» Ángel | Blanco

) Acapulco Press

Cuando Zeferino Torreblanca Galindo critica las deficiencias que desde su aguda óptica percibe del gobierno estatal y dice con plena seguridad que el gabinete de la mandataria Evelyn Salgado Pineda se conformó con personas «sin conocimientos de lo que es gobernar Guerrero», ¿incluye a su fiel escudero de andanzas Carlos Álvarez Reyes, quien fue acusado por su ex esposa de violencia intrafamiliar por haberla golpeado, bajo los influjos del alcohol, a ella y a su propio hijo, y a quien el legendario ‘Zorro Democrático’ hizo secretario de Finanzas en su gobiernos de Acapulco (1999/2002) y posteriormente le dio el mismo cargo cuando fue Gobernador del Estado (2005/2011) y hasta lo llevó como diputado federal suplente en 1994?

Según el directorio del gobierno estatal, Carlos Álvarez Reyes se desempeña como presidente del Consejo de Políticas Públicas del Gobierno del Estado.

Curiosamente, las «políticas públicas» son «el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales», señala la Cámara de Diputados en su «Marco teórico» sobre «Evaluación de las políticas públicas».

Tomando como base este precepto legislativo, el causante de las deficiencias que señala Zeferino Torreblanca contra el actual Gobierno del Estado tiene nombre y apellidos. No es, entonces, ni el Senador Félix Salgado Macedonio, a quien el Señor Z tacha de mal asesor de la Gobernadora. Si las omisiones o deficiencias de las políticas públicas que remarca ‘El Zorro tienen origen, ese origen sería nada menos que quien ha sido uno de sus «mejores hombres» que lo ha acompañado en el servicio público municipal, estatal y federal, respectivamente, y ahora es el máximo responsable del Consejo de Políticas Públicas del Gobierno del Estado.

Pasar por alto estos detalles al escupir ‘sapos y serpientes’ a través de una lengua viperina son síntomas de los excesos de soberbia, no tanto de la insensatez. Personas con antecedentes de violencia de género no deberían ejercer el servicio público, según cláusulas de la recién aprobada Ley 3 de 3 por el Congreso del Estado de Guerrero, el pasado 18 de mayo.

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