CHILPANCINGO * 30 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero

El plead mínima de 18 años para quienes deseen ocupar el cargo de diputada o diputado, y 25 años para quienes aspiren ser secretaria o secretario de estado.no de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo como requisito la edad.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, derivado de la minuta que envió el Senado de la República, se menciona que posibilitar a los jóvenes el acceder a las diputaciones no obedece únicamente a la necesidad de representar políticamente tal proporción poblacional, sino un reconocimiento de la relevancia de su participación en la deliberación y toma de decisiones, que dé voz a sus expresiones, visión, filosofía y cosmovisión del mundo.

Esta minuta, abunda el documento del que dio lectura la Mesa Directiva, atiende a criterios y estándares internacionales de derechos humanos, en busca de dar oportunidades en cargos públicos a jóvenes de 18 años para el caso de legisladores federales, y 25 años de edad para el caso de secretarios de Estado.

“Esta comisión coincide con el espíritu de la minuta, en el sentido de que los jóvenes deben de representar el presente de nuestro país, y para ello es de suma importancia que ejerzan sus derechos políticos de manera efectiva”, subraya.

Añade que con esta reforma se atiende y da respuesta a reclamos sociales, en el sentido de otorgar espacios públicos a un sector que ha sido soslayado, por ello la importancia de reducir la edad mínima para ocupar espacios en el Congreso o secretarías de gobierno.

Intervenciones

La diputada Leticia Castro Ortiz (Morena) intervino con el tema “Fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública municipal y estatal para generar condiciones de paz en la entidad”. Expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, a nivel nacional el 62.1 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad, y que para mitigar el problema es necesario que los ayuntamientos municipales tengan elementos de seguridad certificados y capacitados, que devenga en instituciones fortalecidas.

Expuso, asimismo, que el Congreso local debe emitir leyes que dignifiquen la actividad de los policías estatales y municipales, brindándoles mejores condiciones de trabajo, además de disponer de defensores en materia de derechos humanos.

En una segunda sesión, el diputado Masedonio Mendoza Basurto (Morena) intervino en relación a “Los caminos artesanales de la Montaña”, resaltando que los recursos de este programa del Gobierno Federal son ejercidos directamente por los presidentes municipales, quienes establecen los lineamientos y operación de las obras, y que las mismas se realizan con mano de obra local, lo cual ayuda a generar fuentes de empleo en las comunidades beneficiadas. Sin embargo, el legislador denunció acciones irregulares y presuntos actos graves de corrupción en el pueblo de Tlacoapa, donde hay indicios de que se está alterando el número de trabajadores contratados para la ejecución de los caminos.

Ante esto, el diputado llamó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso, a que desde el ámbito de sus competencias realicen una investigación en este municipio en relación con dicho programa federal, para en su caso sancionar las faltas.

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CHILPANCINGO * 23 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero
El Congreso del Estado exhortó a los presidentes municipales de San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y el Consejo Comunitario de Ayutla de los Libres para que, en tanto no se instituyan las autoridades de los nuevos municipios de Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Ñuu´Savi, atiendan las necesidades de obras y servicios en las comunidades segregadas.

En la sesión de este martes, la diputada Claudia Sierra Pérez (Morena) hizo la propuesta con la argumentación de que la LXII Legislatura aprobó la creación de esos cuatro nuevos municipios para que pudieran ejercer su gobierno de una manera óptima, sin retrasos o ineficiencias presupuestarias.

Sin embargo, la legisladora refirió que surgieron recursos de amparo que impidieron a la actual legislatura terminar adecuadamente la institución de los nuevos ayuntamientos, debido a que algunas localidades no fueron consultadas sobre si estaban de acuerdo en su segregación de los municipios a los que originalmente pertenecían y su anexión a los nuevos.

Explicó la legisladora que las comunidades que determinaron integrarse a los nuevos municipios aún están bajo jurisdicción de los ayuntamientos de los municipios de origen, hasta en tanto no se instituyan los nuevos municipios.

Abundó que en los Presupuestos de Egresos y Leyes de Ingresos 2023 de los municipios de origen, las comunidades que formarán parte de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón fueron contempladas con obras de infraestructura municipal, pero sobre todo con el cobro de impuestos como predial y servicios de registro civil, agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado público.

Sin embargo, Sierra López refirió que a principios de este mes habitantes de los cuatro nuevos municipios acudieron a denunciar al Congreso que sus comunidades estaban siendo discriminadas por los ayuntamientos de San Marcos, Ayutla de los Libres, Cuajinicuilapa y Malinaltepec, y que las obras que habían sido contempladas para ellos en el Presupuesto de Egresos 2023, ya no serían ejecutadas.

Por esta razón, la legisladora consideró necesario exhortar a dichos alcaldes para que hasta en tanto no se instituyan los nuevos municipios, sus comunidades segregadas sean atendidas con obras y servicios, haciendo la correspondiente división del presupuesto económico, tal y como lo ordena el artículo 13, cuarto párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Razonaron su voto a favor los diputados Bernardo Ortega Jiménez (PRD), José Efrén López Cortés (Morena) y Rafael Navarrete Quezada (PRI).

Acuerdos

A solicitud del diputado Fortunato Hernández Carbajal (Morena), el Congreso del Estado exhortó a titulares de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Salud y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que atiendan las problemáticas de salud y ambientales que padecen los habitantes de Petacalco, municipio de La Unión, Guerrero, a causa de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles.

También, a propuesta del diputado José Efrén López Cortés se exhortó a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración y de Turismo del Gobierno del Estado, así como a la Comisión Nacional del Agua, para que realicen las acciones

pertinentes con miras a dotar de equipo técnico y humano adecuados para la construcción de rompeolas en las playas de la región Costa Chica, o en su caso, gestionen en sus respectivos anteproyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024 los recursos necesarios para el efecto, que brinde mayor seguridad a turistas nacionales y extranjeros y población local.

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CHILPANCINGO * 23 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero
Diputados de la LXIII Legislatura aprobaron el dictamen de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Guerrero y Municipios, que establece las bases, límites y procedimientos para regular el derecho a la indemnización del que gozan los particulares que sufren daños en sus bienes y derechos como consecuencia de actividad indebida, irregular u omisa de los entes públicos estatales y municipales.

En el dictamen emitido por la Comisión de Justicia se destaca la importancia de regular la figura de Responsabilidad Patrimonial del Estado porque conforma un principio de orden de la propia administración, que contribuye en forma decisiva a su organización y desempeño, además de ser un insustituible elemento de sana inhibición de conductas indebidas.

Abunda que las entidades tienen el deber de regular el derecho humano a la indemnización de los administrados, de tal forma que se debe establecer en sus disposiciones constitucionales la responsabilidad patrimonial, así como crear las normas secundarias especiales en la materia, como otorgar competencia a los tribunales de justicia administrativa para que conozcan de todos los asuntos derivados del conflicto.

Dicha ley que consta de siete capítulos y 50 artículos deriva de iniciativas presentadas en un primer momento por el diputado Carlos Cruz López (Morena), y posteriormente por las diputadas y diputados Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Héctor Apreza Patrón, Raymundo García Gutiérrez, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, Leticia Mosso Hernández y Ana Lenis Reséndiz Javier, todos estos integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El ordenamiento establece de forma precisa la reglamentación en materia de responsabilidad patrimonial, garantizando el principio de equidad en los procedimientos, montos, bases y límites para la indemnización de particulares que, sin fundamento legal o causa jurídica que lo justifique, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad indebida, irregular u omisa de los entes públicos estatales y municipales en los casos de actuación indebida de la Administración Pública.

Un precepto primordial de este nuevo ordenamiento es la armonización del principio de responsabilidad directa con la capacidad presupuestal de los entes públicos, como lo establece el artículo 186 de la Constitución Política del Estado, sobre que todas las obligaciones de carácter económico que correspondan al estado o a los municipios y que se deriven de la Constitución, deben entenderse limitadas por las respectivas capacidades presupuestarias.

En ese sentido, con esta Ley se pretende cubrir los intereses de las y los ciudadanos, al establecer que no esperarán a que el servidor público sea quien lo indemnice, sino que sea una acción derivada de la autoridad que es responsable, para lo cual se podrá hacer uso de los recursos públicos.

Dictamen

El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó un dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos por Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Acuerdo A propuesta de la diputada Leticia Mosso Hernández, las diputadas y diputados exhortaron a la titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a efecto de que, desde el ámbito de su competencia, realice las investigaciones y monitoreo correspondiente en las carreteras federales del estado, que resuelva la pertinencia de topes y/o reductores de velocidad, y retirar los mismos cuando no cumplan con los criterios establecidos para su construcción, contribuyendo a un medio ambiente más sano y a una mejor movilidad, en beneficio de las y los guerrerenses.

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CHILPANCINGO * 22 de mayo de 2023.
) Congreso de Guerrero
El Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para incorporar la Unidad de Evaluación y Control (UEC), como un órgano de apoyo técnico especializado de la comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuya encomienda será vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de esa institución fiscalizadora.

Al fundamentar en tribuna, el presidente del citado órgano legislativo, diputado Jacinto González Varona, explicó que una vez analizada la propuesta de reforma promovida por el diputado Antonio Helguera Jiménez (Morena), se dictaminó procedente porque cumple con los aspectos de legalidad, homogeneidad y criterios normativos aplicables, en el entendido de que lo que se pretende es garantizar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la ASE.

Además, con la UEC se busca el mejoramiento del trabajo fiscalizador de la ASE, eficientando sus sistemas de gestión financiera, implementando mejores prácticas de contabilidad y auditoría gubernamental, protecciones contra el fraude y los procesos de control interno, todo lo cual contribuirá a los esfuerzos de prevención de la corrupción.

González Varona expuso que con base en las facultades de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE, le compete evaluar los resultados de la gestión financiera de los sujetos obligados y la correcta rendición de cuentas, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados en el presupuesto, y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno a los que se les han asignado recursos.

Abundó, asimismo, que la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico dependiente del Congreso local, e instancia encargada de la revisión de las Cuentas Públicas de los municipios, de los tres Poderes del estado y de los organismos autónomos, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

Por lo antes mencionado, el legislador manifestó la viabilidad de incorporar la Unidad de Evaluación y Control como apoyo técnico para que, de manera conjunta con las áreas ya existentes en la materia, se mejore la revisión y supervisión de los recursos públicos asignados a los entes fiscalizables, que derive en la correspondiente aplicación de sanciones administrativas a quienes incurran en incumplimiento.

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