Cronologías malditas…
] El Brujo Chiripero

Totalmente falso que el gobierno, la delincuencia organizada y el narcotráfico, sean el enemigo público número uno de los periodistas o la libertad de expresión… al menos en Guerrero, aclárese.

Está comprobado que mientras un periodista no cruce la línea trazada por el enemigo, habrá paz y respeto.

El enemigo público numero uno de los periodistas,en cambio, son los mismos periodistas, por las insidias, el revanchismo y el odio y recelo que predomina entre ellos, al grado que muchos periodistas han sufrido atentados por culpa de la delación o calumnias de sus propios compañeros.

Sería aventurado asegurar que el crimen organizado es el enemigo público número uno de los periodistas, porque no es un secreto que muchos periodistas trabajen o colaboren para ese «gremio» no solo para recopilarles información clasificada del gobierno, sino también de sus compañeros, especialmente de aquellos que se resisten a aceptar ser «contratados» para publicitar los actos sanguinarios del crimen organizado en sus respectivos medios de comunicación social o las redes sociales.

De hecho, ha habido casos donde los mismos periodistas al servicio de la delincuencia organizada han amenazado a sus propios compañeros con «levantones» o «madrizas» hasta por no invitarles unas cervezas o unos cigarros.

¿Cuantos periodistas recuerdan haber asesinados en Guerrero en el cumplimiento de su deber?

En la presente década, y parte de la que se fue, en Guerrero han sido asesinados de forma violenta Amado Ramírez Dillanes, Juan Daniel Martínez Gil, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Jorge Ochoa Martínez, Jorge Torres Palacios y Francisco Pacheco Beltrán, por citar algunos, pero hay que decirlo claro: no fueron causas netamente periodísticas sus muertes. No hay que dar más detalles, no son necesarios, son «secretos de estado» del gremio periodístico que no vamos echar a perder citando los otros detalles.

Sobre el ultimo caso, a menos que alguien explique lo contrario, queda la duda de cómo un periodista gratificado con 15 mil pesos por el Gobierno del Estado pudo haber sido «víctima de la represión de la libertad de expresión» en Guerrero.

El hecho es que por más profundo que se escarbe, ni la desaparición de Leodegario Aguilera Lucas y Marco Antonio López Ortiz pueden atribuirse como «crímenes de estado» o víctimas de la «represión periodística», pues trabajaban en medios donde el estado impone sus leyes y gratifica el buen comportamiento.

¿Entonces?

En el primero de los casos, los hechos han sido ‘esclarecidos’; en el segundo, también son del dominio público los detalles, los familiares de ambas víctimas han admitido las causas, aunque de forma silenciosa, de hecho. No obstante, todos ellos son «secretos» periodísticos que sirven cuando es necesario hacernos el «caldo gordo» los mismos periodistas. Todos ellos son nuestros mártires cada 3 de enero y 7 de junio. Punto.

¿Qué periodistas, entonces, pueden ser considerados víctimas de la represión periodística?

En realidad muy pocos, pero no todos están muertos por esta causa. Lo más que han recibido son «recomendaciones» para que le «bajen de volúmen» a sus publicaciones y la mayoría ha llegado a buen acuerdo con el gobierno. El resto no ha pasado de recibir amenazas veladas de parte de los sirvientes de sus amos denunciados, pero hasta ahí.
Alfredo Lobato Castro, por ejemplo, no murió por una sobredosis de drogas. Pero he ahí el detalle. Se pagó mucho dinero para desviar la atención de los sospechosos de su muerte. Su caso fue muy parecido al de Abel León Bueno, quien hasta dejó una carta señalando a los culpables que resultaron no ser culpables, luego que el dinero corrió por todas partes para dejar su muerte en el olvido.

¿Represión gubernamental, entonces?

En el sentido estricto de la palabra, no.

¿Represión de la delincuencia organizada?

Tampoco.

Lástima que a muchos periodistas les molesta la verdad y que no se ejerza la libertad de expresión en el seno del mismo gremio, si no, las cosas serían diferentes.

Nuestros mártires dejarían de ser héroes…

Nuestras marchas y consignas no tendrían sentido…

Sin temor a equivocarnos, podría asegurarse que el 80 o 90 por ciento de los periodistas de Guerrero (desde reporteros locales, articulista, hasta corresponsales nacionales) se hallan en las nóminas oficiales del gobierno; si acaso, un 5 por ciento es el que a diario se queja de las «represiones» del gobierno, las cuales consisten en descortesías y desantenciones de parte de las oficinas de prensa por cuestiones publicitarias o de «chayos»… el resto se mantiene al margen de estos conflictos pero en el blanco de sus propios compañeros que los tratan con recelo por no coludirse con sus aviesos y/o serviles intereses.

Hágase notar que entre los inconformes, los que achacan al gobierno o al crimen organizado hasta el peatón que cruzó deliberadamente la calle y fue atropellado, o el albañil que se cayó del andamio o el perro que se indigestó con las croquetas rancias, se hallan aquellos charlatanes que llegaron al periodismo para extorsionar, ‘chayotear’ y usar la ‘charola’ de prensa para abusar del poder y denigrar a los verdaderos periodistas.

Lamentablemente, aunque son una plaga que se ha enseñoreado del gremio, nadie dice nada y los acepta como compañeros legales y hasta los protegen cuando son víctimas de agresiones o amenazas de parte de los servidores públicos o políticos que amedrentan o extorsionan. Y, por estas cusas, estamos como estamos, los periodistas de Guerrero, claro.

Que quede constancia, la verdad suele ser muy cruel, sobretodo cuando se trata de hablar de luto y dolor. Empero, que no estemos de acuerdo con el sesgo que se le ha dado a algunos de los casos supracitados, no significa que no comprendamos el dolor que ha causado la ausencia de nuestros compañeros. Nos duele su ausencia, les guardamos honor y respeto, aunque las circunstancias de sus decesos hayan tenido tantos matices controversiales.
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