Reforma judicial sí podría socavar calificación crediticia de México, advierte Moody’s
CIUDAD DE MÉXICO * 12 de septiembre 2024.
) Apro
La compañía de calificación crediticia de bonos comerciales y gubernamentales, Moody’s Ratings, publicó un reporte en el que advirtió que la reforma al Poder Judicial podría afectar la posición económica y fiscal de México y, por tanto, su calificación crediticia, al debilitar los controles y contrapesos institucionales.
De acuerdo con Moody’s, la incertidumbre jurídica generada por la enmienda podría afectar a los sectores que requieren concesiones e inversiones grandes, como la minería y las telecomunicaciones. Esa última también podría ser afectada por la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como parte del “Plan C”.
Además, en el reporte se señaló que la reforma podría impactar las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que será revisado en 2026. De hecho, los cuestionamientos sobre la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos por parte de ambos vecinos del norte ya se hicieron llegar.
Las cúpulas empresariales de Canadá y Estados Unidos pidieron a sus embajadores en México que advirtieran a este país de los riesgos del “Plan C” con respecto a los acuerdos comerciales y las inversiones.
“La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica y los procesos judiciales sesgados han contribuido a la volatilidad a corto plazo de los indicadores financieros mexicanos, como el tipo de cambio. Una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, ya que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos”, advirtió Moody’s.
En junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsaría su reforma al Poder Judicial antes del término de su mandato, y desde entonces la posición del peso mexicano en los mercados internacionales se ha mantenido volátil hacia la depreciación, incluso tocando la marca de las 20 unidades por dólar.
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Precio del gas no depende de una autoridad o instancia regulatoria | Cofece
CIUDAD DE MÉXICO. * 7 de julio de 2021.
) Forbes.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aclaró este miércoles que los precios del gas LP no dependen de una sola autoridad o instancia reguladora, sino de una serie de acciones integrales que en conjunto se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja.
Lo anterior, lo dijo en un comunicado en respuesta a los comentarios que por la mañana realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el aumento en el precio de dicho energético y sobre que la Cofece “es un cero a la izquierda”.
“Solo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común”, explicó en un comunicado el organismo.
La Cofece agregó que comparte la preocupación de los ciudadanos y del Ejecutivo Federal para que en México se ofrezcan energéticos de calidad a los mejores precios posibles y que ha sido enfática y vocal, en el marco de sus atribuciones, al emprender acciones tanto para investigar y, en su caso, sancionar conductas anticompetitivas, como para promover mayor competencia en los mercados de gasolina, diésel, gas LP, turbosina y electricidad.
La institución que preside Alejandra Palacios aseguró que ha hecho varias propuestas de política pública en años recientes para lograr mayor competencia en el mercado de gas LP, que incluso podrían estar alineadas a las que López Obrador ha expuesto recientemente, pero ni en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, ni en la actual, han sido instrumentadas por las dependencias y organismos federales del sector.
Desde 2018, agregó la Cofece, hizo un diagnóstico del mercado de gas LP y recomendó una serie de medidas, como la la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio mediante la facilitación para la obtención de permisos para que tiendas minoristas, como supermercados o gasolinerías, vendan cilindros de gas LP a los consumidores finales en sus instalaciones.
Entre ellas se contempla la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio mediante la facilitación para la obtención de permisos para que tiendas minoristas, como supermercados o gasolinerías, vendan cilindros de gas LP a los consumidores finales en sus instalaciones.
También, recomendó investigar para determinar posibles acuerdos colusorios entre empresas distribuidoras de gas LP, las que, en lugar de competir, podrían estar manipulando los precios y/o repartiéndose el mercado de la distribución y comercialización de este combustible
“Vender gas LP a población vulnerable en los almacenes de Diconsa, no a través de una empresa del gobierno, sino mediante licitaciones públicas para elegir al suministrador de gas LP de sus almacenes, con el fin de asegurar las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas”, dijo la Cofece.
Otra medida que propuso el organismo es eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución, donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles y para la venta en tiendas de autoservicio, tales como requisitos excesivos o poca claridad en los criterios para el otorgamiento de estos permisos.
“Ahora bien, en caso de que, conforme a la normativa, se regulen los precios en la distribución de gas LP, será necesario que la CRE considere que la venta mayorista de gas LP es un mercado no regulado en donde participan Petróleos Mexicanos e importadores privados, por lo que los precios al mayoreo siguen, en términos generales, las referencias internacionales”, aseguró.
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Proponen crear el Inmecob y desaparecer IFT, Cofece y CRE
] CIUDAD DE MÉXICO. * 10 de junio de 2020.
| Forbes.
El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un sólo instituto.
La propuestas de Monreal busca crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) ante las condiciones económicas del país.
En el texto que el diputado propuso argumenta que “algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en
cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo, disminuyendo así la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México, sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan“.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear el Inmecob.
El documento otorga al Inmecob la facultad de “garantizar y promover la libre concurrencia y competencia económica en México; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas”.
Monreal destaca en la iniciativa presentada al Senado que la coyuntura de aprietos económicos a la que ha conducido la Covid-19 se presenta como una “oportunidad clara” para llevar a cabo este cambio, ya que la unificación de competencias implicaría una rebaja en los costes para el Estado.
El cálculo del legislador estima un ahorro de 500 millones de pesos anuales (unos 23 millones de dólares) en el presupuesto anual de este nuevo órgano respecto al coste de los tres existentes, un ahorro del 21 %.
La International Chamber of Commerce (ICC) México consideró que la reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal acarrearía más riesgos que los beneficios económicos por los cuales se plantea generar una nueva entidad.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.
La propuesta de Ricardo Monreal ha despertado diversas criticas argumentando que se pretenden destruir más instituciones.
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Morena propone irrumpir en hogares para verificar ‘riqueza’ de mexicanos
] CIUDAD DE MÉXICO. * 18 de mayo de 2020.
| Infobae.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, planteó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tenga acceso a la información bancaria y fiscal de la población, pueda verificar el patrimonio inmobiliario y financiera.
Así, cada dos años el Instituto proporcione información relacionada con los activos de los habitantes, pero también está orientado en conocer la concentración de poder de algunas empresas. La propuesta radica en que se pueda realizar una medición similar a la de pobreza.
Ramírez Cuéllar argumentó en un comunicado de prensa que hay “miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
En el documento se añade que al INEGI también se le debe otorgar el acceso a la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior implicaría modificaciones al sistema jurídico, para que el INEGI pueda tener la facultad para poder conocer los activos de los ciudadanos. Cabe señalar que en enero el SAT ordenó a los banco a entregar los datos de contacto de sus cuentahabientes, lo cual incluye el nombre del cliente y el domicilio fiscal.
La propuesta forma parte de un documento que se conforma de cinco puntos que dio a conocer el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, integrado por especialista en la realidad económica, política y social del país.
El primer punto refiere al “Estado de Bienestar”, como concepto y propósito, debe quedar plasmado en la constitución y se integraría a los programas “que aseguren derechos” para todos los ciudadanos.
En el segundo punto se propone que se pueda medir la riqueza a través del INEGI, significa que éste tenga las facultades para obtener la información sobre el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas.
La tercera propuesta del presidente de Morena es la “progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.
Lo anterior refirió debe ser la base para que los mexicanos contribuyan a los gastos del estado y al financiamiento del estado del Bienestar. Además de integrar un Consejo Fiscal que evalúe la calidad de ingresos y gastos del Estado.
Por último, formuló la posibilidad para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tenga una mayor fortaleza para vigilar la “concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios básicos”.
En el documento se menciona que con los cinco cambios constitucionales se podrían tener las bases para la discusión de una agenda completa que contribuya en la transformación estructural del país.
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