Migrar y morir | La otra cara de la política migratoria
* Mientras López Obrador pide a Joe Biden aumentar las visas de trabajo para mexicanos, su gobierno en México ha cortado presupuesto para atender a quienes migran a nuestro país y a vulnerado sus derechos
» CÉSAR | ALMEIDA CANTÚ
) Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad
Me pregunto si, durante el encuentro entre los mandatarios de México y Estados Unidos el pasado 12 de julio, Joe Biden experimentó esa familiar sensación que uno tiene cuando se le demanda algo sabiendo que quién lo pide nunca ha correspondido. Andrés Manuel López Obrador le solicitó a su homólogo que incrementara la expedición de visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos. Biden prometió 600 mil, el doble del récord emitido el año pasado, bajo una condición: paciencia. Sin embargo, mientras el presidente mexicano mostraba su apoyo contra la crisis migratoria, escondía su reverso: una historia de austeridad que ha diezmado la política migratoria de México.
Antes de discutir el impacto de las medidas aplicadas durante este sexenio en los organismos garantes de derechos y apoyo a migrantes y refugiados en México, tenemos que recordar la promesa que López Obrador hizo en campaña en 2018. El 17 de octubre de ese año, durante una conferencia de prensa en Tamaulipas, el entonces candidato prometió “ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos”. AMLO anunció que el objetivo de su gobierno sería lograr que “la migración sea optativa, no obligatoria, y para que la gente trabaje, sea feliz donde nació”, así como “enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con trabajo, con bienestar en Centroamérica y en [México]”. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el número de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos ha crecido en un 370%. Van cuatro años consecutivos con una tendencia a la alza: en 2019, rondó los 150 mil casos; en lo que va de 2022, la cifra ya supera los 560 mil.
Dejando a un lado el ascenso del número de migrantes mexicanos después de diez años a la baja, el país también ha fungido como el principal corredor de migrantes centroamericanos hacia el norte. Si el gobierno de López Obrador no no ha podido garantizar el bienestar a los mexicanos, su desempeño en materia de migración también ha estado alejado del discurso de la campaña. Según Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, el discurso humanitario del gobierno federal actual no ha venido acompañado del presupuesto necesario para hacer de las palabras una realidad.
Desde 2019 el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha sido continuamente reducido, pese a que año tras año las solicitudes de asilo en México han roto récords. En 2019 se recibieron 70 mil 400 solicitudes; en 2020, 120 mil; y en 2021, 130 mil. Todo parece indicar que en 2022 la tendencia seguirá en aumento. Esto se explica, al menos en parte, por las condiciones políticas, económicas y sociales de muchos países de la región.
Aproximadamente el 70% de las solicitudes cada año son presentadas en Tapachula, en la frontera chiapaneca con Guatemala. La Comar se encuentra rebasada. De enero a agosto de 2021 se resolvieron sólo 23 000 de las 78 000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. A pesar de esto, aquel año la Secretaría de Gobernación otorgó solo 44 millones de pesos a la institución, lejos de las necesidades calculadas en 200 millones de pesos. El titular del organismo, Andrés Ramírez, ha reconocido que la dependencia no tiene suficientes recursos, declarando que “se necesitan alternativas migratorias, como darles documentos [a los migrantes] para el libre tránsito y permisos de trabajo temporal, además de aumentar el presupuesto, pero como no tenemos ni una cosa ni la otra la situación se ha desbordado y tenemos este problema”.
En efecto, el incremento drástico de solicitudes de asilo se ha dado por una ola de migrantes haitianos que han llegado de Brasil y de Chile, pero que no son considerados como refugiados porque buscan mejores prospectos económicos y no escapar a uno u otro tipo de persecución, según la definición de la Declaración de Cartagena. El servicio de atención de la COMAR está colapsando en detrimento de quienes legítimamente buscan refugio y pretenden escapar de la violencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua, por mencionar sólo a los países con mayor migración.
Queda entonces sólo otra institución, el Instituto Nacional de Migración (INM), que históricamente se ha visto plagada de escándalos de corrupción. De acuerdo con información proporcionada por el propio INM, se han interpuesto un total de 68 denuncias penales por cargos de corrupción ante la Fiscalía General de la República desde el comienzo de la actual administración. Durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, en contraste, se presentaron apenas 56. Este incremento de más de 20% —y con dos años del sexenio aún por venir— ha tenido lugar a pesar de que el 19 de junio de 2019 López Obrador aseguró estar “limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder [,,,] una de estas instituciones es Migración”. Sin embargo, Human Rights Watch ha denunciado que las mismas condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación y carencia de servicios médicos que presentaban las estaciones migratorias durante la administración de Peña Nieto prevalecen en la actualidad.
El manejo deficiente de los fondos destinados al INM, aunado a más recortes presupuestales, sólo agrava la situación de una dependencia que lleva diez años como una de las cinco instituciones más señaladas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías individuales. AMLO dice que “necesitamos cuidarlos [a los migrantes]” a través de intervenciones del instituto, pero sólo en 2020 se registraron 1044 quejas en materia de derechos humanos contra el INM. Las denuncias van desde robo y extorsión hasta abusos sexuales en los campos migratorios.
¿Cómo ha respondido López Obrador a la crisis migratoria actual, si no es destinando más y mejores recursos a la Comar y al INM? En el artículo “Guardia Nacional y detención de personas migrantes” de Felipe Sánchez Nájera y Daniela Osorio Reyes, señalan que el presidente ha de-facto “criminalizado la migración al dejar la gestión migratoria en manos de una institución de seguridad pública, asimilando el ingreso irregular a un crimen.”
Las corporaciones de seguridad pública no tienen la capacidad de implementar las medidas de protección a personas migrantes que establecen tanto nuestras leyes como las convenciones internacionales de las que México es parte. De acuerdo con un reporte del Observatorio del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), es frecuente que agentes de seguridad coluden con aquellos del INM para participar en crímenes como la extorsión y el secuestro de migrantes de manera impune. Del mismo modo, la Encuesta sobre Agresión y Abuso al Migrante registra que sólo 2.6% de los migrantes centroamericanos que sufrieron algún abuso intentaron denunciar los hechos; de entre los que no lo intentaron, 18% dijeron tener miedo de sufrir represalias. Además, de acuerdo al informe Narrativas de la transmigración centroamericana en su paso por México, 18% de los delitos contra los migrantes son causados por fuerzas del orden, desde la Guardia Nacional hasta policías municipales.
En otoño de 2021 la organización Human Rights Watch (HRW) acusó a López Obrador de “expulsar ilegalmente a miles de refugiados a Guatemala sin un debido proceso, incluyendo muchos que fueron primero expulsados de Estados Unidos a la custodia de autoridades mexicanas bajo el programa Quédate en México”. De acuerdo a esta investigación, en agosto del mismo año las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional empezaron a trasladar diariamente al menos a trescientos migrantes de distintas nacionalidades al remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. Desde ahí han obligado a los migrantes a cruzar a pie hacia Guatemala.
A las personas expulsadas se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo. Por si fuera poco, migrantes y refugiados declararon a HRW que muchos agentes migratorios acusan a los solicitantes de haber falsificado sus documentos, llegando incluso a confiscarlos o destruirlos, a pesar de que su solicitud ya había sido aprobada. Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de una declaración del 17 de agosto, expresó preocupación porque no se le había notificado acerca de las deportaciones. Las autoridades mexicanas no han coordinado dichos movimientos forzados de migrantes con las autoridades guatemaltecas o de otros países . El número total de expulsados se desconoce, pero algunos expertos estiman que se trata de decenas de miles de personas.
No es noticia que el discurso de López Obrador no concuerda con las acciones de su gobierno, ni tampoco la primera vez que el presidente exige de mandatarios extranjeros políticas que él mismo no promueve en nuestro país. La demanda de más visas de trabajo en Estados Unidos parecieran sugerir que el presidente no cumplió el compromiso expresado en campaña y que su gobierno no tiene la capacidad de proteger a los migrantes en territorio nacional.
El abandono actual de los campos migratorios, la reducción de presupuesto a instituciones claves para el bienestar de los migrantes y la militarización de la administración migratoria han dejado en el aire el destino de cientos de miles de personas obligadas a salir de sus países.
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Gobierno federal presenta plan para prevenir violencia política en elecciones del 6 de junio
CIUDAD DE MÉXICO. * 4 de marzo de 2021.
] Gobierno de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación de un plan de protección a candidatas y candidatos a cargos de elección popular con el objetivo de evitar amenazas, agresiones o intimidaciones antes y durante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.
“Queremos enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada, no la delincuencia de cuello blanco. Que no haya candidatos a modo, que no haya grandes electores”, remarcó.
En conferencia de prensa matutina indicó que el gobierno federal dialoga con los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas para cuidar de manera conjunta a las y los candidatos; asimismo, convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a participar en estas acciones.
Aclaró que la protección será voluntaria “porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral. Eso no. Tiene que ser de acuerdo con las autoridades, con los organismos electorales”.
El mandatario pidió a las y los candidatos actuar con firmeza rumbo al ejercicio democrático y reiteró su convicción de llevar a cabo elecciones limpias y libres.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral tiene el propósito de prevenir y sancionar la violencia política y proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado.
El plan, dijo, consiste en un llamado a los partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley y el establecimiento de mesas de trabajo entre las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, partidos políticos, así como fiscalías y autoridades locales a fin de compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos que tengan vínculos con la delincuencia organizada o de cuello blanco.
Además, se consulta a los gobernadores la aplicación de la estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
Destacó que se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades y municipios de alto riesgo.
Se brindará atención y protección a candidatos amenazados por el crimen organizado con previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo.
“Es conveniente evaluar el avance semanal de esta estrategia y presentar un informe en el Gabinete e ir haciendo la evaluación de en dónde se necesita más apoyo, por eso hemos acordado tener reuniones periódicas en la mesa de estrategia y en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos”, enfatizó.
Informó que entre febrero de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos en los que 64 personas fueron víctimas de homicidio.
“A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política”, explicó.
Los delitos relacionados con la violencia política se han presentado en siete entidades federativas: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
“En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia”, precisó.
Recordó que el 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil regidurías, sindicaturas y concejales.
En este esfuerzo de defensa de la democracia colaboran la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.
“Se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral para que quien decida sea el pueblo, sea la ciudadanía”, subrayó la secretaria.
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Ángel Miguel Blanco | ¡Basta de legisladores homófobos en Guerrero!
Sin Daños a Terceros
| » Ángel Miguel Blanco
»» massiosare@msn.com
¡Se exhibió ‘homófoba, ignorante, cobarde, discriminatoria y mentirosa’! Y, con ello, la legisladora morenista Erika Valencia Cardona se sumó al grupo de diputados homófobos de Guerrero que, como el priísta Omar Jalil Flores Majul, la panista Guadalupe González Suástegui, y el independientes Servando de Jesús Salgado Guzmán, no han disimulado su aversión hacia la diversidad sexual y, en concreto, a la unión matrimonial en la entidad de dos personas del mismo sexo, no obstante la existencia de un decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asentado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 447, de fecha 19 de junio de 2015, en el cual se lee que, respecto al matrimonio igualitario, «no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo» y que «cualquier entidad federativa que –de manera configurativa– considere que la finalidad del matrimonio es la procreación» o «lo defina como un acto celebrativo entre un hombre y una mujer», dicho concepto será considerado «inconstitucional».
En el marco conmemorativo de ese derecho reconocido a la comunidad LGTB de México hace diez años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró su exhorto a los Congresos locales de las Entidades Federativas a «promover la armonización normativa que garantice el matrimonio igualitario».
A través de Comunicado de Prensa (DGC/075/2020), con fecha el 11 de marzo pasado, la CNDH recordó que «la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2011 que nuestra Constitución no alude ni refiere un tipo específico de familia y que el matrimonio no se conforma exclusivamente por la unión de un hombre y una mujer. De ahí que, cuatro años después, ese Máximo Tribunal señaló que cualquier entidad federativa que considere en su Código Civil que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional».
Por tal motivo, «la CNDH emitió en 2015 la Recomendación General número 23 sobre el matrimonio igualitario, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, para que armonicen los ordenamientos en materia civil y/o familiar y con ello permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y erradicar cualquier tipo de discriminación. Por ello, esta Comisión de nuevo pide a los Congresos locales de las entidades federativas que aún cuentan con deudas históricas con el derecho a la igualdad y no discriminación, cumplir con el mandato constitucional que les fue encomendado y realizar lo procedente para garantizar el derecho al matrimonio a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual«, enfatizó el comunicado.
En este punto es donde se alude la actitud de la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, Erika Valencia Cardona, quien la noche del viernes 16 de octubre derrochó homofobia, cobardía, mentiras e ignorancia en el programa radiofónico «Controversias por la Noche», que conduce el reconocido periodista guerrerense y activista internacional de la comunidad LGTB, Igor Pettit.
La legisladora de Morena, a quien sus propios homólogos de partido y del Congreso señalan de entorpecer la aprobación de una frase para que en Guerrero quede establecido el matrimonio igualitario, trastabilló en una sarta de evasivas y mentiras para no responder por qué está en contra en la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo, pese al 
consentimiento de la SCJN y el aval del mismo presidente de México y máximo jerarca de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que cuestionado sobre el tema dijo, firme, claro y conciso, el 17 de mayo de 2019, que el matrimonio igualitario “no es un asunto de tolerancia, (sino) un asunto de respeto a las libertades«.
Luego añadiría que no es necesaria una ley de reforma, al respecto, pues en México “están garantizados los derechos de las personas a ejercer su libertad”. Además, “ya hay un marco legal establecido emitido por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tanto en lo que tiene que ver en la federación como en los estados, y eso «se va a respetar», subrayó,
No obstante, la diputada Valencia se aferró a que mientras ella no conozca ninguna iniciativa local para legalizar el matrimonio igualitario en Guerrero no puede emitir una respuesta a favor o en contra sobre el tema, argumentando que ella, como legisladora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, no tiene conocimiento del tema ni de ninguna iniciativa, al respecto. Luego facturó a la Comisión de Justicia el entorpecimiento de dicho dictamen y se deslindó del tema debido a que su partido, Morena, no tiene agendado el matrimonio igualitario en sus Estatutos y se mantendría firme en su postura de no opinar en tanto su máximo líder partidista, Andrés Manuel López Obrador, no hiciera pronunciamiento alguno sobre el matrimonio igualitario.
Igor Pettit le recordó que el tema «se ha tratado en este país desde hace mucho tiempo», pero la diputada morenista, haciendo gala de su ignorancia, insistió: «¿Cómo puedo decirte que estoy en contra de algo que ni siquiera conozco?
Moisés Reyes, promotor de la iniciativa ante el Congreso e invitado de Igor Pettit esa noche, le explicó qué era el matrimonio igualitario y en qué consistía la reforma que se necesita para legalizarlo en Guerrero.
Erika Valencia subió de tono sus declaraciones, evadió cuantas veces pudo la pregunta del por qué a su negativa de aprobar el dictamen que busca legalizar la unión de dos personas en matrimonio, sin importar el sexo, en la entidad.
Luego de personalizar la disyuntiva del conductor del programa, al cual acusó de ataques infundados en diversas publicaciones, colgó su teléfono y dejó hablando solos tanto a Igor Pettit como a Moisés Reyes y a los invitados, vía remota, para opinar sobre el tema, a saber, Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, y Jessica Ivette Alejo Rayo, secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero.
Justo aquí, antes de que Erika Valencia pretenda asumir como ‘ataque’ personal este artículo, queremos dejarle en claro que cuando se manifiesta que se exhibió ‘homófoba, ignorante, cobarde, discriminatoria y mentirosa’ en el programa de Igor Pettit, cada adjetivo se manifiesta con sustentos que respaldan la misma audioentrevista que quedó plasmada en los archivos de «Controversias por la Noche». Además, hasta el momento no habido ninguna palabra zalamera ni reptante para el conductor del programa. Decir que Igor Petttit es un ‘reconocido periodista guerrerense y activista internacional de la comunidad LGTB’ es un hecho evidente. La trayectoria periodística y la prensa europea, mexicana y estadounidense han dado fe de su activismo profesional. No hay pecado ni herejía en reconocer los 
logros y dones de aquellas personas que destacan por sus propios méritos.
Destacar que Erika Valencia ‘miente’ al decir que desconoce el tema del matrimonio igualitario y la iniciativa del mismo ante el Congreso del estado, tiene bases. Ella se presume una legisladora informada y enfatiza que está bien enterada del tema, pero cuando se le cuestiona su homofobismo, al estar en contra del matrimonio igualitario, pese a que ostenta ser una genuina defensora de los derechos humanos, argumenta no estar informada del tema y desconocer si existe en el Congreso alguna iniciativa, al respecto. E inmediatamente después de que le refrescan la memoria, aduce que ese tema no es de su competencia, sino de la Comisión de Justicia, evadiendo ‘cobardemente’ comprometer su opinión, hecho que delata su evidente homofobismo y confirma la aversión que aseguran sus compañeros legisladores tiene contra la comunidad sexual divergente.
Siendo una ‘legisladora bien informada’, Erika Valencia debería recordar que fue durante la sesión de la Comisión de Justicia del 23 de enero de 2019 cuando se analizó, por primera vez, la iniciativa de reforma a los artículos 351, fracción V; 412, 430, 435 y 436 del Código Civil de Guerrero –presentada el 15 de noviembre del 2018 por el Secretario de dicha Comisión, Moisés Reyes Sandoval– para permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, y en cuya reunión estuvieron presentes el promotor de la misma, el morenista Reyes Sandoval, así como Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión y los diputados Servando De Jesús Salgado Guzman y Ossiel Pacheco Salas, en su calidad de vocales, así como el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete Magdaleno y varios miembros de la comunidad LGTB, entre ellos el Presidente del Consejo de la Diversidad Sexual en Guerrero (CDSG), Igor Pettit, el único defensor formal y central de los derechos de la diversidad sexual en Guerrero, con proyección nacional e internacional.
Valencia Cardona también debería estar enterada que, lamentablemente, gracias al evidente homofobismo que impera en el Congreso del Estado, el 26 de septiembre de 2019, en sesión a puerta cerrada y por mayoría de votos, la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero declaró improcedente el dictamen que proponía legalizar el matrimonio igualitario en la entidad.
El veredicto fue avalado por el presidente de dicha comisión, el priista Omar Jalil Flores Majul, y los vocales de la misma: Guadalupe González Suástegui (PAN) y Servando de Jesús Salgado Guzmán.
Y es a raíz de este veredicto desfavorable que la comunidad LGTB de Guerrero ha insistido, desde entonces, en hacer valer sus derechos, dados los fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el reconocimiento del mismo Presidente de la República y guía nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a las garantías y respeto de los derechos de todos los mexicanos, incluido el matrimonio igualitario, ya que este tema “no es un asunto de tolerancia, (sino) un asunto de respeto a las libertades«, como bien dijo AMLO.
¿EN QUÉ CONSIDETE LA REFORMA?
Según palabras de su promotor, Moisés Reyes Sandoval, la reforma a los artículos 351, fracción V; 412, 430, 435 y 436 del Código Civil de Guerrero, para permitir la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, es simple: «Hay que cambiar el concepto de que «el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer» por la definición de que «el matrimonio es unión entre dos personas», sean o no del mismo sexo, tal como promulgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de junio de 2015, quien dejó muy en claro que «no existe razón de índole constitucional para no reconocer» el matrimonio igualitario en México, y que «cualquier entidad federativa que –de manera configurativa– considere que la finalidad del matrimonio es la procreación» o «lo defina como un acto celebrativo entre un hombre y una mujer», dicho concepto será considerado «inconstitucional».
Si algo hay que reconocerle a Moisés Reyes, son sus argumentos a título personal y como legislador.
Aprobar esta iniciativa no es asunto de convencimiento personal, sino un «reconocimiento a los derechos humanos de la diversidad sexual», porque en Guerrero «no puede haber guerrerenses de primera y guerrerenses de segunda: ¡Tenemos que tener los mismos derechos todos!».
Siendo así, si el matrimonio igualitario ya es un derecho legal en México, prohibirle a la comunidad LGTB este derecho es, realmente, un ‘crimen’ de odio.
¡Todos aquellas personas, con fuero o sin fuero, que pisoteen los derechos humanos de terceros, deberían pagar por sus ‘crímenes’!
Irónico: ¡Qué rápido olvidan esos legisladores homófobos, principalmente de Morena, que de dientes para fuera se presumen defensores de los derechos humanos pero con sus hechos demuestras que les vale ‘madre’ la máxima del ‘Benemérito de las américas’, Benito Juárez, pilar de la Cuarta Transformación del México lopezobradorista, quien dijo que «el respeto al derecho ajeno es la paz»!
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FGE y Conavim suman acciones en pro de niñas y mujeres de Guerrero
] CHILPANCINGO. * 23 de septiembre de 2020.
| Fiscalía Guerrero.
El Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, en conjunto con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dra. Fabiola Alanís Sámano, instalaron a nivel nacional, la primera Mesa Técnica para la Revisión de Delitos contra Niñas y Mujeres, con el propósito de coordinar acciones interinstitucionales en materia de prevención, investigación y atención de la violencia.
En el encuentro, el Fiscal destacó las acciones preventivas en conjunto con instituciones estatales y municipales, trabajo que se ha visto reflejado después de ocupar los primeros lugares y pasar al noveno sitio en homicidios dolosos, como lo muestra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Señaló, que el esfuerzo se debe al trabajo coordinado por las autoridades que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública.
En cuanto a carpetas de investigación y averiguaciones previas -dijo- «se han abatido 45 mil expedientes que se encontraban rezagados, y se renovaron espacios como la Fiscalía en Desaparición de Personas, la Unidad Especializada en Trata de Personas, y de Periodistas, además de realizar cursos, talleres y conferencias en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos» (CNDH).
Por su parte, la titular de CONAVIM Fabiola Alanís Sámano, reconoció la disposición del Gobierno de Guerrero para iniciar los trabajos de la mesa y expresó el interés del Gobierno Federal de caminar conjuntamente para mejorar el acceso a una vida libre de violencia, particularmente en la revisión y acompañamiento a las víctimas de delitos y sus familiares.
En este sentido, la secretaria de La Mujer, Maira Gloria Martínez Pineda, reconoció a los asistentes a este encuentro la trayectoria y el trabajo que cada uno desempeña desde su espacio, señaló que hoy Guerrero ha disminuido los homicidios dolosos, regresando la confiabilidad en las instituciones, dando cumplimiento a las alertas de género que ya se tienen.
Finalmente, la representante de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A.C. Marina Reyna, agradeció la atención y la apertura que han tenido con las víctimas y el espacio que se brinda, lo cual permitirá -dijo- «avanzar juntos en favor de ellas»; donde también estuvo la Fundadora Bloque de Mujeres al Poder A.C., Silvia Galeana Valente.
Así mismo, en esta mesa también participaron de manera virtual y presencial la Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Silvia Elena Aivar García; Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás personas, con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, Marisol Urban Cruz; Fiscal Especializada para la Protección de los Derechos Humanos, Martha Wendy Reza Ojeda; Fiscal Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eloína Sánchez Zamora; la Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres, Dalia Luz Carbajal Plancarte; el Director General de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Gabriel Salazar Mendoza y la Directora General del Instituto de Formación y Capacitación Profesional, Elizabeth Ocampo Jiménez.
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Senado elige a Rosario Piedra Ibarra presidenta de la CNDH
CIUDAD DE MÉXICO. * 7 de noviembre de 2019.
] Agencias.
María del Rosario Piedra Ibarra fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-2023, en sustitución de Luis Raúl González Pérez.
Con apenas 76 votos, el mínimo requerido para conseguir la nominación, Rosario Piedra se convirtió en la primera mujer al frente del organismo defensor de los derechos humanos, a nivel nacional, y dejó en el camino a Arturo Peimbert y a Jesús Orozco, quienes obtuvieron 24 y ocho votos, respectivamente.
En la primera votación, Piedra obtuvo 59 apoyos, Jesús Orozco Henríquez 44, y Arturo Peimbert 11, con 5 abstenciones. En el segundo intento, Piedra alcanzó los 67 votos, 48 para Orozco Henríquez y sólo 3 para Peimbert, con una abstención.
Rosario Piedra es psicóloga de profesión y militante del partido gobernante, denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); instituto político en el cual se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional.
Cuando el proceso de nominación se hallaba empantano en el Senado -porque el grupo parlamentario de Morena no logró el apoyo de aliados ni opositores para aprobar la designación, con las tres cuartas partes de los legisladores presentes, durante dos ocasiones consecutivas- el presidente López Obrador habría inclinado la balanza al declarar sus simpatías por “quien siempre ha estado del lado de las víctimas”.
“Yo creo que quienes estén en la CNDH deben ser gente honesta, independiente. Es un organismo que durante años es más lo que ha ocultado, lo que ha tapado, que lo que ha hecho para defender los derechos humanos. Han guardado un silencio cómplice durante mucho tiempo, por lo que ahora debe contar con gente con principios y que realmente sienta el dolor que causa la violación de derechos humanos”, dijo al desdeñar los perfiles profesionales y la experiencia en la defensa de derechos humanos de los otros dos aspirantes.
La nueva titular de la CNDH es hija de Rosario Ibarra, la activista de derechos humanos y legendaria presidenta del Comité Eureka, organización creada con la tarea específica de exigir el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada “guerra sucia” de los años 70 y 80 en México. En dicha organización también participó la nueva ombudsperson mexicana.
En su proyecto para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra planteó la necesidad de llevar la justicia a todas las víctimas del Estado mexicano y anticipó el cambio de nombre de la institución, para convertirla en una Defensoría del pueblo.
En una entrevista con el periódico El Universal, la entonces candidata a ombudsperson consideró que ser mujer es una ventaja, ya que representa a un sector social cuyos derechos siempre han sido violentados.
Opinó que la CNDH, desde su creación en 1990 y hasta la fecha, ha sido una “instancia de simulación y no ha sido autónoma, una instancia que realmente vaya de mano de las víctimas”.
Rosario Piedra advirtió que reestructurará la organización de toda la Comisión Nacional y analizará la conveniencia de mantener el Consejo Consultivo y de las Visitadurías, tal y como funcionan actualmente.
“¿De qué me serviría estar ahí si no voy a ejercer una reestructuración? Se tiene que hacer el análisis, para hacerlo con seriedad, no por ocurrencia. Primero, que pueda tener la capacidad de enfrentar a un ministerio público, a una fiscalía; y que tenga esa visión de enfoque de género, de inclusión, para escuchar a todo aquel que sienta que sus derechos son vulnerados”, puntualizó.
¿Quién es Rosario Piedra Ibarra?
Rosario Piedra Ibarra es hija de la activista mexicana, defensora de derechos humanos y fundadora del Comité ¡Eureka!, Rosario Ibarra.
María del Rosario Piedra Ibarra, de 68 años de edad, tiene maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación, y licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Es hermana de Jesús Piedra, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, un grupo armado clandestino, y quien fue capturado y desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad en la década de 1970 y por el que su madre, Rosario Ibarra, emprendió una larga búsqueda.
En su lucha por localizar a su hijo, Rosario Ibarra se unió a otras mujeres con familiares desaparecidos, en 1977 fue fundadora del Comité ¡Eureka! en defensa de los desaparecidos, perseguidos y exiliados, en México.
A finales de octubre, Rosario Ibarra, de 92 años de edad, recibió la medalla Belisario Domínguez, el mayor reconocimiento civil en nuestro país, pero la dejó en resguardo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los desaparecidos de nuestro país.
Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron el nombramiento de la nueva titular de la CNDH, luego de que en 2018 fue propuesta como candidata a diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Nuevo León, pero no fue electa.
Además, fue secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en los últimos meses el actuar de la CNDH con anterioridad, alegando que ante tragedias como el incendio de la guardería ABC, en 2009, que dejó 49 niños muertos, se quedó “callada” o incluso fue “cómplice”.
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Reconoce CNDH disposición estatal para atender recomendaciones
CHILPANCINGO, Guerrero. * 31 de octubre de 2019.
] Gobierno de Guerrero.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció la apertura del gobernador Héctor Astudillo Flores, en las recomendaciones hechas por este órgano autónomo, así como la disposición que 
siempre ha mostrado para atenderlas, tras referirse al informe especial sobre la situación en materia de desaparición de personas y delitos vinculados con el Municipio de Chilapa de Álvarez.
El Ombudsman, explicó que este informe especial tiene el objetivo de buscar una ruta para articular esfuerzos para mejorar estas condiciones de seguridad en el Municipio de Chilapa de Álvarez que no es privativo del estado, sino que está en muchas regiones en todo el país, ya que asciende a 40 mil el número de desaparecidos en todo el territorio nacional.
Sobre las recomendaciones de la CNDH, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores expresó que el gobierno del estado está consciente del problema y las acepta, al tiempo que indicó: «Porque en la medida en la que se acaten, nos ocuparemos de que los episodios de desaparición de personas no se repitan en Guerrero».
Respeto a la situación en materia de desaparición de personas y delitos vinculados que impera en el Municipio de Chilapa de Álvarez, el Ejecutivo guerrerense precisó que él como gobernador «enfrenta con responsabilidad, comprensión y solidaridad con las familias de las víctimas este problema».
Sobre este mismo punto abundó: «He leído y escuchado con mucha atención las recomendaciones, los comentarios del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, que son los puntos que también son para la Federación y también para el Municipio. Hay que meternos en medio del asunto porque entonces, no vamos a estar en la realidad de Guerrero».
Con la presencia del Ombudsman en México, Luis Raúl González Pérez y familiares de desaparecidos de Chilapa, del colectivo «Siempre Vivos», reunidos en la Sala de la República de Casa Guerrero, el gobernador solicitó al alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, redireccionar los recursos públicos en acciones de carácter social y que su administración debe poner mayor atención, en la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para una mejor operación como lo recomienda la CNDH.
«Son circunstancias lamentables que nadie quisiera vivir, ¿qué hacer? Acompañarles, ser solidarios, tener sentido humano, estar pendientes, estar presentes, el gobierno de Guerrero tiene que hacer su parte y yo haré lo que me corresponda, vamos a tratar de implementar una serie de acciones, derivadas del documento que nos hacen llegar en las recomendaciones», sostuvo Astudillo Flores.
El gobernado subrayó que el gobierno no puede cerrar los ojos frente a estos problemas delicados de Guerrero, por lo que las recomendaciones de la CNDH las tomamos, ya que es un tema que se presenta y al que no se puede esconder ni huir y se debe enfrentar, además de expresar a los familiares de los desaparecidos que no están solas y solos.
Astudillo Flores, reconoció el trabajo del Luis Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a unos días de concluir su gestión de 5 años en este órgano autónomo, en el que desarrolló un trabajo profesional como una forma de mantener el equilibrio entre las instituciones públicas.
El Ejecutivo guerrerense destacó que a raíz de la detención de un delincuente que está procesado y que era uno de los promotores de la violencia en Chilapa, los indicadores han disminuido notablemente, pero no es suficiente, pues hay problemas todavía en algunas comunidades que han registrado homicidios.
En su turno, el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, explicó que las recomendaciones en materia de desaparición de personas y delitos vinculados que imperan en Chilapa de Álvarez, se han derivado de información y análisis obtenidos de fuentes sociales y trabajo de este organismo autónomo.
Entre las recomendaciones se encuentran el fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, a fin de que pueda operar a favor de los intereses de la gente, así como su fortalecimiento en la capacidad de investigación ministerial, además de implementar acciones necesarias para erradicar la impunidad y sistematizar y depurar los datos de personas desaparecidos del registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Estuvieron presentes en el presídium, la señora María del Carmen Abarca Nava, representante del colectivo «Siempre Vivos», el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el presidente del Congreso del Estado, Alberto Catalán Bastida, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el presidente municipal de Chilapa, Jesús Parra García, entre otros.
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