Arrestan a presunto responsable del caso LeBarón
NUEVO CASAS GRANDE, Chihuahua. | 25 de noviembre de 2020.
] AP.
El Ejército y fiscales federales en México anunciaron el miércoles el arresto del presunto responsable de los asesinatos de tres mujeres y seis niños de la familia mexicano-estadounidense LeBarón en un área rural del estado norteño de Sonora.
El sospechoso sólo fue identificado por su nombre, Roberto, de acuerdo con la ley mexicana contra la incriminación.
Fue arrestado el lunes junto con otros dos hombres cerca de la ciudad de Nuevo Casas Grandes en el estado fronterizo de Chihuahua, señalaron las autoridades. Los detenidos llevaban dos fusiles, tres pistolas y marihuana en su vehículo.
Los tres fueron descritos como miembros de un cártel del narcotráfico, pero las agencias no dijeron de cuál. Sin embargo, en el pasado las autoridades han atribuido los asesinatos al cártel de Juárez o al grupo delictivo La Línea, que se escindió del primero.
Ya van 17 sospechosos arrestados por los asesinatos de noviembre de 2019.
El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, escribió en su cuenta en Twitter que los arrestos representan la “excelente cooperación entre autoridades de ambos países. ¡Habrá justicia!” No indicó cuál fue el papel que desempeñó Washington.
Los LeBarón, de los cuales la mayoría son bilingües, han vivido en el norte de México durante décadas y se consideran mormones, aunque no están afiliados a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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Familia LeBarón demanda al ‘Cártel de Juárez’
] BAVISPE.* 29 de julio de 2020.
| AP.
Familiares de las nueve mujeres y niños de una comunidad mormona que fueron asesinados en noviembre pasado en México presentaron una demanda federal en la que acusan al Cártel de Juárez de perpetrar el ataque en represalia por sus críticas y protestas públicas en contra de la organización delictiva.
Un abogado de la familia dijo que incoaron la demanda para demostrar que el Cártel de Juárez fue el responsable de la masacre del 4 de noviembre y para ser indemnizados por daños y perjuicios. La fiscalía mexicana ha identificado a más de 40 sospechosos del ataque. Las autoridades han arrestado y procesado a nueve miembros del cártel, según la demanda, que fue interpuesta en una corte federal de Dakota del Norte.
Se desconoce si los representantes del cártel comparecerán en los tribunales para defenderse.
Adrián LeBarón Soto, cuya hija María Rhonita LeBarón fue asesinada en la masacre, dijo en un comunicado: “Ya no permaneceremos como víctimas silenciosas. Levantaremos todas las piedras en la búsqueda de la justicia por el asesinato de mi hija y mis nietos”.
Michael Elsner, abogado de la familia, dijo que la demanda es una de las primeras acciones civiles en Estados Unidos en contra de un cártel del narcotráfico mexicano, y que tiene la esperanza de que ayude a frenar el flujo de dinero hacia la organización delictiva.
La familia acusa al Cártel de Juárez de coordinar el ataque como parte de un intento de varias décadas para intimidar y coaccionar a la población local e influir en el gobierno mexicano. Describieron la masacre como uno de los actos más despiadados a la fecha.
Los miembros de la familia, que incluyen a dos cónyuges de las mujeres asesinadas, pretenden obtener compensaciones por daños por siete acusaciones, que van desde actos de terrorismo internacional, a daño emocional. La denuncia también revela detalles grotescos sobre la forma en que sus familiares fueron asesinados y de cómo algunos sobrevivientes, incluso de apenas 9 años de edad, caminaron varios kilómetros — inclusive con heridas de bala — para intentar encontrar ayuda.
Los dos hombres que perdieron a sus esposas, Howard Miller y Tyler Johnson, trabajan en Dakota del Norte, según la demanda. Su abogado dijo que varios miembros de la familia viven en el estado y trabajan para la industria petrolera, pero viajan continuamente a México.
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#CasoLeBarón: Gobernadora pide apoyo a FBI para investigar masacre en Sonora
BAVISPE, Sonora. * 8 de noviembre de 2019.
] Infobae.
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió a la Fiscalía del estado, tramitar la colaboración y respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en las investigaciones del ataque contra las familias LeBarón y Langford, en Bavispe, el lunes pasado que dejó nueve muertos, entre ellos seis menores.
La mandataria estatal informó que derivado de las reuniones que tuvo esta semana con el embajador estadounidense, Christopher Landau, y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, fue que solicitó a la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, hacer efectivo este acuerdo de colaboración que respalde y fortalezca las investigaciones para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.
Claudia Pavlovich reiteró su repudio a este acto de barbarie contra inocentes y reconoció la necesidad de una colaboración efectiva entre todos los niveles del gobierno y del FBI, que ha ofrecido su colaboración respetuosa y apegada a la legalidad.
A raíz de la solicitud hecha por la gobernadora que forma parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el ámbito de coadyuvancia entre autoridades federales y locales, puso a su consideración el solicitar el respaldo de autoridades extranjeras en los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que realice las gestiones necesarias para el apoyo técnico, tecnológico y de acompañamiento en la investigación de este caso.
De igual forma, y por involucrar presumiblemente delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Sonora hizo entrega este viernes del desglose triplicado de la carpeta de investigación sobre esta masacre a la FGR, con lo que se trabajará de manera coordinada y de colaboración para esclarecerlo.
El miércoles, la administración del presidente Donald Trump ofreció al gobierno mexicano la ayuda del Buró Federal de Investigaciones para coadyuvar en las pesquisas sobre el ataque a las familias Lebarón y Langford en los límites de Sonora y Chihuahua en el que murieron tres mujeres y seis menores.
Ese día la Casa Blanca confirmó la llamada entre los presidentes Trump y Andrés Manuel López Obrador en la que discutieron sobre la violencia en México y el comportamiento de los cárteles y grupos criminales en la región.
“(El presidente Trump) ofreció a México ayuda para asegurar que los autores enfrenten la justicia”, dijo la Casa Blanca en un comunicado que describía la llamada entre ambos mandatarios.
Según la versión oficial, Trump ofreció a México coordinar la guerra contra los cárteles de la droga, lo que fue rechazado por el gobernante mexicano.
En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que la ayuda que la Administración Trump ofreció formalmente al Gobierno mexicano es el de la coadyuvancia del FBI en la pesquisa que siguen las autoridades mexicanas tal como ha ocurrido en casos en el pasado.
“Como parte de nuestro sólido compromiso con México, el FBI ha ofrecido asistencia a las autoridades mexicanas”, dijo el Departamento de Estado, también en una declaración a medios.
El Departamento de Estado confirmó también que muchas de las personas de la familia LeBarón muertas en el ataque eran ciudadanos estadounidenses.
Las que también son estadounidenses fueron las armas utilizadas por los sicarios que masacraron a las tres mujeres y seis niños, informó el mismo miércoles el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Más de 200 casquillos calibre .223 de rifles M-16 y AR-15 de la marca estadounidense Remington fueron recuperados en el lugar de la masacre.
“En las primeras pesquisas, en la recolección de casquillos, nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia estadounidense”, dijo Durazo en una conferencia que el gabinete de seguridad realizó para dar a conocer los avances de la investigación
Durazo dijo que en respuesta a este hecho dependencias de ambos países comenzarán a “operar de inmediato el programa de ‘sellado’ de la frontera para controlar el tráfico de armas de Estados Unidos a México”.
Se trata de un acuerdo de cooperación que se firmó poco después de la jornada violenta que se vivió en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre cuando el cártel de Sinaloa incendió esa ciudad para liberar a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.
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