SCJN invalida en su totalidad ‘Plan B’ de AMLO
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves el segundo decreto del «plan B» electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo en el país.
» Rolando | Ramos
CIUDAD DE MÉXICO * 22 de junio de 2023.
) El Economista
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves el segundo decreto del «plan B» electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo en el país.
Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró la invalidez del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cambios que constituyen el centro del llamado “plan B’’ de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por violaciones al proceso legislativo en el país.
A propuesta del ministro Javier Laynez Potisek, el proyecto fue aprobado por Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo y Norma Piña, presidenta del máximo tribunal constitucional del país, porque el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo que, en su conjunto, tienen potencial invalidante.
De ahí que la declaratoria implica la invalidez del decreto impugnado en su totalidad y, por tanto, que las disposiciones legales que regían antes de la entrada en vigor del mismo “recuperan vigencia’’.
Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta por considerar que no se violó el proceso legislativo; Esquivel reprochó no haber entrado al fondo del asunto a fin de determinar si son o no constitucionales los cambios aprobados por el Poder Legislativo y que fueron impugnados por la oposición.
Las reformas invalidadas a la legislación en materia electoral se relacionan principalmente con la estructura, organización y los procedimientos del Instituto Nacional Electoral (INE), así como con las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los cambios fueron combatidos vía acciones de inconstitucionalidad presentados ante la Corte por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática (PRD), diputados federales y senadores de la minoría parlamentaria y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Por acoso sexual y nepotismo inhabilitan al magistrado Reza Saldaña
CIUDAD DE MÉXICO. * 8 de enero de 2020.
| Apro.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por 10 años al magistrado Fernando Reza Saldaña, integrante del Tribunal Colegiado en materia Administrativa y de Trabajo en Querétaro, denunciado por acoso sexual en contra de 17 mujeres. El órgano jurisdiccional comprobó al menos 10 de las denuncias.
Además, le fincó la responsabilidad por nepotismo, debido a que contrató a la esposa del entonces juez de Distrito Javier Loyola Zosa, hoy magistrado, “en acuerdo y beneficio personal de dicho juez”.
Reza Saldaña también recibió una sanción y fue suspendido “por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo”.
En pleno del CJF, encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reafirmó su política de “cero tolerancia a la violencia de género”, y sostuvo que “la seguridad de las mujeres es prioridad”.
Añadió: “El combate a la violencia de género y al nepotismo son dos de los ejes principales del CJF, pues representan un cáncer para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales”.
De acuerdo el CJF, “la vocación de un poder del Estado, como lo es el PJF, es de servicio público. Y son precisamente la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación”.
Según información difundida por el diario El Universal, se tiene registro de las denuncias contra Reza Saldaña desde octubre de año 2006, cuando el CJF y la SCJN eran encabezados por el hoy ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón.
Por solicitudes vía transparencia, el periódico confirmó que en dos de las 17 de las denuncias presentadas desde esa fecha –atendidas en el tercer y vigésimo circuito– no se acreditó que Reza Saldaña haya cometido esas conductas; otras trece fueron declaradas improcedentes, una improcedente e infundada, y una más infundada.
Desde octubre de 2017, el magistrado originario de Torreón dejó de despachar en su oficina luego de que fue suspendido tras la presentación de las denuncias, una de las incluso fue interpuesta por una juez de circuito y otras por empleadas del PJF.
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