Fiscalía General de la República atraerá caso de enfrentamiento de normalistas con policías
) Acapulco Press
A fin de deslindar responsabilidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso donde un normalista de Ayotzinapa perdiera la vida tras enfrentarse a la policía estatal tras negarse detener la marcha para inspeccionar el vehículo en que viajaban, cuyas características coincidían con un reporte de robo de parte del Registro Público Vehicular (Repuve).
No obstante, ante la marejada de controversias y de expresiones de diversos organismos que pretenden criminalizar al Estado por los hechos ocurridos la noche del jueves 7 de marzo en la capital de Guerrero, frente a una hospedería denominada «Petatlán», el presidente López Obrador concordó con los hechos reportados por la autoridad policial.
Aunque lamento la muerte del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, el mandatario nacional subrayó que se investigarán bien los hechos y se castigará a quien resulte responsable.
El presidente de la república sostuvo lo informado por la Policía Estatal de Gurrero, a saber, que todo se originó cuando los estudiantes, que procedían de Tixtla, no acataron la solicitud de detener la unidad que tripulaban, una camioneta Nissan color blanca, para inspeccionarlo, debido a que coincidía con una reportada por el Repuve con denuncia de robo.
La policía estatal informó que lejos de disminuir la velocidad, los tripulante comenzaron a agredir a los uniformados con armas de fuego.
En la defensiva de la agresión resultó muerto el normalista Yanki Gómez, en tanto otro quedó herido.
Durante la inspección del vehículo se comprobó que, efectivamente, era el buscado por el Repuve con reporte de robo.
Además de la localización de una arma de fuego, también se hallaron botellas de cerva y unas bolsitas que contenían una sustancia granulada, las cuales serán analizadas por la Fiscalía General del Estado, informó el el secretario de Seguridad Pública Estatal, Rolando Solano Rivera.
Más tarde, en respuesta a los hechos, otros estudiantes de la Escuela Normal «Isidro Burgos» incendiaron una patrulla de la Policía Estatal de Guerrero.
Así mismo, con los rostros cubiertos, ofrecieron una conferencia de prensa desde la red social Facebook, donde advirtieron que la muerte de su compañero no quedaría impune.
Al momento de la redacción de esta publicación, se informó que en varias unidades de autobuses de pasajeros, de las que acostumbran a pedir ‘prestadas’ por la fuerza, ya se estaban movilizando para sus protestas.
No es la primera vez que los supuestos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa incurren en delitos del orden común y federal, como robo de autobuses, vandalismo, ataques a las vías de comunicación y edificios públicos de gobierno, así como toma de casetas de peaje para sufragar su causa.
El pasado 6 de marzo, un grupo de estudiantes de la misma escuela tomó por asalto el Palacio Nacional y con sus característicos actos de vandalismo intentaron ingresar a la conferencia matutina del presidente AMLO.
Por tales motivos, a de evitar criminalizar al Estado y a las fuerzas policías de Guerrero, López Obrador instruyó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y delibere responsabilidades, tomando en cuenta todas las evidencias halladas en el vehículo robado que tripulaban los agresores.
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Segundo tirador contra Colosio: Exagente del Cisen, ligado a la 4T y los Arellano Félix
* Señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el segundo tirador contra Colosio, el exagente del Cisen Jorge Antonio Sánchez Ortega desde el magnicidio se hacía pasar por reportero de un diario de Jaime Bonilla. Después del atentado espió a políticos, activistas y viudas de Pasta de Conchos
CIUDAD DE MÉXICO * Enero 30, 2024.
) Apro
Al menos 20 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia, el agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, estuvo activo en ese cuerpo de seguridad y realizando tareas, siempre bajo la fachada de reportero. Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a este personaje como el segundo tirador en el magnicidio.
Aún más. La participación de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas implicó a personas que actualmente están identificadas con Morena, el PT e, inclusive, con actividades delictivas, concretamente por presuntas relaciones con Genaro García Luna y el llamado Cartel de los Arellano Félix.
Proceso pudo confirmar que al menos hasta 2016, Sánchez Ortega formó parte del Cisen, de acuerdo con mandos de la hoy extinta institución consultados al respecto y que pidieron mantener su nombre bajo reserva.
Desde 2008 Proceso publicó que Sánchez Ortega fue enviado como agente a Coahuila, estado donde permaneció realizando tareas de investigación de campo hasta agosto de ese año, cuando fue desenmascarado en un reportaje publicado en la edición impresa 1659.
Dicho reportaje, titulado “De Lomas Taurinas a Saltillo”, fue publicado el 17 de agosto de 2008 y días después, el 22 de agosto, Proceso publicó una nota de seguimiento sobre Sánchez Ortega en la que se reveló la forma en que vigiló movimientos sociales y actividades partidistas o de organizaciones de defensa de derechos humanos: haciéndose pasar como reportero.
Entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del Cisen destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal, Rubén Moreira; y el obispo Raúl Vera López; asimismo, durante muchos meses logró obtener datos personales y ganarse la confianza, siempre como reportero, de las viudas de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos.
A ellas, las viudas, se aproximó inclusive ofreciéndose a realizar tareas domésticas. Según él les leía la mano y mientras lo hacía les preguntaba datos personales. Se familiarizaron tanto con él que inclusive estaba presente en reuniones donde decidían las acciones que habrían de emprender para exigir, en aquel tiempo, el rescate de los cuerpos de los mineros.
Luego de que la FGR retomara la teoría de un segundo tirador, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega ha vuelto a la discusión pública, pues el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó dictar orden de aprehensión contra el exagente.
La información fue dada a conocer este lunes 29 por el diario Reforma, lo que motivó un hilo de mensajes en la cuenta de X de la FGR, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofrece algunos detalles de la investigación y advierte que buscará apelar.
Entre los aspectos que destaca la FGR fue que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato.
Además, se recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.
En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega –por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto– fue captado cerca del candidato y luego del ataque aparece manchado de sangre.
La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del ministerio público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.
“Jorge Antonio ‘S’ fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro ‘G’, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo ha podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.
El viraje de la FGR sobre el Caso Colosio ocurre a casi 30 años de los hechos de Lomas Taurinas y precisamente luego de que un tribunal colegiado, a principios de octubre pasado, cancelara la sentencia que se le impuso ordenando que el caso fuera procesado en el fuero común (Proceso 7 de octubre de 2023).
La libertad de Mario Aburto, a la luz de esa sentencia, podría darse a más tardar en marzo próximo, pues el Código Penal del Estado de Baja California contemplaba una pena de 30 años por homicidio calificado, los cuales se cumplen el 23 de marzo próximo.
Además, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Toluca, acreditó la existencia de numerosas violaciones al debido proceso en la persona de Mario Aburto.
Mientras eso ocurría, la FGR consignaba el expediente que acaba de ser resuelto por el juez Chávez Hernández y que ha dado pie a la polémica de esta semana.
SÁNCHEZ ORTAGA, EL REPORTERO
El historial de Jorge Antonio Sánchez Ortega como agente del Cisen es poco conocido y pocos, quizás sólo la comunidad de inteligencia mexicana y algunos sujetos de seguimiento 
personalizado que lo lleguen a reconocer podrían identificar dónde pasó el periodo de 1994 a 2006, cuando finalmente arribó a Coahuila, donde se hacía pasar por reportero.
Sólo en el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del caso, Luis Raúl González Pérez, expone que las circunstancias de la detención de Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones ministeriales.
Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.
Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).
En el libro “Informe de la Investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Posibles cómplices y encubridores”, editado por la PGR, se da cuenta de diferentes actuaciones y documentales de la investigación oficial.
Entre los datos relevantes para el momento se encuentran algunos antecedentes de Sánchez Ortega a partir de entrevistas, inclusive con el mismo agente, y entre la investigación destaca el hecho de que el 23 de marzo de 1994 estuviera en Lomas Taurinas con credencial de reportero.
Hacerse pasar por reportero era una práctica frecuente de los agentes del Cisen en las décadas de los noventa y los dos mil. La diferencia en este caso es que contaba con una acreditación firmada por un diario de Tijuana, donde supuestamente, en efecto, se desempeñó como reportero en 1988.
De acuerdo al mencionado libro, en declaración tomada al abogado Urbano Hernández Somero, éste fue amigo y compañero de estudios de Sánchez Ortega en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, entre 1981 y 1985.
Hernández Somero fue presidente de la sociedad de alumnos y en su planilla estaba quien a la postre sería agente del Cisen, con quien formó el “Grupo Universidad”. Dicho grupo participó activamente en la campaña de Xicoténcatl Leyva a la gubernatura de Baja California en 1985.
Por los años 1985-1988, Hernández Somero fue director del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA, antecedente de la Conade), donde tuvo como secretario particular a Sánchez Ortega, que se relacionó con el periodista Marco Antonio Romero Arizpe.
Romero Arizpe llegaría a la dirección de El Diario de Baja California, periódico editado por la razón social Compañía Periodística de Baja California.
Posteriormente regresó con su amigo Urbano Hernández, para trabajar en su despacho jurídico de abril de 1993 al 27 de septiembre del mismo año, como litigante. En octubre del mismo año, Sánchez Ortega ingresó al Cisen.
El libro consigna que la Policía Judicial Federal localizó y entrevistó a Marco Antonio Romero Arizpe, dejando asentado en actas del 16 de abril de 1997 que, en efecto, conoció a Sánchez Ortega por Urbano Hernández, quien se lo recomendó como “gente de confianza”, que le dio oportunidad de trabajar y le otorgó una credencial del periódico.
Luego, el mismo documento de la PGR publica el momento en el que Romero Arizpe supo de lo ocurrido en Lomas Taurinas:
“El señor Marco Antonio Blázquez fue quien le llamó por teléfono y le hizo mención de lo ocurrido en Lomas Taurinas y que al señor Jorge Antonio Sánchez Ortega lo habían detenido y portaba una credencial del periódico donde él era el director”.
Fue entonces cuando comentó que, en efecto, había trabajado como reportero y por eso traía la credencial.
CRUCES DE RELACIONES
La historia de Jorge Antonio Sánchez Ortega trae al presente el papel de personas que siguen vigentes en la vida pública, en tiempos de la autollamada “Cuarta Transformación”.
Por ejemplo, El Diario de Baja California era propiedad de Jaime Bonilla, el empresario de medios que llegó a gobernador por Morena, partido con el que rompió y ahora se presenta por el PT.
Marco Antonio Romero Arizpe, quien firmó la credencial de reportero que Sánchez Ortega usó para estar en Lomas Taurinas, fue regidor en Tijuana por Morena, electo para el periodo 2016-2019. Sin embargo, una votación con el PRI y el PAN para privatizar el alumbrado público del municipio motivó un proceso disciplinario que devino en su expulsión 
del partido guinda en 2017.
El amigo de juventud, empleador y quien lo recomendó inclusive para entrar al Cisen, Urbano Hernández Somero, ha sido vinculado al llamado Cartel de Tijuana desde hace al menos 18 años. En septiembre de 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como prestanombres de Manuel Aguirre Galindo, a quien la misma dependencia identificaba como líder de la operación de lavado de dinero de la familia Arellano Félix, por lo que se le confiscaron bienes y congelaron cuentas en Estados Unidos.
Hernández Somero fue identificado en 2021 en la investigación periodística “El Cartel Aduanero”, por vender propiedades a personas relacionadas con la importación de autos chocolate sujeto a investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionados política y familiarmente con Ricardo Peralta, un activo funcionario y político de la 4T que inició el sexenio como director de Aduanas. Peralta fue un activo promotor de Jaime Bonilla.
Por cierto, entre los diferentes escándalos protagonizados por Jaime Bonilla como gobernador destaca el de su oficial mayor, Héctor Mares Cossío, quien fue vinculado al caso García Luna debido a una relación comercial con Grupo Gasmart, la empresa que ha sido identificada como una de las del exsecretario de Seguridad hoy preso en Estados Unidos. Mares fue asistente de Justo Ceja, secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari, y actualmente es diputado federal de Morena por el sexto distrito en Tijuana.
Mares Cossío ha sido durante dos décadas el operador financiero de Jaime Bonilla y de hecho fue directivo de la cadena televisora Media Sports y aparece en una investigación en San Diego, debido a que siendo Bonilla el titular del Distrito de Agua del condado, en Otay, le asignó una consultoría por 437 mil dólares. (Véase reseña del libro “El impostor”, donde se menciona la consultoría y el caso de corrupción.)
Finalmente, Marco Antonio Blázquez, quien de acuerdo con los testimoniales del Caso Colosio avisó a Marco Antonio Romero Arizpe de la detención de Sánchez Ortega con la credencial del periódico de Bonilla, es diputado local en Baja California por el PT.
LA NEGRA HISTORIA DE BONILLA
* En su libro «El impostor», Jaime Martínez Veloz retrata al senador y exgobernador de Baja California Jaime Bonilla como un delincuente decidido a acumular poder y riqueza a costa de lo que sea, tanto en México como en Estados Unidos.
Un juramento a la Constitución estadunidense, así como a la del estado de California, que incluye la defensa de los Estados Unidos de cualquier enemigo, sirven de arranque para 
repasar la historia política y empresarial de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California y uno de los protagonistas de la llamada “Cuarta Transformación” en el noroeste mexicano.
El repaso se encuentra en el libro El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI, que en su portada muestra la foto de prontuario en la que aparece el senador morenista de frente y de perfil, identificado como el preso número 13380. El motivo: fraude al Infonavit.
Las historias contenidas en el libro forman parte de un amplio expediente documental reunido por el autor, Jaime Martínez Veloz. Por si lo anterior fuera poco, muestran la manera en la que, en medio de acusaciones de corrupción, Jaime Bonilla logró un acuerdo de infiltración en el Distrito de Otay, en San Diego, con el propósito de que el FBI investigara un caso de corrupción en la localidad.
Impreso el pasado mes de junio, El impostor reúne las investigaciones realizadas por Martínez Veloz, político que hasta 2019 participó en Morena y decidió disputarle a Bonilla la gubernatura de Baja California en 2019 por el PRD, partido en el que actualmente milita.
La trayectoria política de Martínez Veloz va desde los movimientos universitarios y la militancia en partidos de izquierda en Coahuila, hasta el servicio público en gobiernos emanados del PRI, partido por el que fue diputado y, como tal, partícipe de la Comisión la Concordia y Pacificación en Chiapas en los noventa, una ruptura con el PRI para irse al PRD y, finalmente, su integración al gobierno peñanietista como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
A partir de 2018 Martínez Veloz regresó de lleno a la política de Baja California con su mencionado paso por Morena y luego como el principal opositor de Jaime Bonilla, a quien exhibe en el libro, tanto por lo que toca a su actividad política en Estados Unidos, pasando por su gestión empresarial y hasta los dos años de la gubernatura, en la que terminó confrontado hasta con los miembros de Morena en la entidad, donde quiso infructuosamente extenderse el mandato.
MEGAPROYECTO TRANSNACIONAL
La participación política de Jaime Bonilla en Estados Unidos es pública y ha sido objeto de polémicas desde siempre por un aspecto de ciudadanía que lo imposibilitaría para ocupar cargos públicos en México, pero también por los escándalos que han rodeado su desempeño público en ambos lados de la frontera.
En el caso de Estados Unidos, Bonilla se postuló al Distrito de Agua de Otay, en San Diego California, donde se vio expuesto a denuncias por rebasar topes de gastos de campaña sin transparentar el origen de los recursos.
En 2001 enfrentó no sólo el escándalo de su gastos, sino también un cruce de acusaciones por corrupción que devinieron en una destitución por nepotismo, además de la contratación de un despacho que facturó 120 mil dólares en un breve periodo y que fue objeto de auditoría.
Para 2001, Martínez Veloz revela que Jaime Bonilla se convirtió en informante del FBI. Como tal, grabó numerosas conversaciones con un cabildero de nombre Art M. Gastélum, al momento de ofrecer sobornos, según consta en expedientes judiciales de 2003.
El caso se abrió por el intento de consumar un contrato de obra de electricidad, por el cual Gastélum entregaría un millón de dólares a Bonilla y a otro miembro de la Junta de Agua.
Entre el desinterés de la Corte local, pues el caso era federal, y las prioridades del FBI, que por entonces se centraron en terrorismo, el caso quedó en el aire.
Para entonces Bonilla formaba parte del Partido Republicano, en el cual apoyó la candidatura de John McCain a la Presidencia de Estados Unidos; también la de Duncan Hunter, el congresista sionista de San Diego California que propuso invadir México; así como a Bob Filner (exalcalde de San Diego por el Partido Demócrata), cuya carrera política terminó al declarase culpable de tres casos de acoso sexual que involucraba a 17 víctimas.
Militante y donante republicano, la influencia de Jaime Bonilla en San Diego creció –de acuerdo con el libro de Martínez Veloz– al extremo de intentar, en años recientes, impulsar una desalinizadora en territorio mexicano para abastecer de agua a San Diego.
“Como integrante de la Junta del Distrito de Agua de Otay, desde el año 2004, Jaime Bonilla impulsó un proyecto trasnacional: construir en territorio mexicano una planta desalinizadora para abastecer a los consumidores norteamericanos”, dice el autor del libro.
La propuesta fue reiterada por Bonilla en diferentes oportunidades desde 2004. Inclusive cuando se acercó al lopezobradorismo en 2012, pese a lo cual todavía en 2013 apoyó con recursos la campaña del candidato del PRI-PT, Fernando Castro Trenti, en Baja California.
Pero fue en el periodo de Kiko Vega y en el del propio Bonilla cuando el proyecto de la desalinizadora (para la cual el Distrito de Agua de Otay gastó cientos de miles de dólares en estudios) tuvo su mayor empuje.
Bonilla, conocido por su intento de ampliarse el periodo de dos años (para los que fue electo) a cinco años, según el autor, escondía la verdadera intención de la ampliación de mandato:
“Dicho proyecto, impulsado por Jaime Bonilla y Kiko Vega, terminó siendo abortado por deficiencias en la planeación, el ocultamiento del verdadero propósito de la planta desalinizadora, sin embargo, le heredó a la actual administración de Baja California una deuda millonaria por concepto de pagos por incumplimiento de contratos (…)
“Estos eran los intereses que estuvieron detrás de la ampliación del mandato del gobierno de Baja California de 2 a 5 años que, gracias a la lucha, la dignidad de las y los bajacalifornianos y la respuesta digna y republicana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sepultaron las ambiciones filibusteras del gringo Bonilla, protegido, socio y cómplice del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
LA TREYECTORIA MEXICANA
El impostor cuenta la historia de un hombre que en poco tiempo pasó de ser empleado de maquila a convertirse en uno de los poderosos radiodifusores del noroeste, político en Estados Unidos, encumbrado en México vía la 4T que, al hacerlo senador y luego gobernador, obvió sus antecedentes penales.
De acuerdo con documentos y reportajes recogidos en el libro de Martínez Veloz, esa trayectoria la hizo mintiendo en toda clase de informaciones. Por ejemplo, el hoy senador asegura haber estudiado ingeniería en la UNAM, pero no existe cédula profesional que lo avale; en tanto, el periodo de estudios que habría realizado en México y luego en Estados Unidos, choca con los registros de su estancia en el penal de Tijuana.
Además de la foto de prontuario, Martínez Veloz recupera una publicación de la revista Alarma: un anuncio en el que se solicita información para localizar a Jaime Bonilla a fin de que rinda cuentas por dos denuncias relacionadas con fraudes posteriores a 1981, año en que permaneció en el penal por fraude al Infonavit, cuando supuestamente estaba en la universidad.
No es todo. El autor desglosa diferentes casos de corrupción durante el gobierno de Bonilla, en particular un esquema de extorsión a través de una empresa, Fisamex, que habría recaudado alrededor de mil 800 millones de pesos por un impuesto de agua.
La firma cobró al estado 20% del monto, esto es, unos 354 millones de pesos, según las conclusiones de la Auditoría Superior del Estado, publicadas el pasado mes de febrero.
Y, entre otros casos, destaca un capítulo dedicado al asesinato de Lourdes Maldonado, exreportera del grupo de emisoras de Jaime Bonilla, caso que causó revuelo porque tiempo antes de ser asesinada Maldonado se presentó en la conferencia mañanera del presidente para denunciar presiones, hostigamiento y amenazas del entonces gobernador.
No obstante, López Obrador pidió no “hacer politiquería contra Jaime Bonilla” tras el asesinato de la comunicadora, quien sostenía un proceso laboral en cuyo desahogo consiguió autorización para conocer la información financiera de la empresa.
Según Martínez Veloz, “todos los caminos conducen a PSN (nombre del conglomerado mediático de Bonilla)”. En el capítulo así titulado revela que mandos militares en Tijuana realizaron una investigación sobre el caso y añade que, entre las informaciones recogidas por los militares, hay sábanas de llamadas que conectan a distintas personalidades del entorno bonillista con los perpetradores, pero la justicia civil no ha procedido.
En el libro, desde su epígrafe, su autor se refiere al daño causado por Bonilla durante los dos años que fue gobernador y asienta:
“A Jaime Bonilla lo perdieron su ignorancia, arrogancia, intolerancia y ambición por el poder y el dinero ajeno. Su inicial cercanía con las altas esferas del poder político pudo haberse traducido en mejores condiciones de vida para las y los bajacalifornianos. En cambio, optó por la prepotencia, la extorsión y el peculado”.
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El GIEI cumplió hasta donde le permitieron
Maremágnum
» RICARDO | CASTILLO BARRIENTOS
) Facebook / Ricardo Castillo Barrientos
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, concluyó sus investigaciones para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sin llegar al conocimiento de la verdad de los hechos y la localización de los cuerpos de los jóvenes normalistas.
Los especialistas Carlos Beristain y Ángela Buitrago, dieron a conocer el sexto y último informe donde destacan los obstáculos para obtener información de las Fuerzas Armadas acerca de la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, así como la participación de algunos elementos castrenses durante la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014.
Desde el principio de los trágicos sucesos trascendió el origen que desencadenó la violencia desmedida del grupo criminal “Guerreros Unidos”, en colusión con los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles y el Ejército Mexicano, debido a que los estudiantes se habían apoderado de un autobús que trasladaría heroína o dinero a Chicago, USA, ruta de permanente trasiego de acuerdo a datos del FBI proporcionados a la Comisión.
Ocho años le llevaron al GIEI llegar a la conclusión sobre los responsables de los hechos, de los cuales 120 se encuentran en prisión, 12 de ellos militares y tres de alto rango, policías municipales y la mayoría sicarios, halcones y jefes de “Guerreros Unidos.
Los expertos del GIEI siempre tuvieron el reconocimiento y apoyo de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y del abogado Vidulfo Rosales, pero toparon con pared en la búsqueda de mayores indicios sobre la participación del Ejército Mexicano, la Marina y el CISEN, aún así se incriminó a varios elementos del Ejército que ya se encuentran recluidos en una base militar.
Otro de los detenidos de alto nivel, fue el ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia al dar origen a la versión de la “verdad histórica”, que resultó una falacia, mientras que Tomás Cerón se encuentra prófugo en Israel y se está solicitando insistentemente su extradión.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció el compromiso con los padres de familia que se conocería la verdad a fondo sobre la desaparición de sus hijos hasta su localización y el castigo ejemplar de todos los responsables sin excepción.
No hay duda que ya se cuenta con el diagnóstico de los sucesos, faltando el factor principal que tiene intrigada a la sociedad mexicana sobre el destino final de los estudiantes normalistas.
Marea Baja.- Vaya el reconocimiento a las escritoras acapulqueñas Blanca E. Athié, Marxitania Ortega y Esther M. García, por haber resultado ganadoras del Premio Iberoamericano de Cuento Ventosa-Arrufat y Fundación Elena Poniatowska.
Sus trabajos literarios en el género cuento, fueron seleccionados entre 442 cuentos de varias partes del mundo, con lo que se confirma el talento de las mujeres guerrerenses en el campo de la literatura a nivel internacional, con la certeza que continuarán obteniendo sendos galardones para el orgullo de Acapulco y Guerrero.
Marea Alta.- Allá en La Montaña Alta se está programando un gran evento cultural que muy raramente se llevan a cabo en esa olvidada región. Tlalixtaquilla de Maldonado será la sede del 4º. Festival de Folclor Internacional.
Entre los países participantes figuran: Paraguay, Colombia, Polonia, Chile y México, que vestirán sus trajes típicos al ritmo de sus músicas y bailables que recorrerán las principales calles de la cabecera municipal y posteriormente, iniciar la presentación en la cancha central de la localidad.
Está será la primera vez que se realice un evento de esta magnitud, debido a la excelente coordinación del MVZ, Ismael Luna Espíndola, que requiere el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, para el mejor éxito de este encuentro cultural que tendrá efecto el 8 de septiembre.
Maremoto.- La alcaldesa capitalina Norma Otilia Hernández Martínez, está que brinca de alegría al no comprobársele ninguna colusión de intereses con el grupo criminal de “Los Ardillos” y su jefe Celso Ortega Jiménez.
La alcaldesa chilpancingueña ingenuamente se reunió con el jefe criminal con el objeto de “llevar la fiesta en paz” y evitar que acontecieran hechos sangrientos que causan el temor y la inseguridad de la población.
Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), no la han incriminado ni señalado como responsable de algún delito; lo que le despeja el camino para seguir buscando una senaduría o la reelección en la Presidencia Municipal por Morena. Nada más falta saber que decide el electorado.
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Detienen excomandante militar ligado a Ayotzinapa
PUEBLA * Julio 12, 2023.
) Apro
Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, acusado de haber participado en la desaparición de 43 normalistas en 2014, fue capturado en Puebla.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión del militar, a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió el 6 de julio a las 12:50 horas en la calle Topacio número 4112 de la colonia Villa Posadas, de esta ciudad.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales, ubicado en Toluca, donde se le fincaron cargos por los delitos de desaparición forzada de personas y delincuencia organizada.
Hernández Nieto estaba activo como comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
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Avión de FGR aterriza de emergencia en el AIFA
CIUDAD DE MÉXICO * 27 de junio de 2023.
) Forbes México
Tras una falla en el tren de aterrizaje, un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sin que se reporten lesionados.
De acuerdo con información difundida por la autoridad del aeródromo, el aterrizaje forzoso de la aeronave modelo Gulfstream II y matrícula XC-LPY tuvo lugar hacia las 16:15 horas; en ella viajaban seis personas, entre pasajeros y tripulación, procedentes del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, de Monterrey, Nuevo León.
El AIFA informó que el aparato tenía como destino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sin embargo decidió descender en la nueva terminal aérea ante la falla mecánica.
“La aeronave fue canalizada al AIFA por las autoridades aeroportuarias de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), debido a que, al tratar de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentó fallas en su tren de aterrizaje de nariz”, detalló el AIFA.
Según las autoridades aeroportuarias, el avión fue enviado a aterrizar en el AIFA por presentar mayor capacidad de seguridad, debido a la tecnología con la que cuenta este aeropuerto, extensión de la pista de aterrizaje y el servicio de salvamento, así como extinción de incendios (SSEI), que lo coloca en la categoría 9 de seguridad aeroportuaria.
Esta maniobra de emergencia no significó la interrupción de las operaciones aéreas comerciales en el AIFA, detalló la autoridad del complejo aeronáutico.
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Estados Unidos pide oficial extradición de Ovidio Guzmán
WASHINGTON * 27 de febrero de 2023.
) Efe
Estados Unidos formalizó ante el Gobierno mexicano la solicitud de extradición del narcotraficante Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán más buscados por Washington y detenido hace casi dos meses, confirmaron este lunes fuentes federales a Efe.
La petición se envió a la Fiscalía General de la República (FGR) días antes de que venza el plazo del 5 de marzo que fijó un juez mexicano para que Estados Unidos presentara la petición para extraditar a Guzmán, detenido desde el 5 de enero en la cárcel de Almoloya del Estado de México.
Washington busca juzgar a Guzmán, de 32 años, por el crimen de asociación delictiva para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.
La solicitud, que contiene el expediente con la información y evidencias recopiladas por el Departamento de Justicia, se turnará al juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal de Almoloya.
La petición de Estados Unidos afrontará amparos que ha obtenido el hijo de Guzmán, también conocido como “El Ratón”, para frenar de forma indefinida su extradición.
Por otro lado, se aproxima el plazo de 60 días de prisión preventiva que ordenó un juez mexicano el 6 de enero pasado.
El Ejército mexicano detuvo el 5 de enero a Ovidio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como el penal de Almoloya, ubicado en el Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien escapó de ahí en 2015.
La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.
Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, acusa al presunto narcotraficante de delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país.
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Capturan lugarteniente del ´Mayo´ Zambada y compadre de Senador de Morena
DURANGO, Dgo. * 20 de enero de 2022.
) XEVT / El Universal
Este viernes por la mañana, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Durango a Gerardo Soberanes Ortiz, alias «El G1» o «El Licenciado», presunto integrante de Los Cabrera, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa liderada por Ismael «El Mayo» Zambada.
Soberanes Ortiz es señalado como operador financiero de este grupo delictivo y fue detenido en un inmueble residencial ubicado al norte de la capital duranguense, según difundieron medios nacionales, a quienes fuentes federales les revelaron la información.
En la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en el operativo se detuvo a un operador delictivo de los Cabrera, afín del Cartel de Pacífico, aunque no dijo el nombre.
«Se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo de los Cabrera Sarabia afín al cártel del Pacífico. Están fuerzas de tierra, apoyo aéreo; continúa la actividad se está desarrollando con la Fiscalía General de la República y otras instancias, todavía seguimos en el proceso de esta operación.
«Hubo una agresión por parte de ellos, tenemos el dato de un herido, no es grave, es de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas armadas, pero no es de gravedad, en un brazo, de las fuerzas armadas nada», detalló.
Según reportes oficiales, Gerardo Soberanes Ortiz operaba actividades delictivas en el municipio de Durango y en la Comarca Lagunera. También se le señala de ser compadre del senador morenista José Ramón Enríquez Herrera.
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Denuncian ante FGR a Encinas por fabricar pruebas
CIUDAD DE MÉXICO * 8 de noviembre de 2022.
) Apro
Los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a diversos funcionarios, entre los que se encontraría el subsecretario 
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, delitos contra la administración de justicia y lo que resulte, sobre el informe presentado el 18 de agosto pasado sobre lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos.
César Omar González y Alejandro Robledo, abogados del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento, Eduardo Mota y el subteniente, Fabián Alejandro Pirita, detenidos, los primeros tres, el pasado 15 de septiembre y el último de los mencionados al día siguiente por el caso Iguala; señalaron que la denuncia fue presentada 
esta mañana ante la FGR
Anunciaron que la defensa obtuvo un dictamen pericial en materia de informática que demuestra que los mensajes que vinculan al general Rodríguez con los Guerreros Unidos y en los que supuestamente él ordenó matar y desaparecer a los normalistas y otros en los que se vincula a los militares con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son falsos.
Los litigantes indicaron que en la denuncia solicitaron a la FGR que cite como testigos a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al propio Encinas, a quien elaboró el informe presentado por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) el pasado 18 de agosto y a diferentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los abogados consideraron que al presentar un informe con pruebas falsas, el subsecretario Alejandro Encinas incurrió en los vicios que tenía la administración pasada encargada de las primeras investigaciones del caso.
“En su intento por obtener resultados rápidos y visibles el subsecretario Encinas hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable por no decir abiertamente falsificada y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de justicia de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”, señaló César Omar González.
“La comisión, mientras sea presidida por el subsecretario Encinas no tiene como objetivo ni la verdad ni la justicia, en su afán irresponsable por producir resultados e incriminar al ejército, por tener algo que mostrarle a la prensa y a la sociedad, ha caído en los mismos vicios que tanto criticó a quienes lo precedieron en la investigación”.
Acusaron que puso por delante sus intereses políticos y su “necesidad de reconocimiento” y convirtió a la COVAJ en un cómplice más de la “red de incumplimiento y desinformación” que vicia el debido proceso de sus clientes.
Por ello, Alejandro Robledo consideró que Encinas debe renunciar a la presidencia de la COVAJ.
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Saxofonista María Ríos denunciará ante FGR a Gobernador Murat por violencia de género
OAXACA * 25 de agosto de 2022.
) Latinus
La saxofonista María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio con ácido, anunció que denunciará por violencia de género ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, por quitarle recursos económicos para sus tratamientos médicos.
“Procederé a iniciar una carpeta de investigación en contra de Alejandro Murat Hinojosa por el delito de violencia de género. Sí, ese gobernador, ese violentador, quiere ser nuestro próximo presidente de la República”, acusó la activista a través de un video compartido el jueves.
La activista denunció que pese a que Murat se había comprometido a apoyarla con recursos para los gastos médicos por las lesiones que sufrió cuando fue atacada con ácido, el gobernador anunció que suspenderá el apoyo.
Según María Elena Ríos, le retirarán el apoyo luego de que se ha manifestado para denunciar los feminicidios en Oaxaca y visibilizar que la esposa del gobernador, Ivette Morán, plagió textiles de comunidades indígenas.
“Ahora el gobernador Alejandro Murat Hinojosa me castiga y me quita estos apoyos que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley general de víctimas, tengo derecho y que ahora no quiere cumplir”, manifestó.
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FGR investiga a Peña por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales
CIUDAD DE MÉXICO. * 2 de agosto de 2022.
) Efe
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por 
delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral.
“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P'», indicó la Fiscalía en un breve comunicado.
De acuerdo con la información, la FGR abrió una carpeta de investigación por diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en los delitos de carácter electoral como patrimoniales.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, abundó el texto.
El segundo caso corresponde a la denuncia que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a principios de julio respecto a un posible lavado de dinero y «transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Además, precisó que existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, indicó la dependencia.
El pasado 7 de julio, la UIF a cargo de Pablo Gómez, reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita» por un monto de más de 26 millones de pesos (unos 1,25 millones de dólares).
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos (casi 773.000 dólares) el 21 de agosto de 2019, además de 2 por 5 millones de pesos cada una (más de 241.500 dólares) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
Según Gómez, la familia del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 millones de dólares) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente.
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