* Señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el segundo tirador contra Colosio, el exagente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega desde el magnicidio se hacía pasar por reportero de un diario de Jaime Bonilla. Después del atentado espió a políticos, activistas y viudas de Pasta de Conchos

CIUDAD DE MÉXICO * Enero 30, 2024.
) Apro
Al menos 20 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia, el agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, estuvo activo en ese cuerpo de seguridad y realizando tareas, siempre bajo la fachada de reportero. Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a este personaje como el segundo tirador en el magnicidio.

Aún más. La participación de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas implicó a personas que actualmente están identificadas con Morena, el PT e, inclusive, con actividades delictivas, concretamente por presuntas relaciones con Genaro García Luna y el llamado Cartel de los Arellano Félix.

Proceso pudo confirmar que al menos hasta 2016, Sánchez Ortega formó parte del Cisen, de acuerdo con mandos de la hoy extinta institución consultados al respecto y que pidieron mantener su nombre bajo reserva.

Desde 2008 Proceso publicó que Sánchez Ortega fue enviado como agente a Coahuila, estado donde permaneció realizando tareas de investigación de campo hasta agosto de ese año, cuando fue desenmascarado en un reportaje publicado en la edición impresa 1659.

Dicho reportaje, titulado “De Lomas Taurinas a Saltillo”, fue publicado el 17 de agosto de 2008 y días después, el 22 de agosto, Proceso publicó una nota de seguimiento sobre Sánchez Ortega en la que se reveló la forma en que vigiló movimientos sociales y actividades partidistas o de organizaciones de defensa de derechos humanos: haciéndose pasar como reportero.

Entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del Cisen destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal, Rubén Moreira; y el obispo Raúl Vera López; asimismo, durante muchos meses logró obtener datos personales y ganarse la confianza, siempre como reportero, de las viudas de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

A ellas, las viudas, se aproximó inclusive ofreciéndose a realizar tareas domésticas. Según él les leía la mano y mientras lo hacía les preguntaba datos personales. Se familiarizaron tanto con él que inclusive estaba presente en reuniones donde decidían las acciones que habrían de emprender para exigir, en aquel tiempo, el rescate de los cuerpos de los mineros.

Luego de que la FGR retomara la teoría de un segundo tirador, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega ha vuelto a la discusión pública, pues el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó dictar orden de aprehensión contra el exagente.

La información fue dada a conocer este lunes 29 por el diario Reforma, lo que motivó un hilo de mensajes en la cuenta de X de la FGR, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofrece algunos detalles de la investigación y advierte que buscará apelar.

Entre los aspectos que destaca la FGR fue que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato.

Además, se recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.

En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega –por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto– fue captado cerca del candidato y luego del ataque aparece manchado de sangre.

La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del ministerio público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.

“Jorge Antonio ‘S’ fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro ‘G’, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo ha podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.

El viraje de la FGR sobre el Caso Colosio ocurre a casi 30 años de los hechos de Lomas Taurinas y precisamente luego de que un tribunal colegiado, a principios de octubre pasado, cancelara la sentencia que se le impuso ordenando que el caso fuera procesado en el fuero común (Proceso 7 de octubre de 2023).

La libertad de Mario Aburto, a la luz de esa sentencia, podría darse a más tardar en marzo próximo, pues el Código Penal del Estado de Baja California contemplaba una pena de 30 años por homicidio calificado, los cuales se cumplen el 23 de marzo próximo.

Además, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, acreditó la existencia de numerosas violaciones al debido proceso en la persona de Mario Aburto.

Mientras eso ocurría, la FGR consignaba el expediente que acaba de ser resuelto por el juez Chávez Hernández y que ha dado pie a la polémica de esta semana.

SÁNCHEZ ORTAGA, EL REPORTERO 

El historial de Jorge Antonio Sánchez Ortega como agente del Cisen es poco conocido y pocos, quizás sólo la comunidad de inteligencia mexicana y algunos sujetos de seguimiento personalizado que lo lleguen a reconocer podrían identificar dónde pasó el periodo de 1994 a 2006, cuando finalmente arribó a Coahuila, donde se hacía pasar por reportero.

Sólo en el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, expone que las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.

Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.

Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).

En el libro “Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Posibles cómplices y encubridores”, editado por la PGR, se da cuenta de diferentes actuaciones y documentales de la investigación oficial.

Entre los datos relevantes para el momento se encuentran algunos antecedentes de Sánchez Ortega a partir de entrevistas, inclusive con el mismo agente, y entre la investigación destaca el hecho de que el 23 de marzo de 1994 estuviera en Lomas Taurinas con credencial de reportero.

Hacerse pasar por reportero era una práctica frecuente de los agentes del Cisen en las décadas de los noventa y los dos mil. La diferencia en este caso es que contaba con una acreditación firmada por un diario de Tijuana, donde supuestamente, en efecto, se desempeñó como reportero en 1988.

De acuerdo al mencionado libro, en declaración tomada al abogado Urbano Hernández Somero, éste fue amigo y compañero de estudios de Sánchez Ortega en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, entre 1981 y 1985.

Hernández Somero fue presidente de la sociedad de alumnos y en su planilla estaba quien a la postre sería agente del Cisen, con quien formó el “Grupo Universidad”. Dicho grupo participó activamente en la campaña de Xicoténcatl Leyva a la gubernatura de Baja California en 1985.

Por los años 1985-1988, Hernández Somero fue director del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA, antecedente de la Conade), donde tuvo como secretario particular a Sánchez Ortega, que se relacionó con el periodista Marco Antonio Romero Arizpe.

Romero Arizpe llegaría a la dirección de El Diario de Baja California, periódico editado por la razón social Compañía Periodística de Baja California.

Posteriormente regresó con su amigo Urbano Hernández, para trabajar en su despacho jurídico de abril de 1993 al 27 de septiembre del mismo año, como litigante. En octubre del mismo año, Sánchez Ortega ingresó al Cisen.

El libro consigna que la Policía Judicial Federal localizó y entrevistó a Marco Antonio Romero Arizpe, dejando asentado en actas del 16 de abril de 1997 que, en efecto, conoció a Sánchez Ortega por Urbano Hernández, quien se lo recomendó como “gente de confianza”, que le dio oportunidad de trabajar y le otorgó una credencial del periódico.

Luego, el mismo documento de la PGR publica el momento en el que Romero Arizpe supo de lo ocurrido en Lomas Taurinas:

“El señor Marco Antonio Blázquez fue quien le llamó por teléfono y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas y que al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega lo habían detenido y portaba una credencial del periódico donde él era el director”.

Fue entonces cuando comentó que, en efecto, había trabajado como reportero y por eso traía la credencial.

CRUCES DE RELACIONES 

La historia de Jorge Antonio Sánchez Ortega trae al presente el papel de personas que siguen vigentes en la vida pública, en tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.

Por ejemplo, El Diario de Baja California era propiedad de Jaime Bonilla, el empresario de medios que llegó a gobernador por Morena, partido con el que rompió y ahora se presenta por el PT.

Marco Antonio Romero Arizpe, quien firmó la credencial de reportero que Sánchez Ortega usó para estar en Lomas Taurinas, fue regidor en Tijuana por Morena, electo para el periodo 2016-2019. Sin embargo, una votación con el PRI y el PAN para privatizar el alumbrado público del municipio motivó un proceso disciplinario que devino en su expulsión del partido guinda en 2017.

El amigo de juventud, empleador y quien lo recomendó inclusive para entrar al Cisen, Urbano Hernández Somero, ha sido vinculado al llamado Cartel de Tijuana desde hace al menos 18 años. En septiembre de 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, a quien la misma dependencia identificaba como líder de la operación de lavado de dinero de la familia Arellano Félix, por lo que se le confiscaron bienes y congelaron cuentas en Estados Unidos.

Hernández Somero fue identificado en 2021 en la investigación periodística “El Cartel Aduanero”, por vender propiedades a personas relacionadas con la importación de autos chocolate sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionados política y familiarmente con Ricardo Peralta, un activo funcionario y político de la 4T que inició el sexenio como director de Aduanas. Peralta fue un activo promotor de Jaime Bonilla.

Por cierto, entre los diferentes escándalos protagonizados por Jaime Bonilla como gobernador destaca el de su oficial mayor, Héctor Mares Cossío, quien fue vinculado al caso García Luna debido a una relación comercial con Grupo Gasmart, la empresa que ha sido identificada como una de las del exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos. Mares fue asistente de Justo Ceja, secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari, y actualmente es diputado federal de Morena por el sexto distrito en Tijuana.

Mares Cossío ha sido durante dos décadas el operador financiero de Jaime Bonilla y de hecho fue directivo de la cadena televisora Media Sports y aparece en una investigación en San Diego, debido a que siendo Bonilla el titular del Distrito de Agua del condado, en Otay, le asignó una consultoría por 437 mil dólares. (Véase reseña del libro “El impostor”, donde se menciona la consultoría y el caso de corrupción.)

Finalmente, Marco Antonio Blázquez, quien de acuerdo con los testimoniales del Caso Colosio avisó a Marco Antonio Romero Arizpe de la detención de Sánchez Ortega con la credencial del periódico de Bonilla, es diputado local en Baja California por el PT.

LA NEGRA HISTORIA DE BONILLA

* En su libro «El impostor», Jaime Martínez Veloz retrata al senador y exgobernador de Baja California Jaime Bonilla como un delincuente decidido a acumular poder y riqueza a costa de lo que sea, tanto en México como en Estados Unidos.

Un juramento a la Constitución estadunidense, así como a la del estado de California, que incluye la defensa de los Estados Unidos de cualquier enemigo, sirven de arranque para repasar la historia política y empresarial de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y uno de los protagonistas de la llamada “Cuarta Transformación” en el noroeste mexicano.

El repaso se encuentra en el libro El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI, que en su portada muestra la foto de prontuario en la que aparece el senador morenista de frente y de perfil, identificado como el preso número 13380. El motivo: fraude al Infonavit.

Las historias contenidas en el libro forman parte de un amplio expediente documental reunido por el autor, Jaime Martínez Veloz. Por si lo anterior fuera poco, muestran la manera en la que, en medio de acusaciones de corrupción, Jaime Bonilla logró un acuerdo de infiltración en el Distrito de Otay, en San Diego, con el propósito de que el FBI investigara un caso de corrupción en la localidad.

Impreso el pasado mes de junio, El impostor reúne las investigaciones realizadas por Martínez Veloz, político que hasta 2019 participó en Morena y decidió disputarle a Bonilla la gubernatura de Baja California en 2019 por el PRD, partido en el que actualmente milita.

La trayectoria política de Martínez Veloz va desde los movimientos universitarios y la militancia en partidos de izquierda en Coahuila, hasta el servicio público en gobiernos emanados del PRI, partido por el que fue diputado y, como tal, partícipe de la Comisión la Concordia y Pacificación en Chiapas en los noventa, una ruptura con el PRI para irse al PRD y, finalmente, su integración al gobierno peñanietista como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.

A partir de 2018 Martínez Veloz regresó de lleno a la política de Baja California con su mencionado paso por Morena y luego como el principal opositor de Jaime Bonilla, a quien exhibe en el libro, tanto por lo que toca a su actividad política en Estados Unidos, pasando por su gestión empresarial y hasta los dos años de la gubernatura, en la que terminó confrontado hasta con los miembros de Morena en la entidad, donde quiso infructuosamente extenderse el mandato.

MEGAPROYECTO TRANSNACIONAL

La participación política de Jaime Bonilla en Estados Unidos es pública y ha sido objeto de polémicas desde siempre por un aspecto de ciudadanía que lo imposibilitaría para ocupar cargos públicos en México, pero también por los escándalos que han rodeado su desempeño público en ambos lados de la frontera.

En el caso de Estados Unidos, Bonilla se postuló al Distrito de Agua de Otay, en San Diego California, donde se vio expuesto a denuncias por rebasar topes de gastos de campaña sin transparentar el origen de los recursos.

En 2001 enfrentó no sólo el escándalo de su gastos, sino también un cruce de acusaciones por corrupción que devinieron en una destitución por nepotismo, además de la contratación de un despacho que facturó 120 mil dólares en un breve periodo y que fue objeto de auditoría.

Para 2001, Martínez Veloz revela que Jaime Bonilla se convirtió en informante del FBI. Como tal, grabó numerosas conversaciones con un cabildero de nombre Art M. Gastélum, al momento de ofrecer sobornos, según consta en expedientes judiciales de 2003.

El caso se abrió por el intento de consumar un contrato de obra de electricidad, por el cual Gastélum entregaría un millón de dólares a Bonilla y a otro miembro de la Junta de Agua.

Entre el desinterés de la Corte local, pues el caso era federal, y las prioridades del FBI, que por entonces se centraron en terrorismo, el caso quedó en el aire.

Para entonces Bonilla formaba parte del Partido Republicano, en el cual apoyó la candidatura de John McCain a la Presidencia de Estados Unidos; también la de Duncan Hunter, el congresista sionista de San Diego California que propuso invadir México; así como a Bob Filner (exalcalde de San Diego por el Partido Demócrata), cuya carrera política terminó al declarase culpable de tres casos de acoso sexual que involucraba a 17 víctimas.

Militante y donante republicano, la influencia de Jaime Bonilla en San Diego creció –de acuerdo con el libro de Martínez Veloz– al extremo de intentar, en años recientes, impulsar una desalinizadora en territorio mexicano para abastecer de agua a San Diego.

“Como integrante de la Junta del Distrito de Agua de Otay, desde el año 2004, Jaime Bonilla impulsó un proyecto trasnacional: construir en territorio mexicano una planta desalinizadora para abastecer a los consumidores norteamericanos”, dice el autor del libro.

La propuesta fue reiterada por Bonilla en diferentes oportunidades desde 2004. Inclusive cuando se acercó al lopezobradorismo en 2012, pese a lo cual todavía en 2013 apoyó con recursos la campaña del candidato del PRI-PT, Fernando Castro Trenti, en Baja California.

Pero fue en el periodo de Kiko Vega y en el del propio Bonilla cuando el proyecto de la desalinizadora (para la cual el Distrito de Agua de Otay gastó cientos de miles de dólares en estudios) tuvo su mayor empuje.

Bonilla, conocido por su intento de ampliarse el periodo de dos años (para los que fue electo) a cinco años, según el autor, escondía la verdadera intención de la ampliación de mandato:

“Dicho proyecto, impulsado por Jaime Bonilla y Kiko Vega, terminó siendo abortado por deficiencias en la planeación, el ocultamiento del verdadero propósito de la planta desalinizadora, sin embargo, le heredó a la actual administración de Baja California una deuda millonaria por concepto de pagos por incumplimiento de contratos (…)

“Estos eran los intereses que estuvieron detrás de la ampliación del mandato del gobierno de Baja California de 2 a 5 años que, gracias a la lucha, la dignidad de las y los bajacalifornianos y la respuesta digna y republicana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sepultaron las ambiciones filibusteras del gringo Bonilla, protegido, socio y cómplice del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

LA TREYECTORIA MEXICANA

El impostor cuenta la historia de un hombre que en poco tiempo pasó de ser empleado de maquila a convertirse en uno de los poderosos radiodifusores del noroeste, político en Estados Unidos, encumbrado en México vía la 4T que, al hacerlo senador y luego gobernador, obvió sus antecedentes penales.

De acuerdo con documentos y reportajes recogidos en el libro de Martínez Veloz, esa trayectoria la hizo mintiendo en toda clase de informaciones. Por ejemplo, el hoy senador asegura haber estudiado ingeniería en la UNAM, pero no existe cédula profesional que lo avale; en tanto, el periodo de estudios que habría realizado en México y luego en Estados Unidos, choca con los registros de su estancia en el penal de Tijuana.

Además de la foto de prontuario, Martínez Veloz recupera una publicación de la revista Alarma: un anuncio en el que se solicita información para localizar a Jaime Bonilla a fin de que rinda cuentas por dos denuncias relacionadas con fraudes posteriores a 1981, año en que permaneció en el penal por fraude al Infonavit, cuando supuestamente estaba en la universidad.

No es todo. El autor desglosa diferentes casos de corrupción durante el gobierno de Bonilla, en particular un esquema de extorsión a través de una empresa, Fisamex, que habría recaudado alrededor de mil 800 millones de pesos por un impuesto de agua.

La firma cobró al estado 20% del monto, esto es, unos 354 millones de pesos, según las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado, publicadas el pasado mes de febrero.

Y, entre otros casos, destaca un capítulo dedicado al asesinato de Lourdes Maldonado, exreportera del grupo de emisoras de Jaime Bonilla, caso que causó revuelo porque tiempo antes de ser asesinada Maldonado se presentó en la conferencia mañanera del presidente para denunciar presiones, hostigamiento y amenazas del entonces gobernador.

No obstante, López Obrador pidió no “hacer politiquería contra Jaime Bonilla” tras el asesinato de la comunicadora, quien sostenía un proceso laboral en cuyo desahogo consiguió autorización para conocer la información financiera de la empresa.

Según Martínez Veloz, “todos los caminos conducen a PSN (nombre del conglomerado mediático de Bonilla)”. En el capítulo así titulado revela que mandos militares en Tijuana realizaron una investigación sobre el caso y añade que, entre las informaciones recogidas por los militares, hay sábanas de llamadas que conectan a distintas personalidades del entorno bonillista con los perpetradores, pero la justicia civil no ha procedido.

En el libro, desde su epígrafe, su autor se refiere al daño causado por Bonilla durante los dos años que fue gobernador y asienta:

“A Jaime Bonilla lo perdieron su ignorancia, arrogancia, intolerancia y ambición por el poder y el dinero ajeno. Su inicial cercanía con las altas esferas del poder político pudo haberse traducido en mejores condiciones de vida para las y los bajacalifornianos. En cambio, optó por la prepotencia, la extorsión y el peculado”.

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