] MÉXICO. * 5 de febrero de 2017.

La Arquidiócesis de México criticó que en la Constitución de la Ciudad de México no se haya incluido la protección al derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural. En la editorial del semanario Desde la Fe, titulada “Constitución asesina”, la demarcación a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló que de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud en 2014 en México “podrán haberse producido 1.5 millones de abortos anuales, cuyas ganancias serían superiores a los 4 mil millones de pesos” y añadió que este “jugoso y lucrativo de muerte beneficia principalmente a las farmacéuticas y laboratorios fabricantes de medicamentos para inducir la muerte de seres humanos a los que la ciencia ha confirmado, efectivamente, incapacidad autónoma para vivir y desarrollarse como personas”.

Dejó entrever que existe una relación entre farmacéuticas y laboratorios y el gobierno de la ciudad de México, y preguntó “¿los diputados constituyentes saben de este negocio asesino lucrativo que enriquece a pocos y mata a muchos?”

Tras señalar que los constituyentes quisieron “emular sus largas sesiones e ideologizadas argumentaciones con las de otros grandes constituyentes de nuestra historia que fundaron la nación mexicana”, subrayó que quienes hicieron la Constitución de la CDMX “no les llegan ni a los talones” a aquellos.

Aseveró que el documento final de la constitución de la CDMX “fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, asesinas y absurdas”, las cuales reconocieron “derechos en donde no se deberían” y por el contrario “no reconocieron aquellos que deberían estar en la norma”.

Subrayó que el documento que se obtuvo es “ilegítimo, atropellado, recetario de ideología y de absurdos jurídicos”.

Recordó que la constitución de la CDMX entrará en vigor a partir de 17 de septiembre y remarcó que en esta “la ideologización” será “ley vigente”. Insistió en que este documento “esconde la inmoral figura de la eutanasia y el lucrativo y abominable negocio del aborto que es peor que el del narcotráfico”.

] La Jornada