Seguridad pública Acapulco: Una pregunta estúpida
La importancia de llamarse Ernesto
Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
Acapulco Press
¿En quién recae la facultad de nombrar al secretario de Seguridad Pública de un municipio, como el caso de Acapulco?
La duda tiene como soporte el anuncio hecho por Ernesto Manzano Rodríguez, secretario general del ayuntamiento, quien hoy reveló que el próximo titular de la SSP lo recomendará la Secretaria de Marina, por “acuerdo de la alcaldesa” Adela Román y el titular de la Semar.
En el comunicado 2792 de la Dirección de Comunicación Social, con fecha de hoy, 27 de febrero, Manzano Rodríguez, precisa: “Así se a acordó con la alcaldesa, en tanto la Secretaría de Marina (Semar) recomienda al relevo de Gerardo Rosa Aznar, quien renunció a mediados de octubre del año pasado”.
Luego pasa a detallar: “Cuando llegue el elemento recomendado por la Marina, será propuesto por la presidenta Román Ocampo para la aprobación de los integrantes del Cabildo”, hecho que hace recordar la imposición que por acuerdo del exgobernador Ángel Aguirre y el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, le hicieron a Luis Walton Aburto, el 6 de diciembre del 2013, quien pese a sus resistencias su Cabildo terminó por aceptar a Alfredo Álvarez Valenzuela, quien resultó ser un distinguido miembro de “La Hermandad”, una cofradía policíaca de corte criminal encargada de cometer secuestros, levantones y extorsiones en el país.
www.acapulcopress.com
- Published in Jiribilla Costeña
El otro lado de la guerra “Segob Vs Acapulco”
El Santo Oficio
Ángel Miguel Blanco
massiosare@msn.com
El 30 de noviembre fue un día fatídico para Acapulco, ese día, los ojos del gobierno federal pusieron su atención en Evodio Velázquez Aguirre, el joven presidente municipal de izquierda que con los testículos en manos frenó los desvaríos de la otrora dominante Iglesia, que esta vez no pudo imponer sus intromisiones en la clase gobernante.
Durante el “Taller de Cultura Cívica del Perdón, Reconciliación y Resarcimiento del Tejido Social”, celebrado en Acapulco el 21 de octubre de 2015, bajo la coordinación del Consejo Interreligioso Guerrerense, el sacerdote colombiano Leonel Narváez Gómez expuso que “para terminar la espiral de violencia (en el puerto, era) necesario negociar con los (…), porque las armas no son la solución”.
Días posteriores, el 3 de noviembre, para ser precisos, el alcalde de Acapulco respondió, preciso: “El gobierno y sus instituciones no tienen por qué sentarse a negociar con grupos de la delincuencia organizada, sino con la sociedad, para que juntos aprendan a cuidarse de la violencia”.
Evodio Velázquez agregaría que “Acapulco de ninguna manera es Colombia, aquí no hay FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), sino delincuencia común que tiene que ser erradicada con los programas de seguridad” que, por cierto, su gobierno ya había comenzado a poner en práctica.
El presidente admitió que “las cifras –los resultados—son frías, pero de más de 100 muertes al mes, ahora se tienen menos de 60, y con la puesta en marcha de programas coordinados (con el gobierno federal y el estatal), la cantidad irá bajando de manera paulatina”, estimó Velázquez Aguirre.
Como por arte de magia, tras dicha respuesta, Acapulco comenzó de nuevo ser blanco de ataques y pareció como, si a propósito, se hubiera “ordenado” hacer del puerto nuevamente escenario de sangre y violencia.
Quienes desconocen del tema posiblemente acertaron en hallar en la juventud de Evo Velázquez las fallas inmediatas en materia de seguridad pública, pero quienes gustan del análisis y el raciocinio, seguro pudieron apreciar que la guerra contra Acapulco había nacido desde la confrontación del Evo Velázquez con la Iglesia… con el aval inevitable de Los Pinos, a través de la Secretaría de Gobernación.
Para nadie es un secreto que el gobierno federal es, ha sido y será quien, mientras Enrique Peña Nieto ostente la Presidencia de la República, el único con poder absoluto para decidir sobre los mandos policíacos en estados y ciudades de interés internacional, y Acapulco no es la excepción.
SIN CHONG, NO HAY PARAÍSO
Contra todos los pronósticos y la oposición del entonces alcalde Luis Walton Aburto, el 8 de octubre del 2015, el gobierno federal “instruyó” al ex gpbernador Ángel Aguirre acatar la imposición del comisario de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Alfredo Álvarez Valenzuela, como secretario de Seguridad Pública en Acapulco.
Álvarez Valenzuela, quien en su carrera policial había acumulado en su contra múltiples denuncias por abuso de autoridad, secuestros, extorsiones y hasta homicidios, era un “miembro distinguido” de “La Hermandad”, una cofradía integrada por policías federales directamente vinculados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, según investigaciones propias del Cisen.
Alfredo Álvarez, quien fue el encargado del operativo “Guerrero Seguro” implementado por el gobierno de Ángel Aguirre, fue también partícipe del desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, cuyo saldo fue de dos estudiantes asesinados, el 12 de diciembre de 2011.
El jefe de “La Hermandad” en Acapulco era uno de los artífices del llamado “Mando Único Policial” (MUP), instaurado por el presidente Peña Nieto para supuestamente prevenir la filtración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las policías estatales y municipales del país.
Lo que Peña Nieto no sabía –y si lo sabía, omitió reconocerlo, a propósito—es que lo que realmente hacía era legalizar la infiltración policíaca, pues la mayoría de los mandos en quien dejaba el control del llamado “Mando Único” ya sostenía nexos con la delincuencia informada, como bien documentó el Cisen su investigación sobre la cofradía conocida como “La Hermandad”, integrada por policías de elite al servicio la delincuencia.
El rechazo de Evodio Velázquez a este “Mando Único Policial” es otro de los reveces que el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no soporta… sobretodo porque la “ofensa” del presidente de Acapulco abolla la investidura de su jefe inmediato, Enrique Peña Nieto.
Lamentablemente, el rechazo conjunto del alcalde acapulqueño y el gobernador del estado hacia el MUP será quien sepulte la promesa de Héctor Astudillo de dar “orden y paz” a los guerrerensesn, porque sin Mando Único en Guerrero, en Acapulco, es un hecho que la seguridad pública sería un espejismo durante el resto de mandatos de Evodio Velázquez y Héctor Astudillo.
Tiempo al tiempo…
LA POSTURA DEL GOBIERNO DE ACAPULCO Y SUS RAZONES
Para Miguel Ángel Osorio Chong, quien recientemente había anunciado atención especializada para Acapulco, en materia de seguridad pública, las cosas no se están haciendo a su manera en el puerto; el desacato del gobierno de Evodio Velázquez contra la policía creada por su patrón como modelo de seguridad pública en el país, es un ofensa.
De allí que, desde su perspectiva, el Gobierno de Acapulco es, a partir de este año, un enemigo más del gobierno federal.
Y a fin de fundamentar su guerra y tratar de imponer el “Mando Único” en Acapulco, el secretario de Gobernación federal sostiene que el Gobierno Municipal no “ha depurado los elementos de la policía municipal que salieron como no aptos en las pruebas de control de confianza realizadas en el 2014”, que “el secretario de seguridad pública municipal, no ha aplicado la actualización de su evaluación en su nuevo cargo” y que “no ha realizado el curso de mandos policiales, conforme lo determinado el Consejo Nacional de Seguridad Pública”.
Es comprensible que Osorio Chong tenga esa miope perspectiva, pues no vive en Acapulco y con tantas ocupaciones es “posible” que ni siquiera le preocupe lo que ocurre en Acapulco.
Pero no solo de Acapulco desconoce qué ocurre Osorio Chong, un político sin calidad moral ni memoria que pese a estar acusado de sostener vínculos con la delincuencia organizada, desde que fungió como gobernador de Coahuila, sino de casi todo el país.
Quizá el secretario de Gobierno esté tan ocupado en su abnegación a Peña Nieto que teme decirle a su jefe la realidad que oculta su invento fantástico del “Mando Único Policial”, rechazo en casi todas las entidades y ciudades del país por la complicidad que existe entre los mandos del MUP y la delincuencia organizada. Además de que el “Mando Único” viola flagrantemente la Ley del Municipio Libre, pues su imposición resta poder a sus autoridades, facultadas constitucionalmente para elegir a sus autoridades auxiliares en materia de seguridad pública, quienes, por decreto, sí podrán coadyuvar con las tareas de las policías del estado y la federación, sin dejar de ostentar su autoridad en su circunscripción territorial.
Con todo esto como base, es plausible el hecho que el Gobierno de Acapulco se mantenga íntegro en su postura de no someter a plebiscito la negociación de la seguridad de los acapulqueños y de mantener sanas distancias con la delincuencia organizada.
Es plausible el rechazo hacia un “Mando Único Policial” plagado de irregularidades, por seguridad de la ciudadanía. Los hechos, las investigaciones, hablan de lo mal estructurad y operado que se halla ese “mando” al servicio de otros intereses, acatar su imposición sería entregar en charola de plata a la ciudadanía al crimen organizado y la delincuencia.
Lo dijo categórico en su momento el entonces vocero del gobierno de Ángel Aguirre, José Villanueva Manzanarez, que la policía de Acapulco, “se (encontraba) infiltrada por el narco”. De allí su interés de Luis Walton por reestructuras la corporación, no obstante, su proyecto fue frenado por el gobierno federal al imponerle a un miembro de “La Hermandad” como jefe de la policía local, quien pese al rechazo ciudadano y policíaco, por los excesos de poder y hasta tortura debidamente documentados, fue mantenido en el cargo hasta que sus fechoría desbordaron el dominio público.
Alfredo Álvarez Valenzuela fue acusado por “abuso de autoridad y desaparición forzada de personas” y capturado el 25 de julio del 2015. Irónicamente, pese a pasar unos días en el Cereso de Acapulco, actualmente se desempeña como director de seguridad de Iztapalapa, gracias a la “supuesta” intervención de su amigo Miguel Ángel Osorio Chong.
Al respecto, que el Gobierno de Acapulco aclare que, contrario a las acusaciones de la Segob, existen evidencias de que “se han tomado acciones en materia de profesionalización y certificación policial”, y que para el proceso de depuración se ha creado un “fondo económico, con recursos propios, para la liquidación de los elementos no aptos de la policía municipal”, es justo fundamento. Dichos programas han sido públicos, solo resta que se le liquiden de la corporación a los malos elementos, y que los testículos sigan bien puestos para que Acapulco esté libre de policías de dudosa reputación, aunque para el secretaria de Gobernación federal el “Mando Único” sea un modelo de “buenos muchachos”… como los 43 faltantes de Ayotzinapa.
www.efectoespejo.com
- Published in Sin daños a terceros