podría implicar el despido de miles de funcionarios, entre ellos más de dos mil del Servicio Profesional Electoral.
Para todo ello, los redactores del plan B establecieron plazos de tres a seis meses contados a partir de diciembre, los cuales ya no cuadran al entra en vigor hasta el mes de febrero.
Si alguien en la 4T buscaba que fuera el propio Lorenzo Córdova quien cumpliera la orden de “destazar” al INE antes de dejar el cargo, ya no conseguirá ese objetivo, pues entre febrero y abril seguramente se estarán procesando los recursos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El futuro del plan B es incierto, pues el proceso electoral de 2024 inicia formalmente en septiembre de 2023 y la Constitución (artículo 105) establece que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes y no pueden modificarse en el mismo periodo.
Eso implica que para el último día de mayo de 2023 las leyes reformadas deberían ser promulgadas y deberían estar resueltas todas las controversias.
Para ese entonces, ya habrá una nueva presidencia y tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, que requerirán de claridad normativa para cumplir con su función.
Si el plan B está firme para entonces, les tocará la ardua tarea de “destazar” una institución que lleva ocho años aplicando un modelo de por sí complejo e imperfecto en 330 procesos federales y locales, con altos grados de alternancia política y mínima conflictividad postelectoral.
Deberán reconstruir a partir de lo que quede; organizar y arbitrar las elecciones más grandes y complejas de la historia (las de 2024) en medio de una gran incertidumbre.
Y lo que es peor: si el plan B se confirma, se habrá roto la máxima de “certeza en las reglas, incertidumbre en el resultado” -propio de las democracias funcionales-, y se habrá sembrado la semilla del conflicto para el 2024.
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PAN presenta queja ante el INE contra Augusto por uso político de recursos públicos
CIUDAD DE MÉXICO * 16 de enero de 2022.
) Forbes México
El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón, presentó una queja en contra del secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, por utilizar los recursos públicos para organizar elecciones a favor de Morena.
En comunicado, el PAN señaló que el titular de la Segob utilizó y habilitó las instalaciones de la Secretaría como oficinas de trabajo de Morena, pues el sábado pasado Adán Augusto López se reunió con los gobernadores de este partido para entregarles una carta firmada por Mario Delgado, en la que les pide “fortalecer” a los precandidatos a la presidencia de 2024.
“En dicha reunión quedó claro que ni el gobierno federal ni los gobernadores que asistieron y mucho menos la dirigencia nacional del mencionado partido, tienen el menor escrúpulo político en sus actuar y no les importa utilizar los espacios y recursos del gobierno en favor de su partido y sus intereses personales”, señaló el representante del PAN.
Mencionó que con la reunión que sostuvo el titular de Gobernación se evidenciada que la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es influir en las elecciones federales del 2024, ya que, mencionó, Adán Augusto López prefiere dedicar tiempo y recursos públicos “a poner en cintura y a dar instrucciones electorales a las mal llamadas corcholatas y a los gobernadores de su partido”.
Por lo anterior, el PAN solicitó al INE instaurar un proceso especial sancionador y se emitir tutela preventiva a fin de conminar a detener sus conductas ilegales al secretario de Gobernación y a los gobernadores de Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, pues fueron estos mandatario quienes asistieron a este encuentro.
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En su quinto año de gobierno, AMLO busca garantizar su continuidad en el poder
» CARLOS | LORET DE MOLA
) The Washington Post
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entra a su quinto y penúltimo año de gobierno instalado en un modo de campaña electoral. Sus palabras, sus acciones y sus políticas de gobierno están abiertamente dirigidas a ganar la elección presidencial del verano de 2024. Tiene una sola prioridad: garantizar, con sus decisiones y acciones electorales, su permanencia al mando del país, aunque ya vivirá en la comodidad de su rancho. Por si quedara duda, hace unos días encabezó una marcha multitudinaria —nutrida con el acarreo de participantes a cambio de dinero— que lo devolvió al lugar donde se siente como pez en el agua: el mitin.
Durante su cuarto año de gobierno, López Obrador dio el banderazo de la carrera por la candidatura presidencial de su partido, Morena. Fue nombrando e impulsando a quienes están compitiendo por la candidatura. Después los animó a recorrer el país, les entregó un discurso que ellos se limitan a repetir y hasta les armó la marcha del domingo 27 de noviembre, la más importante movilización política del oficialismo, que él encabezó mientras era flanqueado por los aspirantes a sucederlo.
En el quinto año, él tomará la decisión de quién será la candidata o candidato presidencial de Morena. Durante los meses previos ha quedado claro que ninguna de sus opciones —“corcholatas”, les llama a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard— lo empata en conexión con la gente ni capacidad de emocionar. Ninguno tiene, ni cerca, las virtudes que llevaron al propio AMLO al poder. Por eso el presidente ha mandado cada vez más señales de que será él mismo quien se ponga al frente de la campaña, para que el electorado piense que sigue votando por él, aunque en las boletas aparezca otro nombre. Al final, lo que importará es que será él quien estará detrás del siguiente gobierno.
No será éste su único reto electoral. Tendrá que atender también la amenaza de rompimiento en las filas de Morena. De entrada, el recurrente amago de salida del poderoso coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, quien ha querido ser incluido en la lista de presidenciables aunque AMLO siempre lo ningunea. Monreal parece estar más afuera que adentro de Morena y, si se cristaliza su salida, será una primera ruptura.
Al mismo tiempo, la oposición empieza a dar señales de vida. Los partidos rivales se han reagrupado y hablan de presentar una candidatura de unidad. Hasta el momento, se han mantenido como un grupo sólido en el Congreso para votar en contra de la reforma electoral que propuso el presidente y ya empezaron a presentar ante la opinión pública a algunas de sus figuras que quieren buscar la presidencia. Para nada es que entusiasmen, pero al menos ya se mueven, cosa que no había sucedido en los años pasados.
La sociedad civil se mantiene como el mayor contrapeso a las pretensiones autoritarias del presidente: la marcha que organizó AMLO para respaldar a su gobierno fue en respuesta a una manifestación en favor del Instituto Nacional Electoral, que también juntó a cientos de miles de personas en las calles. En gran medida fue una marcha contra el presidente y eso caló hondo en Palacio Nacional, le puso sabor a la sucesión presidencial y despertó una necesidad adolescente en López Obrador de demostrar su propio músculo de inmediato.
La marcha contra la reforma electoral le demostró al presidente que existe rechazo a su gobierno, que los agraviados por su administración se están organizado y que 2024 no será el paseo por el parque que imaginaba. Con más razón se va a volcar ahora a hacer campaña, un lugar donde se le ve feliz. Es su elemento, lo que le gusta, donde se encuentra pleno. La campaña es como el noviazgo y el gobierno es como el matrimonio: el presidente es un crack en lo primero y un fracaso en lo segundo.
La situación del país en este año es más crítica que al inicio de la presidencia de AMLO, en diciembre de 2018, y sus compromisos más importantes han sido incumplidos: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México pasó de 44 a 45 millones de personas en pobreza en el gobierno de López Obrador; también hay más personas sin atención en salud, sin cobertura médica y con desabasto de medicamentos. Hay mayores niveles de violencia, los escándalos de corrupción han llegado a su familia y las perspectivas de crecimiento económico para 2023 son menores a las de este año.
Pero gobernar no es lo que preocupa al presidente. Eso se lo ha encomendado al Ejército, el súper poder en una administración que se dice de izquierda. Mientras López Obrador está en campaña, el Ejército gobierna. El templete es el lugar donde a AMLO se le permite radicalizarse sin oposición, donde su discurso polarizante es bien recibido, donde puede lanzar acusaciones sin consecuencias. Le sale bien. Que del país se ocupen otros mientras él se hace cargo de las siguientes elecciones presidenciales.
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Reconoce Sen. Añorve apertura de diálogo y capacidad de acuerdos de titular de Segob
CIUDAD DE MÉXICO * 27 de septiembre de 2022.
) Senado de la República
El Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, durante la glosa del 4° Informe del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la apertura al diálogo y la capacidad para construir acuerdos en favor de los mexicanos, del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
En su mensaje, Añorve Baños, dijo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que han demostrado su interés para seguir construyendo por el bien de México, por eso impulsaron un diálogo parlamentario amplio, que ayuda a lograr un marco jurídico moderno, eficiente y funcional para el país.
«Podemos tener diferencias y es necesario debatirlas, pero siempre tendremos más coincidencias, sobre las cuales construir los acuerdos que las y los mexicanos esperan» apuntó el legislador guerrerense.
Además dijo que en el Grupo Parlamentario del PRI, saben que lo que hoy nuestro país necesita una oposición responsable y constructiva, que busque tender puentes y trabajar en conjunto por el bien de todas y todos.
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