Juez rechaza ordenar captura de 31 académicos y científicos del Conacyt
CIUDAD DE MÉXICO. * 29 de septiembre de 2021.
) Telediario..
Un juez federal rechazó girar 31 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó contra académicos y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de ex servidores públicos, a los que pretendía imputar el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Funcionarios federales revelaron que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, negó hoy los mandamientos judiciales porque no se configuran los delitos con los cuales pretende responsabilizarlos.
Según la investigación de la FGR, los académicos y científicos recibieron 244 millones de pesos que fueron destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en el sexenio pasado, particularmente, de 2013 a junio de 2019.
“…de inicio debe decirse que los recursos solicitados por la asociación civil fueron asignados al Conacyt de dos programas de apoyo denominados FOINS (Fondo Institucional del Conacyt) y Programa F002 (Programa Presupuestario de Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación), los cuales estaban destinados exclusivamente a aquellos proyectos de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e innovación, formación de capital humano especializado, creación, fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica, planeación difusión y divulgación, así como las que deriven del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y de la Ley de Ciencia y Tecnología, que evidentemente no eran coincidentes con el objeto social para el cual se constituyó la moral Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que en esencia fue la de ser el órgano consultivo del Poder Ejecutivo que auxilia al director y a la junta de gobierno del Conacyt”, detalla la imputación.
La FGR alegó que el destino de los recursos solicitados por el FCCyT al Conacyt, sería por conceptos como gastos personales, Infonavit, sueldos y asimilados a salarios, artículos de construcción, aguinaldos, vacaciones, impuestos de tres por ciento a la nómina, IMSS y SAR, vacaciones, estacionamiento, energía eléctrica, celulares, etcétera, “no así el de financiar proyectos de actividades directamente vinculadas con el desarrollo de la ciencia y tecnología, innovación y modernización tecnológica, becas y formación de recursos humanos especializados”, entre otros.
La fiscalía mencionó que “se denota el dolo en su actuar como servidores públicos con el deber de cuidado y vigilancia de la correcta asignación y disposición de fondos públicos, pues esa opiniones favorables que emitieron fueron a todas luces contrarias a lo dispuesto tanto en las reglas de operación como en los lineamientos que rigen a FOINS y el Programa F002”.
En su petición, la institución desglosó como fueron destinados del Conacyt los recursos al FCCyT.
En 2013, se entregaron 40 millones de pesos; en 2014, 35 millones; en 2015, 42 millones; en 2016, 45 millones; en 2017, 32 millones; y de enero de 2019 a junio del mismo año, 50 millones.
La Fiscalía General de la República solicitó la orden el 24 de agosto, pero el juzgador previno a la dependencia para que reformulara su petición, ante la inconsistencia en los delitos que buscaba imputar, motivo por el cual le concedió un plazo de 15 días.
Hoy, el juez Gregorio Salazar Hernández determinó que estos delitos que pretende imputar no se configuran en los hechos narrados.
¿Quiénes son los señalados?
Los académicos, científicos y ex servidores públicos señalados son:
El ex director general del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza; los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña Parga y José de Jesús Franco López, y el ex oficial mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
Asimismo, Teresa de León Zamora, Jorge Antonio Villegas Rodríguez, Salvador Emilio Lluch Cota, Miguel Gómez Bravo Topete, Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Mauricio Francisco Coronado García, Marcial Bonilla Marín, Gabriela Dutrénit Bielous, Patricia Zúñiga Cendejas o Patricia Zúñiga Bello, Francisco Salvador Mora Gallegos.
María Mónica Ramírez Bernal, Pablo Rojo Calzada, Regina María Alarcón Contreras, Adriana Ramona Guerra Gómez, David García Junco Machado, Jesús Arturo Borja Tamayo, Rafael Ortega Reyes, María Dolores Sánchez Soler, Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, Luis Gabriel Torreblanca Rivera, José Rodríguez Roque Díaz, Luis Mier y Terán Casanueva y Elías Micha Zaga.
Así como Inocencio Higuera Ciapara, Julio César Ponce Rodríguez, Lorena Archundia Navarro y Rafael Pando Cerón.
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Vinculan a proceso a exfuncionarios vinculados a caso Guardería ABC
CIUDAD DE MÉXICO. | 24 de noviembre de 2020.
] Apro.
Sergio Salazar Salazar y Carla Rochin Nieto fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 niños y niñas.
Sergio Salazar y Carla Rochín se desempeñaron como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías del IMSS, respectivamente, y la FGR considera que fueron omisos en cumplir con los deberes que les imponían las normas y lineamientos que regulaban el servicio de guarderías.
Esta guardería otorgaba sus servicios de manera subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La entonces Procuraduría General de la República, ejercitó acción penal en contra de 22 personas, entre ellas, servidores públicos del IMSS, del Gobierno de Sonora, del Gobierno municipal de Hermosillo e integrantes de la Sociedad Civil denominada “Guardería ABC”.
El Juez Primero de Distrito en el estado de Sonora dictó sentencia condenatoria el 13 de mayo de 2016 en contra de 19 de los involucrados, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes no tenían cargos relevantes o de alto nivel dentro de las dependencias a las que pertenecían, así como de la representante legal y un miembro del consejo de administración de la guardería.
El fallo judicial fue recurrido por las vías legales correspondientes y actualmente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el reclamo social de una justicia efectiva que incluyera a funcionarios de alto nivel seguía vigente e incumplido.
El 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó denuncia de hechos ante esta autoridad, involucrando a funcionarios de alto nivel de ese organismo; por lo que, una vez iniciada la carpeta de investigación correspondiente y realizadas la investigación y las diligencias necesarias, el Ministerio Público Federal (MPF) determinó ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos.
De haberlos atendido, señala la FGR, probablemente se hubiera evitado el incendio de la Guardería ABC, o minimizado el riesgo de que éste ocurriera, con lo que también pudo haberse evitado la muerte de los menores de edad y las lesiones de los menores y adultos afectados.
Por lo anterior, el 5 de noviembre de 2020, la FGR solicitó al Juez de Control, librara orden de aprehensión en contra de los funcionarios referidos, la cual fue emitida por la autoridad judicial y cumplida por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuatro días después.
Una vez puestos a disposición del Juez Federal de Control en Hermosillo, Sonora, se solicitó audiencia inicial por parte del MPF, llevándose a cabo los días 13 y 18 de noviembre de 2020, en la que, una vez expuestos los datos y argumentos, tanto de la Fiscalía, como de la defensa de los imputados, el juzgador resolvió vincular a proceso a los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos, en su modalidad de comisión por omisión, reiterándoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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¡Y… que ‘rebota’ el cheque de la rifa!
] CIUDAD DE MÉXICO. * 25 de septiembre de 2020.
| El Heraldo / Reforma.
El famoso cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Gobierno federal y que, supuestamente, pagaría los premios de la rifa del avión presidencial fue rechazado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Bajo la gestión de Jaime Cárdenas, el Indep decidió devolverlo a la FGR porque los 2 mil millones de pesos no contaban con la figura legal de un “aseguramiento”, que es producto de un presunto delito.
Documentos oficiales revelan que en junio pasado, el Indep solicitó a la FGR enviarle sobre la legalidad para disponer de los recursos y el destino que debían dar al dinero.
La Fiscal Emma Vásquez respondió el 1 de julio que hasta ese momento no existía legalmente el aseguramiento.
“En la carpeta de investigación no existe acuerdo de aseguramiento, respecto de la cantidad de 2 mil millones de pesos, que fue consignada al Indep”, dijo la fiscal.
Ante dicha respuesta, el director Corporativo de Bienes del Indep, Andrés Álvarez Kuri, decidió regresar el cheque.
Esta respuesta ocasionó que el 22 de julio el Indep decidiera regresar los recursos a la Fiscalía, mediante un oficio en el que solicitó con urgencia al Ministerio Público Federal indicarle fecha y hora para formalizar su devolución.
“Este instituto solo cuenta con atribuciones para recibir y administrar numerario (dinero efectivo) asegurado en procedimientos penales federales, hasta en tanto la autoridad competente determine el destino, situación que no es aplicable en el caso que nos ocupa”, dijo por escrito Andrés Álvarez Kuri, director Corporativo de Bienes del instituto.
Hasta el momento, la FGR mantiene los recursos en una cuenta abierta en la sucursal 116 de BBVA Bancomer y se encuentran en un limbo legal que impide sean utilizados por el Gobierno.
La empresa Telra Ralty entregó el 10 de febrero a la Fiscalía los 2 mil millones de pesos, como parte de un acuerdo reparatorio dentro de la indagatoria por la indemnización que pagó el Infonavit a esa compañía.
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Vinculan a proceso a #Lozoya; no pisará la cárcel
] CIUDAD DE MÉXICO.* 28 de julio de 2020.
| Infobae.
Emilio Lozoya, el ex director de la petrolera estatal Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vinculado este martes a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, pero adelantó que colaborará con las autoridades mexicanas para “encontrar la verdad” de lo que llamó el “aparato organizado de poder” y no pisará la cárcel por ahora.
“Resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro de territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita”, indicó José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
El juez concedió el pedido de seis meses para el cierre de la investigación contra Lozoya. La FGR argumento que necesita mayores datos de prueba con asistencia internacional “para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes”.
Además, buscará más información sobre Carmen “A”, quien vendió la casa de las Lomas (datos del SAT y estados de cuenta), y otros detalles de la empresa Altos Hornos de México y la información financiera de Tochos Holding, la supuesta empresa fachada que usó Lozoya.
Por su parte, la Fiscalía General de la República consiguió una serie de medidas cautelares, pero no la prisión preventiva, porque no la solicitó. Las medidas serán por todo el tiempo que dure el proceso. En caso de que salga del hospital, podrá estar relativamente libre, pero con la prohibición de salir del país y entregar sus documentos (pasaporte y visa) en el Reclusorio Norte.
Además, Lozoya portará un brazalete electrónico que será pagado por el imputado. De manera discrecional, el juez sumó la medida cautelar para que el ex director de Pemex se presente los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridades correspondientes del Centro de Justicia.
La audiencia
Lozoya Austin, de 45 años, compareció en una audiencia de casi 12 horas de duración ante el juez del caso conocido como “Agro Nitrogenados”, el nombre de la empresa en el centro del huracán: el ex funcionario federal está acusado de haber promovido la compra a sobreprecios millonarios de dicha compañía después de recibir dinero del empresario que la vendió al gobierno.
Estos recursos, argumentó la Fiscalía General de la República en la primera audiencia de Lozoya desde su llegada al país, supuestamente habrían sido triangulados a través de una cuenta en paraísos fiscales a nombre de su hermana Susana para adquirir un inmueble en la exclusiva colonia de las Lomas, en la Ciudad de México.
Lozoya no tuvo que comparecer físicamente en el Reclusorio Norte, ya que la FGR permitió que la audiencia se llevara a cabo en el formato de videoconferencia desde el hospital a donde fue trasladado desde el 17 de julio, cuando fue extraditado a México desde España.
Además, el ex director de Pemex se declaró inocente y su defensa dejó entrever cómo seguirá este proceso: a través del llamado “criterio de oportunidad”, el hombre intentará aportar información verídica que pueda ser usada en delitos más graves en casos más importantes aún para obtener una condena menor para él y para el resto de su familia implicada.
Además, Lozoya le comunicó al juez que, por las investigaciones en su contra, supuestamente fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”. “Manifiesto a usted (juez) que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del estado mexicano”, remarcó.
Más adelante en la audiencia, después de los alegatos de la FGR, la defensa de Lozoya se allanó ante el pedido de vinculación a proceso, el cual fue apoyado por los representantes de Pemex y de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de la Secretaría de Hacienda. En su turno, la defensa señaló que, por instrucciones de Lozoya, se limitarán a “salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia”.
Por ello, remarcaron que Lozoya “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos” como los referidos por las autoridades.
En su momento, completaron, Lozoya denunciará los hechos cometido en su contra, señalando “claramente” a las personas responsables y los cargos que ocupaban. “Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR”, dijeron.
Las acusaciones de la FGR en el caso “Agro Nitrogenados”
De acuerdo con las autoridades mexicanas, Lozoya transfirió desde junio a noviembre de 2012, unos USD tres millones de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Susana Lozoya “sin que se identificara el origen de la transferencia”.
El dueño de AHMSA es Alonso Ancira, quien realizó la venta Agro Nitrogenados, una de las subsidiarias de su compañía, a Pemex, cuando Lozoya encabezaba la empresa estatal, a sobreprecios millonarios.
Con una parte del dinero, Lozoya adquirió un inmueble en Lomas de Bezares. Las trasnferencias, detalló la FGR, fueron trianguladas a una cuenta bancaria en Suiza cuya titular es la hermana de Lozoya, los involucrados intentaron esconder sus huellas.
Este dinero, recibido por los Lozoya, se consideró la primera parte de un intercambio de favores con Ancira, hoy en día detenido también en España y a la espera de su extradición a México.
Ya como director de Pemex, Lozoya promovió la compra de Agro Nitrogenados a sobreprecios millonarios. Sin embargo, la FGR argumentó en la audiencia que la compañía estaba inactiva desde 1999 y los precios que se pagaron por ella, incluidos el precio del inmueble y el dinero para su remodelación, fueron de al menos el doble de lo que en realidad costaba.
Incluso Pemex dio a conocer durante la audiencia que el patrimonio de la compañía productiva del estado se vio afectado por haber destinado a la fecha un importe de USD 150.8 millones para capitalizar Agro Nitrogenados. “A la fecha no presenta panorama de recuperación, el daño aún no termina porque Pemex sigue afrontando la deuda conforme se va materializando los vencimientos”, ahondaron.
Este miércoles, Lozoya comparecerá por el caso Odebrecht, la compañía brasileña que estructuró una de las tramas internacionales más grandes de todos los tiempos.
En este caso, el ex funcionario es señalado por lavado de dinero y cohecho, ya que habría recibido dinero por parte de la compañía brasileña para financiar la campaña de Peña Nieto y para aprobar una reforma estructural en materia energética, así como para asegurarse la licitación de distintos proyectos en el país.
NO SOY RESPONSABLE NI CULPABLE
Durante su primera comparecencia ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza -la cual se realizó a través de videollamada- por el caso de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró que probará que no es responsable.
“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, mencionó.
Desde el hospital privado en el que se encuentra internado debido a la “anemia severa” que padece, Lozoya Austin aseguró que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”, por lo que, dijo, denunciará y señalará a los “autores de estos hechos”.
“Como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.
«Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano», dijo.
A través de un chat de WhatsApp en el que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa el desarrollo de la audiencia de Emilio Lozoya, el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto también aseguró que el inmueble de la colonia de Lomas de Bezares, fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“El inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como Director de Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba”, señaló Lozoya.
Al inicio de la audiencia y al presentar sus argumentos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso contra el ex director de Pemex por el caso Agro Nitrogenados.
Emilio Lozoya fue informado acerca del inicio de una carpeta de investigación en su contra, en la que también figuran como indiciados su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España a la espera de su extradición.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, Lozoya transfirió desde junio a noviembre de 2012, unos USD tres millones de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Susana Lozoya “sin que se identificara el origen de la transferencia”.
Por su parte, Ancira Elizondo, habría utilizando el sistema financiero mexicano para transferir recursos por unos USD 500,000 desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza. El resto de transferencias se realizaron en diferentes movimientos a lo largo de noviembre de 2012.
Posteriormente se certificó que Ancira realizó transferencias por otro millón de dólares, 100 mil dólares y 800 mil dólares más hasta sumar 3 millones de dólares.
La FGR recordó que Lozoya participó en la campaña presidencial de Peña Nieto y luego en el periodo en el que se hicieron los depósitos de Altos Hornos, primero de USD 500,000 y posteriormente de otros dos millones en dos depósitos distintos.
El último de esos depósitos, de acuerdo con las autoridades, equivalía a 34 millones de pesos, que es el monto del inmueble de Lomas de Bezares. También mencionaron a la empresa Tochos Holdings, donde Lozoya aparecía como beneficiario, pero que después traspasó a su hermana Gilda Susana Lozoya.
“En ese momento la beneficiaria fue Gilda, sin embargo llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban”, detallaron. Además, resaltó que la inversión en un inmueble de este tipo no parecía tener sentido de inversión.
Por otra parte, en diciembre de 2013, se depositaron USD 60,000 en favor de Lozoya, y otro monto para la propietaria de la casa en Lomas de Bezares, identificada como Carmen “A”. “Resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional”, argumentaron las autoridades.
La Fiscalía sostuvo ante Lozoya, que recibió una transferencia de 34 millones 234 mil pesos, fueron utilizados para la compra de una vivienda en la colonia La Retana, en Lomas de Bezares, en donde actualmente vive su padre.
La FGR, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, informó que la solicitud de vinculación a proceso contra el ex director de Pemex por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, “es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaría de Hacienda, y de ahí que esté la denuncia del señor Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “.
Emilio Lozoya Austin fue extraditado de España el pasado 16 de julio, luego de ser detenido en febrero pasado en ese país, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
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FGR investiga ex esposa de dueño del Guadalajara por presuntos delitos fiscales
CIUDAD DE MÉXICO. * 28 de septiembre de 2019.
] Vanguardia.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresaria Angélica Fuentes Téllez, contra quien busca ejercer acción penal por su presunta responsabilidad en delitos fiscales.
Lo anterior consta en la resolución de un tribunal federal que rechazó conceder a la ex esposa de Jorge Vergara, dueño del Club Guadalajara, una suspensión definitiva, con la cual busca evitar que la FGR judicialice una carpeta de investigación y solicite su detención.
La empresaria promovió un amparo, pero el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la medida cautelar solicitada.
El 15 de julio, el agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal, Titular de la Agencia Octava de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, determinó en la carpeta de investigación que integra contra Fuentes Téllez “que era improcedente decretar el no ejercicio de la acción, con apego al artículo 100 de Código Fiscal de la Federación”.
El Décimo Tribunal Colegiado confirmó la resolución y señaló que si bien es cierto que el juez de amparo Erik Zabalgoitia Novales, consideró que se trata de un acto consumado, resulta improcedente la medida suspensional solicitada, “debido a que en estas condiciones estamos ante la presencia de un acto negativo”
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