Con cadáveres de indigentes ‘armaron’ pruebas del Caso Ayotzinapa, revela testigo protegido
CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de enero de 2021.
] Agencia Quadratin / DiarioMx/Reforma.
El grupo delictivo Guerreros Unidos mató a 20 indigentes para hacer pasar sus restos como si fueran de estudiantes con el fin de que la Procuraduría de Guerrero simulara pruebas de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario Reforma, así lo reveló el testigo protegido Juan ‘N’, presunto líder de Guerreros Unidos, en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien además dijo que el plan fue fraguado por el grupo delictivo y el ex coordinador de la Policía Ministerial, Wenceslao Elizalde Zempoalteca. “En un primer momento agarraron a unos 20 indigentes y los metieron a las fosas, atrás de Pueblo Viejo, y dado que el asunto estaba muy mediático, dijeron que la Fiscalía, o sea Iñaki (Blanco, el procurador), que no iba a resultar y fueron a los lugares donde en un primer inicio habían tirado los restos de los estudiantes para ir a preparar lo del basurero de Cocula”, refirió
QUE SE INVESTIGUE A FONDO A FAMILIARES Y POLICÍAS
» Claudia Salazar
Diputados federales demandaron que desde el Gobierno haya investigaciones profesionales y serias sobre la participación de militares y mandos policiacos en el crimen organizado, a fin de evitar impunidad y aclarar casos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Grupo Reforma publicó este jueves que un testigo protegido en la investigación sobre los hechos de Iguala de 2014 relató que militares y mandos policiacos participaron en la desaparición, y que la organización criminal Guerreros Unidos les entregaba sobornos por permitir el trasiego de droga.
Entre los servidores públicos se mencionó al hoy Secretario de Seguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, el diputado perredista Antonio Ortega y la diputada sin partido Lucía Riojas demandaron que se investigue a los militares y policías que han sido
señalados y no haya protección para nadie.
Se debe esclarecer el caso y llegar hasta sus últimas consecuencias, demandó Bravo.
«Las Fuerzas Armadas deben abrir el correspondiente proceso de investigación interna, ya que tienen los instrumentos para hacerlo, con la finalidad de que ellos mismos contribuyan a deslindar responsabilidades internas», manifestó el legislador de Jalisco.
«No hay nada que haga más daño que las mismas Fuerzas Armadas no tuvieran la capacidad de actuar sobre eventuales yerros, o eventuales delitos cometidos al amparo de su función. Debe haber la vitalidad y fortaleza suficiente en las Fuerzas Armadas para investigar y sancionar eventuales actos ilegales o delictivos de sus miembros».
Bravo expuso que los señalamientos sobre militares involucrados demuestran la necesidad de establecer pesos y contrapesos, que permitan que toda institución en el País pueda ser sometida a una investigación si ocurren hechos que lo ameriten.
«Esto es necesario que también ocurra en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en virtud de que los naturales controles y equilibrios dentro de ella no son tan sencillos de poderse generar», opinó.
El diputado agregó que las Fuerzas Armadas deben ser transparentes a toda investigación sobre posibles excesos, lo que sería más una fortaleza que una debilidad.
Por su parte, el perredista Antonio Ortega demandó que desde el Gobierno federal haya investigaciones serias y profundas sobre la participación de militares o policías en actividades del crimen organizado, para que no haya duda sobre su eventual inocencia y evitar impunidad si resultan culpables.
Sobre la complicidad de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el perredista llamó a que la Fiscalía General de la República realice una investigación seria, no basada solo en la declaración de un testigo protegido, sino que haya pruebas y verificación de circunstancias para verificar la versión emitida.
«No hay que extrañarse ni dar por exagerada o por falsa la acusación de una supuesta complicidad entre bandos de policías y militares con elementos de la delincuencia organizada, sino que hay que realizar una investigación profunda, verificar evidencias sobre si es verdad que hay infiltrados, si hay sobornos, si hay complicidades, y no descartar nada para poder llegar a una verdad que sea creíble», manifestó.
Para el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que se debe evitar que inocentes queden «manchados» por la sospecha y que culpables sean exonerados, debido posiciones políticas del Ejecutivo federal.
La alianza que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército y la Marina, dijo, no debe impedir que se sometan a la justicia los militares que hayan violado la ley.
Ejemplo de ello, agregó, es lo que recientemente sucedió con el General Salvador Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y que al ser devuelto a México, se desecharon tales acusaciones.
«Puede que sí sea inocente, pero ya quedó manchado por la forma en que se hizo la investigación de la Fiscalía, por los exabruptos del Fiscal Alejandro Gertz contra la DEA», expresó.
La diputada Riojas manifestó que no sorprende la participación de militares en hechos delictivos y violatorios de derechos humanos, porque ya lo han hecho antes.
«Parece que se confirma la hipótesis de que el Ejército tuvo parte importante que ver en lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Familiares y el GIEI habían apuntado hacia allá», sostuvo.
«Lo mínimo que podemos esperar es que éste sea el punto de inflexión para tomar en serio la investigación al Ejército y asumir, desde un gobierno que dijo buscar la paz, la memoria y la justicia, los costos de los resultados».
Sin embargo, dijo, lo que sucede es lo contrario, pues el Gobierno se ve sometido a las fuerzas castrenses.
«No alcanzamos a ver voluntad política genuina para encontrar justicia».
Sobre la declaración del Secretario de la Defensa, Luis Sandoval, de que deberán responder quienes cometieron «errores», la legisladora corrigió al funcionario.
No se llaman «errores», aclaró, sino ejecuciones extrajudiciales y junto con otros crímenes deben de ser investigados a fondo para que rindan cuentas.
La difusión de las investigaciones, opinó Riojas, no son un sustituto de justicia ni de la verdad.
«Por el contrario, vulneran los derechos de las víctimas y el debido proceso. Debemos apelar a que el proceso de investigación sea serio, certero y no revictimizante», aseveró.
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Hay pruebas suficientes para proceder contra militares | Prodh
] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de septiembre de 2020.
| AP.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.
“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a AP Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.
A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema” criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los alumnos de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas.
“Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance” y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes y que fue notificado en julio del hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.
Según Rodríguez, la identificación de un resto de dos gramos no responde a la pregunta clave de qué pasó con los 43 estudiantes aunque sí la considera un avance y una nueva confirmación de la falsedad de la versión que les dio el anterior gobierno.
La considerada “verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad del sureño estado de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.
En ese río se localizó un hueso que fue identificado como el de uno de los estudiantes, Alexander Mora, pero un grupo de expertos internacionales independientes no pudieron comprobar cómo llegó ahí y denunciaron multitud de irregularidades en el proceso, obstrucción a la justicia de autoridades locales, estatales y federales y que acusados clave fueron torturados, algo que luego la ONU ratificó. La propia justicia mexicana ordenó en 2018 la reposición de todo el proceso porque la fiscalía federal no había sido imparcial.
La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas -como en la que se halló el resto de Rodríguez, la segunda identificación plena- y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.
Entre los prófugos sigue el entonces responsable de la oficina de investigación de la fiscalía, Tomás Zerón, presunto artífice de la “verdad histórica”. Asimismo, decenas del centenar de detenidos por el caso, incluidos sospechosos clave, fueron liberados debido a la irregularidad en el proceso, lo que indignó a las familias.
Entre las preocupaciones expresadas por el director del Centro Prodh, destaca el que nuevas declaraciones de testigos protegidos puedan configurar una nueva narrativa basada en testimonios y no en pruebas, algo que siempre criticaron.
Confió en que entre los próximos restos óseos que se manden a la universidad de Innsbruck, en Austria, para su identificación, no sólo se incluyan fragmentos hallados en búsquedas recientes sino otros encontrados en 2016 que las autoridades de entonces descartaron que fueran de los estudiantes sin hacer ningún contraste de ADN y que están en poder de la fiscalía.
Tanto esos fragmentos más antiguos como los recientes fueron encontrados en distintos puntos de una misma zona conocida como “la carnicería”, de donde salió el hueso de Christian Alfonso Rodríguez.
Qué motivó el ataque contra los estudiantes sigue siendo una incógnita pero Aguirre asegura que “el móvil está vinculado a la toma de autobuses” que intentaron hacer los jóvenes esa noche.
Una práctica habitual de los estudiantes de las escuelas de magisterio rurales de México es ‘confiscar’ temporalmente autobuses que usan para acudir a manifestaciones y luego devuelven. El problema es que en Iguala esos vehículos eran utilizados por el cártel local para traficar heroína hasta Chicago con la aparente protección de autoridades.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, adelantó el miércoles que lo logrado por este gobierno “arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche” y el presidente prometió un informe muy detallado pero las familias siguen preguntándose en mítines, protestas y manifestaciones dónde están sus hijos.
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Violencia, vía incorrecta para búsqueda de justicia | Astudillo
] ACAPULCO. * 21 de septiembre de 2020.
| Gobierno de Guerrero.
El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores expresó su total apoyo a las familias y a los jóvenes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en su lucha por la búsqueda de justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
En un breve mensaje señaló que en todo momento ha acompañado sus exigencias de justicia y de verdad, a la vez que les hizo un llamado para evitar la violencia, pues esa no es la vía para resolver los problemas de Guerrero.
Astudillo Flores dijo que entiende y comprende las protestas que se realizan en torno a este lamentable suceso y ante ello señaló, se requiere tener la claridad de que la violencia no va a resolver ningún problema.
“Nosotros estamos del lado por supuesto de las familias y de los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero no compartimos la violencia”, agregó.
Por último, hizo un llamado para que todos pongan de su parte y entre todos, lograr sumar fuerzas, energía e inteligencia, para encontrar a los auténticos responsables de esta tragedia.
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Otorgan amparos a los Abarca
«No conozco a José Luis Abarca«, | Los Abarca y AMLO, en un mitin político con el excandidato presidencial en Iguala, el jueves 16 de octubre de 2014.
] CIUDAD DE MÉXICO. * 24 de agosto de 2020.
| Latinus.
María de los Ángeles Pineda Villa.
Un Tribunal Federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, que deja sin efecto el auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mismos que la mantienen en prisión.
La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México no implica por el momento que Ángeles Pineda Villa recupere su libertad. De acuerdo con la sentencia, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Segundo Circuito deberá tomar en cuenta qué elementos hay en su contra para determinar su situación jurídica.
José Luis Abarca Velázquez.
La síntesis de la resolución del tribunal también apunta a que se tendrán que revelar los nombres de los testigos protegidos que declararon contra Pineda Villa. Además, se darán a conocer las pruebas que existen en su contra para que la defensa pueda preparar su caso.
“Requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, señala la resolución.
Pineda Villa fue señalada, junto con su esposo José Luis Abarca, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de nexos con el grupo criminal de Guerrero Unidos, quienes presuntamente están relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
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Capturan a dos investigadores torturadores del caso Ayotzinapa
] CIUDAD DE MÉXICO. * 8 de julio de 2020.
| AP.
Autoridades detuvieron a dos investigadores federales acusados de torturar a sospechosos durante la pesquisa sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace casi 6 años, aunque el jefe de la indagatoria sigue prófugo.
Un funcionario federal, el cual pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre una investigación en curso, confirmó el miércoles a The Associated Press que los dos detenidos -uno arrestado en la capital y otro en la ciudad de Mérida, en el sureste del país- eran miembros de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la fiscalía federal, pero no indicó cuáles eran sus cargos.
Otra persona al tanto de la investigación, que tampoco está autorizada a hablar sobre el caso, dijo que uno era el extitular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta.
Estos arrestos suponen otro avance en el nuevo impulso que se le ha dado a la investigación del caso de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa tras la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
En marzo se supo de la detención de otros tres funcionarios de la fiscalía federal, también por tortura, y la fiscalía le sigue la pista al investigador en jefe, Tomás Zerón, que huyó del país. La Interpol lo busca por obstrucción de la justicia, entre otras cosas.
Además, la identificación de un hueso de un segundo estudiante podría dar nueva luz al caso, porque el hallazgo tuvo lugar en un sitio distinto al que el gobierno anterior identificó como escenario de los hechos.
El equipo de investigadores federales liderado por Zerón está acusado de torturar a sospechosos cuyos testimonios sirvieron para sustentar la así llamada “verdad histórica”. En esa versión se estableció que el 26 de septiembre de 2014 policías locales capturaron a los estudiantes en la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, y los entregaron a miembros del crimen organizado, quienes los habrían quemado en un basurero y arrojado sus restos a un río cercano.
Sin embargo, expertos internacionales denunciaron en 2016 que esa teoría se basaba en testimonios de 17 detenidos que aparentemente habían sido torturados, y dos años después una investigación de las Naciones Unidas vio fuertes indicios de tortura en 34 de los arrestados.
Posteriormente, los propios tribunales mexicanos dijeron que toda la investigación estuvo plagada de irregularidades, con lo que el actual gobierno tuvo que reiniciarla casi completamente.
La desaparición de los 43 estudiantes fue el caso que más conmocionó a México durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
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Instigadores del antimonumento a los #43: ¿ignorantes o incongruentes?
Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
La Comisión encargada del antimonumento a los #43 normalistas desaparecidos, liderada por los regidores Alba Patricia Batani Giles, Manuel Cortés Avilés y Eloy Cisneros Guillén, asesor de la alcaldesa Adela Román, es una muestra de la incongruencia e ignorancia que prevalece entre quienes propusieron y avalaron conmemorar con una ofrenda arquitectónica en Acapulco (cuyo costo será de aproximadamente 85 mil pesos que, supuestamente, saldrá de cooperaciones de los miembros de dicha comisión y algunos ciudadanos solidarios con la causa) un hecho trágico ocurrido en Iguala.
Según Wikipedia, un antimonumento es una ‘instalación’ u obra arquitectónica que pretende recordar un hecho trágico para mantener vigente un reclamo de justicia en el que el GOBIERNO no ha dado respuesta satisfactoria a los agraviados o DEMANDANTES.
Eloy Cisneros Guillén sostuvo ayer, en conferencia de prensa, que es un ‘antimonumento’ y no un monumento porque para ellos, la comisión ideadora e instigadora de este ‘homenaje’ los normalistas #43 desaparecidos en Iguala “siguen vivos”… y “vivos los queremos de vuelta”, gritaron a coro Batani, Cortés, Cisneros y conferencistas que los acompañaron.
Si Wikipedia tiene razón, de que un antimonumento es una obra para mantener vivo el reclamo de justicia de los agraviados contra el GOBIERNO, ¿cómo explicar que el mismo gobierno sea el promotor de un antimonumento para reclamarse a sí mismo un hecho trágico no aclarado satisfactoriamente?
Mejor aún, ¿cómo entender la postura de Eloy Cisneros y la regidora Batani, que asentía con la cabeza y una sonrisa soberbia y socarrona el dicho del asesor presidencial, que para ellos, que son GOBIERNO, los #43 siguen vivos, pero el ‘monumento’ propuesto va antecedido por una CRUZ, símbolo mundial para representar el deceso de alguien o de una persona?
¿Acaso Batani, Cortés y Cisneros con ese antimonumento dan por cerrado el Caso Ayotzinapa?
¡Que nos aclaren y se pongan de acuerdo!
Batani, Cisneros y Cortés.
¡Batani, Cisneros y Cortés aseguran que para ellos —no los agraviados ni demandantes, en este caso padres y familiares de las víctimas—, la Comisión y regidores que avalaron en sesión de Cabildo el antimonumento que develará la alcaldesa y ex magistrada Adela Román Ocampo el sábado sobre la intersección de la Vía Rápida y la Costera Miguel Alemán, “están vivos”, pero la cruz agregada a su magna obra conmemorativa da a entender que están muertos!
Diga lo que digan quienes justifican que la cruz tiene otro significado —de acuerdo a sus propios datos—, los cierto es que la ignorancia deliberada y la incongruencia populista de quienes ingeniaron y avalaron dicho antimonumento quedan más que manifiestos.
No se puede ser juez y parte.
¡No cabe duda que la avidez por presumir sus hazañas, algunas personas con poder lejos de hacer historia solo hacen el ridículo!
Quizá si se hubiese consultado a la ciudadanía y/o expertos y analistas en el tema, ni la ex magistrada que nos gobierna ni los regidores que nos representan en el Cabildo estuvieran en el blanco de las crîticas por este homenaje arquitectónico plagado de ignorancias deliberadas e incongruencias populistas.
Se tenía que decir… aunque queda pendiente el tema del futuro caos vehicular que podría generarse en esa área de la Costera y la Vía Rápida por familiares y simpatizantes que cada año quieran acudir a ese antimonumento a conmemorar a los #43, tal como se lo advirtió la activista y presidenta del Frente de Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), Dulce María Gómez Velazco, de quien la regidora Batani y el asesor presidencial, Eloy Cisneros, prácticamente se mofaron luego de su retira de la conferencia de prensa donde el regidor Cortés remató que eso del posible congestionamiento vial, en caso de alguna conmemoración, es solo una hipótesis.
P.D. Sin daños a terceros…
www.acapulcopress.com
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El sábado develará alcaldesa antimonumento a los normalistas de Ayotzinapa
ACAPULCO, Guerrero. * 26 de septiembre de 2019.
] Gobierno de Acapulco.
A cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Cabildo de Acapulco aprobó por unanimidad de votos la colocación de un antimonumento en manera de protesta y ofreciendo su solidaridad con los padres 
de familia.
En entrevista, la alcaldesa Adela Román Ocampo dijo que el antimonumento será colocado este sábado sobre la costera Miguel Alemán, a la altura de la Vía Rápida, y tiene como imagen principal un +43.
“Nosotros como Ayuntamiento, en solidaridad con las madres y con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, a propuesta de dos compañeros ediles, aprobamos la construcción de un antimonumento para que quede en la memoria colectiva, que crímenes de lesa humanidad, no vuelvan ocurrir; tiene como objetivo recordar que hasta la fecha no se sabe el paradero de los 43 estudiantes normalistas y el signo de + indica que no solo son ellos, sino miles de desaparecidos en el país”, explicó Adela Román.
La presidenta agregó que los antimonumentos son instalados en los distintos estados de la República: “apelan a la justicia, a la reparación del daño y suman a la memoria histórica, este es otro antimonumento para que la sociedad cobre conciencia”.
La regidora Alba Patricia Batani Giles, promotora del proyecto, informó que este animonumento será develado la mañana de este sábado con la presencia de los padres de los 43 normalistas, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía.
Dependencias del Ayuntamiento ya se encuentran trabajando con la instalación de este antimonumento y las áreas verdes de la zona.
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Unos 100 planteles educativos del país paralizarán paro por caso Ayotzinapa
David Saúl Vela
CIUDAD DE MÉXICO. * 25 de septiembre de 2019.
] Quadratín / El Financiero.
Al menos 100 escuelas y facultades de diversas universidades del país suspenderán labores este jueves con motivo del quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Entre los planteles se encuentran 10 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) como las facultades de Ciencias Políticas, Economía, Filosofía y Ciencias, la FES Aragón, Zaragoza, Iztalaca y Cuautitlán.
También se unirán las preparatorias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y los CCH Azcapotzalco, Naucalpan, Vallejo, Sur y Oriente.
Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Número 2 ‘Erasmo Castellanos Quinto’ iniciaron desde este miércoles un paro de ocho días. Se informó que el cierre del plantel se realizó de manera pacífica y sin incidentes.
Escuelas normales y universidades como CIDE, CUEC, UACM, Colegio de México participarán en el paro así como las universidades de las entidades de Puebla, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacan, Querétaro, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Chihuahua, entre otros.
Otras universidades como el Colegio de Mexico, UAM Iztapalapa y Xochimilco, también tendrán paros.
En el caso de la UAM, realizarán suspensión de labores durante dos días las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, pese a que este martes la rectoría general de esa casa de estudios emitió un comunicado rechazando la realización de los paros.
Muchos de los estudiantes de estas universidades llegarán a la Ciudad de México donde se realizará una “marcha global” por Ayotzinapa, la cual partir a las 16 horas del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo capitalino.
Muchos de los estudiantes de estas universidades llegarán a la Ciudad de México donde se realizará una “marcha global” por Ayotzinapa, la cual partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo capitalino.
Fuera de la capital, todas las normales rurales del país detendrán sus operaciones.
Las clases se reanudarán el jueves 3 de octubre.
Algunas de las escuelas están anunciando la suspensión de labores a través de sus redes sociales.
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Ángel Aguirre acusa a Peña de desechar su versión sobre #Ayotzinapa
Lidia Arista
CIUDAD DE MÉXICO. * 17 de septiembre de 2019.
] Expansión.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de negarse a conocer la versión de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Este martes, Aguirre Rivero, su exprocurador de justicia, Iñaki Blanco Cabrera, así como el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, sostuvieron una ríspida reunión con los padres de los estudiantes y sus abogados en la Secretaría de Gobernación.
Ángel Aguirre acusó que en la administración federal pasada no se les permitió dar su “versión” ni apoyar en la investigación sobre lo ocurrido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado a la instancia del gobierno estatal. El entonces presidente Peña Nieto se negó a recibirme para que conociera mi versión ¿Por qué? Porque le dijeron es un asunto de carácter local, allá que lo resuelva el gobernador. No dimensionaron la magnitud de esta tragedia”, dijo en entrevista con la prensa tras la reunión.
“Hubo una motivación política, que es muy lamentable. ¿Cuál es la razón por la que primero se nos quitó el caso? Puedo entenderlo por la trascendencia de este asunto, pero lo que no puedo entender es que ni siquiera se le haya permitido a la Fiscalía de Guerrero, encabezada en ese tiempo por el licenciado Iñaki, que fuéramos coadyuvantes, cuando es justamente el exfiscal quien sienta las bases de esta investigación”, agregó.
El exmandatario guerrerense defendió el actuar inmediato de su gobierno frente a estos hechos y las indagatorias posteriores.
“Yo hice lo que lo que considero que debía haber hecho un gobernador, prueba de ello es que las únicas detenciones que se dieron el día de los acontecimientos fue las que llevó acabo Iñaki Blanco, procedimos a desarmar a la policía municipal, rescatamos a más de 60 jóvenes que se encontraban desaparecidos y que podían correr la misma suerte que los 43… La mayor parte de quienes fueron consignados por el entonces procurador, ninguno ha salido porque nunca hubo tortura y porque los expedientes fueron debidamente elaborados”, señaló.
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Fiscal carnal para el «caso Iguala»
El Asalto a la Razón
Carlos Marín
cmarin@milenio.com
] LD Digital
Lo que resulte del caso Iguala no será decidido por las instancias mexicanas constitucionales.
De Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (dependiente de la Fiscalía General de la República), cabe confiar en que cumple los requisitos (son ocho) para ser desde antier agente del Ministerio Público Federal. El principal: es licenciado en derecho (“expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional”, como establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 52, reglamentaria del 21 constitucional) por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene maestría en derechos humanos y democracia.
Su experiencia en investigaciones penales y procuración de justicia no es la de su licenciatura, sino la que tomó en su posgrado (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y que ha practicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las oficinas de México, Honduras y Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este tema y como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La responsabilidad que asumió es cuestionable porque carece de experiencia en asuntos penales, investigaciones criminales y procuración de justicia (el caso Iguala no solo es de desaparición y asesinato tumultuario, sino de delincuencia organizada), pero sobre todo porque su actividad profesional ha sido más que nada política, lo que hace dudar de la imparcialidad y buena fe que debe guardar como Ministerio Público.
El GIEI al que sirvió, vale recordar, se fue de México después de no aportar algo significativo al esclarecimiento de los hechos; sembró sospechas y aventuró conjeturas y presunciones sin sustento a partir de descalificar lo verificado por peritos de la extinta Procuraduría General de la República, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en síntesis: negar que hubo quema de al menos 21 cuerpos en el basurero de Cocula.
Con su designación se satisface una de las principales demandas de los familiares de los normalistas, quienes han exigido el nombramiento de un fiscal más bien a modo, y qué mejor que alguien que trabajó para la única instancia en que confían. En otras palabras, la reactivación del caso Iguala se pone en manos de los padres y familiares (víctimas secundarias), de las organizaciones rolleras que los representan, de lo que fue el GIEI (cuyos miembros regresan a formar parte de la llamada Comisión de la Verdad luego de haber fracasado en la investigación) y de la CIDH.
A lo que se llegue, pues, lo habrá decidido una estructura supranacional, frente a la cual todas las instancias nacionales que según la Constitución tienen las facultades para investigar tanto los crímenes como las violaciones a los derechos humanos (Fiscalía General de la República y CNDH) quedan valiendo poquitito más que un cacahuate.
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