Sin daños a terceros
» ÁNGEL | BLANCO
) Acapulco Press

Respecto al ‘palomazo’ de la gobernadora Evelyn Salgado con el «Coque» Muñiz, durante la inauguración del centro cultural «El Partenón», el pasado 6 de noviembre en Zihuatanejo, obliga a una reflexión sensata, ecuánime, sin tintes políticos ni defensas reptilescas o zalameras.

Guerrero vive momentos muy tormentosos, hay que admitirlo; no obstante, también es –por tradición– un estado muy bronco, de mecha corta, no obstante, jamás la violencia generalizado había sido tan rimbombante, tan altisonante, como ahora… también hay que admitirlo: ‘No se puede tapar el sol con un dedo’.

Sin embargo, culpar a los gobernantes locales de la proliferación y/o la falta de combate de la misma merece un sentido común más profundo.

Antes, hay que aclarar que cantar no es pecado religioso, ni delito penal.

En el tema que ocupa la atención, no existe concordancia entre un hecho cultural y otro de nota roja, aunque hayan ocurrido el mismo día, excepto que el trasfondo intente conectar una cosa con la otra, sobre todo si de ‘atacar’ o abonar más gasolina al fuego se trata.

El incidente del ‘palomazo’ de Evelyn Salgado en Zihuatanejo hace recordar la nota periodística de Gloria Leticia Díaz en la revista Proceso titulada «Llovía y llovía y el gobernador Aguirre bebía y bebía…», la cual refiere que «la noche del viernes 13 en Casa Guerrero, en Chilpancingo, el gobernador Ángel Aguirre abrazaba jubiloso a dos de sus predecesores: Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros. Afuera de la residencia oficial la lluvia pertinaz provocaba que familias enteras abandonaran sus viviendas en las márgenes del río Huacapa, mientras en el resto del estado la tormenta tropical Manuel ya ocasionaba enormes estragos».

Cierto, era obligación del exmandatario estar informado y atento a un fenómeno atmosférico ya anunciado. Lo que se le criticó fue su delibera negligencia que caracterizó a su gobierno y su falta de responsabilidad, al respecto.

En el caso de la gobernadora Salgado, los 11 cadáveres hallados en Chilpancingo, la noche del mismo día de la inauguración del centro cultural «Partenón», donde Evelyn cantó a dúo con «El Coque» la canción «Si nos dejan», acompañados de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, cuyo show ocurrió horas antes del espectral hallazgo en la capital del estado, fue un hecho netamente circunstancial, por ende, sobra la incongruencia de afirmar que «Mientras Evelyn cantaba, dejaban 11 cuerpos en una camioneta al sur de Chilpancingo».

En datos reales, el evento protocolario de «El Partenón» inició poco después de las 7 de la noche y terminó antes de las 9″.

Los cuerpos fueron hallados «al filo de las 22 horas».

Lo mencionaron diversos medios de comunicación local y nacional, no solo la Fiscalía General del Estado, por eso es que nada tiene que ver el hecho de que Evelyn Salgado se echara un ‘palomazo’ con «El Coque» con los cadáveres abandonados por el crimen organizado en Chilpancingo.

Y es que, aunque se quiera vincular a Evelyn Salgado con un tema ajeno al evento donde cantó –que fue de carácter cultural, no político, mucho menos partidista–, debemos admitir que no es lo mismo un evento atmosférico que uno relacionado con la violencia.

En el primero, hay avisos, hay alertas continuas; en el segundo, no.

En el primero de los casos, a Ángel Aguirre Rivero se le criticó porque como gobernante debió estar atento a los anuncios climatológicos, pero prefirió el momento bohemio, una de sus pasiones predilectas, que su instinto de responsabilidad constitucional.

En el caso de Evelyn Salgado, no hay indicios ni antecedentes de que la gobernadora sea vidente como para saber la hora y lugares donde la delincuencia va a llevar a cabo sus sanguinarias ‘hazañas’.

Muy respetables son las criticas en torno a que la mandataria estatal «debe dedicarse a gobernar, no a cantar», pero he aquí donde podrían herirse susceptibilidades.

Cantar no es delito, ni pecado, queda muy claro.

Contrario a las expectativas de campaña, la gobernadora Evelyn Salgado ha desempeñado un rol que hasta las encuestas realizadas en torno a su aprobación es calificado como «bueno», lo que denota que hay confianza, gobernabilidad y aprobación ciudadana; caso contrario, la definición correcta del estatus estatal sería anarquía o ingobernabilidad.

Lo dijo bien el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso loca, Jesús Urióstegui García, sin excederse en alabanzas.

En paráfrasis, señaló que el gobierno de Evelyn Salgado se ha caracterizado por su sentido de responsabilidad constitucional y presteza al diálogo, por su humanismo y la atención a los conflictos sociales y políticos, siempre de la mano del gobierno federal, motivo por el cual el ‘barril de pólvora’ que sus detractores quisieran que explotara e hiciera volar al estado en mil pedazos se mantiene pasivo.

Su presencia territorial para gobernar palpando el sentir de los ciudadanos a quienes ha llevado los programas sociales que abonan o inyectan un incentivo de bienestar a las clases marginales de Guerrero, su presencia durante desastres naturales, como los causados por los huracanes Otis y John, han demostrado su sensibilidad y responsabilidad como gobernadora de territorio y de tiempo completo, complementó el diputado Urióstegui al hacer un balance de los tres años de gobierno de la primera mujer que encabeza el Poder Ejecutivo del estado.

Ahora bien, respecto al tema de seguridad, hay que admitir que falta mucho terreno por avanzar, pero tampoco se ha estado con los brazos cruzados.

Sin embargo, sin entrar en defensas profanas ni reptilescas, hay que dejar en claro que la «delincuencia organizada» y el «narcotráfico», que tiene de rehén no solo a Guerrero sino al resto de entidades, son competencia neta del gobierno federal.

Pudiese haber responsabilidad, entrega, pasión y hasta el equipo suficiente para hacer frente al ‘Jinete de la Muerte’ que galopa sin freno por Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Petatlán, y casi todas las regiones de Guerrero, pero cuando se depende de una ‘decisión de estado’, de una estrategia de seguridad supeditada a una decisión presidencial, es imposible usar el despliegue de las fuerzas armadas para acabar con los generadores de violencia extrema en cualquier territorio del país.

Existen una Ley General de Seguridad Nacional (LGSN) y un Manual de Organización de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (MOMDO) que regulan las estrategias en materia de «delincuencia organizada».

La primera fue firmada por el expresidente Enrique Peña Nieto el 11 de enero del 2016, y el segundo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2023, justo en el ocaso del mandato de Andrés Manuel López Obrador, y entró en vigor el 1 de enero del ejercicio fiscal 2024.

Ley y Reglamento en cuestión están relacionados exclusivamente con la lucha contra la delincuencia organizada en México.

«La política de seguridad nacional de la Ley General de Seguridad Nacional busca combatir el crimen organizado y recuperar los espacios que el Estado ha perdido. Dicha ley se apoya en la política de seguridad pública y en otras políticas públicas para incentivar el desarrollo económico y social», y el Manual de Organización de la FGR en Materia de Delincuencia Organizada es quien establece que «los delitos de delincuencia organizada ameritan prisión preventiva oficiosa» y que «se pueden asegurar bienes que sean propiedad de un miembro de la delincuencia organizada o que se conduzca como dueño».

Lo dijo bien Evelyn Salgado: «Que estemos en algunos eventos, eso no significa que la gobernadora no está al pendiente de la seguridad».

Cierto, imposible es ‘tapar el sol con un dedo’, se repite.

Hay mucho por hacer por Guerrero.

Comenzar por acercarse a verdaderos asesores y operadores políticos en materia política, social y de seguridad, sería buen comienzo.

También hay que decirlo: Así como hay funcionarios en el gabinete que parecen esforzarse en contrarrestar las acciones positivas que se logran, más que en engrandecerlas o replicarlas, hay personas muy cercanas que eclipsan el trabajo de la mandataria o causan que se le critique, ya sea mediante sus acciones, discursos o palabras pronunciadas sin recato o en momentos fuera de contexto.

Excusar que la violencia no es privativa de Guerrero no debe ser causa para que se soslaye el hecho de que al estado corresponde la prevención, la seguridad y el bienestar de los guerrerenses, pero hay ciertas paredes que ni Abelina López Rodríguez, alcaldesa de uno de los municipios más azotados por la violencia, aunque quisiera, podría derribar, en cuestión de violencia y crimen organizado.

La coadyuvancia del gobierno federal otorgada al gobierno del estado es loable, pero sería mejor si ese apoyo se extendiera al ámbito de seguridad.

Urge, ya, una estrategia de seguridad nacional eficaz donde los ‘abrazos’ sean a favor del pueblo, no para quienes siembran el terror con sus ‘hazañas’ sanguinarias.

Por todo lo anterior, no se puede culpar solo a Evelyn Salgado de la ola de violencia que empaña las buenas obras y acciones llevadas acabo en la entidad, que no son visibles –desde luego– para quienes se empeñan en ver solo lo negativo y en buscar siempre el punto negro en medio de la hoja blanca. La delincuencia organizada es un asunto de seguridad nacional que depende mucho de la decisión de una persona. El día que esa persona con investidura presidencial, con todas las facultades de la Constitución a su favor, se decida a empoderarse y hacer un gobierno al modo constitucional del pueblo, gobernadores y presidentes municipales tendrás más opciones para garantizar las paz de sus estados y municipios, mientras tanto, se les seguirá criticando aunque no dependa mucho de ellos aplicar la ley como se mandata.

Lamentablemente, la falta –también– de verdaderos defensores de las clases populares en la Cámara de Diputados y Senadores, y algunos congresos locales, ha hecho que ya no queden ‘Estados Libres y Soberanos, libres de implementar sus facultades locales.

Con una situación así, es difícil complacer a una sociedad muy demandante, pero también cada vez más sensible, que exige gobernantes que no tengan otra distracción que la de velar por ellos, sin darles margen a ser humanos con distracciones sociales o derechos a reír, cantar o bailar.

A los gobernantes hay que exigirles, sí, pero sin olvidar que son humanos, propensos a cometer errores, y con derechos sociales como cualquier otro ciudadano terrenal.
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