Pese al rechazo unánime, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta presidenta de CNDH hasta 2029
CIUDAD DE MÉXICO * 13 de noviembre, 2024
) Infobae
En una maratónica sesión que se extendió casi 12 horas y dejó en evidencia las divisiones entre los partidos oficialistas, la madrugada de este miércoles 13 de noviembre el Pleno del Senado de la República llevó a cabo la votación para elegir a la mujer que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029, en la cual resultó ganadora la actual titular, Rosario Piedra Ibarra.
En total, se emitieron 127 votos: 87 en favor de Rosario Piedra, 36 para Nashieli Ramírez, uno para Paulina Hernández Diz y tres votos nulos. Después de las 01:00 horas, la presidenta de la CNDH rindió protesta ante la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Minutos antes de que arrancara la sesión, casi a las 13:00 horas del martes -una hora y media tarde de la cita-, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que los partidos que integran el oficialismo estaban a punto del consenso y que apostarían por la reelección de Rosario Piedra, pues a él le parecía una “compañera probada, comprometida y que ha sufrido acoso durísimo de las organizaciones de derecha”.
Estas declaraciones vinieron a reforzar los dichos de algunos reporteros de la fuente que aseguraban en redes que el retraso de la sesión era porque los grupos parlamentarios de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) estaban en medio de ‘jaloneos’ porque no todos estaban de acuerdo en la reelección de Rosario Piedra.
Incluso se supo que el coordinador de Morena, Adán Augusto Hernández López, buscaba entregar las boletas ya marcadas en favor de Piedra Ibarra a sus compañeros para garantizar su respaldo a la reelección que, por momentos, parecía no concretarse, pero esto al final no ocurrió. Lo que sí pasó es que los legisladores de la coalición oficialista tuvieron que mostrar su voto antes de colocarlo en la urna, al tiempo que los de la oposición votaron con una mampara.
Incluso el senador morenista Javier Corral, dijo que a lo largo del proceso él siempre apostó por renovar la presidencia de la CNDH. “He expresado a mis compañer@s mi respeto por esa decisión, pero no la comparto”, dijo en redes minutos antes de la votación.
Días atrás, la inclusión de la activista causó controversia debido a que no se encontraba dentro de los cinco perfiles mejor evaluados en comisiones, según reveló el senador de Morena Javier Corral Jurado, sin embargo, se le incluyó a petición de quienes apostaban por su reelección; al final, la terna quedó conformada por Rosario Piedra Ibarra; la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, y la reconocida abogada jalisciense Paulina Hernández Diz.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada tras estas declaraciones. A pregunta expresa de Infobae México en la conferencia mañanera del pasado 7 de noviembre, la mandataria aseguró que la terna final de candidatas era responsabilidad exclusiva del Senado, pero dio su espaldarazo a Rosario Piedra:
“Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el pleno decide a partir de la terna. (…) Rosario Ibarra es un símbolo (con su familia) de lucha contra la represión, autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado”, afirmó la presidenta en Palacio Nacional. Semanas atrás, ya había destacado que la presidenta de la CNDH era hija de Rosario Ibarra de Piedra, quien tras la desaparición por motivos políticos de su hijo Jesús, en 1974, fundó el comité ¡Eureka! de madres buscadoras, el cual de hecho no la respaldó en este proceso.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra de la reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH debido a la deficiente gestión que tuvo en estos cinco años, por su cercanía con Morena y porque emitió pronunciamientos en defensa del oficialismo. “La CNDH ha sido omisa en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023 la Guardia Nacional acumuló 1,816 quejas pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Sedena, señalada en 1.664 quejas, recibió sólo 26 recomendaciones”, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“La CNDH que queremos protege a las personas, no al poder. Necesitamos un perfil independiente que haga valer la justicia y frene la impunidad. La reelección de Rosario Piedra sería una grave señal de desprecio por la protección de las víctimas de graves violaciones a los derechos” y “La CNDH que queremos es independiente. La nueva presidencia de la CNDH debe responder a las víctimas y a la defensa de los derechos humanos, no a intereses partidistas. No reelección CNDH”, expresaron en redes las organizaciones Fundar y Documenta AC.
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Denuncian millonario desvío en CNDH
CIUDAD DE MÉXICO * 20 de septiembre 2024.
) Apro
Trabajadores y extrabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguran que la administración de Rosario Piedra privilegia la mediocridad y la simulación, lo que es motivo de despido.
A través de un escrito dirigido a Claudia Sheinbaum, revelaron que la CNDH gasta poco más de mil 798 millones de pesos de presupuesto anual, de los que un 81% se ejercen en el capítulo mil Servicios personales y que en los capítulos 2 mil y 3 mil se hace una simulación, ya que ambos suman un monto de 334.2 millones de pesos.
De acuerdo con el comunicado, en estos capítulos se esconde la desviación de recursos por parte de Estrada Correa, quien utiliza las partidas de adquisición de mobiliario, vehículos, pago a servicios externos en el rubro de estudios y proyectos en los cuales se gasta un monto cercano a los cien millones de pesos al año.
Señalaron que esto se publicó en los medios Milenio y Proceso, donde se denunciaron pagos a empresas fantasmas por 25 millones de pesos, monto que creció al siguiente año a 73 millones de pesos, y que continúa creciendo. Este desvío de recursos sería la razón por la que la administración ha requerido cambiar por cinco veces al Oficial Mayor, quienes prefieren dejar el cargo a ser cómplices de los malos manejos.
Olivia Rojo, contadora titular del órgano interno de control, fue señalada como cómplice de las anomalías presupuestales, además de dedicarse a perseguir a los trabajadores que le indica Francisco Estrada, o a quienes se pronuncien contra la administración actual.
Acusan que en la actual administración imperan “amiguismo, negligencia, corrupción y pérdida de credibilidad” y lamentaron que esto suceda en un organismo autónomo que debiera garantizar la protección de los intereses de las víctimas, los perseguidos, los desaparecidos y los marginados de la sociedad mexicana.
Denunciaron que la administración de Rosario Piedra ha sido caracterizada por su ausencia y falta de compromiso, lo que dejó al organismo en manos de Francisco Estrada, quien lo ha utilizado como proyecto para perseguir intereses personales.
Señalaron que el manejo de Piedra y Estrada provocó la renuncia de los integrantes de dos Consejos Consultivos que fueron nombrados por el Senado de la República y que el organismo carece de un Consejo Consultivo de la Comisión.
Aunado a esto, denunciaron que, en cuatro años, la plantilla de trabajadores sufrió mil 614 despidos que representan un costo de 407 millones 273 mil 548 pesos, que corresponden a casi el 24% del presupuesto de la CNDH.
Adicional a esto, al cierre de 2023 había 101 juicios laborales por 391 millones 219 mil 188 pesos, que, sumado al despido de personal, representa casi el 50% del presupuesto anual del organismo.
También, denunciaron que hay trabajadores que no están capacitados para los puestos que ocupan actualmente, como el caso de un tornero de taller mecánico que hoy es Segundo Visitador General, o el de una cocinera de oficio regular, que ahora es directora general, por mencionar algunos.
Los firmantes aclararon que comprendían que un cambio de administración implicaba un cambio en el personal, y que si bien, no están a favor de ningún candidato, si tienen claro a quienes no quieren que permanezcan dentro de la comisión.
“Esta opción de incapacidad y negligencia es encabezada por las personas que actualmente dirigen la CNDH como son María del Rosario Piedra Ibarra y Francisco Javier Emiliano Estrada Correa, quienes han llevado a la Comisión a su estado deplorable actual”.
Para finalizar, agradecieron a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el tiempo y la atención al escrito, le aseguraron que cuentan con las pruebas de todo lo que en él denuncian y le desearon el mayor de los éxitos en su administración presidencial.
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Fiscalía Guerrero inicia capacitaciones en colaboración con la CNDH
CHILPANCINGO. * 20 de enero de 2022.
) https://fiscaliaguerrero.gob.mx.
Por instrucciones de la Mtra. Sandra Luz Valdovinos Salmerón, Fiscal General del Estado, el Vicefiscal de Investigación, Lic. Miguel de la Cruz Pérez, inauguró el ciclo de capacitaciones que se impartirán a servidores públicos de la institución en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del Instituto de Formación y Capacitación Profesional que encabeza la Mtra. Elizabeth Ocampo Jiménez, iniciando con la conferencia denominada «Análisis de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las Indemnizaciones por Violaciones a los Derechos Humanos: Procedimiento», cuya ponente fué la Lic. Verónica Itzel Nava Landa, Directora de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH, la cual es dirigida a Ministerios Públicos, Peritos y Policías de todas las regiones del Estado de Guerrero.
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Denuncian a Abelina en CEDH y CNDH
» 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇.
] CHILPANCINGO. * 3 de noviembre de 2021.
) ANASA.
Comunicadores, reporteros y dueños de medios digitales denunciaron a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez porque con sus expresiones del viernes pasado de incitar a linchar a la prensa, criminaliza al gremio periodístico, viola derechos constitucionales y pone en riesgo su integridad.
Los comunicadores entregaron un oficio en la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para formalizar su queja ante ese organismo y posteriormente hicieron lo propio en la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
En los documentos pidieron que ambos organismos evalúen la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para formalizar una demanda penal contra López Rodríguez.
El articulista y director del portal Síntesis de Guerrero, Miguel Ángel Mata Mata dijo que “la señora dice que nosotros sabemos dónde viven (los criminales) y quiénes son los que crean la violencia, ella dice que nosotros somos responsables de la violencia que pasa en Acapulco y eso nos coloca en una situación vulnerable.
Lo que estamos haciendo como agrupaciones es dejar un precedente y pedimos en la queja que estamos haciendo que se analice la posibilidad de interponer una demanda penal contra la presidenta municipal”.
En relación a la respuesta que la presidenta hizo cuando se le preguntó al concluir el desfile de Catrinas el lunes en el sentido de que el pueblo la ama, señaló que ha sido la misma mecánica que alentó la agresión contra la reportera del diario El Sur, Karina Contreras Mendoza tres días antes.
“Sus acarreados no son el pueblo”, argumentó e indicó que la carta publicada en sus redes sociales “soslaya” la gravedad de lo ocurrido contra las y los comunicadores de Acapulco y debe ofrecer una disculpa públicamente. Señaló que desde la llegada de la administración federal actual han surgido nuevos portales de noticias, los cuales se han sumado al discurso oficial de que alienta al discurso de odio, agrediendo y criminalizando a los periodistas críticos de las administraciones morenistas.
Criticó que en Guerrero se adopte la misma mecánica de ataque y se criminalice a los reporteros y medios más críticos de las administraciones afines al presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Feministas advierten toma masiva de oficinas de Derechos Humanos
] CIUDAD DE MÉXICO.* 11 de septiembre de 2020.
| Forbes.
Colectivos feministas llevaron a cabo manifestaciones y ocupaciones simbólicas de distintas sedes de las comisiones estatales de derechos humanos y advierten que estas acciones se repetirán en todo el país.
Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio e integrante del Frente Nacional Ni Una Menos, informó que se llevará a cabo una “toma masiva” de las diferentes sedes de la institución en en todo el país.
“Vamos a comenzar a tomar todas las sedes del país porque lo que ocurrió el día de ayer en la CNDH del Estado de México (en referencia a una sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) fue una provocación, nosotras no nos vamos a mover de aquí, las sedes las van a tomar los familiares de esos Estados que no les han brindado atención al igual que a nosotras”, denuncia Yesenia Zamudio en conferencia a las afueras de la CNDH de la Ciudad de México.
Hasta el momento, grupos feministas han ocupado simbólicamente oficinas en Veracruz, Puebla, Tabasco y, a raíz de los incidentes ocurridos en Ecatepec, se reportó que durante la noche del mismo día se presentó un incendio en la Comisión del Estado de México.
La madrugada del 11 de septiembre, policías desalojaron a los grupos feministas que mantenían tomadas instalaciones de Comisión del Estado de México en Ecatepec como refugio para madres y las detuvieron en la Fiscalía General de Justicia.
Esta mañana el Gobierno del Estado de México condenó el uso de fuerza excesivo empleado por los elementos policiales contra las manifestantes y los niños que se encontraban en las inmediaciones.
Estas acciones ocurren ocho días después de que diversos grupos feministas se presentaron en la CNDH en la Ciudad de México con el objetivo de exigir justicia a los víctimas de violencia de género.
Hasta el momento, como una de las peticiones del pliego petitorio, colectivas feministas exigieron la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.
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Activistas piden renuncia de la presidenta de la CNDH
] CIUDAD DE MÉXICO. * 7 de septiembre de 2020.
| El Informador.
Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada que continúan con la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pidieron la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
Donde está mañana Yessenia y otras madres de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición forzada negaron que la presidenta del organismo garante, Rosario Piedra Ibarra, haya atendido sus demandas, por lo cual prendieron fuego a los carteles y acrílicos con el logo de la Comisión.
«Ni un minuto nos ha atendido la titular de este organismo y por ello le pedimos que si no puede con esta labor renuncie. Nosotras exigimos justicia, no somos limosneras», indicó Yessica.
Además, señalaron que si la CNDH sigue sin atender las demandas de todas las familias, convocarán a hacer una toma nacional en todas las sedes estatales del organismo.
Entre las acciones que han emprendido para subsistir mientras sigue toma del edificio de República de Cuba fue levantar un centro de acopio para recabar víveres, ropa, agua y útiles escolares, pues indican que están por llegar varias familias más de otras entidades.
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Presentan queja contra #Gatell y AMLO en CNDH
] CIUDAD DE MÉXICO. * 21 de julio de 2020.
| Apro / 24 Horas.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por omisión y negligencia en el manejo de la pandemia de coronavirus y violaciones a derechos humanos, y contra “quien o quienes resulten responsables de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia de covid-19 por las autoridades federales”.
La queja, presentada este martes, señala una serie de puntos como presuntas negligencias, entre ellos, que no se recomendara mediante un acto administrativo el uso de cubrebocas, además de la apertura “apresurada” de actividades no esenciales y la falta de pruebas en el país para detectar el covid-19.
De igual manera, los panistas acusaron que México utiliza el modelo llamado “centinela”, no recomendado internacionalmente para el coronavirus, y destacaron que se ha despreciado y maltratado al personal médico, no dotándolo del material de protección indispensable, aunado a una a atención hospitalaria “insuficiente”.
En la queja también incluyen la compra gubernamental en el IMSS Hidalgo de ventiladores a sobreprecio, muchos de ellos inservibles; “el temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de niños y niñas”, y la “omisión del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal”.
“Concretamente esta queja responde a las violaciones derivadas de las omisiones y negligencias en la atención y manejo de esta pandemia Covid-19, justamente por estas autoridades federales; particularmente es una queja contra el doctor Hugo López- Gatell y cualquier otra autoridad que resulte responsable”, puntualizó la senadora Josefina Vázquez Mota en conferencia de prensa.
Por omisión y negligencia en el manejo de la pandemia de Covid-19 y violaciones a derechos humanos, los senadores del PAN, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
La senadora Josefina Vázquez Mota anunció que en los próximos días presentarán una queja más ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Entre los argumentos expresados en la queja, los panistas señalan que el gobierno no ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como para particulares.
“Además, se ordenó una apertura apresurada de las actividades no esenciales”.
Recuerdan que las instancias internacionales han recomendado el uso de cubrebocas entre las medidas de prevención y control, para limitar la propagación del Covid-19, contrario a lo señalado por las autoridades mexicanas.
De esa manera, pidió a la CNDH una investigación por violaciones a derechos humanos, que culmine con una recomendación pública.
Acusan al gobierno federal de poner en riesgo derechos fundamentales, que son básicos y primordiales para las personas como el derecho a la salud, derecho a la vida y derecho fundamental a la subsistencia económica.
Exigieron la expedición de una norma administrativa de carácter general, en la que se recomiende enfáticamente el uso de cubrebocas bajo los lineamientos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Demandan también revertir la apertura evidentemente apresurada de las actividades no esenciales y desmentir el uso de estampas religiosas y nanomoléculas de cítricos para protegerse del coronavirus.
Proponen el otorgamiento de subsidios a empresas que tengan inscritos trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que el gobierno asuma de un 50 a un 30 % la nómina de los trabajadores.
Piden también se otorguen subsidios para agua, luz y gas en aquellas zonas con alto grado de marginación y se tomen medidas para incentivar que los propietarios reduzcan el precio de la renta en al menos un 30% cuando se trate de negocios que no puedan operar.
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Guerrero ha cumplido totalmente respecto al caso Aguas Blancas: FSA
» Redacción.
] CHILPANCINGO. * 29 de junio de 2020.
| Acapulco Press.
En respuesta a los señalamientos respecto a la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, en el sentido de que aún «no hay justicia» y que «siguen los asesinatos de dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OSCS), el Gobierno de Guerrero precisó, enfático, que dichos argumentos carecen de sustento y que ese lamentable hecho fue cubierto y reparados los daños en su totalidad, .
La Secretaría General de Gobierno, a cargo de Florencio Salazar Adame, detalló que en atención a la recomendación número 104/1995 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y al informe número 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha 23 de noviembre de 2016, el Gobierno del Estado celebró convenio con las viudas y 
sobrevivientes de Aguas Blancas mediante el cual se cubrió la totalidad de la reparación del daño e indemnizaciones, de lo cual dio fe el Notario Público número Tres del Distrito de los Bravo, Hugo Pérez Ruano, protocolizado en el instrumento público número 40,706.
La postura oficial emitida tiene como objeto aclarar las acusaciones de la dirigencia de la OCS, que señala que «el gobierno guerrerense declara que la masacre es cosa juzgada, condicionando el silencio de algunas víctimas y deudos, al entregarles anualmente 3 mil pesos gestionados por abogados corruptos coludidos con el gobierno”.
«Por lo anterior, el Gobierno del Estado ha cumplido con lo dispuesto por los organismos nacional e internacional de Derechos Humanos, así como otros apoyos otorgados a petición de los representantes de las víctimas de Aguas Blancas para la realización de diversos eventos», culmina un comunicado vertido hoy por la Secretaría General de Gobierno del Estado.
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CNDH condena uso de la fuerza tras ‘caso Giovanni’
] CIUDAD DE MÉXICO. * 5 de junio de 2020.
| Forbes México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación y condena al uso de la fuerza y violación a la libre manifestación de las ideas, luego de la presunta detención arbitraria de cuerpos policiales contra Giovanni López en el estado de Jalisco.
De acuerdo con vídeos difundidos en redes sociales, la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvo al joven con uso excesivo de la fuerza, sin embargo un día después fue hallado sin vida en el Hospital Civil de Guadalajara con traumatismo craneoencefálico y algunas lesiones, explicó el organismo en un comunicado de prensa.
En ese sentido, la CNDH realizó un llamado enérgico a las autoridades municipales y estatales de seguridad a asegurar que ante toda restricción a los derechos humanos para evitar la propagación del coronavirus se cumplan los requisitos establecidos en la legislación internacional en la materia.
De igual manera pidió garantizar el derecho a la protesta con protocolos de actuación policial, con base en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad; además de vigilar que los cuerpos policiacos respeten las garantías de las personas bajo su custodia.
Enfatizó en realizar una investigación apegada a derecho que permita clarificar las condiciones del deceso de Giovanni López, así como sancionar y reparar los daños causados por el uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada.
Reiteró que la comisión, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha permanecido atenta de lo acontecida y en comunicación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los Estados tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, aunque hay un límite en ello.
Bajo ese tenor, la entidad subrayó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad está limitado por la excepcionalidad y la proporcionalidad, la cual será utilizada sólo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios.
“El Estado no podrá justificar la privación de la vida de una persona como resultado del uso de la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada”, sentenció.
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Derechos humanos en peligro por fuerzas armadas en las calles: CNDH
] CIUDAD DE MÉXICO. * 12 de mayo de 2020.
| Forbes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que es poco clara la certeza jurídica del decreto por el que se dispone de las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública en las calles, lo cual podría ser riesgoso para el respeto y 
garantía de los derechos humanos.
Luego de que este lunes fue publicada la determinación en el Diario Oficial de la Federación, el cual permite que elementos de las Fuerzas Armadas ejecuten tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Dicho acuerdo, entró en vigor el día de hoy y concluirá su vigencia el día el 27 de marzo de 2024.
En ese sentido, la CNDH consideró insuficiente los términos de extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria dentro del documento oficial, lo cual no cuenta con certeza jurídica y claridad sobre la actuación de tales cuerpos de seguridad nacional.
Por medio de un comunicado, la comisión subrayó que en las leyes mexicanas como la Constitución política, Ley del Uso de la Fuerza o a Ley de la Guardia Nacional no se establece de manera clara cómo se deben entender los términos antes mencionados, por lo que la indefinición es un riesgo para los derechos humanos.
Indicó que dicha ambigüedad en el texto podría permitir un esquema de participación permanente de estos elementos en función de la seguridad pública, lo cual es contrario a la carta magna y la obligaciones del Estado.
“Por eso insistimos en que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención”, remarcó.
Recordó que la participación de estos cuerpos de vigilancia nacional en labores de seguridad pública debe ser vigilada por mecanismos legales y protocolos sobre el uso de fuerza.
“Hemos de recordar que el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura”.
Por ello, insistió en la necesidad de fiscalizar la intervención de las fuerzas armadas por parte del Congreso de la Unión, la sociedad civil y los organismos competentes y autónomos.
Aseguró que dará seguimiento a la participación de las fuerzas armadas conforme al carácter de organismo constitucional autónomo, así como por su responsabilidad de proteger los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
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