Gaby Bernal | Congreso seguirá impulsando derechos de mujeres
CHILPANCINGO, Gro. * 27 de junio de 2022.
) Guerrero | LXIII Legislatura
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Gabriela Bernal Reséndiz, consideró de suma importancia que la actual legislatura del Congreso de Guerrero sea paritaria y se siga trabajando para cimentar las bases que garanticen este principio constitucional en los tres niveles de gobierno y órganos autónomos, así como la erradicación de la violencia política en razón de género.
Al dar la bienvenida al foro “La Fuerza Política de las Legisladoras Mexicanas”, realizado este lunes en las instalaciones del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” de este Poder Legislativo, la legisladora reconoció a las ponentes por su trayectoria, pero también a los grupos de féminas que de manera conjunta han luchado y dado acompañamiento para mejorar el marco jurídico en favor de todo el sector.
Bernal Reséndiz dijo que los datos proporcionados en el foro son importantes porque aportan información sobre los avances en materia de derechos políticos de las mujeres, de lo cual es muestra la LXIII Legislatura que está integrada por 23 mujeres y 23 hombres.
Sin embargo, externó su preocupación por la brecha de desigualdad que aún persiste en otras instituciones, ante lo cual reiteró el compromiso de las legisladoras locales por seguir construyendo una agenda política en favor de las mujeres en el segundo año legislativo que está por comenzar, en busca de sentar un gran precedente.
Las ponentes del foro fueron la Dra. Adriana del Rosario Báez Carlos, investigadora del Buró Político; Dra. Olivia Álvarez Montalván, catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero e integrante de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses; Lic. Alma Delia Eugenio Alcaraz, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, y Lic. Muriel Salinas Díaz, integrante de la Red de Mujeres en Plural y presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.
Todas ellas, en su momento, reconocieron que en la lucha por los derechos políticos de las mujeres es un precedente importante el impulso de la representación política en los congresos, lo cual cobró fuerza a partir de 1995 y en los últimos años es parte esencial de las democracias y en la toma de decisiones.
Las ponentes también conminaron a las legisladoras guerrerenses para seguir impulsando leyes que garanticen los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.
También participó en el foro las diputadas Patricia Doroteo Calderón, vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, y la encargada de clausurar los trabajos fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán.
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Piden incluir ‘violencia vicaria’ en Ley de Acceso a Mujeres libre de Violencia
CHILPANCINGO, Gro. * 27 de junio de 2022.
) Guerrero | LXIII Legislatura
La diputada Jessica Ivette Alejo Rayo presentó una iniciativa para incluir en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado la “violencia vicaria”, como la acción u omisión intencional que ocasiona daño físico o psicológico en contra de las hijas o hijos, o a cualquier otra persona con la que se tenga un lazo familiar o afectivo, cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de pareja, parentesco por consanguinidad, afinidad, derivada de una relación de concubinato, noviazgo, matrimonio, con o sin convivencia.
Al presentar su propuesta, la legisladora de Morena expuso que la violencia de género es aquella que afecta de una u otra manera a las mujeres sólo por el hecho de serlo, lo cual ha existido en México desde tiempos inmemoriales, y responde a la cultura machista que se veía como normalizada socialmente.
Abundó que la agresión contra las mujeres ha evolucionado y en algunos casos se ha redirigido en contra de familiares y amigos, y lo más grave es cuando se realiza en contra de los hijos, lo cual es más doloroso y constituye también un crimen contra la niñez.
Precisó que lo que se conoce como violencia vicaria, que proviene de la palabra “vicario”, se refiere a la sustitución de un individuo por otro; es decir, el agresor considera que haciendo daño a otra persona conseguirá dañar a quien realmente le interesa lastimar.
Subrayó que de acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la violencia vicaria en México del año 2016, en la que 205 mujeres sobrevivientes de ella fueron entrevistadas en todo el país, en el 80 por ciento de los casos las víctimas fueron separadas de sus hijos de forma inesperada, con previas amenazas y sin tener contacto con las y los menores.
Asimismo, que del mes de enero y abril de 2022 en el estado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron mil cien presuntos casos de violencia familiar; 99 de violencia de género en todas sus modalidades; 131 presuntos delitos de violación y 77 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual.
“Estas cifras demuestran que las mujeres en Guerrero están expuestas a diversos tipos de violencia; por ello, es necesario fortalecer acciones en su favor, pues la violencia en todas sus formas se presenta con mayor frecuencia, mientras las autoridades les dan la espalda y hacen poco o nada para garantizar la protección de las madres de familia”, apuntó.
Agregó que la “violencia vicaria” ya está tipificada en los estados de Zacatecas, Hidalgo y Estado de México, y que es necesario que en Guerrero se legisle al respecto, ya que de no hacerlo, las mujeres y sus seres queridos quedarán vulnerables y sin la protección en las leyes.
Esta iniciativa de adición a la fracción VI del artículo 9 y el inciso g del artículo 10 de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, para su análisis, discusión y emisión del dictamen correspondiente.
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Jucopo analiza selección de participantes para el Sistema Estatal Anticorrupción
CHILPANCINGO * 24 de junio de 2022.
Guerrero | LXIII Legislatura
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado analiza la Convocatoria para la integración de la Comisión de Selección de Carácter Honorífica que se encargará de designar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
En la propuesta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, leída en tribuna por la diputada integrante Jessica Ivette Alejo Rayo, se señala que desde el 2016 fue expedida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del estado y municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Abundó que en dicho ordenamiento se determina que los estados establecerán la creación de los sistemas locales anticorrupción para coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado.
Por lo anterior, la comisión legislativa del ramo consideró necesario convocar a las instituciones de educación superior y de investigación para proponer a personas que integrarán la Comisión de Selección Honoraria de cinco integrantes para un periodo de tres años contados a partir de la toma de protesta de Ley, misma que se encargará de emitir la convocatoria para seleccionar y designar a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dicha convocatoria tendrá una vigencia del 4 al 8 de julio del 2022 y la documentación se recibirá en la Presidencia de la Mesa Directiva, en un horario de 10 de la mañana a las 14 horas, y para poder ser designada o designado como miembro de la Comisión, las personas propuestas deberán cumplir requisitos como el ser postulado por la o las instituciones u organizaciones promotoras; ser ciudadana o ciudadano guerrerense y estar en pleno goce de sus derechos civiles, políticos y sociales; no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.
Además, contar con título profesional y tener conocimientos o distinguirse por su servicio, interés y participación en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; gozar de buena reputación; no ser ministro de ningún culto religioso, ni haberse desempeñado como funcionario de primer nivel en la administración pública estatal o federal, durante tres años previo a su designación.
También, los aspirantes no deben haber sido integrantes de la Comisión de Selección que venció su periodo en el año 2021, ni integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, como tampoco titular de alguno de los entes públicos que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
De la misma forma, no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político, ni postulado para cargo de elección popular dentro de los tres años anteriores a su designación.
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Congreso abrió sus puertas al «Bazar a todo color»
CHILPANCINGO * 24 de junio de 2022.
) Guerrero | LXIII Legislatura
Este viernes en el Congreso del Estado se desarrolló el “Bazar a Todo Color”, en el que participaron miembros de la comunidad LGBTTIQ+ provenientes de las siete regiones de Guerrero, con ofertas de una gran variedad de productos, como ropa, calzado, joyería, comida, suplementos alimenticios, cosméticos y mucho más.
Al inaugurar el evento, la diputada Jennyfer García Lucena, presidenta de la Comisión de Cultura y coordinadora de la actividad, indicó que durante muchos años esta comunidad ha sufrido de discriminación en todos los ámbitos, tanto al seno de la familia como en espacios públicos y de trabajo, lo que les ha restado oportunidades para ocupar cargos públicos y ejecutivos, así como mejores empleos, lo que afecta seriamente su economía.
Abundó la legisladora que todas las personas tienen derecho a un empleo digno y que la orientación sexual o identidad de género no debería ser condicionante para el desarrollo de las capacidades y desempeño de cargos.
En ese sentido, indicó que el objetivo del evento es visualizar la situación de este sector y concientizar a la sociedad en general sobre que la violación de sus derechos limita el aprovechamiento de talentos y, por consecuencia, el desarrollo social.
Al evento también acudieron la diputada Patricia Doroteo Calderón y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán.
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Sugieren simplificar comisiones en sistema para erradicar violencia de género
CHILPANCINGO * 23 de junio de 2022.
) https://congresogro.gob.mx/63
La diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, para que las Comisiones Legislativas Para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por sus enfoques interseccionales, formen parte del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En su exposición de motivos, la diputada del PT plantea que estas comisiones contribuyan a mantener la estabilidad del sistema político y a fomentar la fluidez en la toma de decisiones, así como servir como foros oficiales de interlocución que permitan que distintas posturas del partido oficial negocien alrededor de temas específicos, en este caso tratándose de temas relevantes como los derechos humanos, asuntos Indígenas y afromexicanos y los derechos de las niñas y niños del estado.
“Estamos en una época en que se están vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia de manera flagrante en nuestra entidad federativa, reduciendo así cualquier posibilidad de conflicto o desavenencia en estos temas”, subrayó la diputada.
Mosso Hernández recordó que en el año 2006 se creó en México la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a partir de lo cual se estableció el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con unidades responsables de género en las dependencias y entidades de la administración pública federal, y durante el año 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Agregó que a partir de la Ley de Acceso y su Reglamento, se creó también el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual se logra conjuntar a los titulares de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación Pública, Salud, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Mencionó que a partir de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los próximos 20 años nuestro país habrá conformado las condiciones, tanto institucionales como sociales y culturales, para que las mexicanas ejerzan su derecho a vivir una vida libre de violencia, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de mayor riesgo, ya sea por su edad, su pertenencia étnica, el color de su piel, su estrato socioeconómico, el lugar geográfico en el que viven o su preferencia sexual y afectiva.
En ese sentido, Mosso Hernández subrayó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural y no puede entenderse como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de las sociedades en general, y de la mexicana en particular, cuya finalidad es el control de sus cuerpos y sus vidas.
Por todo lo anterior, la legisladora señaló la necesidad de que esta política promueva, en conjunto con las instituciones del Estado Mexicano, una transformación cultural que logre la construcción de relaciones no violentas entre mujeres y hombres en todos los espacios; que reconozca y valore los nuevos arreglos familiares; que los dote de la legitimidad social que hasta ahora se les ha negado, y se desnormalicen las relaciones violentas como una forma de convivencia aceptada e incluso valorada.
La propuesta plantea reformar la fracción XIII del artículo 40 de la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero, misma que es analizada en la Comisión Para la Igualdad de Género, para su respectivo dictamen.
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Comisión de Minería y Grupo Peñoles logran importantes acuerdos
CHILPANCINGO * 22 de junio de 2022.
) https://congresogro.gob.mx/63
La Comisión de Minería del Congreso del Estado realizó una mesa de trabajo interinstitucional con autoridades del Gobierno del Estado, del municipio de Teloloapan, comunitarias y directivos de la Mina Capela (Grupo Peñoles), en la que arribaron a acuerdos para la resolución del conflicto que prevalece entre la empresa minera y habitantes de la comunidad de Tehuixtla.
En una reunión que duró poco más de cuatro horas en las instalaciones del Poder Legislativo, se abordaron diferentes temas que atañen a las comunidades circundantes a esa mina, hasta que finalmente se generaron mecanismos para la solución de la problemática diversa relacionada con la contaminación ambiental y la falta de cumplimiento a los compromisos con el desarrollo económico y social por parte de la empresa.
En su intervención, el diputado presidente de dicha comisión, Andrés Guevara Cárdenas, sostuvo que estas reuniones ayudan a acortar las diferencias que pueden existir entre la población y las empresas dedicadas a la actividad minera.
Indicó que las y los diputados miembros del citado órgano legislativo habrán de dar puntual seguimiento al proceso de cumplimiento de los acuerdos tomados, para que en un corto y
mediano plazo se observen resultados en beneficio de las y los habitantes de Tehuixtla y comunidades cercanas.
En su oportunidad, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, presidente de la Junta de la Junta de Coordinación Política y miembro de la comisión, dijo que el Congreso local siempre mantendrá sus puertas abiertas para dar atención a todo tipo de conflicto, facilitando el diálogo y el buen entendimiento entre las partes.
En ese sentido, conminó a las partes para continuar el acercamiento en mesas de trabajo, a efecto de detallar cada una de las exigencias de los pobladores y las propuestas de solución que ofrecen los directivos de la minera, que permita valorar el costo-beneficio de la explotación minera en dicha zona de la región Norte.
Los temas que se abordaron fueron la evaluación de daños por voladuras de rocas para la extracción, pago de predial, abatimiento de manto freático, obras de agua potable, mantenimiento de la carretera federal y estatal, compra venta de tierras, operatividad del Consejo de Comisarios, trabajos de exploración, entre otros.
Derivado de la reunión, los asistentes firmaron una minuta con 12 acuerdos, entre los que destaca el apoyo de una institución académica para validar los estudios estructurales y geofísicos de las viviendas afectadas por las vibraciones que provoca la mina.
Asimismo, el Congreso solicitará la intervención de la Secretaría de Salud del estado para que realice el estudio correspondiente del agua que suministra el municipio de Teloloapan, además de concertar una audiencia con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para gestionar apoyos en la materia en beneficio de la comunidad.
Por su parte, la empresa Capela continuará con el mantenimiento de la vía del crucero de Apaxtla a la comunidad de Tehuixtla, y se compromete a suspender de manera temporal los trabajos de barrenación de pozos de exploración, y a presentar un informe de lo que se ha realizado hasta el momento.
En el encuentro también participaron la diputada Susana Paola Juárez Gómez, secretaria de la Comisión; la secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Teodora Ramírez Vega; el subsecretario de Coordinación y Enlace con las Organizaciones Sociales del gobierno estatal, Ernesto Fidel Payán Cortinas; el presidente municipal de Teloloapan, Homero Hurtado Flores, y directivos de la empresa minera.
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Exhorta Congreso a SCT atender red carretera de Tierra Caliente
CHILPANCINGO * 21 de junio de 2022.
) Congreso de Guerrero
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado analiza un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Elzy Camacho Pineda (PRD) y el diputado Adolfo Torales Catalán (PRI), por medio del cual se plantea exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz-Leal, a efecto de que reasigne recursos financieros para el mantenimiento a la red carretera de la región Tierra Caliente de Guerrero.
La propuesta es para exhortar también a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que elabore los proyectos ejecutivos de pavimentación y mantenimiento de la red carretera estatal y caminos rurales de la misma región, que permita a la Cámara de Diputados federal considerar los recursos correspondientes para el Ejercicio Presupuestal 2023.
Al presentar su propuesta en la más reciente sesión ordinaria del Congreso, la diputada Elzy Camacho explicó que la infraestructura carretera es esencial para consolidar el desarrollo económico y social de los municipios y las comunidades que conforman las regiones del estado, hecho por el cual la inversión en este rubro es de vital importancia para elevar la economía e impulsar los procesos de producción, distribución y
comercialización de productos agrícolas y mercancías, así como otorgar garantías para la protección física y patrimonial de los automovilistas.
Precisó que la última inversión a la red carretera de la Tierra Caliente por parte del Gobierno de la República fue en el año 2014; luego, en el 2019, el Gobierno de Guerrero invirtió más de 160 millones de pesos en obras de infraestructura carretera en los nueve municipios de la zona de Tierra Caliente, y el 24 de octubre del 2020 el titular de la SCT informó que ese año la inversión en infraestructura carretera en Guerrero sumó mil 587 millones de pesos para atender a 48 municipios en la entidad, inversión que no llegó a las carreteras de la Tierra Caliente.
Agregó que, en lo que respecta a la inversión preliminar del programa de infraestructura para este 2022, en Guerrero será de mil 672 millones de pesos, lo cual beneficiará a 21 municipios de la Montaña de Guerrero; sin embargo, la actual administración federal ha excluido de estas inversiones a la región de la Tierra Caliente.
Por lo antes expuesto es que surge la propuesta para exhortar a los funcionarios antes mencionados, a efecto de que atiendan las necesidades de infraestructura carretera de la Tierra Caliente, zona que requiere de atención y asignación presupuestal para garantizar mejores condiciones de vida a su población.
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Legislación de uso de lenguas fue apegado a acuerdo de Congreso de la Unión
CHILPANCINGO * 21 de junio de 2022.
) Congreso de Guerrero
El Congreso del Estado se adhirió al acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para legislar en favor del uso de las lenguas indígenas, considerando el fomento y preservación de las mismas a través de la producción artística, especialmente literaria.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, mismo que fue fundamentado por la diputada Leticia Mosso Hernández, se establece que hablar de las lenguas indígenas y su desarrollo en el estado es hacer énfasis en sus cuatro pueblos originarios: Nahúatl (Nahua), Tu’un savi (Mixteco), Me´phaa (Tlapaneco) y Nn’anncue ñomndaa (Amuzgo).
Aseguró que la entidad posee una gran riqueza y diversidad cultural cimentada en el patrimonio tangible e intangible de sus cuatro pueblos indígenas y el afromexicano, quienes en conjunto hacen que Guerrero sustente una identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural; sin embargo, a pesar de que las poblaciones interactúan y se relacionan de manera cotidiana, la relación sigue siendo desigual, pues es la visión mestiza la que se impone en los ámbitos económicos, educativo, religioso, político, de impartición de justicia, de desarrollo social y otros.
Mosso Hernández refirió que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México poco más de siete millones de personas mayores de tres años hablan una lengua indígena, lo que representa un seis por ciento de la población total; mientras que en Guerrero hay 515,487 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 18 por ciento del total de la población.
Asimismo, expuso que en 200 años, desde 1800 a la actualidad, la población hablante de lengua indígena se ha reducido a un 65 por ciento, hecho por el cual se puede señalar que hoy día todas las lenguas indígenas están amenazadas y en riesgo de desaparición, y poco más de la mitad se encuentra en alto y muy alto riesgo de extinción.
“Atribuimos la pérdida de estas lenguas a acciones de discriminación y políticas públicas de exclusión hacia los pueblos indígenas y afromexicanos; subordinación de las lenguas y culturas originarias bajo el poder y prestigio de la lengua castellana y la cultura de occidente, porque el español, al hacer el papel de lengua oficial, se convierte en la lengua de administración, comercialización, impartición y procuración de justicia”, abundó.
En ese sentido, indicó que las lenguas indígenas constituyen sistemas de pensamiento, de valores y conocimientos, y que con esta perspectiva es importante la preservación de la esencia del patrimonio cultural.
“Porque cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. De ello la importancia de legislar para fomentar su preservación en las generaciones futuras”, apuntó.
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Plantean reforma para garantizar pago de laudos laborales
CHILPANCINGO * 20 de junio de 2022.
) https://congresogro.gob.mx/63
El diputado Raymundo García Gutiérrez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que la aplicación de multas dictadas por el Tribunal Laboral sea con base a la Unidad de Medida y Actualización y con cargo a las administraciones municipales, no a los representantes legales o síndicos.
Además, para que los ayuntamientos destinen una partida presupuestal de por lo menos el tres por ciento de los ingresos autorizados por el Congreso del Estado en el Ejercicio Fiscal del año anterior inmediato, que sirva para el cumplimiento del pago de indemnizaciones a trabajadores, conforme a la prelación que corresponda.
García Gutiérrez externó que sus propuestas pretenden definir el procedimiento de ejecución de los laudos laborales para que no sean los síndicos procuradores de las administraciones municipales en quien recaiga la responsabilidad de la multa por el no cumplimiento de los laudos dictados en otras administraciones, sino que sea a cargo del municipio, ya que dichos funcionarios no tienen facultades para ejercer el gasto público. Es por esto, precisó el legislador, que se hace necesario modificar los citados ordenamientos legales, sin que ello signifique afectar el derecho de las y los trabajadores.
García Gutiérrez explicó que los ayuntamientos enfrentan serios problemas económicos por laudos laborales, ya que según datos
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del año 2000 hasta agosto del 2018 se han recibido un total de cinco mil 641 demandas laborales de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 municipios, lo que representa adeudos estimados por el orden de los 3000 millones de pesos, situación que pone en riesgo la estabilidad de los municipios y que debe ser atendido de manera oportuna; de lo contrario, repercute en la ejecución de obras y servicios, afectando a la población.
Abundó que dicha problemática ha sido de conocimiento del Congreso del Estado porque los ayuntamientos municipales le solicitan constantemente una ampliación presupuestal o partidas especiales de presupuesto, préstamos o contratación de empréstitos, mismos que se les han negado por cuestiones legales.
Las reformas mencionadas pretenden regular los salarios caídos en base a la Unidad de Medida y Actualización, y que las administraciones municipales cuenten con el financiamiento necesario para cubrir adeudos, sin afectar las finanzas de los ayuntamientos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su respectivo análisis y dictaminación.
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