Obispo de Nicaragua a juicio por “conspiración” y “propagación de noticias falsas”
CIUDAD DE MÉXICO * 10 de enero de 2022.
) AP
Las autoridades judiciales de Nicaragua abrieron juicio el martes contra el obispo católico de Matagalpa (norte), monseñor Rolando José Álvarez Lagos, un férreo crítico del gobierno de Daniel Ortega, por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
En una nota publicada en el portal oficial El 19 Digital, el gobierno informó que se realizó la audiencia inicial del caso, publicando una fotografía del obispo vestido de civil, sentado en una sala de los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, en compañía de otras personas.
Sin mencionar su condición de obispo, el informe del gobierno mencionó que “Rolando José Álvarez Lagos (compareció) en su calidad de acusado” por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas” en perjuicio “del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Indicó que la autoridad judicial mantuvo el arresto domiciliario dictado el pasado 13 de diciembre, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio.
Monseñor Rolando Álvarez, de 56 años, es el primer obispo católico de Nicaragua en ser acusado por delitos graves y sometido a un juicio penal. Es el más crítico de los obispos nicaragüenses que aún permanecen en Nicaragua. Permanece detenido hace 145 días en un domicilio de su familia en Managua y bajo estricta vigilancia policial.
Las autoridades también confirmaron su solicitud a la Interpol para la captura del sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la norteña localidad de Sébaco, adscrita a la Diócesis de Matagalpa que dirige el obispo Álvarez y cuyo caso figura en la misma causa penal. Vallejos se encuentra exiliado en Costa Rica desde hace varios meses.
Tras las protestas sociales de 2018, que fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares sandinistas, Álvarez alzó su voz para criticar al gobierno y demandar la libertad de los opositores presos, que actualmente suman más de 230 según la oposición.
Ortega acusó entonces a los obispos de la Iglesia católica de apoyar “un fallido golpe de Estado” en su contra, auspiciado según él por “el imperio estadounidense”.
Luego de varias denuncias de “persecución policial” en su contra, monseñor Álvarez fue sitiado por la policía durante dos semanas en su Diócesis de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de la capital. La policía anunció que lo investigaba por “organizar grupos violentos”.
A la retención del 19 de agosto pasado del obispo, se sumó la de otros siete sacerdotes, diáconos y periodistas que lo acompañaron en la diócesis. Fueron igualmente acusados penalmente.
El 13 diciembre, la jueza del Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Gloria Saavedra, admitió la acusación del fiscal Manuel Rugama contra el obispo por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Le nombró un defensor de oficio y le decretó arresto domiciliario.
La noche del lunes, hablando en el inicio de la nueva legislatura parlamentaria, Ortega arremetió contra los opositores presos, a quienes acusó de ser “terroristas” y los comparó con los bolsonaristas que atacaron diversas sedes públicas en Brasil el pasado domingo.
Dijo que la oposición en Nicaragua trató de organizar “un sangriento golpe de Estado” con ayuda “del imperio” y agregó que “ni condenándolos a pena perpetua pueden saldar el daño que le produjeron a Nicaragua”.
La revuelta social de 2018 generó una grave crisis política en Nicaragua, después de que la represión dejó al menos 355 muertos, unos 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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EU anuncia más sanciones a Nicaragua por elecciones ilegítimas
] MANAGUA. * 15 de noviembre de 2021.
) Télam.
Estados Unidos anunció este lunes la aplicación de más sanciones contra Nicaragua por sus recientes elecciones generales, que calificó de «farsa orquestada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo».
El Departamento del Tesoro dijo que impondrá sanciones al Ministerio Público y a nueve altos cargos del gobierno, entre ellos el viceministro de Finanzas, José Adrián Chavarria Montenegro y el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo.
Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles haberes de estas personas en Estados Unidos, indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Las sanciones «no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para fomentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario que apoyan», agregó la nota, informó la agencia de noticias AFP.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro acusa al Ministerio Público (fiscalía federal) de haber «arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales» e impedirles «postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua».
El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó este mes de «farsa» los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se impuso para un cuarto mandato consecutivo, junto con su influyente esposa Murillo como vicepresidenta, sin opositores de peso.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había advertido que Washington estaba considerando la imposición de nuevas sanciones.
«El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto», criticó Andrea Gacki, directora de la OFAC.
La funcionaria añadió que «Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo más estrecho de que apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia».
Entre los sancionados hoy también hay varios alcaldes a los que Estados Unidos acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas contra Ortega en 2018 cuya represión dejó centenares de muertos, según activistas opositores.
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Obispos, principales azuzadores de protestas contra Ortega
MANAGUA, Nicaragua. * 9 de julio de 2019.
] Efe.
Carlos Fonseca Terán, hijo de un fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), señaló este martes a «algunos de los obispos» como «los mayores azuzadores» de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril de 2018 y que han dejado cientos de muertos.
«La jerarquía de la Iglesia (católica), sobre todo algunos de los obispos, fueron de los mayores azuzadores» de las manifestaciones antigubernamentales, aseguró Fonseca Terán, secretario adjunto de Relaciones Internacionales del FSLN, partido fundado en 1961, entre otros, por su padre, Carlos Fonseca Amador.
El dirigente sandinista mencionó al influyente obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien por decisión del papa Francisco fue trasladado a Roma, en medio de la crisis en la que está inmersa el país centroamericano.
Asimismo, sostuvo que «algunos» sacerdotes «estuvieron en las sesiones de torturas» que, a su juicio, los opositores realizaron a simpatizantes sandinistas y a trabajadores del Estado durante los tres primeros meses de protestas callejeras.
«Les parecía que estaban en los tiempos de la Inquisición, quemando vivos a los sabios, como lo hacían en la época de la Inquisición, y protegiendo a los delincuentes, a los terroristas, a torturadores, a los criminales, guardando las armas en los templos y todo», apuntó.
«¡Eso fue abominación!», continuó Fonseca Terán, a través del Canal 4 de la televisión local, afín al Gobierno sandinista.
El hijo del cofundador del FSLN consideró «que en la historia de Nicaragua no ha habido mayor profanación a lo más sagrado de la Iglesia católica que la que hicieron esos obispos y esos curas el año pasado»
«No la ha habido, ni se ha causado nunca tanto daño a la Iglesia católica como el que ha causado esta gente. Por eso se tuvieron que llevar al «sargento» Báez» a Roma, agregó.
A juicio de Fonseca Terán, el papa Francisco trasladó al obispo Báez a Roma «por el daño que estaba causando a la propia institución de la Iglesia católica».
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua participaron como mediadores y testigos de un fallido diálogo que se instaló a mediados de mayo de 2018 y que fue suspendido dos meses tras las agresiones sufridas por religiosos en la ciudad de Jinotepe (sur).
El presidente Daniel Ortega calificó de «golpistas» a los obispos de la Conferencia Episcopal y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
Ortega hizo esas acusaciones ante miles de sandinistas en una plaza de Managua y mientras conmemoraba el 39 aniversario de la revolución sandinista.
Hace un año, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó y pensó que la propuesta mostraba que los obispos estaban «comprometidos con los golpistas», según dijo el 19 de julio de 2018.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Daniel Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes «de lesa humanidad» en medio de la crisis.
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