Gobierno británico aprobó extradición de Assange a EU
LONDRES * 17 de junio de 2022.
) Télam
El gobierno británico firmó este viernes la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión, según los defensores del periodista que apelarán esta decisión que marca “un día negro para la libertad de prensa”.
«En virtud de la ley de 2003 sobre la extradición, la ministra firmará una orden si no hay ningún motivo que la prohíba», dijo un portavoz del Ministerio de Interior, al confirmar que el titular de la cartera, Priti Patel, había firmado el decreto para trasladar al australiano, que tiene 15 días para apelar esta decisión.
El portal WikiLeaks calificó de «día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica» la decisión de Reino Unido.
«Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición a Estados Unidos, el país que planeó su asesinato», señaló en un comunicado difundido en sus redes sociales.
En ese texto, WikiLeaks anticipó que apelará la decisión, algo que solamente podrá hacer si el Tribunal Superior británico lo autoriza, con la posibilidad de ir en última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según el vocero del Ministerio de Interior, «los tribunales británicos no concluyeron que sería opresivo, injusto o un abuso procesal extraditar al señor Assange».
«Tampoco concluyeron que la extradición fuera incompatible con sus derechos, incluyendo el derecho de tener un juicio justo, y con la libertad de expresión, y (garantizaron) que durante su estancia en Estados Unidos será tratado de manera apropiada, también con respecto a su salud», agregó citado por la agencia de noticias AFP.
La justicia estadounidense quiere juzgarlo por difundir a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.
Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.
Acusado de espionaje, de ser declarado culpable Assange puede ser condenado a 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un peligroso ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma, por su parte, que el australiano de 50 años puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos clasificados.
Assange fue recluido en 2019 en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh por violar su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que fueron abandonados desde entonces.
En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.
Pero en diciembre de 2021, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaeda.
Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando incluso la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.
Organizaciones críticas
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional se oponen a esta extradición porque temen que Assange sea sometido a condiciones de aislamiento en prisión que agravarían el riesgo de un suicidio.
Para Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, la extradición de Assange corre el riesgo de ponerlo «en un gran peligro y enviaría un mensaje aterrador a los periodistas del mundo entero».
Stella Assange
Stella Assange, abogada y esposa de Assange, había pedido al gobierno británico que no firmara el decreto de extradición a Estados Unidos.
«Cualquier país que se preocupe por la libertad de expresión tendría que sentir vergüenza al ver que la ministra de Interior ha aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que complotó para asesinarlo», dijo en un comunicado difundido hoy.
En conferencia de prensa y visiblemente emocionada, aseguró además: «Si es extraditado a Estados Unidos, las condiciones en las que se hallará serán opresivas (…) Ello lo impulsará al suicidio».
«Julian no ha hecho nada malo. No ha cometido ningún crimen, no es un criminal. Es un periodista, un editor y está castigado por haber hecho su trabajo», dijo la letrada, que se casó en marzo con Assange, con quien tiene dos hijos, concebidos durante la estancia del fundador de WikiLeaks en la embajada de Ecuador en Londres.
Stella Assange garantizó que no es el final de la batalla, sino «el inicio de una nueva batalla judicial».
Snowden
El exanalista de inteligencia estadounidense, Edward Snowden, también criticó la extradición firmada por el Reino Unido al recordar que «todos los grupos serios de libertad de prensa del mundo protestaron contra eso».
«Es un símbolo atroz de hasta qué punto decayó el compromiso de los gobiernos británico y estadounidense con los derechos humanos», añadió Snowden, quien también es reclamado por Washington por espionaje después de que filtrara que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recababan información de los teléfonos de millones de ciudadanos.
En Moscú, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, ironizó: «Es la apoteosis del humanismo, el apogeo de la libertad de expresión. Recuerdo que Assange puede ser condenado a 175 años de prisión por actividad periodística».
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AMLO antepone criterios sobre derechos: AI
CIUDAD DE MÉXICO. * 1 de julio de 2019.
] Newsweek
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ganó los comicios de hace un año, ha privilegiado el criterio político sobre los principios de derechos humanos al tomar decisiones, de acuerdo con Amnistía Internacional.
“Vemos con preocupación esa peculiaridad, porque puede afectar el proceso de consolidación de los derechos humanos y conducir a graves retrocesos”, detalla un comunicado de la organización.
Así, Amnistía Internacional ubica 8 puntos pendientes para el gobierno de AMLO:
Descalificación a organizaciones López Obrador ha afirmado que las Organizaciones de la Sociedad Civil son simuladoras, conservadoras y promovidas por “grandes consorcios promueven”.
Para Amnistía Internacional, estos grupos han contribuido a la democracia y “esa descalificación no tiene validez”.
“El gobierno mexicano debe abrir un espacio para el diálogo permanente con representantes de las organizaciones civiles, a fin de que sociedad y gobierno trabajen conjuntamente para resolver los problemas del país”, señala la organización.
Acciones que afectan a mujeres
AI considera un tema destacdo la presentación del Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, pero afirma que carece de indicadores de seguimiento y su efectividad no puede ser medida.
“A ello se debe agregar que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su aplicación queda en el ámbito de lo ambiguo” dijo Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de la organización. Por otro lado, acusa que la reducción de recursos para refugios que atienen a mujeres víctimas de la violencia es “preocupante”, mientras que la eliminación de recursos para las estancias infantiles “no se atendió” debidamente.
Los contrastes de la Guardia Nacional
La organización considera que la elaboración de la leyes secundarias de la Guardia Nacional no fue abierta ni transparente, aunque se efectuaron sesiones de Parlamento Abierto en las que participaron expertos y miembros de la sociedad civil.
Violencia hacia defensores de derechos humanos
AI considera que la falta de sensibilidad de autoridades mexicanas hacia los defensores de derechos humanos ha conducido a su criminalización, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.
“En el sexenio pasado se creó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que opera con serias deficiencias, evidentes en el asesinato de personas adscritas el mecanismo como Julián Carrillo, en la Sierra Tarahumara”, acusa la organización. La organización cree que la protección a estas personas debe ocupar un lugar prioritaro para el gobierno y señala que no ha habido ninguna iniciativa y las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo asesinadas en el país.
Trato a migrantes
El gobierno mexicano atendió en una primera instancia a los miles de migrantes centroamericanos con una política de “puertas abiertas” que incluyó el ofrecimiento de visas migratorias, pero después ordenó el envío de 15,000 efectivos en la frontera norte y 6,000 en la frontera sur, acusó Amnistía Internacional.
Según la organización, este tema debe ser atendido por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ya que la Guardia Nacional refleja una perspectiva de seguridad.
Continuar esfuerzos en caso Ayotzinapa
Amnistía Internacional “ve con expectativa los pasos que ha dado el gobierno mexicano” para dar seguimiento a la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.
“Sería muy importante que su titular no escatime esfuerzos y busque el apoyo de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso de organismos internacionales”, recomienda la organización.
Cumplir las recomendaciones de organizaciones México, dice la organización, tiene un rezago importante en el cumplimiento de diversas recomendaciones que le han hecho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva diversos casos.
Pero “una señal positiva de que ese rezago puede superarse se dio el 14 de marzo de este año cuando el gobierno mexicano aceptó 262 Recomendaciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Uso de la Fuerza y prisión preventiva oficiosa
Amnistía Internacional ve “con preocupación” la aprobación de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la relativa a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, pues asegura que no se apegan a los principios del derecho internacional de derechos humanos.
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