E D I T O R I A L

Aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció haber avalado la liberación de Ovidio «El Ratón»Guzmán López, de 28 años de edad e hijo del capo internacionalmente conocido como “El Chapo”, para evitar una masacre en Culiacán, bajo el supuesto que “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, es imperante recalcar la cantaleta de AMLO en torno a la aplicación de la ley: “hay que respetar lo que establece la Constitución y lo que resuelvan las autoridades: ¡por encima de la ley nadie!”.

Bajo el concepto del sentimentalismo, cualquiera se solizaridaría con AMLO por su decisión moralista, deliberada, al margen de la ley. Pero con base en el contexto de la ley, “nadie puede estar por encima se la ley”, como acierta a enfatizar el Presidente.

Este asunto de AMLO también nos “da pena” a los ciudadanos que vivimos a diario en el infierno que el Presidente inexplicablemente se resiste pagar. El mote de “Comandante Sinbolas” apenas le quedó a la medida. Aunque, prácticamente, culpó al equipo de Seguridad de haber asumida una decisión que él solo avaló, argumentando que “esa es la diferencia de esta estrategia a diferencia que han hecho los anteriores gobiernos (que) convirtieron «al país en un cementerio», López Obrador es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y el responsable constitucional de todo lo bueno o malo que ocurra en el país. Aunque él diga que avaló una decisión de terceros su pretexto realmente suena estúpido; siendo AMLO el “jefe supremo” de casi todo, su voz es ley y sólo se acata o se acata una vez emitida.

Sin más preámbulos, entonces, sólo resta acatar la ley y dejar muy en claro el precepto del Presidente, al respecto: “¡Nadie por encima de la ley!”.

A AMLO la Constitución lo obliga a dotar de seguridad a sus gobernados por encima de sentimentalismos y pretextos. A los criminales se les castiga con el “rigor de la ley”, no con bromas y dichos sarcásticos propios de un demente senil o infantil.

Según el Artículo 150 del Código Penal Federal, vigente en México, la ‘falta sentimental’ de AMLO en torno al “Caso Culiacán” es clara, y su sanción también.

Código Penal Federal
* Artículo 150

Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años.

Con este texto de por medio, no es justo seguir con un Presidente que privilegia a los criminales y abandona a su suerte a sus gobernados. El Presidente, que se jacta ser un férreo defensor de la ley, debe cumplir con lo que la ley estipula, al respecto: “¡Cárcel” e “inhabilitación” inmediata! Y por tratarse de un servidor público, la pena debe incrementarse, según el Artículo supracitado.

Evidio Guzmán es un criminal requerido por la justicia internacional; en febrero de este año el Fiscal General Adjunto de Arizona, Brian A. Benczkowski, adscrito a la División Criminal del Departamento de Justicia, emitió una resolución que incluía
una orden de aprehensión contra contra Evidio y su hermano Joaquín, de 34 años, acusados en una corte federal estadounidense por conspirar para “distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares” hacia Estados Unidos, entre abril de 2008 y abril de 2018, según testimonios presentado por  el Agente Especial, Scott Brown, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (HSI) de Arizona.

Si de acatar la ley se trata, Evidio Guzmán López, alias “El Ratón”, es culpable delitos contra la salud, lo que enmarca bien el contexto penal del mismo artículo del Código Penal Federal.

Y como dijo AMLO en el caso de Baja California, si él es procesado, que se «acate la resolución de las autoridades competentes»; o mejor aún, que el Presidente acate el resolutivo del ‘sabio pueblo’ que juró acatar en su unción como Presidente de la República, para que predique con el ejemplo su propio dicho: «nadie por encima de la ley».

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