AMLO, involucrado en sobornos de ‘El Chapo’
* Sale su nombre a colación en juicio celebrado en Estados Unidos contra el fundador del Cartel de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXICO * 24 de noviembre de 2022.
) El Universal
El juicio contra el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló una serie de entramados de corrupción en el que han sido involucrados dos presidentes mexicanos: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Un expediente judicial que difundieron fiscales federales de Estados Unidos en 2019, durante el juicio de “El Chapo”, y obtenido por Keegan Hamilton, de la revista Vice, alude a un soborno que presuntamente pagó el hermano menor de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, que sigue libre en México, a una persona no identificada que trabajó en la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006.
La acusación se basa en los testimonios que en su momento dio el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, quien trabajó para “El Chapo” entre 2007 y 2013.
Cifuentes fue cuestionado sobre una supuesta reunión con las autoridades estadounidenses en la que afirmó que Felipe Calderón aceptó sobornos de un grupo en guerra con el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, en el juicio, el colombiano respondió que no recordaba haber hecho esa afirmación. Calderón negó la acusación y dijo a Vice News, en una entrevista de 2018, que “estableció una regla clara de no pactar con nadie”.
Sobre Peña Nieto, Cifuentes declaró que el ahora expresidente intentó solicitar un soborno de 250 millones de dólares a “El Chapo” en octubre de 2012, unos meses después de ser elegido.
El narcotraficante colombiano aseguró “El Chapo” terminó pagando 100 millones de dólares y sugirió que parte del dinero fue entregado en maletas llenas de efectivo a un consultor político que trabajó en la campaña de Peña Nieto.
El exportavoz de Peña Nieto calificó las acusaciones de “falsas, difamatorias y absurdas”.
En el caso de la campaña de López Obrador, Cifuentes alegó que el soborno fue supuestamente entregado por Jesús Reynaldo Zambada García “El Rey”, un alto miembro del Cártel de Sinaloa que testificó contra “El Chapo” en noviembre.
Cuestionado sobre el tema, un vocero de López Obrador dijo en 2019 a Vice que no podía comentar sobre declaraciones de un testigo protegido en un juicio que no tiene lugar en México.
Durante el juicio, el abogado de Guzmán Loera, Jeffrey Lichtman, afirmó: “El actual y el anterior presidente de México (López Obrador y Peña Nieto) recibieron cientos de millones de dólares en sobornos” de “El Mayo”.
Los fiscales convencieron al juez Brian Cogan para que impidiera a los abogados de “El Chapo” interrogar a “El Rey” sobre López Obrador, pero la acusación de soborno se hizo pública tras el explosivo testimonio de Cifuentes.
En julio de 2019, “El Chapo”, extraditado a Estados Unidos en 2017, fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales, como líder de un cartel que envió toneladas de drogas a Estados Unidos.
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FGR investiga a Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales
CIUDAD DE MÉXICO. * 2 de agosto de 2022.
) Efe
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por 
delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.
“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P'», indicó la Fiscalía en un breve comunicado.
De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto.
El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y «transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.
El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
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No se persigue a Peña, ni hay pacto | López
CIUDAD DE MÉXICO * 11 de julio de 2022.
) SUN
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún exmandatario de México, incluido Enrique Peña Nieto, con quien dijo no tiene pacto alguno.
Luego de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló información sobre presuntos movimientos financieros ilegales relacionados con Peña Nieto, López Obrador indicó que esa información no podía ocultarse.
En su conferencia «mañanera» de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aclaró que no existe una persecución contra el expresidente Peña Nieto, sino que la investigación en su contra sucedió porque se trata de una persona políticamente expuesta que realizó operaciones financieras que resultaron sospechosas ante la UIF.
El Presidente López Obrador negó que la investigación contra Peña Nieto obedezca a una represalia por presuntamente estar operando desde España la elección en el Estado de México.
«Eso no es cierto. Eso, periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar, es de manera amable una ‘volada’ para no decir que es una calumnia. (…) No tenemos nada que ocultar», puntualizó.
Además, López Obrador aseguró que no existe pacto alguno ni se protege a su antecesor.
«Nuestros adversarios, que son buenos para inventar cosas, hablan de pactos y de acuerdos, entonces quisieran que nosotros ocultáramos información para decir que se está protegiendo al expresidente Peña Nieto», expresó.
Recordó que desde el inicio de su sexenio, advirtió que solo buscaría enjuiciar a expresidentes de la República si el pueblo lo ordenaba.
López Obrador recordó que la consulta que se realizó para tal fin no obtuvo resultados vinculatorios porque no participaron suficientes ciudadanos, por lo que su gobierno no procederá penalmente contra ningún exmandatario.
Reiteró que él está agradecido con Peña Nieto porque cuando fue Presidente no intervino en el proceso electoral de 2018 a pesar de la presión de empresarios que le pedían que el entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, declinara por el panista Ricardo Anaya.
«Yo hasta públicamente le agradecí, y eso lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte, al licenciado Peña Nieto porque no se metió, como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón, en la elección presidencial», declaró.
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Gobierno de Peña maquilló sobornos con facturas falsas | Justicia EU
* Empresa contratada para reciclar TVs análogas en el pasado sexenio confiesa haber utilizado comprobantes fiscales apócrifos de una red de 45 proveedores, para encubrir pagos ilegales a funcionarios, con el fin de obtener y mantener contratos en dos dependencias gubernamentales
» Valeria Durán | Verónica Ayala
CIUDAD DE MÉXICO * 28 de abril de 2022.
) MCCI
Stericycle, empresa que fue contratada por el gobierno de Peña Nieto para el reciclaje de televisores como parte del “apagón analógico”, fue acusada en Estados Unidos de haber encubierto sobornos a funcionarios mexicanos a través de la emisión de facturas falsas.
De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Stericycle aceptó pagar una sanción por 84 millones de dólares tras reconocer que entre 2012 y 2016 había sobornado con 10.5 millones de dólares a funcionarios de Brasil, Argentina y México para obtener contratos de manejo de residuos, lo que le redituó ganancias de al menos 21.5 millones de dólares.
En el periodo en que Stericycle pagó sobornos (2012-2016), esa compañía de origen estadounidense y sus filiales recibieron en México contratos gubernamentales por más de 75 millones de pesos, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La mayor parte fueron asignaciones del IMSS, la SCT y el Gobierno de Guanajuato.
En la investigación que sobre el caso realizó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) se detalla que los sobornos en México fueron encubiertos mediante facturas falsas de proveedores externos, y que incluso esa práctica fue documentada por los empleados de Stericycle en hojas de cálculo de Excel, que los investigadores extrajeron de los servidores de la empresa.
“Las hojas de cálculo identificaron facturas de aproximadamente 45 proveedores externos que pretendían brindar servicios de consultoría e investigación de mercado que de otro modo no estarían documentados”, refiere el documento de la SEC consultado por MCCI.
“Las hojas de cálculo vinculaban las facturas con los pagos a los funcionarios del gobierno, incluido el nombre del cliente y el cálculo del soborno como una cantidad fija o un porcentaje del valor de la factura del cliente”.
Incluso, la investigación señala que en algunos casos las hojas de cálculo detallaban el destinatario del soborno, así como el método de entrega, es decir, si había sido en efectivo o mediante transferencia bancaria.
Este material, fue enviado a través de los servidores de la empresa a ejecutivos de América Latina y de Stericycle México. Tres de ellos, de la subsidiaria en el país, habrían informado en 2016 a un ejecutivo de la empresa estadounidense sobre el pago de sobornos para la liberación de pagos adeudados por contratos gubernamentales.
“Uno de los ejecutivos de Stericycle México proporcionó una hoja de cálculo de Excel con proyecciones de pérdida de ingresos si Stericycle México dejaba de pagar sobornos a sus dos principales clientes gubernamentales”, detalla el documento legal.
El Departamento de Justicia precisó que los sobornos eran identificados en las hojas de cálculo de Stericycle México con palabras clave como “PI” o “pago de incentivo”.
Los pagos ilegales eran para obtener y mantener contratos, así como para la liberación de pagos.
Ni la SEC ni el Departamento de Justicia precisaron los nombres de las dos dependencias involucradas en los sobornos, ni la identidad o cargo que desempeñaban los funcionarios que recibieron los pagos. Tampoco informó el monto de pagos ilegales realizados por Stericycle en México.
Los contratos a red mexicana
En México, Stericycle opera a través de sus filiales Medam y Stericycle México, de acuerdo con su listado de subsidiarias fuera de Estados Unidos, publicado en la página de la SEC.
Sin embargo, hay al menos otras seis empresas vinculadas, algunas incluso identificadas como filiales en procedimientos de licitaciones públicas en los que obtuvieron contratos, y que presentaron documentación membretada de Stericycle, o que comparten apoderados, domicilios y contactos con correos electrónicos de stericycle.com en dichos procesos, así como en diversos directorios comerciales.
Entre esas empresas vinculadas se encuentran las sociedades Reind Química, Transnec, Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos, Técnicas Medioambietales Winco, Medam Transportes y CÍA Recolectora de Residuos Peligrosos Industriales y Municipales, las cuales aparecen como beneficiadas en múltiples contratos de participación conjunta.
Una revisión realizada por MCCI a las plataformas abiertas de contratación pública reveló que entre 2012 y 2016 (que es el periodo en el que Stericycle fue investigada por entregar sobornos) las dependencias mexicanas le otorgaron a las siete empresas más de 75 millones de pesos en 47 contratos, de los cuales 24 fueron otorgados por adjudicación directa.
El IMSS y Gobierno de Guanajuato, las que más pagaron
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó la mayor cantidad de contratos a las empresas Tecnicas Medioambientales Winco y Medam en el año 2012, con un total de 35 millones 944 mil pesos.
El contrato más alto que el IMSS firmó fue con las empresas Sterimed, Planta Incineradora de Residuos Bio Infecciosos, Medam Transportes y CIA Recolectora de Residuos Peligrosos, por 10 millones de pesos.
El Gobierno del Estado de Guanajuato también otorgó otro de los contratos más altos a la empresa Medam.
En septiembre de 2016 -periodo que entra en el tiempo de investigación por sobornos a dependencias mexicanas- el gobierno guanajuatense le asignó a Medam 23 millones 806 mil pesos por concepto de recolección de residuos peligrosos, residuos de equipos de rayos X y residuos químicos peligrosos. En aquel año, el gobernador era Miguel Márquez, de filiación panista.
Contrato de “apagón analógico”
Tres de las empresas ligadas a Stericycle fueron beneficiadas en la administración de Enrique Peña Nieto con un contrato millonario para el fallido reciclaje de televisores a partir del apagón analógico.
Se trata de Reind Química, identificada entonces como filial de Stericycle, y de Transnec y Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos, con quienes comparte domicilio y/o apoderado y se le vincula en documentos de licitaciones públicas y directorios comerciales.
Estas tres empresas, en participación conjunta con Centro Integral de Manejo Ambiental y con Soluciones Ambientales Carriaga -con el mismo domicilio- obtuvieron, a través de la SCT, un contrato por 10 millones de pesos, más IVA, para ofrecer el servicio integral de acopio de los televisores análogos.
Según el contrato firmado el 23 de noviembre de 2015, éste incluía la recolección en centros de acopio autorizados e instalados, traslado, desensamble, reciclaje y disposición final de los televisores análogos desechados como parte de la transición a la televisión digital.
Los anexos del contrato incluyen la propuesta técnica en hojas membretadas de Reind Química con su RFC y el logotipo de Stericycle.
En dicho contrato, las tres empresas señalan el mismo domicilio en la calle Eulalia Guzmán, en la Colonia Atlampa, en la entonces delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México, y aparecen representadas por Manuel Vázquez Álvarez, como apoderado de Reind Química y de Transnec, y por Roberto Alejandro Corona Corbala, apoderado de Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos.
Esta última empresa ha sido beneficiada de manera conjunta con Medam -subsidiaria de Stericycle- en contratos de licitaciones públicas, donde declara correos electrónicos de stericycle.com, mientras que en directorios comerciales, los contactos de Transnec figuran con direcciones de stericycle.com y vinculan a una página inhabilitada de Reind Química.
Las otras dos favorecidas con el contrato, Centro Integral de Manejo Ambiental y Soluciones Carriaga, señalaban el mismo domicilio en García, Nuevo León.
Venden Stericycle-México a compañía de NL
Stericycle de México fue vendida en 2019 a una empresa de Nuevo León, por lo que actualmente ya no hay vínculo con la compañía estadounidense.
Según actas de asambleas de Stericycle de México, del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, el 21 de octubre de 2021 se aprobó la fusión de Medam, que absorbió a Stericycle México, Transnec y Planta Incineradora de Residuos Bioinfecciosos, así como a Sterimed, CIA Recolectora de Residuos Peligrosos Industriales y Municipales, SRCL Transportes, Tratamiento Ecológico de Residuos, y Medam Transportes.
En dicha asamblea también se aprobó el cambio de domicilio de la Ciudad de México a San Pedro Garza García, Nuevo León. En el resumen de los acuerdos, el acta incluye también una resolución de la miscelánea fiscal en la que se cancelan todas las partes sociales representativas del capital de las sociedades fusionadas y de la fusionante y se hace constar las partes y el valor que le corresponden a Red Ambiental Holding y a Horacio Guerra Marroquín como socios.
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Juicio a expresidentes… ¿y a AMLO, cuándo?
Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
» Acapulco Press
La pregunta es justa y sensata –sin matices políticos ni partidistas, sin afán de enardecer a sus feligreses ni desatar las toxinas de sus defensores y aplaudidores–, pero sí incisiva y con sustentos: «¿AMLO no merece juicio político por el genocidio de la pandemia ocasionado por su negligencia que suma, al día de hoy, 247 mil 275 decesos, o por los miles de niños consumidos por el cáncer a falta de medicamentos oncológicos (más de 2 mil 190, según la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), y los miles de caídos por su exceso de ‘abrazos’ al crimen organizado y el narcotráfico (más de 87 mil 271 contabilizados hasta el mes de junio de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)?»
Para todo aquél que promueva la Consulta Popular del Presidente o esté indeciso en participar, primero debería conocer los motivos que impulsan a AMLO a involucrar al ‘sabio pueblo’ en su linchamiento a no uno ni dos, sino a cinco expresidentes.
¿De qué acusa López Obrados a sus antecesores?
» A Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) lo señala de que «durante su sexenio crecieron más en nuestro país las diferencias entre ricos y pobres y de haber entregado a particulares una cantidad sin precedentes de bienes públicos».
» De Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) López Obrador dice que «continuó políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias; además, adjudicó a los mexicanos deudas privadas en el marco del llamado rescate bancario del Fobaproa en 1998, fondo al que aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos e intereses, esa deuda pública hoy asciende a 2 billones de pesos y no terminará de saldarse hasta el año 2070”.
» Vicente Fox Quesada (2000-2006) es acusado de «traidor de la democracia»; de haber intervenido en la elección del 2006 para favorecer a su sucesor, Felipe Calderón, e impedir el triunfo de la oposición que en aquél entonces López Obrador encabezaba.
» De Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) AMLO señala que es responsable de haber desatado «una guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres a niveles de letalidad en enfrentamientos». En dos años de su gobierno, en la “Guerra contra el narcotráfico” hubo más enfrentamientos y muertos que heridos o detenidos.
» Finalmente, a Enrique Peña Nieto (2012-2018) simple y llanamente lo acusa de corrupción… de la «evidente corrupción» que imperó en su gobierno.
Ahora vayamos paso a paso…
El ‘presidente de la paz y el bienestar’ atribuye a Felipe Calderón haber convertido a México en un «cementerio», pero los muertos del gobierno de AMLO superan al doble las cifras de víctimas de la violencia generada por su política de abrazos y no balazos al crimen organizado y el narcotráfico.
Con Felipe Calderón oficialmente se registraron 30 mil 572 expedientes por homicidios dolosos; con Peña Nieto, 41 mil 979… en solo 3 años de ‘gobierno morenista‘ las cifras rebasan los 72 mil 891 expedientes abiertos por homicidios dolosos (las cifras también pertenecen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal).
De la «corrupción» en su gobierno ni se hable, es «evidentemente» más escandalosa e impune que la de sus antecesores porque en el actual gobierno se encubren hasta las corruptelas probas de los parientes del Presidente. De la «traición a la democracia», ¡menos!
Comparando las imputaciones que Andrés Manuel López Obrador hace a sus antecesores para ‘jugar’ políticamente con el electorado a fin de legalizar una consulta impopular e intrascendente con el único fin de acrecentar su popularidad de cara a su ansiada reelección en 2024, el Presidente de la 4T resulta igual de culpable de los mismos ‘delitos’ que imputa a sus antecesores.
Aquí las razones.
Su gobierno también ha convertido a México en un ‘cementerio’ (como Calderón); su gobierno también está plagado de «evidente corrupción» (como el de Peña) y de «desigualdad social» (como el de Salinas). En 2018 el señor López recibió un país con 61 millones de pobres; ahora, el 56% de la población está sumida en la desigualdad social. Bajo su régimen de ‘paz, transformación y bienestar’, ya son más de 70 millones los mexicanos que han sido consumidos por la pobreza, según el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020.
En contraparte, AMLO mismo también ha «endeudado innecesariamente a los mexicanos» (igual que Zedillo) con sus caprichos multimillonarios como ‘Santa Lucía’, el ‘Tren Maya’ y ‘Dos Bocas’. Y nada de esto es mentira. Las pruebas están a la vista.
También ha cometido «traición a la democracia» (igual que Fox).
Cínica y personalmente, AMLO ha confesado abiertamente haber inducido el voto –el pasado 6 de junio– a favor de su partido y sus candidatos favoritos y protegidos, como Félix Salgado y su hija, Evelyn Salgado, que es gobernadora electa con el 37.5% de los votos debido a que el 62.5% restante ¡se esfumó como por arte de magia! De López Obrador también hay evidencias de su «traición a la democracia» (igual que Fox). Por tales motivos, López Obrador no debería, más bien, ¡debe figurar también en la Consulta Popular del 1 de agosto, no solo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto!
¿Es posible llevar a juicio a los expresidentes?
«Sí», responde Martín Vivanco Lira, abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Argumentación Jurídica y Teoría Política por la Universidad de Alicante y la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra.
«Sí es viable porque ellos ya no gozan de ninguna protección especial (como el ‘fuero constitucional’)»; además, «el principio de legalidad y de acceso a la justicia obligan a las autoridades competentes a que, cuando tengan conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos de ciertos delitos, actúen por sí mismas y procedan legalmente. Si algún expresidente cae en este supuesto, nada impide a las autoridades actuar».
¿Es necesaria la Consulta Popular?
No. No es necesario tirar 890 millones de pesos por un capricho presidencial para vengarse de Fox y Calderón, principalmente.
Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México; Daniel Quintanilla. licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas e la UNAM, sostienen que el objetivo de AMLO y su consulta no es hacer justicia, es –más bien– un ‘jugueteo’ político para mantener vigente su popularidad de cara a su reelección en 2024, y una obsesión por confrontarse con el pasado, habiendo mucho qué hacer y por hacer por el presente y futuro de México.
A la luz de la Constitución y la jurisprudencia, la Consulta de López Obrador es, prácticamente, anticonstitucional e innecesaria. «No se requiere demasiada perspicacia para advertir que, de las conductas señaladas, solamente las atribuidas a Fox y Peña podrían considerarse delictivas», aunque «respecto a Fox habría que comprobársele el fraude electoral —nunca probado— en una elección organizada, supervisada y calificada por el IFE».
Sobre Peña Nieto, de la Barreda Solórzano sostiene que «la imputación es una vaguedad oceánica», pues el señalamiento carece de claridad, precisión o exactitud. Tendría que comprobársele a Peña cada acto de corrupción con hechos, no con dichos ni suposiciones.
En cuanto a que Calderón convirtió al país en un cementerio, no hay mucho qué decir: «¡La tasa de asesinatos en el actual sexenio es aún mayor!», suscribe el investigador de la UNAM.
En conclusión, ambos juristas concuerdan que, con base a los reformados artículos 108 y 111 de la Constitución Mexicana, el Presidente «solo debe aplicar la ley» y punto, pues finalmente los candidatos a juicio político ya «son expresidentes; ya no tienen la protección de la inmunidad política”.
Por tales motivos, «si el Presidente tiene pruebas de que alguno de esos mandatarios incurrió en delito, debe presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la República, única autoridad que, conforme a derecho, está facultada para decidir si es procedente el ejercicio de la acción penal. ¡Solamente en las dictaduras se han sometido al juicio de ‘tribunales populares’ asuntos relativos al poder punitivo del Estado. En el Estado de derecho, la justicia penal se rige por principios que excluyen el linchamiento social anticipado», remacha el jurista Luis de la Barrera.
Sin daños a terceros…
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Julieta Fernández hace pública su aspiración por la Presidencia de Acapulco
» Ángel Blanco.
ACAPULCO. | 19 de enero de 2021.
] Acapulco Press.
Julieta Fernández Márquez, ex diputada local y federal, además de dos veces ex primera dama de Acapulco, hizo pública hoy su aspiración para contender por la alcaldía de Acapulco el próximo 6 de junio.
«Soy una mujer que ha recorrido y sigue recorriendo Acapulco, tengo mucho amor y pasión por esta ciudad, además se como hacer bien las cosas y estoy muy comprometida con la ciudadanía», dijo la ex presidenta del DIF Acapulco durante los períodos 1997-1999 y 2008-2012, bajo los mandatos de su esposo Manuel Añorve Baños, actual Senador de la República por Guerrero.
Fernández Márquez subrayó que solo esperará los tiempos que establezca su partido, el PRI, para hacer oficial su aspiración como candidata a la Presidencia de Acapulco, pues «es tiempo que las mujeres marquen diferencia en el PRI».
TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
Julieta Fernández Márquez es Licenciada en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Campus Azcapotzalco (1986-1991), lapso en que obtuvo una medalla al Mérito Universitario de manos del 
expresidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce De León.
Cuenta con un «Diplomado en Política Comparada», organizado por la Fundación Colosio en 1993.
Ha sido ayudante de investigación educativa en la UAM Azcapozalco (1990-1991), Coordinadora Estatal de Investigación Educativa en el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (1991-1998), Docente en Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero (996-1998) y Docente en Sociología en la Preparatoria de la Universidad Americana de Acapulco (1993-1996).
Desde 1998 es Presidenta Fundadora Honoraria de la «Fundación El Ángel de la Guarda, AC» y también, de 2010 a la fecha, Presidenta de la Red «Manos que Cuidan Guerrero».
Fue Coordinadora Estatal de Redes Ciudadanas en el Estado de Guerrero de la campaña de Enrique Peña Nieto (2012), Diputada Local de la LX Legislatura (2012-2015) y Diputada Federal de la LXIII Legislatura (2015-2018), donde presidió la Comisión Especial en contra de la Trata de Personas.
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Videgaray, jefe de la red corruptora llamada ‘Estafa Maestra’ | Rosario
CIUDAD DE MÉXICO. | 24 de noviembre de 2020.
] Apro / Código Rojo / Política Online.
Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, acusó directamente a Luis Videgaray Caso de dirigir la red de corrupción para desviar recursos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la elección intermedia de 2015 y presidencial de 2018, en la que contendió José Antonio Meade, además de la de 2017 del Estado de México.
La decisión de Rosario Robles para acogerse al criterio de oportunidad se basa en una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y que las acusaciones solo han alcanzado a su persona y a ningún otro funcionario del gobierno de Peña Nieto, pese a que Videgaray fue quien orquestó, ordenó y operó los desvíos de dinero.
La exfuncionaria se acogerá al criterio de oportunidad para contribuir como testigo colaborador en el proceso de investigación que realiza la autoridad, en torno a los desvíos de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en los que estuvo al frente Robles Berlanga, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Robles Berlanga, quien se encuentra presa en el Centro de Reinserción Femenil de Santa Martha Acatitla, dejará de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray Caso ordenó a las estructuras institucionales de Sedesol y de Sedatu, el uso de los recursos financieros para favorecer a los candidatos del PRI en dichas contiendas, de manera directa, ocultando los datos de dicha operación.
Luego de visitarla en el Centro de Reinserción, el jurista Sergio Arturo Ramírez, sostuvo que dicha acusación no contempla al expresidente de México Enrique Peña Nieto, toda vez que las evidencias obtenidas por la defensa involucran directamente al extitular de la Secretaría de Hacienda.
Aseguró que la extitular de Sedatu nunca realizó transferencias del erario público a cuentas del PRI, ya que carecía de facultades para hacer uso de los recursos y desconocía los movimientos que ordenó Luis Videgaray.
“Rosario Robles nunca hizo ninguna transferencia y todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración y de ahí se va a especificar exactamente cómo y en qué forma y a quién, Videgaray le dio la instrucción para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento.
“O sea, que Rosario Robles no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene hacía debajo de ella”, expuso el penalista.
«Los demás personajes dentro de este escenario pusieron como figura a la maestra, entonces ella toma la decisión de ir contra quien realmente podría tener algún tipo de participación y de responsabilidad, sobre todo en el tema de las campañas y en el tema de los fondos que se utilizaron por orden de Luis Videgaray Caso», señaló Sergio Arturo Ramírez.
Y agregó: “Rosario Robles deberá proporcionar información eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño hecha al patrimonio público, señalando fechas, montos y responsabilidades de todos aquellos funcionarios que intervinieron en los desvíos, comenzando con quién ordenó dicho esquema”.
NADA TUVE QUE VER: VIDEGARAY
Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores durante el sexenio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, negó las acusaciones lanzadas en su contra por el abogado de Rosario Robles Berlanga, Sergio Arturo Ramírez, sobre su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la “Estafa Maestra”.
“Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, aseguró.
En un texto publicado en su cuenta de Twitter, el exfuncionario federal lamentó “profundamente” que la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social haya decido acusarlo “sin fundamentos para librar su situación legal”.
“Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares, y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella, ni sus colaboradores, recibían instrucciones de mi parte”, enfatizó quien fue uno de los colaboradores más cercanos al expresidente Peña Nieto.
Asimismo, afirmó que las ampliaciones presupuestales para las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se realizaron “con estricto apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el resto de la normatividad aplicable, y siempre para programas y acciones de política pública con fines lícitos”.
“La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”, agregó.
Dicha implicación a Videgaray Caso en el caso de la llamada “Estafa Maestra” por parte de la defensa de Robles Berlanga, ocurrió después de que la exfuncionaria federal solicitara formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) sujetarse al concepto legal denominado “criterio de oportunidad” para convertirse en testigo colaboradora.
“Finalmente, reitero que estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Repito que no voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, añadió.
Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS
— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020
OSORIO, DETRÁS DE ROSARIO
La turbulencia judicial no da tregua al interior del PRI. La semana pasada, Emilio Zabadúa apuntó contra Miguel 
Ángel Osorio Chong por financiamiento ilegal de campañas. Ahora, Rosario Robles dice que colaborará con la Justicia por la Estafa Maestra y le apunta a la campaña de José Antonio Meade.
Según ha contado a sus allegados, Videgaray cree que Osorio viene trabajando hace por lo menos dos meses para que Robles quiebre su silencio y acepte declarar. Ese testimonio, cree el ex canciller, afectará de lleno a su grupo político, será de alta densidad y, desde ya, dejará libre de culpas al ex secretario de Gobernación.
Como sea, pierda Osorio o pierda Videgaray, al final del día siempre habrá un derrotado indiscutible: el ex presidente Enrique Peña Nieto. Por cierto: la reciente colaboración de Robles vuelve a agitar la predicción del ex presidente de que la 4T le podría quitar el registro al PRI.
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Robles era de las principales laderas de Osorio en el sexenio anterior. La entonces titular de Sedesol manejaba cuantiosos recursos y su rol fue clave en el triunfo de Alfredo Del Mazo en el Edomex. Una operación que dejó mal ubicado a Videgaray.
Osorio se mueve modo sigiloso en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Existe una conexión rutilante con Alejandro Gertz Manero y otras figuras de la administración. Por eso, en las últimas horas, en el CEN del PRI en la Avenida Insurgentes se comenta que el senador está detrás de la avanzada de Gertz sobre Rubén Moreira, el principal operador territorial de Alejandro Moreno Cárdenas.
La acusación contra Moreira no explotó antes de las elecciones de Coahuila sino esta semana, cuando Moreno Cárdenas intenta, aconsejado, entre otros, por Felipe Calderón, construir el difuso frente PRI-PAN-PRD.
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Estados Unidos retira todos los cargos a Salvador Cienfuegos
| » Jesús Esquivel.
] WASHINGTON. * 17 de noviembre de 2020.
| Apro.
William Barr, el procurador general de Justicia de Estados Unidos, anunció el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, con el propósito de que pueda ser investigado por la FGR de México.
“En reconocimiento de la fuerte alianza sobre la aplicación de la ley entre Estados Unidos y México, y con el interés de demostrar nuestro frente de unidad en contra de todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de desechar los cargos criminales en Estados Unidos al secretario Cienfuegos, con el fin de que pueda ser investigado y de manera apropiada acusado bajo las leyes mexicanas”, anuncio Barr en un comunicado de prensa.
Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue arrestado el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, tras ser acusado por el gobierno estadunidense de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero.
“La Fiscalía General de la República (FGR), tras enterarse del arresto y de los cargos que le imputa Estados Unidos al general Cienfuegos, abrió su propia investigación”, expuso Barr en el comunicado de prensa difundido por el Departamento de Justicia.
El anuncio del retiro de los cargos al general mexicano, al que el Departamento de Justicia ligó con el Cártel de los Beltrán Leyva, ocurrió a unas horas de que se llevara a cabo una audiencia de procedimiento de preparación de juicio en la Corte Federal de Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York.
“A pedido de la FGR, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el Tratado de intercambio -de información- de inteligencia que impera entre las dos naciones, ha entregado evidencias en este caso y se compromete a continuar cooperando en el marco que respalde la investigación por parte de las autoridades mexicanas”, acotó Barr.
De haberse llevado a cabo un juicio en Estados Unidos en contra del general Cienfuegos, el extitular de la Sedena enfrentaría una condena de cadena perpetua como pena máxima en caso de ser declarado culpable, o de diez años de cárcel, como castigo mínimo.
“Nuestros dos países continúan comprometidos a cooperar sobre este asunto, así como en la cooperación bilateral para la aplicación de la ley. La decisión de hoy refleja que somos fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía e instituciones de nuestras naciones. Esta cerrada alianza aumenta la seguridad de los ciudadanos en nuestras dos naciones”, concluyó Barr en el comunicado de prensa.
Tras la decisión del gobierno de Donald Trump de desechar los cargos contra el general Cienfuegos Zepeda, se suspenden los procedimientos en la Corte Federal en Brooklyn, y se espera que el militar mexicano sea entregado a la FGR para que lleve a cabo los procedimientos del caso.
Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw
— Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020
Me preguntan si es veraz la información de que fiscales en EU retiran cargos al General Cienfuegos quien sería retornado a Mexico para ser procesado aquí si así lo acuerda la Jueza del caso. Es correcta la informacion. Se trata de un acuerdo entre FGR y la Fiscalía General de EU
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 17, 2020
Aquí la información del caso del General Salvador Cienfuegos : https://t.co/4smWS8x82G
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 17, 2020
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Cienfuegos: Lujo, fortuna y narcotráfico
] CIUDAD DE MÉXICO. * 16 de octubre de 2020.
| Forbes / Efe / Acapulco Press.
Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), quintuplicó su fortuna guardada en cuentas bancarias, inversiones en lujosas casas y humildes departamentos, así como en un automóvil del año y otro de colección.
Las cuatro casas del jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un auto de lujo y una cuenta bancaria están valuadas en más de 26 millones 268 mil 784 pesos, revela su declaración patrimonial presentada a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Uno de los militares clave en la lucha en contra del crimen organizado declaró propiedades por 4 millones 186 mil 991 pesos, cuando fue nombrado secretario de la Defensa Nacional por Enrique Peña Nieto.
El extitular de la Defensa Nacional señaló que obtuvo 15 millones 143 mil 480 pesos por sus funciones de dirigir a las Fuerzas Armadas en México, y cerró su mandato con una deuda de un millón 708 mil 871 pesos.
El exsecretario del gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, dijo Marcelo Ebrard, titular de la SRE.
“La Cónsul en Los Ángeles me estará informando las próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, señaló el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Cienfuegos Zepeda fue titular de la Sedena durante el gobierno de Peña Nieto, así como brazo derecho del expresidente Felipe Calderón en su lucha contra el narcotráfico.
El exsecretario de la Defensa Nacional estudió una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa nacionales en el Colegio de Defensa Nacional, así como la licenciatura en administración Militar en la Escuela Superior de Guerra e hizo estudios para oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar.
Cienfuegos se desempeñó como Oficial Mayor de la Sedena, inspector y controlador general del Ejército y la Fuerza Aérea, así como subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Una casa fue comprada por Salvador Cienfuegos de contado por 5 millones 396 mil pesos el 14 de febrero de 2018, y por la otra vivienda pagó un millón 200 mil pesos en una sola exhibición el 15 de octubre de 2018, señala la documentación oficial de la SFP.
El hombre, quien fue detenido por las autoridades judiciales en Estados Unidos, solicitó un crédito de un millón 659 mil 910 pesos para hacerse de un Audi QS, modelo 2018.
Antes de irse de la Sedena, Cienfuegos Zepeda declaró ser propietario de una cuenta bancaria con 13 millones 865 mil 443 pesos al 14 de diciembre de 2018.
También era propietario de una casa de 3 millones 974 mil pesos, la cual fue adquirida el 25 de agosto de 2006 y de otra vivienda comprada en 140 mil pesos en 1973.
El general informó que tenía inmuebles y accesorios de casa, salas, recamaras comedores, electrónicos y otros enseres, los cuales fueron adquiridos de contado.
OPERACIÓN ‘PADRINO’
La “Operación Padrino”, como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa de México, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en Estados Unidos.
El que fuese ministro de Defensa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue acusado este viernes de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
La audiencia de presentación de Cienfuegos ante la Justicia estadounidense arrancó a las 15 horas local (00.00 GMT) y duró cinco minutos.
En ese corto tiempo, el exministro confirmó que había leído y entendido los cuatro cargos que enfrenta, relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.
Cienfuegos permanecerá interno en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles por lo menos hasta la próxima audiencia, que se celebrará el martes a las 13 horas local (22.00 GMT).
CUATRO CARGOS POR NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE CAPITAL
Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de capitales, según un documento de la Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York.
El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos, cuya detención se considera un nuevo golpe al legado de Peña Nieto, ha decidido imputarlo de cuatro cargos.
El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.
“El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como “El Padrino” y “Zepeda”, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo”, reza el texto.
LA “OPERACIÓN PADRINO” DE LA DEA
De acuerdo a los documentos judiciales, la “Operación Padrino” está asociada con el proceso judicial contra un ex fiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.
En el momento de los hechos de los que se le acusa, el exfiscal era el principal representante de la ley en el estado mexicano de Nayarit.
Según la Justicia estadounidense, Veytia ayudó e instigó a los narcotraficantes que traían sus productos a Estados Unidos a cambio de sobornos.
También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes.
Ahora, EU. acusa a Cienfuegos de haber tenido lazos con H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del cártel de los Beltrán Leyva.
“Gracias a la asistencia corrupta del acusado, el cártel del H-2 llevó a cabo su actividad criminal sin interferencia significativa del ejército mexicano e importó miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a los EU.”, señaló la Fiscalía en su acusación.
LA SEGURIDAD DE MÉXICO, EN ENTREDICHO
El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1.000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilos o más de cocaína y 1 kilo de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
Antes de conocer los cargos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder con la promesa de limpiar la corrupción de los Gobiernos anteriores, aseguró que el arresto “es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen».
En conferencia de prensa este viernes, calificó de “lamentable” la noticia y la comparó con el arresto el año pasado, también en Estados Unidos, de Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), por recibir supuestos sobornos del narcotráfico.
El arresto de García Luna, el jefe de la policía que habría protegido al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, y ahora el de Cienfuegos, máximo responsable del Ejército, pone en cuestión la estrategia de seguridad llevada a cabo en México durante más de una década.
LO QUE OPINABA AMLO DE CIENFUEGOS
La detención en Estados Unidos del ex secretario de Defensa en el gobierno de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido aprovechada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para recordar casos de corrupción y colusión del narcotráfico en sexenios pasados, sin embargo al presidente se le olvidaron las alabanzas proferidas hace dos años (22 de agosto de 2018), cuando dijo de Cienfuegos lo que se ve y oye en el siguiente video ‘desempolvado’ por Reforma, el ‘pasquín inmundo’ que le hace arder hasta el tuétano al ‘mesías’ con sus verdades y dichos propios de su boca.
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Tras detención de General Cienfuegos, que también se investigue a Peña | » Marcial
] CHILPANCINGO. * 16 de octubre de 2020.
| Morena Guerrero.
Una vez detenido en Estados Unidos el General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, también debe investigarse a su jefe el ex Presidente de la República Enrique Peña Nieto, declaró Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero.
El dirigente partidista expresó que debe quedar muy claro ante el pueblo de México las causas de la detención del general Cienfuegos, los presuntos delitos por los que se le acusa y si Peña Nieto tenía conocimiento de su actuación.
Rodríguez Saldaña indicó que los dirigentes de la Cuarta Transformación de México deben desmarcarse con claridad de cualquier hecho que implique actos de corrupción y de violaciones a las leyes del país.
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