FGR, instrumento de AMLO para ‘asustar’ a sus enemigos | Calderón
] CIUDAD DE MÉXICO. * 10 de agosto de 2020.
| Efe.
El expresidente mexicano Felipe Calderón acusó este lunes de «persecución política» al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, por las filtraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Odebrecht.
«Lo que están haciendo es utilizar la Justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del Gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021, esta es una persecución política que no tiene base», dijo en entrevista con Radio Fórmula.
El exmandatario, que gobernó de 2006 a 2012 bajo el derechista Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la filtración de documentos de la FGR a la revista Proceso que lo implican en el esquema de corrupción de Odebrecht mediante contratos de la planta petroquímica Etileno XXI.
Calderón, quien está por obtener el registro de su nuevo partido, México Libre, señaló como principal responsable de la trama de Odebrecht a Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016 en la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Además, cuestionó el «trato preferencial» que el Gobierno de López Obrador ha dado a Lozoya, quien está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y ha prometido información sobre otros políticos implicados.
«¿Y dónde está Lozoya ahora? Lozoya no va a pisar la cárcel y lo que está haciendo el Gobierno de López Obrador es utilizar este caso no para hacer justicia, no para castigar la corrupción, sino para utilizarla con mentiras o propósitos de persecución política a sus adversarios», aseveró.
En tanto, López Obrador denunció este lunes un «narco-Estado» en México del que responsabilizó a las Administraciones anteriores por la corrupción y el contubernio con grupos del crimen organizado.
El mandatario izquierdista se refirió a dos «casos emblemáticos» que están en investigación: el de Lozoya, extraditado desde España el 17 de julio, y el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Calderón detenido desde diciembre en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Pero Calderón argumentó que López Obrador ha armado una «estrategia mediática» con estos casos para distraer sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 en México, donde hay más de 52.000 muertos y 480.000 casos.
También aseveró que el problema de Pemex, «independientemente de que se deslinden todas las responsabilidades», es que «no está produciendo nada», por lo que este Gobierno «ahuyenta» la inversión.
Es una maquinación mediática para estar dañando o pretender dañar a quienes saben que le vamos a competir a López Obrador y le vamos a ganar a Morena (el gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional) en las elecciones de 2021″, insistió.
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Vinculan a proceso a #Lozoya; no pisará la cárcel
] CIUDAD DE MÉXICO.* 28 de julio de 2020.
| Infobae.
Emilio Lozoya, el ex director de la petrolera estatal Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue vinculado este martes a proceso por operación de recursos de procedencia ilícita, pero adelantó que colaborará con las autoridades mexicanas para “encontrar la verdad” de lo que llamó el “aparato organizado de poder” y no pisará la cárcel por ahora.
“Resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro de territorio nacional con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita”, indicó José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
El juez concedió el pedido de seis meses para el cierre de la investigación contra Lozoya. La FGR argumento que necesita mayores datos de prueba con asistencia internacional “para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes”.
Además, buscará más información sobre Carmen “A”, quien vendió la casa de las Lomas (datos del SAT y estados de cuenta), y otros detalles de la empresa Altos Hornos de México y la información financiera de Tochos Holding, la supuesta empresa fachada que usó Lozoya.
Por su parte, la Fiscalía General de la República consiguió una serie de medidas cautelares, pero no la prisión preventiva, porque no la solicitó. Las medidas serán por todo el tiempo que dure el proceso. En caso de que salga del hospital, podrá estar relativamente libre, pero con la prohibición de salir del país y entregar sus documentos (pasaporte y visa) en el Reclusorio Norte.
Además, Lozoya portará un brazalete electrónico que será pagado por el imputado. De manera discrecional, el juez sumó la medida cautelar para que el ex director de Pemex se presente los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridades correspondientes del Centro de Justicia.
La audiencia
Lozoya Austin, de 45 años, compareció en una audiencia de casi 12 horas de duración ante el juez del caso conocido como “Agro Nitrogenados”, el nombre de la empresa en el centro del huracán: el ex funcionario federal está acusado de haber promovido la compra a sobreprecios millonarios de dicha compañía después de recibir dinero del empresario que la vendió al gobierno.
Estos recursos, argumentó la Fiscalía General de la República en la primera audiencia de Lozoya desde su llegada al país, supuestamente habrían sido triangulados a través de una cuenta en paraísos fiscales a nombre de su hermana Susana para adquirir un inmueble en la exclusiva colonia de las Lomas, en la Ciudad de México.
Lozoya no tuvo que comparecer físicamente en el Reclusorio Norte, ya que la FGR permitió que la audiencia se llevara a cabo en el formato de videoconferencia desde el hospital a donde fue trasladado desde el 17 de julio, cuando fue extraditado a México desde España.
Además, el ex director de Pemex se declaró inocente y su defensa dejó entrever cómo seguirá este proceso: a través del llamado “criterio de oportunidad”, el hombre intentará aportar información verídica que pueda ser usada en delitos más graves en casos más importantes aún para obtener una condena menor para él y para el resto de su familia implicada.
Además, Lozoya le comunicó al juez que, por las investigaciones en su contra, supuestamente fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”. “Manifiesto a usted (juez) que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del estado mexicano”, remarcó.
Más adelante en la audiencia, después de los alegatos de la FGR, la defensa de Lozoya se allanó ante el pedido de vinculación a proceso, el cual fue apoyado por los representantes de Pemex y de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de la Secretaría de Hacienda. En su turno, la defensa señaló que, por instrucciones de Lozoya, se limitarán a “salvaguardar los derechos humanos, el debido proceso y la adecuada defensa y al principio de presunción de inocencia”.
Por ello, remarcaron que Lozoya “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos” como los referidos por las autoridades.
En su momento, completaron, Lozoya denunciará los hechos cometido en su contra, señalando “claramente” a las personas responsables y los cargos que ocupaban. “Todo ello, en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la FGR”, dijeron.
Las acusaciones de la FGR en el caso “Agro Nitrogenados”
De acuerdo con las autoridades mexicanas, Lozoya transfirió desde junio a noviembre de 2012, unos USD tres millones de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Susana Lozoya “sin que se identificara el origen de la transferencia”.
El dueño de AHMSA es Alonso Ancira, quien realizó la venta Agro Nitrogenados, una de las subsidiarias de su compañía, a Pemex, cuando Lozoya encabezaba la empresa estatal, a sobreprecios millonarios.
Con una parte del dinero, Lozoya adquirió un inmueble en Lomas de Bezares. Las trasnferencias, detalló la FGR, fueron trianguladas a una cuenta bancaria en Suiza cuya titular es la hermana de Lozoya, los involucrados intentaron esconder sus huellas.
Este dinero, recibido por los Lozoya, se consideró la primera parte de un intercambio de favores con Ancira, hoy en día detenido también en España y a la espera de su extradición a México.
Ya como director de Pemex, Lozoya promovió la compra de Agro Nitrogenados a sobreprecios millonarios. Sin embargo, la FGR argumentó en la audiencia que la compañía estaba inactiva desde 1999 y los precios que se pagaron por ella, incluidos el precio del inmueble y el dinero para su remodelación, fueron de al menos el doble de lo que en realidad costaba.
Incluso Pemex dio a conocer durante la audiencia que el patrimonio de la compañía productiva del estado se vio afectado por haber destinado a la fecha un importe de USD 150.8 millones para capitalizar Agro Nitrogenados. “A la fecha no presenta panorama de recuperación, el daño aún no termina porque Pemex sigue afrontando la deuda conforme se va materializando los vencimientos”, ahondaron.
Este miércoles, Lozoya comparecerá por el caso Odebrecht, la compañía brasileña que estructuró una de las tramas internacionales más grandes de todos los tiempos.
En este caso, el ex funcionario es señalado por lavado de dinero y cohecho, ya que habría recibido dinero por parte de la compañía brasileña para financiar la campaña de Peña Nieto y para aprobar una reforma estructural en materia energética, así como para asegurarse la licitación de distintos proyectos en el país.
NO SOY RESPONSABLE NI CULPABLE
Durante su primera comparecencia ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza -la cual se realizó a través de videollamada- por el caso de la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró que probará que no es responsable.
“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, mencionó.
Desde el hospital privado en el que se encuentra internado debido a la “anemia severa” que padece, Lozoya Austin aseguró que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”, por lo que, dijo, denunciará y señalará a los “autores de estos hechos”.
“Como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.
«Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano», dijo.
A través de un chat de WhatsApp en el que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa el desarrollo de la audiencia de Emilio Lozoya, el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto también aseguró que el inmueble de la colonia de Lomas de Bezares, fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“El inmueble al que se refieren fue declarado ante Secretaría de la Función Pública desde que comenzó mi gestión como Director de Pemex, respecto a los recursos que se imputan lo aclararé al momento de presentar los datos de prueba”, señaló Lozoya.
Al inicio de la audiencia y al presentar sus argumentos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso contra el ex director de Pemex por el caso Agro Nitrogenados.
Emilio Lozoya fue informado acerca del inicio de una carpeta de investigación en su contra, en la que también figuran como indiciados su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, quien se encuentra detenido en España a la espera de su extradición.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, Lozoya transfirió desde junio a noviembre de 2012, unos USD tres millones de la empresa Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Susana Lozoya “sin que se identificara el origen de la transferencia”.
Por su parte, Ancira Elizondo, habría utilizando el sistema financiero mexicano para transferir recursos por unos USD 500,000 desde una sucursal en Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza. El resto de transferencias se realizaron en diferentes movimientos a lo largo de noviembre de 2012.
Posteriormente se certificó que Ancira realizó transferencias por otro millón de dólares, 100 mil dólares y 800 mil dólares más hasta sumar 3 millones de dólares.
La FGR recordó que Lozoya participó en la campaña presidencial de Peña Nieto y luego en el periodo en el que se hicieron los depósitos de Altos Hornos, primero de USD 500,000 y posteriormente de otros dos millones en dos depósitos distintos.
El último de esos depósitos, de acuerdo con las autoridades, equivalía a 34 millones de pesos, que es el monto del inmueble de Lomas de Bezares. También mencionaron a la empresa Tochos Holdings, donde Lozoya aparecía como beneficiario, pero que después traspasó a su hermana Gilda Susana Lozoya.
“En ese momento la beneficiaria fue Gilda, sin embargo llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban”, detallaron. Además, resaltó que la inversión en un inmueble de este tipo no parecía tener sentido de inversión.
Por otra parte, en diciembre de 2013, se depositaron USD 60,000 en favor de Lozoya, y otro monto para la propietaria de la casa en Lomas de Bezares, identificada como Carmen “A”. “Resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional”, argumentaron las autoridades.
La Fiscalía sostuvo ante Lozoya, que recibió una transferencia de 34 millones 234 mil pesos, fueron utilizados para la compra de una vivienda en la colonia La Retana, en Lomas de Bezares, en donde actualmente vive su padre.
La FGR, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, informó que la solicitud de vinculación a proceso contra el ex director de Pemex por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, “es perseguible de manera oficiosa, pero cuando se utiliza el sistema financiero mexicano hace falta la participación de la Secretaría de Hacienda, y de ahí que esté la denuncia del señor Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “.
Emilio Lozoya Austin fue extraditado de España el pasado 16 de julio, luego de ser detenido en febrero pasado en ese país, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
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‘Mochomo’ se ampara; acusa que segunda detención fue ilegal
] CIUDAD DE MÉXICO. * 3 de julio de 2020.
| Latinus.
La defensa de José Ángel Casarrubias, “El Mochomo”, interpuso un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal; acusa que la detención fue ilegal debido a que no se le presentó una orden al momento de su detención.
El presunto líder de Guerreros Unidos aseguró que al momento de salir del Penal del Altiplano el pasado miércoles, los elementos del a Fiscalía General de la República (FGR) que lo detuvieron no le mostraron una orden de aprehensión o presentación.
La demanda aún no ha sido admitida por el juez debido a que le faltan datos de la averiguación al escrito, tales como la carpeta de investigación o la causa penal, por lo que será necesaria la ratificación de la demanda de juicio de amparo.
El juez ordenó a un actuario acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para saber si “El Mochomo” ratificará la demanda y verificar las condiciones físicas en las que se encuentra Casarrubias.
“El Mochomo” está acusado de delincuencia organizada y fue arraigado por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales de la FGR.
La primera detención de José Ángel “N” se dio el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, luego de seis años de estar prófugo de la justicia. Autoridades federales ofrecían hasta un millón y medio de pesos por información que diera con su captura.
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Banda de la Riviera Maya, en la mira del FBI
] CANCÚN. * 2 de julio de 2020.
| Mexicanos Contra de la Corrupción.
La agencia estadunidense solicitó al gobierno mexicano colaboración para rastrear propiedades y transacciones de los líderes de la banda que saqueaban cuentas de usuarios de cajeros electrónicos.
A petición del Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga las presuntas operaciones de lavado de dinero de una banda originaria de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos del país.
En un oficio enviado el 10 de febrero de 2020, el FBI solicitó a la UIF su colaboración para rastrear las propiedades y transacciones realizadas por Florian Tudor, presunto líder de la banda, y sus socios Adrian Constantin Tiugan y Adrián Ninel Enachescu.
A la fecha, la institución encargada de investigar los casos de lavado de dinero en México ha logrado documentar que los integrantes de la banda han traspasado recursos a cuentas bancarias de parientes, amigos y de empresas que presuntamente han utilizado ese dinero para adquirir inmuebles en México y en el extranjero.
La UIF tiene indicios de que éste es el mecanismo para lavar el dinero extraído en forma ilícita de los cajeros automáticos.
El FBI investiga a Tudor como seguimiento a las denuncias que ciudadanos estadounidenses han presentado por el robo que sufrieron en cajeros automáticos cuando pasaron vacaciones en México.
En el esquema que ha logrado trazar la UIF que encabeza Santiago Nieto en torno a las operaciones de esta banda criminal, aparecen transacciones en las que están implicadas entre sí al menos ocho empresas cuya sede está en México y una más en Rumania.
En el centro de esta investigación de la UIF se encuentra la empresa Top Life Servicios S.A. de C.V., creada en diciembre de 2013 por Adrian Constantin Tiugan, un delincuente de Rumania que tenía órdenes de detención internacionales por haber participado en un esquema de saqueo de cajeros automáticos en Italia y el Vaticano.
Tiugan creó Top Life en Quintana Roo con un permiso migratorio expedido a nombre de Paul Daniel Ionete, un delincuente rumano de bajo perfil dedicado al tráfico de drogas al que le usurpó la identidad.
El 1 de marzo de 2014, esa empresa firmó un contrato con Banco Multiva para colocar cajeros automáticos en distintos puntos del país.
La banda llegó a controlar 100 cajeros con chips instalados en ellos, y en promedio cada máquina copiaba cada mes unas mil tarjetas, según reveló un ex integrante de la banda que se convirtió en testigo de la fiscalía rumana, que también investiga este caso. “Retirábamos alrededor de 200 dólares de cada una de estas tarjetas. Veinte millones de dólares retirados cada mes”.
La organización criminal, con ramificaciones en tres continentes, saqueó entre 2014 y 2019 unos 1,200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en algunos de los principales destinos turísticos de México, reveló una investigación conjunta de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); la organización Quinto Elemento Lab y Rise Project que fue publicada el pasado 3 de junio.
La investigación periodística documentó que algunas de las tarjetas clonadas en centros turísticos de México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
Colaboración con FGR
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que esa dependencia en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), investiga las operaciones de la banda de origen rumano.
Informó que se tiene identificada a una persona física y a tres personas morales -de las que no proporcionó nombres- que son las encargadas de hacer los fraudes financieros con la colocación de cajeros automáticos en Cancún.
“Una de las (personas) morales, sus accionistas son rumanos que han enfrentado cargos por narcotráfico”, mencionó Nieto.
“Otra de las empresas lo que hace es recibir recursos de las empresas que comercializan las máquinas y los trasladan a inmobiliarias en Cancún y en la Ciudad de México con un socio también de origen rumano buscado por la Interpol”, dijo Nieto.
Aunque no dio detalles, confirmó que recibieron una solicitud de colaboración del FBI para rastrear las operaciones financieras de la banda rumana.
Una petición similar de trabajo conjunto había sido enviada en abril del año pasado a la FGR para investigar el fraude, la clonación de tarjetas bancarias y el lavado de activos que presuntamente llevaban a cabo la banda dirigida por Florian Tudor, un ciudadano rumano con domicilio en Quintana Roo.
En el oficio de colaboración, el FBI convocó a funcionarios de la FGR a una reunión en mayo de 2019 en Bucarest con la Policía Federal de Rumania, para coordinar y planear los esfuerzos internacionales relacionados con la investigación de la banda de Tudor.
Investigación en la FGR
La FGR también tiene una investigación en curso sobre la organización liderada por Florian Tudor, pero dos fuentes consultadas dijeron que no podrían comentar detalles ni responder los cuestionarios enviados por los reporteros de OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Rise Project.
La fiscalía aún no ha hecho públicos los motivos por los que Tudor y sus socios están siendo investigados. Según documentos confidenciales de la FGR a los que tuvo acceso OCCRP, los fiscales describen a Tudor como “jefe” de varias empresas en Cancún y “el líder de un grupo criminal dedicado a la clonación de tarjetas y fraudes bancarios”.
El líder de la banda de la Riviera Maya ha estado en el punto de mira de las autoridades desde marzo de 2019 cuando él y su mano derecha fueron detenidos mientras conducían al sur de Cancún hacia Puerto Morelos. En aquella ocasión, la policía les incautó una pistola Glock, munición y más de 25,000 dólares.
De acuerdo con la ficha de su detención, los fiscales mexicanos iniciaron la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019 por el delito de portación sin permiso de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esta investigación seguía en trámite un año después de que las autoridades abrieron la indagatoria, según respondió la delegación de la FGR en Quintana Roo a través de una solicitud de información.
Dos meses después de su detención, Tudor se volvería a encontrar con la policía mexicana. En mayo de 2019, la policía y la armada realizaron registros tanto en el cuartel general de Top Life como en su casa en Cancún. Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos, aunque poco después quedaron en libertad. Estos cateos fueron realizados como parte de la indagatoria FED/QR/CUN/0000151/2019, iniciada por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Este no es el único delito por el que se investiga a Tudor y sus cómplices. En julio de 2019 Tudor presentó una petición de protección constitucional para que le devolvieran las propiedades aseguradas a partir de una orden derivada de la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000426/2019, iniciada por delitos contra la biodiversidad y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según confirmó en marzo pasado la delegación de la FGR en Quintana Roo.
Hasta ahora las autoridades mexicanas no han informado por qué a un año de iniciarse las indagatorias aún no hay ningún detenido o si la banda de la Riviera Maya es investigada por otros delitos en México. Tampoco han dicho si existe un pedido de extradición contra Tudor. La FGR solo ha confirmado, por medio de una solicitud de información respondida en marzo pasado, que tiene en curso una solicitud de asistencia jurídica internacional relacionada con las carpetas de investigación que iniciaron en México contra la banda de la Riviera Maya.
Para 2017, Top Life Servicios, la empresa fachada de Florian Tudor, operaba más de 100 cajeros automáticos con la marca del banco Multiva a lo largo de la Riviera Maya y en otros sitios turísticos de México por donde transitaban millones de turistas cada año.
Aunque no hay indicios de que las autoridades ministeriales investigan la participación de Multiva en la expansión de la red de los cajeros automáticos instalados por la banda rumana con su marca, las áreas a cargo de vigilar a este banco respondieron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está tomando acciones de supervisión para, en su caso, poder determinar posibles conductas violatorias de las leyes financieras federales.
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¿A qué juega #Frenaa con sus ‘caravanas’ anti-amlo?
Jiribilla Costeña
] El Brujo Chiripero
| Acapulco Press
Dos acciones podrán derrocar a AMLO del poder: un #GolpedeEstado o un #ProcesoPenal. Todo lo demás, será desgaste, exhibicionismo o un mal show dominguero de barriada… guste o no a quien argumente lo contrario.
Lo primero se ve remoto, pues el Ejército tendría que estar limpio de cuestionamientos para rebelarse contra su Jefe Supremo.
Que la milicia se ponga del lado del pueblo se ve complejo: la lealtad al poder siempre será más fuerte, porque el pueblo no garantiza los privilegios o inmunidad que ofrece el poder político emanado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Lo segundo es viable, pero parece que tampoco hay valientes que quieran asumir la responsabilidad de aventurarse a darle continuidad a la denuncia de hechos presentada por el PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.
Cierto, no hay ninguna prueba por escrito que pueda perseguirse usando como base el Artículo 150 del Código Penal Federal —por el cual el Presidente de México podría ser inhabilitado de 9 a 12 años de su cargo y ser sancionado con cárcel de 15 a 20 años años por el delito de ‘evasión’, si el inculpado estuviera acusado por ‘delitos contra la salud’ (tal cual es el caso de Ovidio Guzmán)—, tal cual detalla Rodolfo Becerra, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, pero Andrés Manuel López Obrador confesó de manera voluntaria y abierta ante México haner sido el autor directo de la orden de liberación del narcotraficante en cuestión, lo que lo convierte en un ‘criminal confeso’, hecho por el cual jurídicamente amerita ser sometido a proceso por ‘asociación delictuosa’ y ‘evasión’ de un crininal de alta peligrosidad ya que, según el concepto penal, “la confesión es el reconocimiento que una persona contra sí misma de la verdad de un hecho”.
Cierto, AMLO se cobija en la ‘jerarquía de valores’ jurídicos para argumentar que salvó vidas al dejar en libertad al ‘peligroso criminal’ de la dinastía Guzmán, capturado y liberado el 17 de octubre de 2019, pero la denuncia de hechos de AN ante FGR detalla que, si bien su argumento es válido, no debe pasare por alto el hecho que López Obrador accedió a cooperar con la justicia y se dispuso a comparecer ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.
¡Debería tomársele la palabra y aceptar los resultados!
Solamente se debe vigilarse que el proceso no sea amañado, para que la justicia actúe con imparcialidad y apegada a derecho.
¿ESTADO DOBLEGADO U OMISO?
Una investigación jurídica de Surya Palacios para el portal Alto Nivel precisa que, si bien la ‘jerarquía de valores’ a que apelan los defensores de AMLO es válida también tiene una vertiente peligrosa: “(la declaración de AMLO para pretender exonerarse de la liberación del narcotraficante) prácticamente es (un) “reconocimiento unilateral de la voluntad del Presidente de permitir que quienes trasgreden las normas sigan haciéndola”. Caso contrario, se hubiera detenido o, al menos, “se hubiera intentado detener a todos aquellos que, portando armas exclusivas del Ejército, amenazaron y pusieron en verdadero riesgo las vidas de la población de Culiacán”. En pocas palabras, era responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de la sociedad, no someterse a los designios de los criminales por amenazas contra inocentes que también pudieron evitarse si el Presidente hubiera hecho acatado su responsabilidad desde el inicio de su mandato, que es “garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos”, como prometió en campaña, en lugar de incitar a departir abrazos a los delincuentes.
Según la investigación, López Obrador violó deliberadamente la Constitución, la cual en su Artículo 16 precisa que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez sin dilación alguna, y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.
Con base a este ‘numeral’ de nuestra Constitución, “los que ejecutaron de manera fallida el operativo de detención de Ovidio Guzmán —para capturarlo debió haber una orden, para eso se montó un operativo; no fue obra de la casualidad ni de la suerte o la flagrancia su captura, tal como revela un video que se hizo viral en las redes sociales, el cual evidencia eso: una captura, no un simulacro—, junto con sus mandos superiores y sus respectivos jefes inmediatos, deben ser aprehendidos y acusados por cometer un delito en contra de la administración de la justicia, en conformidad con el Artículo 225
del Código Penal Federal vigente en México.
Respecto a la “responsabilidad jurídica” del Presidente, el Artículo 89 de la Carta Magna establece que son facultades y obligaciones del Presidente “promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso”.
En el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, el Presidente omitió todas sus responsabilidades y obligaciones de priorizar la seguridad de la población.
Las excusas del presidente son graves, pues sus obligaciones no son “optativas”, sino de “obligado cumplimiento”.
Por ello es que las marchas y caravanas anti-amlo han sido el hazmereír de los amlovistas, ¡y con facultada razón!
Para que las manifestaciones contra el Presiden surtan efecto deberían ser menos exhibicionistas y más congruentes.
Ahí el PAN dejó un precedente en la FGR desde el mismísimo 18 de octubre de 2019, día después de la liberación de Ovidio Guzmán.
El Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaa), Gilberto Lozano, todas aquellas organizaciones y personas que anhelan con fervor el derrocamiento de AMLO, deberán ser más inteligentes para lograr su propósito. Su gran logro, digno de elogio, es movilizar mayoritariamente a la sociedad, en vista que la oposición prácticamente no existe. Con excepciones honrosas del PAN, que señala donde debe señalar, el PRI, el PRD y resto de partidos de supuesta izquierda, disfrutan la siesta mientras el país se cae a pedazos a manos de Morena, la Cuarta Transformación y su instrumento de destrucción.
Habiendo suficientes elementos jurídicos y constituciones, prefieren hacer caravanas para lanzar consignas que, si bien tienen eco entre los no simpatizantes del Presidente, carecen de argumentos de peso que cimbren los cimientos sobre los que se pavonea López Obrador.
Se desconoce el por qué, pese a contar con personas inteligentes y versadas en leyes, el #Frenaa le apuesta más al exhibicionismo que a las leyes, a copiar las mismas acciones del Presidente de acusar y señalar, pero sin traspasar la línea de las acciones jurídicas que todos esperan contra los imputados del supuesto ‘cochinero’ heredado.
Ese curso poco a poco no solo irá desgastándose. Mientras se continúe con ese método de señalar y vituperar al mismo estilo de quienes aplauden y defienden a AMLO, el Presidente irá recuperándose de los ataques y cobrará fuerza no solo de cara cara a las elecciones del 2021, sino rumbo a la Consulta de Revocación de Mandato en el 2022… ¡y entonces los amlover tendrán razones de sobra para festejar ‘felices, felices’!
Estas líneas, finalmente, son una percepción personal desde una perspectiva imparcial, neutral, apegada a la lógica y coherencia de los hechos y realidades.
Los ‘anti-amlo’ saben lo que hacen…
Las pruebas no son eternas, caducan; si no se aprovechan, favorecen a los inculpados o señalados de algún ilícito.
Que quede claro: no es que el #Frenaa vaya mal, solo parece que no ha querido, no ha podido o no ha hallado cuándo y cómo priorizar el verbo del sustantivo.
Sin daños a terceros…
www.acapulco.press
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Aseguran en Iguala 7 personas con armamento de uso militar
] IGUALA. * 6 de abril de 2020.
| SSPGro.
Derivado de una técnica de investigación en apoyo a la Fiscalía General de la República, Policías Estatales y personal de la Guardia Nacional mediante orden de cateo aseguraron en Iguala a siete personas, entre ellas, una fémina y un menor de edad, seis vehículos, tres motocicletas, armamento de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la cantidad en efectivo de nueve mil pesos.
Las personas aseguradas dijeron llamarse: Andrés “N” de 42 años, José Luis “N” de 33 años, Octavio “N” de 26 años, Nery Tomas “N” de 22 años, Gregorio “N” de 43 años, Silvia Esmeralda “N” de 40 años, así como un masculino de 15 años de edad.
Asimismo, se aseguraron seis vehículos y tres motocicletas: Camioneta marca Audi Q5, color gris obscuro y placas del estado de Morelos. Vehículo VW, tipo bocho, color negro y placas de Guerrero. Camioneta Chevrolet, color rojo y placas de Guerrero. Ford, color blanco y placas del Estado de México y Ford, color rojo y placas del Distrito Federal. Camioneta Jeep, tipo Rubicon, color verde y placas de del estado de Morelos. Motocicleta marca Yamaha azul rey con negro y placas de Guerrero. Motocicleta Honda, color blanco con rojo, sin placas de circulación y motocicleta Yamaha, color rojo con negro y placas de circulación de Guerrero.
Los elementos aseguraron, además, seis armas de fuego cortas y una larga; nueve cargadores; 25 cartuchos para arma de fuego calibre .223; 112 cartuchos útiles de diversos calibres y 20 cajas de cartuchos útiles también de diversos calibres.
Se localizaron también dos guacamayas, cinco pericos, tres pavorreales y tres tortugas, consideradas especies protegidas, mismos que fueron entregados a Protección Civil del municipio de Iguala para su cuidado y resguardo.
Cabe destacar que las personas aseguradas, el armamento, vehículos y las motocicletas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Presentamos las fotografías de los mayores de edad con objeto de que, si son identificadas como partícipes en la comisión de otros delitos, las reporten en la Línea Única de Atención de Emergencias 911, en el 089 para denuncias anónimas o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad.
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Con recursos del FASP fortalece Astudillo áreas de seguridad con obras y equipo
CHILPANCINGO, Gro. * 11 de noviembre de 2019.
] Gobierno de Guerrero.
Para reforzar las condiciones de seguridad en Guerrero y dar continuidad a la estrategia en materia de la prevención de los delitos, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó obras y equipo a las operadoras del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), con una inversión federal y estatal de 9 millones de pesos.
En las instalaciones del Registro Público Vehicular (Repuve), en donde entregó una barda perimetral, el Ejecutivo guerrerense reconoció que Guerrero tiene problemas, pero se están enfrentando en condiciones muy diferentes que hace cuatro años cuando llegó a ser gobernador.
«Hay que mantener el ritmo y el compromiso con todos los guerrerenses» y señaló que es importante que el gobernador esté enterado de los avances que tienen los municipios en relación a los recursos en materia de seguridad.
Astudillo Flores, puntualizó que todos los que tienen que ver con el tema de la Seguridad Pública tienen que estar con una gran disposición todos los días para colaborar, para ayudar y resolver, porque antes de cualquier cosa, lo que más importa es salvaguardar los intereses generales de la sociedad y se está en esa ruta.
En el tema de seguridad, el gobernador Héctor Astudillo, dijo que no sólo es contar con más policías y equipo táctico, sino también con inteligencia para evitar acciones ilegales y movimientos de quienes están fuera de la ley, como parte de las prioridades dentro de la Seguridad Pública en Guerrero y en el país.
En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Antonio Piza Vela, dijo que el propósito es contribuir a reforzar las condiciones de seguridad en Guerrero y dar continuidad a la estrategia en materia de la prevención de la comisión de los delitos que ha permitido reducir los niveles de inseguridad, logrando recuperar la gobernabilidad.
Detalló que gracias a la coordinación con el gobierno federal y el ejecutivo del estado, con una inversión de 9 millones de pesos se entregaron obras y equipo al Sistema Estatal de Seguridad Pública, a la Universidad Policial (Unipol), a la Fiscalía General del Estado, al Centro de Control y Confianza, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el Registro Público Vehicular (Repuve), operadoras del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
En la Universidad Policial del Estado de Guerrero, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública se ampliaron dos aulas y remodeló la sala de juicios orales.
Al Centro Estatal de Evaluación y Confianza, dependiente de la secretaría ejecutiva, se le otorgaron computadoras, impresoras, polígrafos, conmutadores, equipo de circuito.
Mientras que a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se le entregaron 23 computadoras y un escritorio, una camioneta pick Up doble cabina para el traslado de víctimas.
En este evento también estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila y el diputado local, Heriberto Huicochea Vázquez.
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FGR investiga ex esposa de dueño del Guadalajara por presuntos delitos fiscales
CIUDAD DE MÉXICO. * 28 de septiembre de 2019.
] Vanguardia.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresaria Angélica Fuentes Téllez, contra quien busca ejercer acción penal por su presunta responsabilidad en delitos fiscales.
Lo anterior consta en la resolución de un tribunal federal que rechazó conceder a la ex esposa de Jorge Vergara, dueño del Club Guadalajara, una suspensión definitiva, con la cual busca evitar que la FGR judicialice una carpeta de investigación y solicite su detención.
La empresaria promovió un amparo, pero el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la medida cautelar solicitada.
El 15 de julio, el agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal, Titular de la Agencia Octava de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, determinó en la carpeta de investigación que integra contra Fuentes Téllez “que era improcedente decretar el no ejercicio de la acción, con apego al artículo 100 de Código Fiscal de la Federación”.
El Décimo Tribunal Colegiado confirmó la resolución y señaló que si bien es cierto que el juez de amparo Erik Zabalgoitia Novales, consideró que se trata de un acto consumado, resulta improcedente la medida suspensional solicitada, “debido a que en estas condiciones estamos ante la presencia de un acto negativo”
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Ahumada no ha sido exonerado; sigue proceso de extradición
Ernesto Méndez
CIUDAD DE MÉXICO. * 20 de agosto de 2019.
] Excelsior.
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que Carlos Ahumada no ha sido exonerado del delito de defraudación fiscal del que se le acusa en México, por lo que en un plazo de 60 días se entregará la solicitud formal de extradición a Argentina.
En un comunicado de prensa, la FGR destacó que “la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni sus accesorios (recargos y multas)».
«Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición, que inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la FGR hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013”, precisó.
Detalló que después de que Carlos Ahumada fue detenido porque tenía una ficha roja, la Fiscalía de Argentina lo puso a disposición de un juez competente, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo “caución juratoria” en razón del tipo de delito.
Agregó que por tal motivo, el empresario no puede ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, debe presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el juzgado y tiene prohibido salir de Argentina.
“Todo lo anterior significa con toda claridad que Carlos ‘A’ no ha sido exonerado del delito del que le acusa la Fiscalía General de México”, manifestó.
Relató que desde octubre de 2016, la pasada administración federal formuló la querella por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público contra Carlos “A”, por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
En marzo de 2017, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra del empresario.
La FGR señaló que el actual gobierno retomó todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, por lo que solicitó a laInterpol la alerta conocida como “Ficha Roja” en contra de esa persona.
El organismo internacional realizó sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, en respuesta ala solicitud, detuvo el pasado 16 de agosto a Carlos “A”.
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